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miércoles, 5 de diciembre de 2012

Los sindicatos no admiten un nuevo recorte salarial a los empleados públicos

Los sindicatos de los empleados públicos de Canarias no admiten los nuevos recortes anunciados hoy por el Gobierno canario, que suponen una rebaja del 20 por ciento del salario y de la jornada a los funcionarios interinos y al personal laboral no fijo.
Así lo ha indicado el representante del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, Manuel González, quien ha señalado que esta medida afecta a 3.300 empleados públicos de toda Canarias y ha sido anunciada a los sindicatos en la mesa de negociación celebrada hoy.
El portavoz sindical ha recordado que los empleados públicos ya han hecho un gran esfuerzo económico desde 2009 y no recibirán este año la paga extra de Navidad.
Los recortes laborales afectarán a numerosos servicios de la Administración y de manera directa a los ciudadanos, ha asegurado González.
Los sindicatos han propuesto medidas alternativas de ahorro, como dejar de pagar licencias de programas informáticos, reducir el gasto de los seguros del parque móvil, una bajada salarial del 50 por ciento a los altos cargos y la eliminación de asesores políticos.
González ha denunciado que el Gobierno canario se niega a negociar y ha anunciado los recortes sin tener en cuenta a los representantes de los trabajadores, quienes le han expresado el coste económico, laboral y social que las medidas suponen.
A su juicio, el Gobierno hace "un paripé político" y defiende intereses personales sin tener en cuenta ni a los ciudadanos ni a los servicios públicos ni a sus trabajadores.
Para González, los recortes anunciados por el Gobierno de Canarias serían innecesarios con una mejor gestión de los recursos públicos.
El representante de Intersindical Canaria, Juan Méndez, ha expresado su temor a que en los próximos meses los empleados públicos sufran más recortes, pues probablemente no se podrá cumplir el objetivo de déficit estatal.
En su opinión, "lo que este Gobierno hace es socializar la miseria por la parte del PSOE y humillar a los canarios por la parte nacionalista". 

lunes, 3 de diciembre de 2012

Mas de lo mismo con el Gobierno de la CAC y los asesores

Los 17 asesores del Gobierno costarán 800.000 euros en 2013

El Ejecutivo regional cuenta con 96 trabajadores eventuales -41 en Presidencia del Gobierno-. Según la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración, 17 son asesores y cobran como máximo 47.253,7 euros anuales.

El Gobierno de Canarias tiene en nómina 96 trabajadores eventuales. Entre ellos, los famosos asesores con los que Gobierno y oposición sacan tanto rédito electoral al criticar el gasto en un personal que es de libre designación y que los partidos usan como moneda de cambio para alimentar todo tipo de especulaciones sobre su elección. Las críticas recurrentes apuntan a que se trata de un ejército de "enchufados" cuya cualificación para el puesto nadie revisa, a que no trabajan mucho y a que, en consecuencia, su gasto no está justificado. Pero la relación de puestos de trabajo (RPT) -el instrumento técnico que sirve para ordenar el personal- aclara que de esos 96 eventuales son 17 los que tienen la consideración de asesores. Con un sueldo anual máximo de 47.253,7 euros -equivalente a un tope mensual de 3.937 euros prorrateados-, su cuantía global para el próximo ejercicio ascenderá a 803.321,9 euros.

¿Cómo se distribuyen los 96 eventuales dentro de la Administración regional? Presidencia del Gobierno se lleva la mayor parte -41-, lo que supone el 42,7% del total. Muy de lejos le sigue la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial con diez más -10,4%-.
Menos tienen el departamento de Educación, Universidades y Sostenibilidad (ocho); Presidencia, Justicia e Igualdad (siete); Economía, Hacienda y Seguridad (siete); Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (seis); Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (seis); Empleo, Industria y Comercio (cinco); Sanidad (cinco), y otro más del Consejo Económico y Social (CES).

En total, su remuneración el próximo año supondrá un desembolso de 3.338,820 euros. El coste de este personal, incluidas las cuotas a la Seguridad Social, ascenderá a 4.296,744 euros. Por categorías, el personal eventual se reparte en seis grupos. El que más cobra -que es justo en el que entran los asesores del Gobierno según la RPT- es el A1, cuyo salario anual máximo son los 47.253,7 euros antes mencionados. En esta categoría entran, además de los asesores, los jefes de secretaría particular (dos), un jefe de protocolo de la Presidencia de Gobierno, los jefes de gabinete (seis), los técnicos (cuatro) y los directores de las oficinas representativas de Canarias en el exterior (tres). En la misma categoría, pero con un sueldo anual máximo de 44.729,13 euros, entran los jefes de oficina de relaciones con los medios de comunicación. Son diez.

La siguiente categoría (A2) tiene un salario anual máximo de (29.904,93 euros), e incluye a los asistentes y ayudantes. Seis en total. Los ayudantes de gabinete y los de oficinas de medios de comunicación cobran un tope anual de 27.017,28 euros anuales. Pertenecen al grupo C1 y son diez.

