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martes, 27 de noviembre de 2012

La desverguenza del PP

El PP tacha los presupuestos de ´antisociales´ y exige que se rehagan

El Grupo Popular anuncia una enmienda a la totalidad en el Parlamento

El PP exige al Gobierno de Paulino Rivero que rehaga los presupuestos para 2013. El secretario general de los populares canarios, Asier Antona, anunció ayer la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto entregado el pasado viernes en el Parlamento regional y para el que único calificativo que vale es el de "antisocial" . Desde el punto de vista del PP, al Ejecutivo de CC-PSOE demuestra con estas cuentas su desprecio a los ciudadanos. La prioridad del presupuesto es "mantener el chiringuito y el tinglado" del Gobierno canario, "ya que sólo se resta un 0,9% al gasto en la administración autonómica (2,2 millones de euros) mientras se recortan 332 millones en políticas de empleo, educación, sanidad, asuntos sociales y vivienda", subrayó Antona.

En palabras de la portavoz popular en la Cámara regional , Australia Navarro, el presidente Paulino Rivero "debería irse a su casa con el presupuesto bajo el brazo".

Navarro aseguró en una rueda de prensa que si el Parlamento rechaza la enmienda a la totalidad a los presupuestos, el PP presentará enmiendas parciales para "dar la vuelta como un calcetín" al proyecto del Gobierno y presentará una alternativa basada en dar prioridad a las políticas sociales a costa de la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.

Para Asier Antona, el proyecto de presupuestos refleja "un estrepitoso fracaso" del Gobierno canario en lo político, en lo social y en lo económico. En el ámbito político, "se pierde la oportunidad de reformar la administración", ya que no desaparece ni un solo organismo ni empresa pública, de manera que el Gobierno de Canarias "permanece ajeno a la escasez de recursos" y los recortes no los asumen ellos, sino los ciudadanos y las empresas.

Los recortes sociales incluyen un 44,7% menos para empleo, "que debería ser la prioridad", 130 millones de euros menos para educación, 30 millones menos para sanidad y 16 millones menos para acción social, detalló Antona. Además, los incentivos a la economía productiva bajan 100 millones de euros, agregó.

Australia Navarro aseguró que nada sustancial cambiará si Rivero no asume una reforma íntegra del sector público para acabar con el "chiringuito político nacionalista".

Ni uno solo de los 43 organismos y empresas públicas desaparece, pese a que cuestan 266 millones de euros y en general suponen pérdidas y una competencia desleal para el sector privado, dijo Navarro, que también consideró que en estas circunstancias económicas deberían ahorrarse los diez millones de euros que suponen el Diputado del Común, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Económico y Social.

Glotón

Otros gastos que no tienen que ver con los servicios públicos esenciales y que deberían eliminarse, según Navarro, son la Radiotelevisión Canaria (33,3 millones), la oficina del Gobierno en Madrid (338.000 euros), la política de relaciones informativas (dos millones) y los viajes de Rivero al extranjero (5,5 millones). La acción diplomática y consular (1,9 millones), la alta dirección del Gobierno (22,5 millones), la Policía canaria (4,2 millones), el Istac (2,8 millones) y la asistencia técnica y política al presidente (4,5 millones) son otros gastos que deben eliminarse y destinarse a políticas sociales, subrayó.

La conclusión para Australia Navarro es que "Canarias tiene un gobierno glotón a costa de los impuestos de los ciudadanos y no duda en condenar a más paro y a más pobreza a la sociedad".

Para Antona, los presupuestos reflejan un Gobierno agotado y desnortado que en una situación excepcional de crisis hace caer los ajustes sobre los ciudadanos, no sobre la administración pública.

"Ya no vale decir que la culpa es de Mariano Rajoy", porque es el Gobierno de Canarias el que debe establecer sus prioridades y el presidente del Gobierno de España nada tiene que ver con que el ajuste se concentre en los servicios públicos básicos, afirmó.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

El Gobierno canario mantiene los salarios públicos

El proyecto de Presupuestos que Canarias entrega este viernes refleja un recorte del número de altos cargos

El proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Canarias entregará el viernes a su Parlamento no incluye una rebaja de los salarios de los empleados públicos, pero sí un recorte del número de altos cargos y de personal de confianza en una proporción similar a la que baja el gasto previsto, casi un 7 %.
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha reconocido hoy en una entrevista con Efe que los Presupuestos de 2013 serán "duros", porque se trata de administrar "escasos recursos, mal financiados", sin que eso afecte a los servicios públicos de una manera que ponga en peligro "la cohesión social y territorial del archipiélago".
"Canarias no se puede permitir el lujo de hacer lo que está ocurriendo en otras comunidades, como privatizar hospitales. No podemos permitirnos ese lujo porque la estructura socioeconómica de Canarias es diferente: tenemos más de 30 % de paro y las rentas y salarios más bajos del Estado", ha señalado.
Ha recalcado que en el debate entre quienes defienden mantener los servicios públicos sin cambios y quienes demandan sustituirlos por la iniciativa privada, el Gobierno canario y su propio partido, CC, apuestan por conservarlos, "pero introduciendo todas las reformas que sean necesarias para hacerlos más eficientes, con más calidad y más ajustados a la realidad que vivimos".
El presidente canario ha señalado que, para conseguir ese objetivo, con un presupuesto que arrastra ya varios recortes de gasto consecutivos, es necesario tomar decisiones en algunos campos.
"Haremos un nuevo ajuste en la Administración. Si en 2013 vamos a administrar casi un 7 % menos de gasto que en 2012, pues nos sobrará aproximadamente la misma proporción de altos cargos y de cargos de confianza para gestionar el presupuesto", ha adelantado.
Sin embargo, ha precisado que no está previsto una nueva rebaja de las retribuciones de los empleados públicos, "excepto en aquellos casos en los que se trabaje menos horas".
"Otra cosa diferente es que el Gobierno de España tenga que tomar decisiones que afecten a todos los empleados públicos de España en el momento que estime, tal como hizo el año pasado", ha añadido.

