Las amistades políticas y las posiciones ventajistas confieren más misterio a la trama
Un contrato público millonario adjudicado provisionalmente por una consejera del PP; un abogado brillante y empresario experimentado con larga trayectoria en los suministros de equipos y servicios de diálisis a la Sanidad pública, a su vez asesor externo de la propia consejería, al que pillan relacionándose con dos de las empresas del concurso; un concuño del anterior, alto dirigente del PP, en el que José Manuel Soria tiene depositada toda su confianza; un promotor inmobiliario amigo del anterior, y del anterior del anterior, emparentado a su vez con el propietario de una inmobiliaria señalada como la gran beneficiaria del "pelotazo" del caso Canódromo, una de las decisiones más polémicas del alcalde Soria.
Tantas proximidades han levantado las sospechas de algunos, sobre todo de la empresa (Baxter) que perdió el concurso de diálisis del Hospital Doctor Negrín, pero también del nuevo equipo de la Consejería de Sanidad y de la oposición socialista. En medio, una facultativa, con influencia directa en la adjudicación a Lifeblood, que irrumpe desde su cómoda jubilación para mentar la palabra que faltaba: soborno y su conexión con el delito de cohecho.
¿Negocio o legalidad?
¿Estamos ante un negocio redondo compartido entre familiares, amigos y compañeros de partido a pesar de su apariencia de legalidad? ¿O ha sido en realidad un procedimiento objetivo impecablemente ejecutado? Soria y la ex consejera Roldós vindican su honestidad, ponen la mano en el fuego por los técnicos que valoraron las empresas, y retan urbi et orbi a llevar ante los tribunales de Justicia las denuncias de irregularidad.
Una juez (Victoria Rosell) acaba de hacer una prudente incursión, aunque sea de refilón, en el caso, a partir de las denuncias de soborno de la doctora Leocadia Palop. El oficio enviado a la Policía para investigar de qué empresa habla la ex jefa de Nefrología del Negrín puede acabar en nada. O abrir un caso que tocará de lleno la polémica adjudicación del concurso de diálisis.
La clave de bóveda del negocio de los 124 millones en cuatro años del servicio externo de diálisis del Negrín tiene nombre y apellidos: Javier Artiles Camacho, un abogado del foro con un caché importante y excelentemente relacionado. Artiles conoce la actividad desde 2002, año en que aparece como apoderado mancomunado de una filial (RTS) de la multinacional suiza Baxter, que ha prestado el servicio de hemodiálisis del Negrín durante la última década. Artiles aprendió pronto de su representado y ya en 2004 obtiene el contrato del servicio externo de hemodiálisis del sur de la isla de Gran Canaria a través de la sociedad Avirecum, de la que es apoderado único.
Sus relaciones con Baxter son excelentes, hasta el punto de que concurren concurso tras concurso y ganan buena parte de ellos: el último, la renovación de los equipos de diálisis del Hospital Insular. ¿Tienen todas estas adjudicaciones que ver con la condición de Artiles de ser asesor jurídico externo de Sanidad y tener excelentes amistades en el PP? Son conjeturas que nadie se atreve a lanzar en público, aunque sí en privado.
Artiles da a entender que es una cuestión de trabajo y de esfuerzo, de echarle horas para salvar a Sanidad de decenas de casos que amenazan en los tribunales sus arcas. Y también de ser un buen abogado, lo suficiente como para aun teniendo amigos en el PP defendiendo a un furibundo "anti Soria" como González Arroyo.
Pero estamos a primeros de 2010 y está próximo el final de la concesión a Baxter para el servicio externo de hemodiálisis del Negrín, un concurso que, convocado en mayo de este año, supondrá para la empresa que sea designada un contrato de 124 millones de euros, además en tiempos de crisis, con una facturación cerrada y garantizada. Baxter da por hecho que verá renovada la concesión y cuenta probablemente con los servicios de Artiles para conseguirlo, aunque éste niega haber realizado una sola gestión en tal sentido.
En paralelo irrumpe en los prolegómenos del concurso la gran familia del caso Canódromo, con Francisco Javier Jorcano a la cabeza, emparentado con la inmobiliaria (Inprocansa), a su pesar la más publicitada de la ciudad gracias a su participación en la recalificación de aquel suelo público. Un asunto gris para la gestión del alcalde José Manuel Soria.
La sociedad de Jorcano (Lifeblood) se compra en un sumidero de empresas que actúa muchas veces como cantera de empresas opacas para ocultar tramas como la de Gürtell. Para Lifeblood trabajará con posterioridad Artiles Camacho como asesor jurídico y financiero, todo ello sin desvincularse de Baxter, que pierde el concurso y hace estallar el escándalo.