En el grupo C2 hay varias subcategorías. Por una parte, están los secretarios particulares o de dirección del presidente, del vicepresidente y los consejeros, que cobran un máximo anual de 23.157,41 euros. Pero también están los secretarios particulares o de dirección de los viceconsejeros, que devengan un salario máximo anual de 22.616,31 euros. Y también están los secretarios particulares o de dirección de los directores generales, asimilados y de las oficinas representativas de Canarias en el exterior, con un tope anual de 22.075,33 euros. Son treinta y tres.

Finalmente, hay otro eventual que figura como asistente de la vivienda oficial del presidente. Cobra 18.072,26 euros anuales.
el dato 3.937 euros al mes es el sueldo tope que puede cobrar un asesor oficial

martes, 27 de noviembre de 2012

Empresas públicas y fundaciones perderán un 25% de sus plantillas

Entre las fundaciones y las sociedades mercantiles, el personal del sector público canario tendrá 2.112 trabajadores en el próximo ejercicio, lejos de los 2.825 con que cuenta en la actualidad.

Entre las fundaciones y las sociedades mercantiles, la Administración autonómica dará trabajo en 2013 a 2.112 personas. Serán 713 menos que al inicio de este año (2.825), lo que equivale a una reducción del 25% entre ambos periodos. No son tantos empleados públicos comparados con los cerca de 62.000 del Archipiélago, pero el tema siempre genera polémica entre los que gobiernan y los que están en la oposición. La sospecha de que el sector público está lleno de "enchufados" alimenta la mala imagen que tienen entre los ciudadanos las empresas públicas y las fundaciones, algo que los sindicatos se esfuerzan por desmentir al aclarar que no todas sobran.
De esta manera, la reducción del sector público -objetivo fuera de discusión para los tres principales partidos parlamentarios (CC, PP, PSC) frente a la excepción de NC- se presta a todo tipo de críticas cruzadas, incluida la de que su reestructuración se diseña con cuidado para esconder el mantenimiento de la mayor parte de esos puestos de trabajo sin suponer un ahorro efectivo a las arcas públicas.
El Gobierno ha afirmado hasta el cansancio que no tiene previsto despidos "masivos" para 2013 -dejando la puerta abierta a otro tipo de despidos-, pero sí ha admitido que no renovará empleos temporales ni repondrá las jubilaciones y otras causas de baja, sino a cuentagotas.
Estas cifras aparecen en el proyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, que también revela que el coste laboral de estos trabajadores supone este año para las Islas un desembolso de 95,6 millones de euros.
En el próximo ejercicio, la cuantía de la plantilla de las sociedades mercantiles y las fundaciones será de 68 millones de euros, lo que supone una rebaja de 27,6 millones entre los dos ejercicios, equivalente a un 29% menos.
Al inicio de este año, los trabajadores de las sociedades mercantiles eran 2.004 -con una previsión de coste de 72,1 millones- y los de las fundaciones, otros 821 -que obligaban a un desembolso de 23,5 millones de euros-. El próximo año, en cambio, los trabajadores de las sociedades mercantiles serán 1.388 -su nómina anual se llevará 47,9 millones-, mientras que en las fundaciones trabajarán 724 personas -20 millones de euros-.
El texto presupuestario afirma que la comunidad mantendrá el mismo número (19) de sociedades mercantiles en 2013 que ahora, si bien varias de ellas ya están liquidadas de hecho y no cuentan con personal. En este sentido, desaparece la Fundación Canaria para el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos, que ya en 2012 no tenía trabajadores. El resto de fundaciones (8) repite en el proyecto presupuestario para 2013.
La sociedad mercantil que más empleados pierde es Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, con una reducción de 312 personas desde las 443 a inicios de 2012 a las 131 previstas para el próximo ejercicio. Su coste se desplomará de los 14,8 millones de este año a 4,9 millones en 2013.
También es importante la reducción del personal en Hoteles Escuela de Canarias, que de una plantilla de 200 personas en 2012 quedará en 125 en 2013, 75 menos -su coste bajará de 5,2 millones a tres millones en ese plazo-.
Gestión Medio Rural de Canarias también sufrirá un ajuste importante al bajar de 249 empleados a 185 -64 menos-, que se reflejará en un gasto de personal de 5,8 millones en 2013 frente a los 6,6 millones de este ejercicio.
El Instituto Tecnológico de Canarias también perderá 36 trabajadores de los 214 que tenía al inicio de año, para quedar en 178 trabajadores. Su coste laboral bajará de ocho a seis millones.
Caso excepcional es el de Gestión Recaudatoria de Canarias, que ganará un empleado en 2013 para llegar a 121, si bien su coste laboral retrocederá de cuatro millones a 3,7 millones el próximo año.
Entre las fundaciones, destaca el caso de Fundación Canaria de Juventud IDEO, que según el proyecto presupuestario perderá 16 trabajadores -baja de 547 a 531-. Su coste también caerá desde 15,8 millones a 14,2 millones. Cabe recordar que la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda -de la que depende- aseguró esta misma semana que no tiene previsto reducir la plantilla el próximo año.
Pero quien más pierde personal es la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), que bajará su plantilla en 84 personas para quedar en 53 de 137 a inicios de este año. También es relevante el ahorro en costes salariales, que pasará de 3,6 millones en 2012 a 1,9 millones en el próximo ejercicio.
En contra de la tendencia, la fundación Canaria Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica ganará personal al pasar de 45 a 52. Su coste laboral se mantendrá estable en torno a los 1,4 millones.
el dato
15,2 millones es lo que pierde el programa de Desarrollo Energético, hasta solo 3,7 millones