sábado, 3 de noviembre de 2012

El despido de 4.000 empleados públicos divide al pacto entre Coalición y PSC

Hacienda pone sobre la mesa un 'tijeretazo' al personal pero Función Pública plantea alternativas para evitar decisiones traumáticas


Los consejeros Francisco Hernández Spínola (izquierda)
y Javier  González Ortiz, en el Parlamento. | la provincia / dlp
 
El debate interno entre los dos grupos que forman el Gobierno regional, CC y PSC, para cuadrar los presupuestos de 2013 se tensa. Sobre la mesa está el despido de entre 3.000 y 4.000 empleados públicos que plantean los nacionalistas y la oposición de los socialistas, que estudian alternativas para evitar decisiones traumáticas en el capítulo de Personal. Por segunda vez en el mismo año -la anterior ocasión fue en mayo- los dos socios de gobierno deben salvar serias diferencias a la hora de ajustar las cuentas autonómicas.

Los dos protagonistas de esta pugna son el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola. Hacienda baraja meter la tijera en el capítulo I del presupuesto ante la tesitura de tener que reducir las cuentas en 575 millones de euros y por la imposibilidad de volver a subir los impuestos. La horquilla que se contempla por el departamento que dirige González Ortiz es la de reducir entre 3.000 y 4.000 empleados públicos a través de extinciones de contratos y regulaciones de empleo, donde se incluirían también a los servicios públicos.
Para los socialistas hay "líneas rojas" que no están dispuestos a traspasar y una de ellas son los despidos masivos en la Administración autonómica. Fuentes cercanas al Ejecutivo recuerdan que en mayo CC puso sobre la mesa el despido de 4.000 empleados públicos y el PSC se negó. Después de una dura negociación interna se redujeron partidas en todos los capítulos y se subieron los impuestos. Ahora el escenario ha empeorado ante la drástica bajada de los ingresos procedentes del Estado.
Función Pública, departamento que dirige Hernández Spínola, hace encaje de bolillos con propuestas que pasan por reducir hasta un 20% los cargos públicos y la estructura de la Administración autonómica, imponer mayor flexibilidad interna a los empleados públicos para poder moverlos entre departamentos, reducir jornadas y rebajar sueldos. El PSC ve inevitable se- guir reduciendo contratos, no realizar nuevas contrataciones, no reponer las plazas vacantes y no convocar oposiciones. A lo que se resisten los socialistas es a dar su aprobación a un despido masivo de empleados.
Otra alternativa que se plantea desde el PSC es profundizar en la reestructuración del sector público, es decir, continuar adelgazando el entramado de empresas, organismos autónomos y fundaciones dependientes de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, este es un asunto que están en manos de Economía y Hacienda, coto de Coalición Canaria. Los socialistas proponen acelerar las fusiones de empresas y fundaciones y adecuar las plantillas a las necesidades reales.
Aunque el pacto no es cuestionado ni por nacionalistas ni por socialistas, sí se han producido algunos roces entre departamentos dirigidos por socialistas cuando se trata de asuntos relacionados con responsabilidades de los nacionalistas.
Las recientes declaraciones del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, sobre la necesidad de prescindir de 5.000 empleados de la Comunidad Autónoma ha puesto en alerta a los dirigentes socialistas. El frenazo a la aprobación del presupuesto autonómico hasta que se vea cómo quedan las cuentas del Estado ha dado cierto "respiro" y Función Pública se está empleando a fondo para amortiguar en la medida de lo posible una decisión que cuenta con la salvaguarda legal del Estado pero que supondría traspasar la "línea roja" de los socialistas.

miércoles, 1 de agosto de 2012

El Frente Sindical Canario anuncia una ´inminente´ huelga general

Anuncia para el 15 de agosto la convocatoria de manifestaciones en protesta por los recortes

El denominado Frente Sindical Canario, que aglutina a las principales organizaciones sindicales y colectivos sociales de Canarias, ha denunciado hoy que el Gobierno de Canarias que preside Paulino Rivero "critica públicamente" las medidas que adopta el Gobierno de España aunque luego termina adoptando fórmulas similares en las Islas.
Los portavoces de los sindicatos anticiparon que en otoño es inminente la convocatoria de una huelga general en Canarias, incluida en la programación de un "otoño caliente", como lo ha denominado la secretaria general de CCOO, Esther Rivero.
También han anunciado una concentración el próximo viernes frente a las Delegaciones del Gobierno en el Archipiélago para denunciar que el Gobierno de Rajoy "pone la crisis como excusa para acometer recortes en los derechos sociales y laborales".
El Frente Sindical advierte que no va a permitir "que el Partido Popular remodele el país a su ideal de ricos y pobres, golpeando a la clase media de esta forma". Los sindicalistas dicen verse motivados "al contrario que el Gobierno de España", a anteponer la ciudadaa y "dejar los mercados en un segundo plano", aseveró el secretario general de UGT en Gran Canaria, David Mosquera.
A la concentración del viernes no acudirá Intersindical Canaria, algo que el Frente "respeta" dentro de la libertad de las asociaciones de unirse a las convocatorias "que consideren". El Frente anuncia para el 15 de agosto, festividad de la Asunción, la convocatoria de manifestaciones en las capitales canarias en protesta por los recortes.

domingo, 8 de julio de 2012

El empeoramiento se agrava con trampas

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA El PP tiene suficientes militantes y simpatizantes para dirigir con rigor profesional la televisión pública. No hay que ser un descerebrado para no tener el cerebro contaminado. Periodistas de derechas los hay muy buenos, que mantienen su independencia frente a amigos y correligionarios con mando en el BOE.

También, claro, hay jueces y magistrados que no aceptan que la ideología, y hasta el partido al que votan, le digan lo que tienen que hacer en el plano del ámbito jurisdiccional. Sus sentencias son de ellos y solo a ellos atañe. En España ha habido, y sigue habiendo, ejemplos demoledores para la cultura del paniaguado y el palanganero. En Estados Unidos el presidente del Tribunal Supremo, conservador, rompió el desempate en las deliberaciones sobre la reforma sanitaria de Obama votando a favor del presidente con los progresistas. Pasará a la historia como un gran jurista que ha cumplido con su deber. Lo que la Constitución le reclama es que sea fiel a su conciencia y honor, desde cualquier ángulo religioso o ideológico.

