UGT niega que el informe del CES proponga mejorar la productividad del sector público o reducir empleados públicos.
El secretario general de la FSP-UGT Canarias, Luis Fernando Rodríguez, señala que el borrador de la Ley de Función Pública contempla multas y acciones disciplinarias, pero no aborda criterios profesionales para mejorar la prestación del servicio público a través de empleados públicos incentivados y formados con el fin de prestar un servicio de excelencia y moderno a los ciudadanos canarios.
La FSP-UGT Canarias
asegura que el informe anual del Consejo Económico y Social (CES) no contiene ninguna referencia sobre la necesidad de mejorar la productividad de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas canarias, ni sugiere que una de las alternativas para mejorar la situación del sector público sea reducir su personal o sus servicios.
En el informe no se contiene ninguna manifestación sobre este tema y, además, “no existe ningún estudio ni público ni privado sobre la productividad del sector público en Canarias”. Sin embargo, “sí que existen estadísticas que sitúan el número de empleados públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias en la media del Estado, por lo tanto, no es excesivo en relación con el resto del Estado ni con las características del territorio”.
Dicho informe se habla de la necesidad de coordinar y redimensionar la Administración Pública en Canarias para adaptarlas a las necesidades actuales de tener que atender a más personas dada la situación de crisis, evitar solapamientos de competencias entre las distintas administraciones, duplicidad de actuaciones o falta de coordinación, que resta eficacia a la Administración y perjudican al ciudadano.
La noticia que aparece en prensa no se fundamenta en el informe del CES, no se plasmó en el informe anual ni se consensuó por lo que “entendemos que a algún sector empresarial o gubernamental le pueda interesar filtrar esta noticia, pero no se corresponde con la realidad y perjudica la imagen del propio CES”.
El propio presidente del CES, en recientes manifestaciones, hizo hincapié en que, ante esta situación de crisis, la situación no es reducir empleo público sino redistribuir donde más se necesite. En este sentido, la comisión encargada de elaborar el informe anual coincidió en la necesidad de redimensionar las administraciones públicas para adaptarlas a las necesidades actuales, con un mayor número de personas que atender, dada la situación de crisis y el incremento de los demandantes de los servicios sociales. Se trata pues de evitar solapamientos de competencias entre las distintas administraciones, la duplicidad de actuaciones o la falta de coordinación, que restan eficacia a la administración y perjudican al administrador.
Ley de Función Pública
Por otro lado, la FSP-UGT Canarias espera que en la negociación del Proyecto de Ley de Función Pública “se tenga en cuenta la posición de los sindicatos y el Gobierno de Canarias someta el texto a dictamen en el CES por parte del Gobierno de Canarias, cosa que no se hizo con la Ley que desarrollaba del Servicio Canario de Empleo”.
El borrador de la Ley pone el acento en las multas y acciones disciplinarias y no se rige por criterios administrativos, sino políticos. No permite tomar acciones para incrementar la productividad del sector público o para cubrir la necesidad de ofrecer a los ciudadanos de Canarias un servicio de excelencia”. “Se gobierna creando estabilidad, mejorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y cuidando su salud laboral, sin embargo el Gobierno de Canarias camina en un sentido equivocado, de hecho, Canarias es la comunidad autónoma que tiene el mayor número de denuncias por acoso laboral de todo el Estado”.
Remitido por la UGT