martes, 13 de noviembre de 2012

El Gobierno no renovará los contratos ni cubrirá las jubilaciones en 2013

El consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, confirmó ayer las sospechas de los sindicatos y avanzó que el Ejecutivo no renovará contratos ni cubrirá jubilaciones en 2013. Tampoco promoverá ofertas de empleo público. A cambio, potenciará la flexibilidad y redistribución interna.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spinola, confirmó ayer los peores presagios de los sindicatos, al avanzar que en el año 2013 no se renovarán contratos temporales ni se cubrirán muchas jubilaciones en la Administración canaria.
En el pleno del Parlamento, y como respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Román Rodríguez, el consejero regional precisó también que el Ejecutivo canario no promoverá el próximo ejercicio ofertas de empleo público.
En su lugar, el Gobierno que preside Paulino Rivero "potenciará" la flexibilidad y la redistribución interna, dijo Francisco Hernández Spínola, quien, aunque aseguró no compartir la opinión del presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, de que sobran 5.000 empleados públicos, tampoco descartó que se vayan a producir despidos en la Administración.
"El despido será la última de las opciones de este Gobierno", indicó el consejero, quien reconoció que la reducción de partidas en los Presupuestos Generales del Estado para Canarias "tendrá consecuencias" en el Capítulo I (Personal).
Spínola recordó que Canarias es la quinta comunidad con menos empleados públicos por habitante de España y que siete de cada diez funcionarios son docentes o personal estatutario del Servicio Canario de Salud (SCS).
A su juicio, hablar de posibles despidos masivos genera "desmotivación", "ansiedad", "tensión", "pérdida de productividad" y es una "irresponsabilidad" en la que el Gobierno "no ha caído ni va a caer".
En este sentido, Román Rodríguez detalló que en los últimos 15 meses se han producido 32.700 despidos en el sector público, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y destacó que los empleados públicos atienden "a nuestros niños en las escuelas y hospitales y prestan servicios públicos".
Al respecto, lamentó que se haya "puesto de moda" despedir empleados públicos y pidió al Ejecutivo regional que su rechazo a los despidos se demuestre en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013.

Si no hay cambios de última hora, esos presupuestos serán aprobados este jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias.

Sobre este asunto se manifestó ayer también el coordinador del Área Pública y Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, quien calculó que las medidas anunciadas por el Gobierno pueden dejar sin empleo a unos 3.500 trabajadores -podrían llegar a 4.000-.
Barroso lamentó las "pocas ideas" que se están analizando el Parlamento canario para atajar la situación, y remarcó que hay "otras alternativas", como es la subida de impuestos a las personas que rentas más altas.
Por su parte, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, fue aún más allá y consideró que los afectados podrían ser 18.000, que son todos los trabajadores interinos y eventuales de la Comunidad Autónoma.
Bautista recordó que el compromiso del Ejecutivo, de su presidente y del PSOE fue que no se iba a perder "ni un empleo público", por tanto "mienten una vez más". Es más, consideró el sindicalista de UGT que si el PSOE tuviese "un poquito de dignidad y coherencia política" abandonaría el Ejecutivo regional, y propuso, en línea con su compañero de CCOO, otras medias para ahorrar gastos. Entre otras citó la supresión de algunas direcciones generales "que no aportan nada".

miércoles, 24 de octubre de 2012

2013: año "terrorífico"

El pleno de ayer sirvió al Gobierno regional para ir preparando a los suyos, a la oposición y a los ciudadanos para la que va a caer en 2013. Entre otras cosas, augura que "muchos" no podrán seguir trabajando en la Administración.  