Se echa de menos en la España actual. Es estúpido, porque las evidencias son como los globos que se inflan debajo del agua, que saltan con fuerza a la superficie, que se ignore el esfuerzo por promover la independencia con sus secuelas de pluralismo y objetividad en RTVE del presidente Zapatero; sería, además, ridículo, porque todo el mundo ahí fuera reconoce que a la BBC le ha salido un competidor aquí. El instrumento fundamental fue la exigencia de una mayoría parlamentaria reforzada para el nombramiento del responsable del Ente... pero en cuanto Rajoy ganó las elecciones volvió aquel consejo de Aznar de "gobernar sin complejos". Se prescindió del consenso, para poder dinamitar el modelo profesional: el nuevo jefe de informativos, aparte de proceder de Telemadrid, más conocida como 'Tele-Espe', ha sido asesor del PP. Vuelven a las andadas. Ni las formas se guardan.

Esperanza Aguirre quiere Eurovegas como sea; para ello está dispuesta a maniobrar para conseguir unas excepciones a la norma general, en materia urbanística y de salud, como que en el califato del juego no rijan las leyes que prohíben fumar. Ya puestos, podrían considerarse otros paréntesis sobre el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el tráfico, los derechos de los consumidores... Mutatis mutandis se burlan de la Constitución, y se quedan tan panchos y tan panchas.

La ministra de Sanidad dice que lo de que los jóvenes de más de 27 años que no hayan cotizado por estudios o por estar sin trabajo no tienen derecho a la sanidad pública es un error de interpretación; pero cada vez son más los chicos a los que se les niega la tarjeta sanitaria. Tampoco es verdad, aseguran ministerialmente, que los ancianos tengan problemas para hacerse con sus medicinas, pero el hecho cierto es que día a día hay más ancianos que en el mostrador de la farmacias o en las consultas de sus médicos de cabecera muestran la verdad verdadera.

Los recortes no iban a afectar a la calidad, decían, y siguen diciendo, los bustos parlantes populares. Pero las listas de espera han subido un 17,5% en un santiamén. Ser operados en un mes o en seis es una diferencia cuantitativa y cualitativa. La diferencia entre vivir y morir. ¿O no? Hay dinero para los bancos, pero no para asegurar la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Estos esfuerzos son necesarios, claman desde el Poder. Pero Hollande deja tranquilas a las rentas bajas y medias y al bienestar galo y aplica el principio de igualdad y solidaridad a las grandes fortunas.

La crisis es una cosa, y otra es la utilización de la crisis como excusa para cargarse las reglas del juego. Eso es trampa, fullería. Como la filtración por la propia ministra Báñez de datos confidenciales de la petición de 'eres', conocidos por su cargo. O el timo de la estampita de las 'preferentes'. O las facilidades serviles para legitimar el fraude fiscal, que ha indignado a los inspectores de Hacienda. Quizás por eso se apuesta por los casinos en lugar de por las leyes, y quizás igualmente por eso se busquen crupieres y no servidores del interés general.

Ojo a los refranes. Tanto va el cántaro a la fuente...

Pero, ¿qué democracia es ésta?

JOAQUÍN RÁBAGO Uno que ha seguido durante años, por razón de su profesión, el funcionamiento de la sociedad y de la cosa política en diversos países de nuestro entorno no sale de su asombro al ver el desdén absoluto con el que el presidente del Gobierno parece tratar día sí y otro también a quienes representan al pueblo español.

Pero, ¿qué democracia es ésta? Ya sabemos que nuestra democracia se construyó en circunstancias muy difíciles, que el dictador había muerto totalmente entubado en la cama y que lo que salió de allí fue fruto de un trabajado compromiso.

Pero, con todos sus condicionantes y con sus múltiples imperfecciones , que habrá que corregir un día -desigual representación de los partidos en el Parlamento, listas cerradas y bloqueadas, férrea disciplina de voto-, el sistema había venido funcionado con sus más y sus menos.

Sin embargo, en vista de lo está ocurriendo de un tiempo a esta parte, no tiene uno más remedio que exclamar, como hizo en su día Ortega y Gasset en muy distintas circunstancias: "No es esto, no es esto".

Mariano Rajoy fue aupado al poder por un electorado que parecía no querer soportar más el intolerable nivel de desempleo de este país y que se encontraba además en estado de pánico por la crisis que se nos venía de pronto encima, una crisis que el anterior Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, en su ingenuidad o su ceguera, ambas igualmente reprobables, no supo ver a tiempo.

La maquinaria propagandística del Partido Popular quiso hacer creer que la llegada de su líder a la Moncloa supondría un súbito alivio para los mercados y sería algo así como mano de santo para una economía que los manirrotos e irresponsables socialistas habían dejado hecha unos zorros. Sin saber alemán, Don Mariano trató de mostrarse como el primero de la clase de la canciller Angela Merkel, pensando en que ésta iba a agradecérselo.

Nuestro presidente empezó a recortar derechos por aquí y por allá, y a incumplir sin el menor rubor -porque, según él, no había alternativa- todo lo prometido en campaña. Y, sin embargo, no hubo nada. Los famosos mercados habían olido sangre y no iban a soltar fácilmente su presa.

Mientras tanto, los españoles veían cómo Rajoy, cada vez más debilitado fuera pese a esa mayoría absoluta de la que tanto se jactaba, aceptaba todo tipo de imposiciones de fuera, imposiciones que de paso les servían para cumplir, aunque en circunstancias mucho más dramáticas de lo que le hubiese gustado, su programa ideológico: el abaratamiento del despido y la paulatina invasión del sector privado en los servicios públicos. Con sus inevitables secuelas: privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas.

