Los sindicatos consideran que, con esta convocatoria, lo previsible es que el TSJC se pronuncie a favor de que las demandas individuales prosigan su curso.
PARO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS
La huelga convocada el 15 de abril por los sindicatos
de los empleados públicos para protestar por los recortes de salario y
de jornada de hasta el 20% paraliza la demanda de conflicto colectivo
del Gobierno de Canarias, ha afirmado este martes el portavoz de IC,
Rafael Rodríguez.
Según informa Efe, la ley así lo establece en el caso de que la
demanda del conflicto colectivo la interponga el empresario y se
convoque una huelga antes de decidirse sobre él, por lo que el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) deberá pronunciarse al respecto, ha
afirmado el portavoz de Intersindical Canaria (IC) durante una rueda de
prensa junto a representantes del resto de sindicatos convocantes del
paro, SEPCA, CCOO, UGT, COBAS y CSC-OSCEP.
Los empleados públicos presentaron alrededor de un millar de demandas
en contra de los recortes de salario y jornada de hasta el 20%
aplicados a 3.300 de ellos, lo que motivó la presentación de un
conflicto colectivo por parte del Gobierno de Canarias para tratar de
unificarlas en un solo procedimiento.
Al hacerlo, las demandas y juicios en marcha quedaron en suspenso, lo
que dejó a los trabajadores en "una situación de indefensión jurídica",
según Rodríguez.
Los sindicatos confiaban en que alguno de los jueces que tramitasen
las numerosas demandas elevase una cuestión de inconstitucionalidad
sobre la decisión del Gobierno canario de reducir el salario y la
jornada a los trabajadores, pero al reunirse todas ellas en una sola, la
del conflicto colectivo, las posibilidades de lograr una iniciativa
judicial de ese tipo era menor, ha explicado el representante de IC.
Con la presentación del preaviso de huelga para el próximo 15 de
abril la situación varía y lo previsible es que, de acuerdo a la ley, el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se pronuncie a favor de que
las demandas individuales prosigan su curso.
Además de intentar lograr la presentación de una cuestión de
inconstitucionalidad sobre los Presupuestos de la Comunidad Canaria de
2013 por los recortes a los empleados públicos, la huelga pretende
también que el Gobierno sepa que "ya está bien y que los trabajadores no
se resignan a seguir perdiendo poder adquisitivo y derechos".
Al paro están convocados los 14.000 trabajadores de la Administración
General de la Comunidad Autónoma, a los que su salario se les ha
reducido entre un 12 y un 32% en los dos últimos años.
La medida de reducción del 20% de jornada y salario afecta a gran
número de trabajadores de los grupos 4 y 5, los de menor remuneración,
por lo que algunos de ellos se aproximan al Salario Mínimo
Interprofesional.
En el caso de un ordenanza del grupo 5 que cobraba 1.070 euros
brutos, tras la reducción salarial se queda con 670 euros si es
interino, según el representante de IC.
Además de exigir la retirada de la medida de la reducción de jornada y
horario, la huelga pretende que se respeten también los derechos
establecidos en el convenio colectivo, que se han ido cercenando
progresivamente, y que adquiera protagonismo la Comisión de Valoración e
Interpretación del convenio colectivo, ha dicho Rodríguez.
Tanto Intersindical Canaria como otras organizaciones sindicales han
presentado al Gobierno de Canarias numerosas medidas de ahorro
alternativas a la reducción salarial, como, por ejemplo, un canon a la
visita de los parques nacionales para los no residentes que permitiría
incrementar las arcas públicas, entre otras muchas propuestas.