El presidente regional, Paulino Rivero, ayer no se anduvo con rodeos. El próximo año será "terrorífico" para Canarias por los recortes que vendrán desde el Estado. Así lo anunció para que los suyos, la oposición y los ciudadanos tengan bien claro la que se viene encima.
En sus primeras intervenciones en el pleno parlamentario celebrado ayer Rivero lamentó que "muchas personas" no podrán seguir prestando sus servicios en la Administración el próximo año. Si había alguna duda sobre el mantenimiento del empleo público en 2013, las disipó. Eso sí, culpó de la situación a los recortes de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta disminución, sumada al déficit generado para las Islas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica -que cifró en 800 millones por año- lo llevaron a concluir que 2013 hará honor a la mala fama de ese número.
A este panorama se suma el recorte de las inversiones estatales en el Archipiélago -que bajan casi un 50% en dos años, desde algo menos de 1.300 millones de euros a cerca de 700-, lo que constituye un incumplimiento de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). "Esto hace mucho daño", lamentó el presidente canario.
El portavoz de los nacionalistas canarios, José Miguel Barragán, estuvo de acuerdo. Tras advertir de que será "muy difícil" ajustar los presupuestos del próximo ejercicio "sin que los ciudadanos se vean afectados" -dando a entender que en, realidad, será inevitable-, también dejó la puerta abierta a más tribulaciones para los ciudadanos canarios a cuenta de la caída de las inversiones, lo que repercutirá -previsiblemente- en una mayor tasa de paro.
En respuesta a una pregunta del presidente del grupo popular, Asier Antona, Rivero aseguró que la reforma de la Administración emprendida por su equipo se ha visto acelerada por el "sablazo" presupuestario del Gobierno que preside Mariano Rajoy, que obliga al Ejecutivo canario a "profundizar" la adaptación de su estructura a la "nueva realidad". Justo por eso es que "muchos" no podrán seguir prestando sus servicios a la Administración, explicó.
Las dificultades presupuestarias llevaron al mandatario canario a augurar también "muchas dificultades" para garantizar los servicios esenciales, incluso modulando su financiación.
En otra intervención para responder a Barragán por la afección de los recortes de los PGE a las cuentas canarias, Rivero lamentó que la "cantidad masiva de gente que vino durante los últimos 15 años, y que sigue llegando", causó problemas a los ciudadanos de las Islas al afectar el nivel de empleabilidad -sin contar con que Canarias tiene uno de los sueldos medios más bajos del Estado-.
Rivero defendió que, por este motivo, en Canarias -a diferencia de los territorios peninsulares, apuntó-, es importante defender los servicios básicos, pues para la mayoría de los canarios -que cobran esos bajos salarios- no es una opción acudir a la sanidad o la educación privadas.
desalación
Una "migaja de enmienda"
"A Canarias no se le engaña con una migaja de enmienda de cuatro millones", espetó ayer Rivero sobre la corrección prometida por el Gobierno central para la partida de desalación en Canarias, que en el borrador de los PGE no tiene asignación alguna.
Ante una pregunta de la presidenta del grupo socialista, Dolores Padrón, sobre el cruce de declaraciones entre el PP canario y el Ejecutivo estatal a cuenta de este tema, Rivero recordó que mientras los populares fueron socios regionales de gobierno -hasta 2010-, defendieron este tipo de inversiones.
En este sentido, la diputada nacionalista Nuria Herrera se mostró sorprendida por el cambio de postura de los conservadores, que defendieron cuando formaban parte del Ejecutivo canario una iniciativa para mejorar la dotación presupuestaria para la potabilización del agua, algo que entonces consideraban "vital".
"¿Qué pasó con este asunto para dejara de ser vital?", se preguntó Herrera. La consejera del área, Margarita Ramos, confirmó que al Gobierno no le consta que el Estado vaya a rectificar los PGE en esta materia.

martes, 7 de agosto de 2012

El Gobierno planea restringir el acceso a la jubilación parcial

El Gobierno restringirá el acceso a la jubilación parcial para que el coste de esta medida no recaiga en su totalidad sobre la Seguridad Social y suponga mayor coste para las empresas, según consta en el plan presupuestario para 2013 y 2014 remitido a la Comisión Europea.
También modificará los requisitos para acceder a la jubilación anticipada para elevar la edad efectiva de jubilación y que se aproxime lo más posible a la edad legal.
En este sentido, el Gobierno actuará, según lo acuerde en el Pacto de Toledo, sobre los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros factores.
El Ejecutivo quiere modificar el acceso a la jubilación parcial con el fin de evitar un uso inadecuado de la misma porque considera que en muchos casos sustituye a la jubilación anticipada y su coste recae totalmente sobre la Seguridad Social.
Esta modificación también se articula a través de lo acordado en el Pacto de Toledo bien modificando la edad de acceso a la jubilación, el porcentaje mínimo de la jornada laboral o los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación a la pensión parcial reconocida.
El coste de las medidas en materia de Seguridad Social que recoge el plan supondrá una caída de ingresos de 3.591 millones de euros (1.040 millones en 2013 y 2.551 millones en 2014), debido al impacto que sobre las cuentas del sistema tendrá la rebaja de las cotizaciones sociales en un punto en 2013 y en otro adicional en 2014.
Para compensar la caída de ingresos, el Gobierno incrementará las sanciones por impago de las cuotas a la Seguridad Social y las unificará en un sólo tipo de recargo del 20 %.
Actualmente hay cuatro tipos de recargo (3 %, 5 %, 10 % y 20 %) en función de si el retraso en el abono de las cuotas es de uno, dos, tres o más meses.
Respecto a los autónomos, se incrementará en un punto la base mínima de su cotización.
Asimismo, para aumentar los ingresos y aproximar el aumento de las bases máximas de cotización a la evolución del IPC y que se aproximen más los salarios y las bases de cotización, se incrementarán estas bases máximas en 5 puntos.
En cuanto al factor de sostenibilidad introducido en el sistema de la Seguridad Social por el anterior Gobierno, se revisarán los parámetros fundamentales en función de la evolución de la esperanza de vida.
Según la legislación actual, el factor de sostenibilidad empeza a estar vigente en 2027 e implica, básicamente, que cada vez que se modifique la esperanza de vida, se hará una revisión del sistema para mantener su equilibrio.
La Comisión Europea ha pedido al Gobierno que se adelante su aplicación, cuestión que se analizará también en el ámbito del Pacto de Toledo, para revisar parámetros "fundamentales" en línea con los países del entorno, como la edad de jubilación, la cuantía inicial de la pensión o las condiciones de revalorización de la misma, entre otras.

martes, 26 de junio de 2012

Los sindicatos piden al PSOE que pare el expediente de la funcionaria Asunción

UGT, CSI-F y Ocesp solicitan al PSOE, socio de gobierno de Coalición Canaria (CC) en el Ejecutivo regional, que actúe con "coherencia" y archive el expediente abierto por Presidencia del Gobierno contra la funcionaria que, en una protesta, fue fotografiada haciendo una "peineta" a una imagen de Paulino Rivero.  