Tenía la mayoría absoluta para ello, y ya se ha visto que en este país, como en otros, las mayorías absolutas pueden resultar nefastas. Y, a diferencia del italiano Mario Monti, que no tenía detrás la fuerza de las urnas, nuestro presidente consideró que no necesitaba explicar nada de lo que hacía a aquéllos a quienes exigía, sin embargo, diarios sacrificios.

Bastaba con dar las explicaciones fuera, si es que realmente las daba, pues cabe ser escépticos a juzgar por las reacciones que algunas de sus declaraciones provocaban luego en otras capitales, más habituadas a la transparencia, mientras hurtaba la información a los de dentro, que eran quienes le habían elegido.

A la vista de todo ello, uno no puede sino sentir auténtica envidia de prácticas como las del Parlamento británico, donde el Primer Ministro se somete semanalmente a las preguntas del jefe de la oposición y de otros "honorables" miembros de los Comunes, preguntas que, si bien en unos casos han sido previamente registradas por escrito, en otros pueden ser espontáneas y a las que aquél debe responder sin que se le permita en ningún caso escurrir el bulto.

Es una vieja convención constitucional que habla muy bien de la salud de esa democracia y en la que se ponen de manifiesto, entre otras cosas, la rapidez de respuesta, la capacidad de improvisación y el conocimiento de los temas de los gobernantes británicos, que tanto contrastan con los discursos aburridos, llenos de latiguillos y de frases hechas de muchos de nuestros políticos.

No se entiende en ningún caso, desde una óptica democrática, la negativa del presidente del Gobierno de un régimen parlamentario como el nuestro a comparecer en el plazo más breve en el Congreso para dar explicaciones de las decisiones adoptadas por él en los foros europeos. La mayoría absoluta no es, que se sepa, una patente de corso para que el gobernante pueda hacer durante los cuatro años de la legislatura lo que le venga en gana.

Como tampoco se entiende la resistencia, cuando no pura negativa, a crear comisiones de investigación de los escándalos mayúsculos de los últimos años o la persistencia en ciertos Parlamentos autonómicos de imputados por corrupción sin que a sus propios partidos se le caiga la cara de vergüenza. ¿Será que se ha perdido totalmente? 

jueves, 5 de julio de 2012

Archivan el caso de la funcionaria expedientada por una ´peineta´ a Rivero

La trabajadora estaba expedientada por vulnerar los principios de lealtad y respeto a los superiores

El Gobierno de Canarias ha archivado el expediente disciplinario que había abierto contra una funcionaria de la comunidad autónoma por desconsideración grave contra un superior; en concreto, por haber hecho una "peineta" a una foto de su presidente, Paulino Rivero, durante una protesta laboral.
Esta funcionaria estaba acusada de una falta grave por haber aparecido una foto suya en la edición del 30 de mayo de 2012 del periódico "El Día" en la que hacía un gesto supuestamente despectivo a una foto del presidente de la comunidad autónoma.
El instructor de ese expediente planteaba, en principio, que esa trabajadora podía haber vulnerado los principios de lealtad y respeto a los superiores que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público en el capítulo de los deberes de un funcionario.
Sin embargo, la resolución definitiva, difundida hoy por el sindicato de empleados públicos Sepca, recoge que la funcionaria explicó en su descargo que ella no hizo ningún gesto despectivo contra nadie, sino que fue fotografiada mientras imitaba con los dedos una tijera (los hechos ocurrieron en una protesta laboral contra los recortes en los servicios públicos).
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias reconoce ahora que no hay en el expediente pruebas para contradecir esa versión, sino solo una fotografía de prensa que, para estos efectos, resulta ser "una instantánea aislada, descontextualizada y estática, con las limitaciones de credibilidad que ello conlleva".
"El gesto de imitar con los dedos de las manos unas tijeras que se abren y se cierran puede producir el efecto óptico que recoge la fotografía al coincidir los dedos corazón e índice, por azar, en el momento de captación de la imagen, ofreciéndose, consecuentemente, una secuencia distorsionada que perjudica a la persona retratada", se argumenta en la resolución de archivo del expediente.
El Gobierno canario admite así que "no hay elementos probatorios suficientes en el expediente disciplinario" para sostener la acusación formulada contra esa funcionaria, por lo que prima el principio de presunción de inocencia.

El PP pide prudencia con los imputados de Bankia

Los partidos de la oposición, por su parte, solicitan una comisión de investigación en el Congreso

