Francisca Luengo pregunta a los dirigentes del gobierno de Canarias dónde está el dinero de la Ley de la dependencia. Recuerda que hay 20.000 personas que los tienen apilados en listas de esperaFrancisca Luengo, diputada socialista en el Parlamento de Canarias, analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón las noticias publicadas a nivel estatal este fin de semana que inciden en que Canarias sigue a la cola y, por tanto, suspende en la aplicación de la Ley de la dependencia y advierte que este problema requiere de plataformas ciudadanas, de denuncia pública por parte de los medios de comunicación, por parte de los partidos políticos y por todos los ciudadanos, porque por el hecho de nacer en Canarias el gobierno de las islas no debe perjudicar a nadie, de ahí que llame a los ciudadanos a plantarse y denunciar este agravio porque recuerda que no hay ni un solo observatorio ni institución que no denuncie que Canarias boicotea la Ley.
Francisca Luengo advierte que estos resultados a nivel estatal en cuanto a la aplicación de la Ley de la dependencia ponen de manifiesto que los socialistas canarios no se han equivocado en sus reiteradas denuncias, puesto que desgraciadamente son las familias quienes están pasándolo muy mal por la falta de aplicación de esta importantísima Ley en Canarias, toda vez que no se trata de datos nuevos sino de resultados que vuelven a aflorar, ratificando lo que su partido viene denunciando prácticamente desde que entrara en vigor la Ley en 2007.
Explica que en el año 2007 en Canarias no se hizo absolutamente nada, ya que los dirigentes del Gobierno empezaron a trabajar algo en la materia a partir de las elecciones generales, toda vez que a nadie se le esconde que en las islas Coalición Canaria gobierna con el Partido Popular y son las comunidades gobernadas por los conservadores las que suspenden en la aplicación de la Ley de la dependencia.
Desde su punto de vista, todas las comunidades gobernadas por el PP son coincidentes a la hora de no aplicar la Ley porque la mentalidad e ideología que tiene esa fuerza política no es una ideología social, pese a que ahora, aprovechando la situación de crisis, tenga la desfachatez de autoproclamarse el partido de los trabajadores y de la defensa de las políticas sociales, ya que recuerda que en las comunidades gobernadas por el PP no se aplica la Ley de la dependencia, puesto que esta Ley pese a ser mandato del Pacto de Toledo del año 2003, el PP cuando gobernó no puso ni un solo euro ni se molestó en presentar un proyecto de Ley en el Congreso de los diputados.
En este sentido, Luengo afirma que Canarias no es ajena a estas políticas de la peor derecha de la democracia porque CC gobierna junto al PP y deja que este partido aplique a los canarios sus tesis antisociales que buscan solamente boicotear al Estado al no aplicar esta Ley y añade que lo peor de esta realidad es que hay un grupo numeroso de ciudadanos que permanecen en el limbo de la aplicación de la Ley, así como numerosas personas que incluso fallecen mientras esperan que el Gobierno dictamine sus expedientes.
La diputada socialista explica que según los últimos datos, de fecha 1 de junio de 2010, hay unas 29.000 solicitudes en Canarias para ser atendidos, de las cuales solamente 7.500 están recibiendo algún tipo de atención por parte del Gobierno canario, pero aclara que esas 7.500 solicitudes realmente todas no son nuevas, sino que el ejecutivo está haciendo trampa, porque destina fondos que recibe del Estado para que atienda a las personas en situación de dependencia a partir del 2007 a personas que ya estaban siendo atendidas antes de ese año en los centros de titularidad pública, lo que hace que realmente sean mucho menos de esas 7.500 personas atendidas, considerando que estaríamos hablando aproximadamente de la mitad.
Para Francisca Luengo, estamos ante un escándalo mayúsculo, primero en cuanto al número de solicitudes, en donde Canarias es la última, porque si se compara con otras comunidades autónomas con igual o parecido número de habitantes como País Vasco y Castilla-La Mancha, vemos cómo en esas autonomías hay hasta cuatro veces más de solicitudes, llegando a cerca de 100.000 en cada una de ellas, por lo que la excusa de la consejera y del presidente del Gobierno al decir que se aplica mal debido al gran número de solicitudes queda en evidencia al demostrarse que no se corresponde con la realidad.
Critica que para el Gobierno sea alarmar a la sociedad que los socialistas digan que existe una Ley de la dependencia porque hace que la gente se crea con derechos inexistentes y que les lleva a solicitar algo que no les corresponde, algo que desde su punto de vista es insensato por parte de la responsable de la aplicación de la Ley de dependencia de este gobierno de Canarias.
Pero la diputada socialista llama la atención sobre el hecho de que no sólo hablamos de que el resto de comunidades autónomas triplica a Canarias en cuanto a solicitudes sino que lo hacen también en cuanto a número de personas atendidas, dicho lo cual, advierte que Canarias sigue a la cola en cuanto a número de personas atendidas, en el número de dictámenes, puesto que el archipiélago mantiene en el limbo de las listas de espera a 20.000 personas, personas que están valoradas, tienen derecho a recibir una prestación y sin embargo ese servicio no se les da.
Francisca Luengo pregunta a los dirigentes del gobierno de Canarias dónde está el dinero de la Ley de la dependencia, porque las 20.000 personas que esperan mientras les tienen apilados en listas de espera más de dos años, teniendo en cuenta que la dependencia se acrecienta a partir de los 80 años, más del 50% fallecen en el camino antes de recibir la prestación, mientras sus familiares no reciben nada porque así lo tiene previsto el gobierno autonómico.
En definitiva el problema de la aplicación de la Ley de la dependencia en Canarias requiere de plataformas ciudadanas, de denuncia pública por parte de los medios de comunicación, por parte de los partidos políticos y por todos los ciudadanos, porque por el hecho de nacer en Canarias el gobierno de las islas no debe perjudicar a nadie, de ahí que llame a los ciudadanos a plantarse y denunciar este agravio porque recuerda que no hay ni un solo observatorio ni institución que no denuncie que Canarias boicotea la Ley.
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