Varios sindicatos pidieron ayer al PSOE, socio de gobierno de Coalición Canaria (CC) en el Ejecutivo regional, que frene el expediente disciplinario abierto por Presidencia del Gobierno a una funcionaria -María Asunción Roldán Oramas- de este departamento, que salió en una foto, en el transcurso de una manifestación, haciendo una "peineta" sobre una fotografía del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero.
UGT, CSI-F y la Organización Canaria de Empleados Públicos (Ocesp) pidieron al partido que cogobierna en el Ejecutivo regional que actúe con responsabilidad y que "políticamente" pare el expediente, que podría derivar en sanción.
Es necesario precisar que si bien es la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que dirige el socialista Francisco Hernández Spínola, la que tiene las competencias de Función Pública, los expedientes de este tipo dependen de cada departamento, por tanto son estos -o el consejero del ramo- los que pueden ordenar su eliminación o paralización.
Con todo, Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, consideró que el expediente se podría paralizar "si Hernández Spínola quisiera", pues es el responsable de "todos los funcionarios" de la Comunidad Autónoma. Por ello, reiteró que espera que Spínola y su partido, el PSOE, sean "coherentes".
En esta línea, Javier Galván, del CSI-F, apuntó que "desde el punto de vista político" no está escrito que el PSOE no pueda archivar el expediente, pues es socio de gobierno de Coalición Canaria, por lo que instó a los socialistas a proceder a su paralización. Entiende el CSI-F que estamos en un estado de derecho, "pluralista" y que con esta decisión por parte del Gobierno de Canarias contra la funcionaria perjudicada, se corta toda clase de libertad de expresión y derechos de los ciudadanos.
En este sentido, Antonio Rodríguez, de la Ocesp, subrayó que el expediente se tiene que frenar por parte de cualquier "partido político democrático". "La trabajadora está en una protesta y estos hechos ocurren", afirmó Rodríguez, quien consideró que la funcionaria, en la fotografía de la polémica, está "imitando" al presidente del Gobierno, que también tiene el dedo levantado.
"Este es un expediente que no va a llegar a nada y que solo obedece a la presión que se quiere hacer a la trabajadora para poderla quitar, cambiar o mover por parte de aquellos que no están de acuerdo con sus tesis", aseguró Rodríguez. "Eso se hacía en otras épocas, ahora no es el momento", sentenció el sindicalista.
Mientras tanto, el expediente de María Asunción Roldán Oramas sigue adelante. Según distintas fuentes consultadas ayer, la citada funcionaria compareció ya el pasado viernes ante las instructoras de su expediente, aunque aclararon que la resolución definitiva, si finalmente no es retirado, podría prolongarse durante cuatro o cinco meses. Las mismas fuentes aclararon también que Roldán Oramas no está afiliada a ninguna organización sindical y que su defensa la hará un abogado particular. Cabe recordar que cuando se conoció su caso, distintas fuerzas sindicales le ofrecieron asesoramiento jurídico gratuito.

sábado, 23 de junio de 2012

"Todos somos Asunción"

Presidencia del Gobierno expedienta a una funcionaria por hacer una peineta a una fotografía del presidente regional, Paulino Rivero, en una manifestación. La imagen fue publicada en este periódico el 30 de mayo.

"Acoso", "ridiculez" y "dictadura". Estos fueron los adjetivos con los que los distintos representantes sindicales calificaron ayer la decisión de Presidencia del Gobierno de expedientar a una funcionaria, cuya imagen haciendo una peineta a una fotografía del jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, ha sido calificada como "falta grave" por la Secretaría General de la Presidencia.
La polémica imagen fue publicada el pasado 30 de mayo por este periódico, y con ella se ilustraba una información en la que un grupo de funcionarios de la Comunidad Autónoma expresaba, como cada día laboral a las 12:00 -también lo hicieron ayer al grito de "Todos somos Asunción"-, su malestar por los recortes aplicados por el Ejecutivo canario a los sueldos de los empleados públicos, entre otros aspectos.
La resolución conocida ayer, sobre la que no tuvieron conocimiento hasta su publicación otros departamentos del Gobierno regional, ha sido instruida por la secretaria general, Ángeles Bogas.
En ella se recoge que en la mencionada fotografía la funcionaria María Asunción Roldán Oramas aparece "haciendo gestos obscenos, señalando una fotografía del presidente del Gobierno de Canarias, minusvalorándolo, en la puerta principal del edificio sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife".
Además, detalla que la actitud de la funcionaria "pudiera ser considerada de desprecio o descrédito, llevada a cabo con ánimos ofensivos y con publicidad hacia la figura que representa el presidente canario".
La Secretaría General de Presidencia considera "que esa desconsideración, falta de urbanidad y respeto" puede constituir una falta disciplinaria por no respetar a su superior jerárquico.
Y, como era de esperar, la resolución generó ayer la contundente reacción de los sindicatos. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, calificó el asunto como "vergonzoso" y "pésimo", y comparó la situación con momentos de la "dictadura". Bautista lamentó que se esté "coartando" la libertad de expresión y de poder manifestarse, y remarcó que la funcionaria en cuestión de manifestaba por un descontento que tienen "todas las organizaciones sindicales".
En esta línea, Antonio Trujillo, presidente del Sindicato Independiente Canario (SIC), remarcó que el Gobierno trata de "amedrentar" al colectivo de funcionarios "que se manifiestan legalmente", y pidió al Ejecutivo que "deje de cebarse" con los empleados públicos.
En el mismo sentido, Fernando Escrich, secretario general de Sepca, calificó la decisión de Presidencia de "ridiculez" y consideró que lo mejor que puede hacer el Gobierno es "cerrar" el expediente. "No entendemos que se ponga a toda la maquinaria de Presidencia del Gobierno contra un empleado público, salvo que tengan algo con ella de antes que desconocemos", dijo.
Por su parte, Miguel Ángel Delgado, coordinador del sector de Comunidad Autónoma de CCOO, consideró "lamentable" la actitud del Ejecutivo canario y aseguró que es "un acoso más" hacia el conjunto de los empleados públicos. Todos los sindicatos tienen previsto reunirse la próxima semana para estudiar las medidas que tomarán contra la decisión del gabinete que preside Paulino Rivero.