Tres ministros y varios cargos destacados del PP han pedido hoy que se respete la presunción de inocencia de los imputados por la Audiencia Nacional por el caso Bankia, entre ellos su compañero de partido y extitular de Economía Rodrigo Rato.
Mientras tanto los grupos de la oposición, algunos de ellos también con miembros imputados -como PSOE e IU, aunque en ambos casos se ha pedido la suspensión temporal de afiliación- han redoblado la presión para establecer una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera.
Dicha posibilidad parece improbable, ya que el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha opinado que aunque "empieza a llegar el momento de conocer" en la Cámara Baja lo que ha ocurrido con el sistema financiero español, no deberá ser a través de una comisión de investigación.
Es una de las reacciones políticas destacadas un día después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a 31 exconsejeros más del grupo y su matriz, BFA, entre ellos representantes de varios partidos políticos y sindicatos.
La acción judicial se produce al admitirse una querella de UPyD por las presuntas irregularidades en la citada entidad financiera.
Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado que el partido querellante "tiene muchos intereses en este tema".
Además, como jurista, el ministro ha dicho tener "algunas reservas" sobre la oportunidad de llevar a cabo una "citación indiscriminada".
Ha asegurado que al citar como imputados "sólo en base a querellas que muchas veces tienen una base meramente periodística" se hace un "juicio anticipado" que luego puede derivar "en poca cosa".
"Pero el perjuicio a las personas es espectacular -ha añadido- sobre todo en esta querella, donde hay muchísimas personas que yo conozco que son absolutamente honorables", palabras que le han valido la recriminación del diputado socialista Jesús Caldera, para quien el ministro "debería ser prudente" en sus declaraciones.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado estar "entristecido" por la situación de Rato, pero ha subrayado que le alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos.
"Desde un punto de vista ciudadano, me alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos, en el que la Justicia se imparte por jueces independientes y en un procedimiento imparcial, y en un Estado en el que la presunción de inocencia es la ley hasta que haya una condena".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha considerado que el juez ha imputado a todos los exconsejeros de Bankia y su sociedad matriz porque intenta deslindar responsabilidades.
Wert ha explicado que con la información facilitada por UPyD, el juez no tiene elementos para discernir entre distintos grados de responsabilidad entre los miembros del consejo de BFA y de Bankia.
De ahí que haya decidido imputar a todos los exconsejeros para que se les tome declaración "con asistencia letrada".
En su opinión, esto es el resultado de una "sobreinterpretación" del significado material de la imputación, aunque ha incidido en que eso "no es para nada incompatible con la presunción de inocencia de que deben seguir gozando".
Ésta ha sido también la impresión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha afirmado que imputar "no es una condena" sino asegurar la defensa de los acusados.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha confiado por su parte en que la imputación, "que no procesamiento", no se convierta en un "juicio político", mientras que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia.
En nombre del PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, ha afirmado que su grupo parlamentario exigirá de nuevo que se abra una comisión de investigación en el Congreso.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha expresado hoy su apoyo a la decisión de la Audiencia Nacional y ha pedido que "quien la haga, que la pague".
Izquierda Unida, junto a varias asociaciones y sindicatos ha presentado un manifiesto en el que defienden la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras.
CCOO ha señalado que asumirá las responsabilidades que le correspondan al haber propuesto el nombramiento de dos miembros del consejo de administración del Banco Financiero de Ahorros (BFA) ahora imputados, aunque ha subrayado su confianza en su labor, como cree que confirmará el procedimiento iniciado.

jueves, 28 de junio de 2012

El PP considera necesario eliminar empleo público

La rebaja del sueldo a los funcionarios no resulta suficiente para conseguir una administración sostenible

La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles sino que se debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza" eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" durante los años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables.

"Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10 por, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", ha asegurado en una entrevistada en la Cope, recogida por Europa Press.
En este sentido, Rodríguez ha matizado que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y que por ello, es "absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos.
"Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado

"No queda otro remedio"
Asimismo, ha matizado que dichos empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido.
Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada 'popular' ha explicado que este tipo de reformas "globales" llevan "un poquito de tiempo", pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.

jueves, 31 de mayo de 2012

Sus señorias se bajan unas perritas

Los diputados canarios se bajarán el sueldo

Julio Cruz insiste en que las medidas de reducción del gasto no afectarán sólo a los salarios de los diputados y de todo el personal del Parlamento de Canarias

EFE El presidente accidental del Parlamento de Canarias Julio Cruz dijo hoy que la Mesa de la Cámara ha acordado tomar "múltiples" medidas para ahorrar, entre ellas la bajada del sueldo de los diputados y de todo el personal.
En rueda de prensa, Julio Cruz insistió en que las medidas de reducción del gasto no afectarán sólo a los salarios de los diputados y de todo el personal del Parlamento de Canarias, y señaló que al ahorro será de "cierta envergadura".
Julio Cruz señaló que la decisión será explicada en rueda de prensa por el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro.
En cuanto a la publicación de los sueldos de los parlamentarios, Julio Cruz dijo que se publicarán en la web de la Cámara, pues se harán públicos en el Boletín Oficial del Parlamento regional.
Julio Cruz también informó de se ha acordado el procedimiento para elegir a cuatro miembros del Consejo Consultivo de Canarias, de forma que los grupo parlamentarios tienen de plazo hasta las 09.30 horas del 7 de junio para presentar candidatos.
Cada grupo debe presentar hasta dos candidatos y la previsión es que la elección de los miembros del Consejo Consultivo se debate en la comisión parlamentaria de Gobernación para llevarlo a un pleno que tendrá lugar a finales de junio.

martes, 8 de mayo de 2012

El Parlamento rebajará las ayudas a gafas y dentistas a sus funcionarios

La Cámara reducirá las dietas de los miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces además de los sueldos


El Parlamento de Canarias prevé rebajar más las prestaciones sociales de los empleados de la Cámara regional, entre las que figuran las ayudas para estudios, compra de gafas y consultas dentales. El objetivo de esta revisión de las mejoras sociales del personal es que haya "cierta homologación con el resto de funcionarios de la comunidad autónoma", según fuentes parlamentarias.
La Mesa del Parlamento pretende la aplicación de esta rebaja, que ya causó controversia en la anterior legislatura y ahora estas prestaciones están "en revisión", según las mismas fuentes, que recordaron que ya el pasado año también quedaron suspendidos algunos de los beneficios laborales de la plantilla de la Cámara, otorgados por convenio en 2001.
Tras esta primera suspensión temporal el pasado año, la Cámara ha planteado su prórroga e impulsa ahora nuevos recortes que afectan a otras ventajas de su personal. La intención es "seguir revisando" las prestaciones que disfrutan, para establecer a partir del próximo mes de junio "la nueva reestructuración". Los grupos parlamentarios negocian esta cuestión de forma interna con el Comité de Empresa de los trabajadores.
Además de esta restricción en las mejoras sociales de la plantilla de la Cámara, la Mesa prevé una "ligera bajada" en las dietas de los cinco miembros de la propia Mesa y los cuatro de la Junta de Portavoces, donde también figuran otros seis portavoces adjuntos. Se trata de dietas por desplazamientos a Tenerife para asistir a comisiones y plenos -normalmente dos mensuales-, y con las que hay que costear el transporte desde el aeropuerto a la sede de Teobaldo Power, hotel y comidas. En principio, "no se tocarán" los pluses en el mismo sentido del resto de diputados.
Igualmente, el órgano de gobierno ultima la disminución salarial que afectaría a los diputados y al personal de la Cámara regional como un gesto de "solidaridad" con el anuncio del Gobierno canario de recortar un 5% los sueldos de los casi 62.000 empleados públicos de la comunidad autónoma a partir de julio, con el fin de hacer frente a la caída de ingresos procedentes de los Presupuestos del Estado.
La bajada salarial se hará extensiva a los órganos que dependen del Parlamento: Diputado del Común, Consejo Consultivo y Audiencia de Cuentas.
En la actualidad, un total de 50 de los 60 diputados cobran sus emolumentos de la Cámara regional, tras solicitar la dedicación exclusiva.
La Mesa y la Junta de Portavoces dio luz verde en enero de 2008 a un incremento del 10% del importe de las dietas que cobran los diputados por acudir al Parlamento. El 7 de abril del mismo año se aprobaron también dos medias pagas extraordinarias.
Posteriormente, en mayo de 2010, la Mesa y la Junta de Portavoces aprobaron una bajada de los sueldos de los diputados isleños en un 15%, una decisión que conllevó un ahorro para las arcas del Parlamento de 43.619 euros brutos al mes, es decir 567.047 euros anuales. Con esta medida el sueldo de un diputado, que no sea portavoz ni miembro de la Mesa, es de 50.864 euros brutos al año, repartidos en 13 pagas.
"Si se le exige a la gente un esfuerzo solidario, nosotros tenemos que ser los primeros en dar ejemplo", aseguró el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Fajardo, que subrayó que "nadie" les ha "obligado" a recortar su sueldo, sino que lo harán "motu proprio". Se quejó de que "hay consejeros de cabildos y concejales de ayuntamientos que cobran más que un diputado". Añadió que las dietas para sus señorías de las islas menores ascienden a unos 113 euros por cada pleno y comisión.
El diputado y portavoz adjunto del PP Fernando Figuereo compartió que ante la crisis hay que "hacer un esfuerzo y predicar con el ejemplo". El político conservador entiende que "hay que hacer sacrificios y, si eso pasa por reducir dietas, habrá que hacerlo"
 

viernes, 4 de mayo de 2012

El Gobierno reitera que la rebaja salarial será solo en 2012

El Gobierno canario ha insistido hoy en su "firme intención" de que la rebaja salarial que se aplicará a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma este año no se consolide en 2013, según ha informado hoy su portavoz, Martín Marrero.
El portavoz ha recordado que la reducción acordada es del 5 por ciento en el cómputo anual, pero que, al tenerse que aplicar a partir del mes de julio, porque aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, la rebaja que corresponderá al segundo semestre será del 10 por ciento.
No obstante, al incluir parte de la paga extra de Navidad, el descuento en las nóminas de esos seis meses del año será inferior al 10 por ciento.
Marrero también ha querido aclarar que la reducción sobre la paga extra solo afectará a los complementos, no al sueldo base ni a la antigüedad que dependen del Estado.
Así mismo, ha recordado que la reducción salarial no afectará a aquellos trabajadores que ganen menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir 13.500 euros brutos al año.
Ha explicado que para aquellos empleados cuyos salarios ronden por encima esa cantidad, la reducción se aplicará a partir de ésta, de manera que ningún trabajador dependiente del Gobierno autonómico perciba menos de 13.500 euros.
Martín Marrero ha manifestado de nuevo que la reducción aprobada por el Gobierno canario no es "un capricho", sino que obedece a la "obligación" dictaminada por el Estado de reducir 800 millones de euros en el Presupuesto autonómico de 2012.
Además, ha recalcado que se trata de una de las distintas medidas que se aplican para poder efectuar este ajuste marcado por el Gobierno del Estado y que en materia de personal permitirá un ahorro de 200 millones euros en Canarias. 

jueves, 26 de abril de 2012

La consejera de Empleo da por seguro que Madrid obligará a más ajustes en meses

Ramos augura un 33% de paro a final de año y más recortes

La consejera de Empleo, Margarita Ramos, anunció ayer en el Parlamento que "Canarias a final de este año se va a situar con un 33% de paro si no hay cambios en la economía", una situación de la que culpó directamente a la reforma laboral y las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central. Además, aseguró que "el viernes [mañana se hará pública la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año] llegaremos al 31% de paro, con 288.000 desempleados".
La consejera también vaticinó que "no es descartable que en los próximos cuatro o cinco meses, el Gobierno del Estado nos aplique nuevos recortes", puesto que "estamos en un error histórico", basado en que de la crisis se sale solo ajustando el déficit, "y no vamos a conseguir los objetivos" previstos por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.
Ramos, que compareció en la Cámara regional a instancias de la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, para valorar los recortes de 170 millones de euros en el Servicio Canario de Empleo fijado en los Presupuestos del Estado, reiteró que "nos vamos a negar a aplicar" la linealidad de los ajustes decretados por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.
"Los ciudadanos van a sufrir, las corporaciones locales van a sufrir y las centrales sindicales van a sufrir porque van a recibir una reducción drástica de las partidas activas de empleo y no se puede hacer todo basándose en las ideas, que las hay, y la ilusión", aseguró Ramos.
La consejera, que dijo que no iba a hacer "valoraciones políticas", denunció que "el Ministerio de Hacienda ha decidido un recorte lineal injusto e ineficiente porque Canarias hizo sacrificios para cumplir el objetivo de déficit, y el empleo subvencionado se corta casi de raíz."
Solos
En este sentido, Padrón aseguró que la conclusión a la hora de analizar los Presupuestos del Estado es que "el Gobierno de Mariano Rajoy ha abandonado a los parados canarios".
"La Comunidad Autónoma con una tasa de paro del 31% está, por tanto, sola en su esfuerzo por luchar contra el drama que afecta a 283.699 canarios y canarias inscritos en marzo las oficinas del Servicio Canario de Empleo, de los cuales el 52% son jóvenes", aseguró la portavoz socialista.
Para la presidenta del Grupo Socialista, "la motosierra del PP se ceba en los que más necesitan a su Gobierno para salir de la crisis personal y contribuir al país a salir de la crisis económica", por lo que calificó de "auténtico atentado presupuestario en Canarias" el recorte de 170 millones de euros en las partidas destinadas a las Islas.
Sin embargo, la portavoz del PP, Aurora del Rosario, aseguró que el Ejecutivo de Rajoy "es un Gobierno de salvación de España" frente a la indecisión y cobardía del gabinete de Paulino Rivero, "que no decide cómo hacer más con menos". 