martes, 19 de junio de 2012

La prima de riesgo se dispara y se acerca a niveles cercanos al abismo

La rentabilidad del bono a diez años se sitúa en el 7,15% y la prima de riesgo cierra en los 574 puntos básicos en una jornada negra para España, que no consigue disipar las dudas de los mercados.
lo que decia en noviembre de 2011 con la prima de riesgos
en 300 . ¿ Que diría hoy este ejemplar con la prima a 574 ?

La prima de riesgo española se volvió a disparar ayer y cerró en un nuevo máximo desde la entrada en el euro, al alcanzar los 574 puntos básicos, mientras que el bono español a diez años se situó en el 7,15%, también por primera vez desde que está en vigor la moneda única europea.
No obstante, durante la sesión, la prima de riesgo llegó a rozar los 590 puntos básicos (588), afectada por la desconfianza del mercado hacia España según explicaron varios analistas, que apuntaron que la victoria en Grecia de los partidos a favor de la permanencia en el euro solo ha sido un alivio efímero.
De hecho, consideran que el detonante de este comportamiento responde a la incertidumbre sobre la intención de los partidos vencedores de renegociar los términos de la ayuda recibida desde Europa.
Las elecciones griegas tampoco tuvieron un efecto balsámico en la bolsa española, que cayó el 2,96% y se aproximó a los 6.500 puntos, afectada por el retroceso de la banca y las ventas en el mercado de deuda.
De este modo, la caída más fuerte en las tres últimas semanas colocó el Íbex 35 exactamente en los 6.519,90 puntos.
Todos los analistas consultados coinciden en que únicamente el Banco Central Europeo (BCE) puede apaciguar al mercado si reanuda las compras de deuda soberana que interrumpió en febrero de este año.
Sin embargo, el regulador comunitario lleva catorce semanas consecutivas sin comprar deuda de los países de la eurozona, lo que según los expertos, no ayuda a relajar las tensiones del mercado y así, rebajar el interés de la deuda española.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que "persisten las dudas" sobre la capacidad de recuperación de la economía española y sobre el futuro del euro, por lo que reclamó que la entidad europea responda "con toda firmeza" a la "insistente presión" de los mercados.
En este contexto, abogó por que Bruselas "despeje las incertidumbres sobre la continuidad del euro" y apoyar el desarrollo de políticas e instituciones europeas como la unión bancaria, fiscal y política.
La postura del Gobierno español, sentenció, es "más Europa, más euro, más reformas estructurales y más apuesta por la estabilidad presupuestaria y económica, porque no hay otra salida para una crisis de esta envergadura".
Por su parte, el líder de los socialistas españoles, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió ayer la intervención del BCE para detener "la especulación" contra el euro y la economía española, y apostó por "combinar la austeridad con el crecimiento" y alcanzar acuerdos hacia la unión fiscal en Europa.
En medio de todas estas tensiones, España espera captar hoy entre 2.000 y 3.000 millones de euros en una subasta de letras a doce y dieciocho meses. Además, el jueves espera conseguir de 1.000 a 2.000 millones en bonos a dos, tres y cinco años.

Cada diputado regional cuesta más de 3.800 euros al mes sin contar las dietas

El Parlamento decidió, por fin, publicar los sueldos de los diputados canarios. Pese a que cada uno gana 13 mensualidades de unos 3.800 euros brutos, cobran aparte por trasladarse -y asistir- a las reuniones a las que están obligados a ir. Eso sí, los acogidos al régimen de dedicación exclusiva se bajan el sueldo un 5%.