sábado, 21 de abril de 2012

Los sueldos de los empleados públicos se rebajarán un 5% a partir de junio

El Ejecutivo regional alega que el Estado no le deja "otra salida" por el déficit de 800 millones de euros

Trabajadores y sindicalistas
protestan  ante el Edificio Usos
Múltiples II en Tenerife,
donde fue la reunión. i ACFI PRESS
El Ejecutivo de Canarias aprobará hoy en su Consejo de Gobierno una reducción lineal del 5% del salario a partir del segundo semestre del año y una disminución de la paga extra de Navidad de los 62.000 empleados públicos de la comunidad autónoma, entre otras medidas para ahorrar 130 millones de euros. Mientras el Ejecutivo afirma que "no queda otro remedio para evitar despidos", los sindicatos rechazan las medidas por no haber sido negociadas y amenazan con iniciar movilizaciones.

Cuatro horas y media de reunión ayer en Santa Cruz de Tenerife concluyeron sin pacto entre los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Canaria (IC) y Sepca con los representantes del Gobierno regional en la Mesa General de Función Pública. La viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, insistió en que al pacto CC-PSOE no le "gusta poner estas medidas sobre la mesa", pero "el Gobierno central, de Mariano Rajoy, no nos deja otra salida, ya que Canarias recibirá este año 800 millones de euros menos de los presupuestos del Estado", justificó.

Rodríguez reiteró que la disminución del 5% del sueldo -que lleva dos años congelado- afecta a "todos los trabajadores, incluidos altos cargos", salvo el personal de la administración que gana menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (unos mil euros). "Es la medida más solidaria", se excusó la viceconsejera, que avanzó la retirada de la propuesta inicial de reducción de jornada y salario para el personal laboral no fijo, en tanto que podrían quedar "en exclusión social".

Rechazo frontal

El secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Bautista, resaltó que el encuentro fue "mucho peor" de lo que se esperaba por parte de los sindicatos. La situación cambió "radicalmente", ya que en la reunión del miércoles con el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, no se barajó la posibilidad de reducción salarial del 5%. "La administración autónoma ya tiene anemia y si seguimos adelgazando nos vamos a quedar sin nada", señaló el dirigente de UGT, para quien "no se puede pedir un sobreesfuerzo más" a la plantilla de la comunidad.

El secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, que tachó de "dañina" la merma del 5% en las retribuciones de los empleados públicos, que se suma a la misma disminución aprobada por el anterior Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Además, el Ejecutivo regional prevé aprobar otras propuestas, tales como la disminución de complementos a la Policía Autonómica y al personal de Informática, la posibilidad de reducir la categoría profesional a funcionarios interinos de la administración general, la jubilación forzosa a los 65 años de edad.

Patricia Hernández, de IC, alertó de que se busca "desmantelar" los servicios públicos y acusó al Ejecutivo de actuar "a golpe de decretazo". Culpó al Gobierno regional de "destruir empleo" en los últimos años.

lunes, 16 de abril de 2012

El consejero de Presidencia pide respeto para los funcionarios

Spínola aprueba los ajustes pero no a costa del servicio público

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, dijo hoy en comisión parlamentaria que el Gobierno canario es partidario de realizar ajuste pero aseguró que no se producirán a costa de desmantelar el servicio público usando como excusa la crisis económica.

Francisco Hernández Spínola habló de este modo durante su comparecencia a petición propia para hablar de los primeros resultados de los trabajos del comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas, y pidió "cierta" paciencia para realizar cambios.

Las modificaciones requieren abordar cuestiones como la financiación de las competencias, lo que es "tremendamente complicado", mucho más en un momento en el que se producirá un ajuste de unos 800 millones de euros, señaló el consejero, quien pidió respeto para los empleados públicos.

Francisco Hernández Spínola expresó su acuerdo con los diputados en cuanto a que es preciso disponer de una administración ágil, rápida, eficiente y transparente, así como que el Gobierno gaste menos, pero insistió en que eso no debe llevar al desmantelamiento de los servicios públicos.

El diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez comentó que le habría gustado disponer de los primeros trabajos del comité de expertos antes de la comisión, por lo que reconoció que su intervención sería "un poco en abstracto".

Jorge Rodríguez reclamó un Gobierno que gaste menos y funcione menor, así como de una administración ágil y rápida, y que pase a la era "postburocrática",

A juicio del diputado popular la administración "ha invadido demasiado" espacios de la sociedad y debe centrarse en garantizar cuestiones como la equidad y la libertad.

El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo, mostró su acuerdo con el PP en que la administración no debe estrangular la iniciativa de los emprendedores.

La diputada del grupo Mixto Carmen Hernández dijo que adelgazar la administración no puede llevar a su anorexia, e insistió en que es preciso que no se desmantelen los servicios públicos esenciales que se prestan a los ciudadanos.

Marisa Zamora, del grupo de Coalición Canaria, también estuvo de acuerdo en que la administración debe estar próxima a los ciudadanos.

El consejero explicó que en su primer informe el comité de expertos plantea cuestiones como la modificación del fondo canario de financiación municipal cuya finalidad sea tanto financiar gastos de competencias municipales de naturaleza obligatoria como cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria.

El comité también propone modernizar los servicios públicos de forma que las líneas prioritarias sean reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos e implantar la administración electrónica.

Asimismo el comité de expertos plantea adoptar medidas para mejorar la profesionalidad de los empleados públicos, así como incrementar su formación y perfeccionamiento, y propone crear un centro de selección y perfeccionamiento con la adaptación del Instituto Canario de Administraciones Públicas.

En cuanto al acuerdo del Gobierno regional de racionalizar los puestos de trabajo, el comité de expertos plantea que se acompañe de un proceso de racionalización de organismos, órganos y estructuras directivas.

Algunas propuestas del comité de expertos no son fáciles de llevar a cabo, como implantar sistemas de intercomunicación entre los registros de las administraciones con competencias en el territorio, comentó el consejero, quien explicó que algunos cabildos tienen plataformas digitales que no son compatibles con las del Gobierno regional. 

domingo, 15 de abril de 2012

Paulino Rivero, tomare las decisiones que sean necesas

Rivero: ´Si el Gobierno no nos deja otra salida, habrá que tomar decisiones duras´

El presidente reitera en su blog que tomará "todas las decisiones que deba, por dolorosas que puedan resultar"

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha reiterado hoy en su blog el mensaje que lanzó en el pasado pleno del Parlamento de Canarias: "si el Gobierno del PP no nos deja otra salida, habrá que tomar decisiones duras".

"Que no quede la menor duda de que el Gobierno de Canarias tomará todas las decisiones que deba adoptar, por dolorosas que puedan resultar a corto plazo, para garantizar la cohesión social en las Islas", afirma el presidente.

De esta manera, Rivero vuelve a advertir a los canarios que la dureza de los recortes en la financiación estatal que existen en los Presupuestos del Estado para 2012, y que el Ejecutivo regional ha cuantificado en un mínimo de 800 millones de euros y que pueden llegar a ser 1.000 millones, obligará al gabinete que preside a incrementar los ingresos, vía subida impositiva, y a efectuar modificaciones a la baja en varias de las políticas canarias.

"Canarias no puede ajustar más su Presupuesto por la vía de la reducción del gasto; es sencillamente imposible si queremos mantener los servicios públicos esenciales. Y antes de vernos obligados a cerrar centros sanitarios o educativos, debemos tomar otro tipo de medidas que permitan mantener la cohesión social y territorial del Archipiélago", insiste.

Para el presidente, "las reformas son necesarias, pero el Gobierno del Estado se está equivocando en el fondo y, a la vista está, en las formas".

"Este no es el camino. Hay otra forma de emprender los cambios. Equivocan la receta. Las decisiones del PP, lejos de generar confianza y empleo, están generando incertidumbres, destruyendo puestos de trabajo y agrediendo seriamente a los servicios públicos", escribe Rivero en el blog.

Y es que para Rivero "hay otra forma de salir de esta situación", pues considera que "no es verdad que se salga solo con ajustes, y no es justo que se salga de la crisis sacrificando prestaciones como única propuesta."

MEJORAR LA GESTIÓN

"La solución no es cargarse los servicios, sino mejorar la gestión. El problema no es el modelo, sino la forma de gestionarlo", asegura.

Rivero acepta que "todas las comunidades autónomas debemos hacer ajustes, apretarnos el cinturón", pero lo que "sí discutimos, y rechazamos, que se culpe de la crisis a las comunidades"

"No discutimos que hay que sacrificarse; de hecho, desde 2008 las medidas de ahorro, ajuste y contención son una realidad en Canarias. Ahora bien, es injustificable que la comunidad más frágil, que es Canarias, sea la que más se castigue en los Presupuestos", reflexiona en su blog Rivero.

Para el presidentre, las consecuencias de ese tratamiento presupuestario "son múltiples, y todas negativas, puesto que "los Presupuestos y la reforma laboral del PP provocarán que miles de canarios pierdan su empleo"

"Fruto de esa enorme preocupación", recuerda que el pasado miércoles reunió al Consejo Asesor y que "la coincidencia en el diagnóstico fue total".

"Sindicatos y empresarios comparten con el Gobierno de Canarias que las cuentas presentadas por el Gobierno del PP dañan gravemente a Canarias, condenándonos a enormes sacrificios en todos los órdenes", dice Rivero.

"Desgraciadamente", para el presidente, ese "injustificado castigo presupuestario a los canarios tendrá consecuencias en la gestión contable de las administraciones y, sin duda, en el día a día de los ciudadanos de las Islas".

"El Gobierno del PP ha alejado a Canarias del resto de España, análisis compartido por sindicatos y empresarios, que piden una rectificación al Estado con medidas "que nos acerquen" y no al revés", escribe en el blog.

Rivero insiste en que los Presupuestos "dan la espalda" a un Archipiélago "que caminaba por la senda de la recuperación económica", que "ha hecho bien sus deberes en contención del gasto desde hace cuatro años" y que ahora "ve cómo ese esfuerzo no solo no es tenido en cuenta sino que se penaliza gravemente".

GRAN ACUERDO

"Por eso es especialmente relevante la decisión adoptada por el Consejo Asesor de impulsar un gran Pacto Canario por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social, que implique a todos (administraciones, partidos políticos, empresarios y trabajadores) en la búsqueda de soluciones", reitera.

Rivero insiste, como ya hiciera el pasado miércoles, en que "necesitamos un gran acuerdo social para defender los intereses generales de Canarias y de todos los canarios; para que se corrijan aquellas decisiones que nos alejan del resto del Estado y se propicien otras que nos acerquen al trato que merecemos".

"Un tratamiento justo que no pasa por la eliminación de las bonificaciones aeroportuarias; ni por el incremento de las tasas aéreas; ni por la eliminación de fondos para renovación turística; ni por la paralización de obras firmadas en los convenios de carreteras u obras hidráulicas, ni por el incumplimiento de que se invierta en Canarias al menos la media del resto del Estado; ni por la eliminación de las primas a las energías renovables", puntualiza el presidente.

Por todo ello, "Canarias se enfrenta al momento más duro de su recorrido autonómico"y, en ese escenario, "necesitamos coraje, unidad y firmeza para sobreponernos esta situación y dejar a las Islas en condiciones favorables para las nuevas generaciones".

Con todo, concluye Rivero su reflexión afirmando que desde Canarias "se   seguirá exigiendo al Estado, con la legitimidad que otorga el apoyo de la sociedad a través de sus organizaciones más representativas, respeto para dos millones de personas que, dada la lejanía y fragilidad de nuestro territorio, debemos ser tenidas especialmente en cuenta".