El Boletín Oficial del Parlamento de Canarias publicó ayer, por fin, el sueldo de los diputados regionales. Aunque la información aún no está en la página web de la institución, que es donde se espera que se haga para facilitar la consulta de estos datos por cualquier ciudadano, al menos ya es posible conocer de forma oficial lo que ganan los parlamentarios de manera genérica, asunto que siempre levantó ampollas en parte de los representantes públicos autonómicos y que explica la demora en cumplir con este trámite por parte de la institución. De entrada, la Cámara confirma que un diputado solo por serlo cobra algo más de 3.800 euros brutos al mes -en 13 mensualidades-, a lo que se suman diversos conceptos que incrementan su nómina en función de los cargos internos que ostente y las actividades en las que participe.
Si el diputado también es presidente del Parlamento, cobra casi 2.160 euros más; en el caso de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa, casi 1.010 euros adicionales; los presidentes y portavoces titulares de los grupos, también reciben 1.010 euros más, y los portavoces suplentes de los grupos, casi 505 euros adicionales.
La paga extra de los diputados -otros 3.800 euros que la mayoría cobra dividida en dos partes iguales entre junio y diciembre- asciende a casi 6.000 euros en el caso del presidente de la institución; a casi 5.000 en el caso de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa, y a unos 4.300 euros en el caso de los portavoces suplentes de los grupos parlamentarios.
En todo caso, hay que advertir de que la Mesa también acordó rebajar los sueldos de los diputados acogidos al régimen de dedicación exclusiva en un 5%, así como el del presidente del Parlamento, el de los propios miembros de la Mesa y el de los presidentes y portavoces titulares y suplentes de los grupos.
Además, los miembros de la Mesa cobran una dieta "por responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara" de carácter "único y exclusivo" que oscila entre los 90 y 180 euros según el cargo y la Isla a la que pertenezca. Los portavoces también reciben una dieta por cada reunión a la que asisten y sesión convocada, y dos dietas al mes por su dedicación a las funciones representativas de su grupo que varían entre los 90 y 160 euros según la Isla.
El resto de los diputados cobra para reuniones y sesiones convocadas entre 60 y 113 euros, según la Isla, y también hay dietas por participación en actividades para reuniones o visitas de las comisiones fuera de la sede parlamentaria, que van desde los 60 hasta los 160 euros, según el cargo y la Isla. En el caso de los diputados no acogidos al régimen de dedicación exclusiva, las dietas por día para acudir a las reuniones o sesiones de los órganos -incluidos los gastos de transporte, alojamiento y manutención- van desde los 119 a los 225 euros en función de si se trata de un pleno u otro tipo de reunión y la Isla.
Por la concurrencia a reuniones y sesiones de los órganos de la Cámara, los diputados no acogidos al régimen de dedicación exclusiva cobran entre 74 y 127 euros, en función del cargo y tipo de reunión.
Las dietas por participación en actos, reuniones y visitas fuera de la sede parlamentaria se cobran entre 119 y 205 euros. También hay otras percepciones por desplazamientos de carácter oficial.

viernes, 15 de junio de 2012

El Gobierno justifica 6.900 euros por un viaje de día y medio a Venezuela

El director general de Relaciones con el Exterior, Manuel Martínez-Fresno (este es el mismo poyo que se gasto 820€ por dos noches de hotel en madrid), viajó a Venezuela en diciembre de 2011 para firmar un convenio con la Fundación España Salud. Permaneció en tierras venezolanas un día y medio, pero su periplo para llegar y regresar costó a las arcas públicas
En plena vorágine económica, y con el ejercicio presupuestario de 2011 cerrado para cuadrar el déficit, el Gobierno de Canarias pagó más de 6.800 euros por un viaje para estar un día y medio en Venezuela.
Así figura en algunas de las facturas enviadas por el Ejecutivo canario al Parlamento regional, a las que ha tenido acceso este periódico.
La controvertida travesía tuvo como protagonista al director general de Relaciones con el Exterior del Ejecutivo canario, Manuel Martínez-Fresno, que partió rumbo a Venezuela desde Tenerife el día 17 de diciembre a las 16:20 horas, previo paso por Madrid y París, y emprendió el viaje de regreso a la isla apenas cuatro días después, con el mismo recorrido a la inversa, a las 19:35 horas. Sin contar las horas que estuvo volando, Martínez-Fresno permaneció apenas 36 horas en suelo venezolano.
Pero, ¿cuál es el motivo de tan apresurado y costoso viaje? Según detalló ayer el propio director general del Gobierno canario, tuvo que viajar de "urgencia" a Venezuela, tras ser suprimida la Dirección General de Emigración -área de la que asumió sus competencias- a firmar el convenio con la Fundación España Salud.
Explicó Martínez-Fresno que si ese acuerdo no se firmaba antes del 31 de diciembre, 1.500 canarios mayores se quedaban sin asistencia sanitaria. "Y lo primeros que encontramos fue eso, un recorrido absurdo porque no había plazas ni en Iberia ni Air Europa", dijo.
Finalmente, el convenio se firmó y los canarios "no se quedaron sin prestación sanitaria", aclaró. Pero, además, abundó Martínez-Fresno, la efímera visita a Venezuela sirvió para encauzar otro asunto importante para la colonia canaria en la Octava Isla.
Según explicó, durante su corta estancia se reunió con dos altos cargos del Ayuntamiento de Caracas para tratar de desbloquear la apertura de un centro médico de día que se construyó en el Hogar Canario de Caracas, cuando era presidente Adán Martín. Al parecer, el citado centro, para el que el Ejecutivo canario abonó 750.000 euros, carece de los permisos necesarios para su puesta en funcionamiento, aspecto que, según el director general de Relaciones con el Exterior, está casi resuelto tras su reunión con dirigentes del Ayuntamiento de Caracas.
Facturas de hotel
Pero los controvertidos gastos de Martínez-Fresno no acaban con su viaje a tierras bolivarianas. Según figura en las facturas remitidas al Parlamento, el director general se alojó dos noches en un hotel de la cadena Meliá en Madrid, del 10 al 12 de octubre de 2011, y por este concepto se pagaron 820 euros, una cifra bastante más elevada que la que se paga normalmente por el alojamiento de los miembros del Gobierno en la capital de España.
En este sentido, Martínez-Fresno reconoció el gasto, pero lamentó que se haya "sacado de contexto". Explicó que tras la invitación de La Moncloa, tres días antes, a asistir a los actos de la Hispanidad, se decidió "en el último momento" que viajarían a Madrid el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, y él mismo.
Sin embargo, y como consecuencia del puente, los hoteles estaban "abarrotados" y hubo que "ajustarse" al precio que dio el hotel. "No nos quedamos allí nunca. Fue un gasto excepcional", precisó. 

domingo, 3 de junio de 2012

La demora en las ayudas sociales, queja de los canarios en 2011

Escasez de dotación presupuestaria, insuficiencia de personal y los retrasos en la emisión de los informes son las principales quejas que recibió el Diputado del Común en Servicios Sociales. 

Los Servicios Sociales en general y la Ley de Dependencia se convirtieron en un motivo destacado de quejas ante el Diputado del Común durante el año pasado. Así, del total de las quejas recibidas por esta institución en 2011 (1.217) un 5,6 por ciento (67) hicieron referencia a la solicitud de prestaciones municipales referidas a ayudas económicas de emergencia.
En esta área, llegó al organismo una nueva razón de queja, los retrasos en los informes para tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Uno de los principales motivos de reclamaciones en esta área fue la escasez o insuficiencia de dotación presupuestaria "por parte de entidades locales para afrontar este tipo de requerimiento cada vez más frecuente", señala el balance del año pasado del organismo.
La insuficiencia de personal técnico en los ayuntamientos, en concreto de trabajadores sociales, sobre todo para la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), fue otra razón de queja de los canarios.
Según señala el documento de la institución, la redacción del informe social para la concesión de este tipo de ayudas se demora en los consistorios un periodo medio de tres meses.
Pero uno de los problemas más graves detectados por la institución fue la demora en la redacción y emisión de los informes técnicos preceptivos para tramitar las solicitudes de la PCI en "las oficinas de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias".
En esta área, el nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, observó el año pasado un nuevo motivo de reclamaciones, el relativo a la exclusión social extrema y las personas sin hogar.
Sobre este asunto, los canarios denunciaron la falta de previsión en el número de plazas en alojamientos para personas que se encuentran en esta situación, así como una "clara falta de normativa municipal en cuanto al protocolo o reglamento y régimen interno del Albergue municipal", destaca el informe.
Pero las reclamaciones no hicieron referencia solo a administraciones locales, insulares o regional, sino que un número destacado de ellas criticaban el "incumplimiento de los plazos de respuesta del Diputado del Común", que llegaba a superar los seis meses de vida del expediente.
Ley de Dependencia
Las excesivas demoras en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones de esta ley fueron otro de los motivos destacados de las reclamaciones recibidas por el Diputado del Común durante el año pasado, pues ocuparon un 6,32 por ciento del total de quejas recibidas (77 reclamaciones).
Pese a que la institución señala que se ha reducido el plazo en el que la administración valora las peticiones y reconoce el grado y nivel de dependencia, que la Ley marca que es de máximo tres meses, "continuamos observando retrasos muy elevados en la aprobación de los Programas Individuales de Atención, que en algunos casos llegan a más de 30 meses desde que se produce el reconocimiento de la situación de dependencia, o lo que es lo mismo, excediendo en 27 meses el plazo legalmente establecido", concreta el balance.
El Diputado del Común destaca en su balance anual que, en algunos casos, "la duración total del procedimiento resulta completamente desproporcionada y deja sin contenido el derecho a la protección de la dependencia que la Ley ha reconocido".
En este sentido, la institución señala que se ha producido de forma repetida "el fallecimiento de la persona reconocida como dependiente, sin que se hubiera llegado a aprobar su Programa Individual de Atención".
Por ello, y con el fin de mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, el Diputado del Común recomienda al Ejecutivo regional que aborde este asunto "mediante un norma con rango de Ley".
discapacitados
Demora en los trámites
Los retrasos en la tramitación del reconocimiento de discapacidad y la revisión del grado fueron uno de los motivos de quejas ante el Diputado del Común en 2011, institución que recibió 64 quejas sobre este asunto (un 5,25 por ciento del total de las reclamaciones). Otras reclamaciones fueron las relacionadas con los centros base para facilitar a los solicitantes la tarjeta de estacionamiento europeo para personas con discapacidad. Por último, la institución denuncia que, en la actualidad, "continúan existiendo numerosas barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad en Canarias". En este sentido, el Diputado del Común recuerda que los Estados están obligados a adoptar "las medidas que sean necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos de uso público".