Baxter cree que Artiles, que conoce el gran negocio que se avecina en el Negrín, ha hecho de "agente doble" cuando se conoce su vinculación con Lifeblood y más allá de eso se busca, y se encuentra, la conexión política: se llama Mario Romero Mur, concuño de Javier Artiles. Romero Mur es, en todo caso, un empresario hotelero con imagen intachable en el sector, hasta el punto de que el PP lo eleva al consejo de administración de La Caja. Para llegar ahí es necesario tener ciertas credenciales. Pero Mur comete un leve error, como es el de interceder, en su condición de consejero, en favor de la materialización de la RIC de La Caja en el negocio de la hemodiálisis. Justo el cauce que Artiles, busca para que Jorcano pueda hacer frente a la puesta en marcha del servicio externo de diálisis.
Romero Mur se ve durante una semana en la almoneda pública. Recibe en su cara los bofetones dirigidos a su jefe de filas, José Manuel Soria, hasta que estalla y cuenta su participación en el caso. El consejo de La Caja lo da por bueno y desde ese momento la conexión política del caso Lifeblood por esta vía se debilita, pero sólo de momento, porque sigue abierta por el ramal de Jorcano e Inprocansa, aún agradecidos con Soria por la operación del Canódromo.
Artiles Camacho y Jorcano -mudo a estas alturas de la película- son quienes conocen exactamente qué alcance tiene la operación de Lifeblood. Si es puramente un negocio obtenido legalmente en competencial escrupulosa o si bordearon la legalidad e incluso fueron más allá para hacerse con el contrato. La conexión política, de momento, sigue siendo una conjetura. El problema es que en torno a algunas figuras de la política se acumulan las conjeturas en los últimos años.
Publicado en http://www.laopinion.es/canarias/2010/11/28/marana-caso-lifeblood/316943.htmlTantas proximidades han levantado las sospechas de algunos, sobre todo de la empresa (Baxter) que perdió el concurso de diálisis del Hospital Doctor Negrín, pero también del nuevo equipo de la Consejería de Sanidad y de la oposición socialista. En medio, una facultativa, con influencia directa en la adjudicación a Lifeblood, que irrumpe desde su cómoda jubilación para mentar la palabra que faltaba: soborno y su conexión con el delito de cohecho.
¿Negocio o legalidad?
¿Estamos ante un negocio redondo compartido entre familiares, amigos y compañeros de partido a pesar de su apariencia de legalidad? ¿O ha sido en realidad un procedimiento objetivo impecablemente ejecutado? Soria y la ex consejera Roldós vindican su honestidad, ponen la mano en el fuego por los técnicos que valoraron las empresas, y retan urbi et orbi a llevar ante los tribunales de Justicia las denuncias de irregularidad.
Una juez (Victoria Rosell) acaba de hacer una prudente incursión, aunque sea de refilón, en el caso, a partir de las denuncias de soborno de la doctora Leocadia Palop. El oficio enviado a la Policía para investigar de qué empresa habla la ex jefa de Nefrología del Negrín puede acabar en nada. O abrir un caso que tocará de lleno la polémica adjudicación del concurso de diálisis.
La clave de bóveda del negocio de los 124 millones en cuatro años del servicio externo de diálisis del Negrín tiene nombre y apellidos: Javier Artiles Camacho, un abogado del foro con un caché importante y excelentemente relacionado. Artiles conoce la actividad desde 2002, año en que aparece como apoderado mancomunado de una filial (RTS) de la multinacional suiza Baxter, que ha prestado el servicio de hemodiálisis del Negrín durante la última década. Artiles aprendió pronto de su representado y ya en 2004 obtiene el contrato del servicio externo de hemodiálisis del sur de la isla de Gran Canaria a través de la sociedad Avirecum, de la que es apoderado único.
Sus relaciones con Baxter son excelentes, hasta el punto de que concurren concurso tras concurso y ganan buena parte de ellos: el último, la renovación de los equipos de diálisis del Hospital Insular. ¿Tienen todas estas adjudicaciones que ver con la condición de Artiles de ser asesor jurídico externo de Sanidad y tener excelentes amistades en el PP? Son conjeturas que nadie se atreve a lanzar en público, aunque sí en privado.
Artiles da a entender que es una cuestión de trabajo y de esfuerzo, de echarle horas para salvar a Sanidad de decenas de casos que amenazan en los tribunales sus arcas. Y también de ser un buen abogado, lo suficiente como para aun teniendo amigos en el PP defendiendo a un furibundo "anti Soria" como González Arroyo.
Pero estamos a primeros de 2010 y está próximo el final de la concesión a Baxter para el servicio externo de hemodiálisis del Negrín, un concurso que, convocado en mayo de este año, supondrá para la empresa que sea designada un contrato de 124 millones de euros, además en tiempos de crisis, con una facturación cerrada y garantizada. Baxter da por hecho que verá renovada la concesión y cuenta probablemente con los servicios de Artiles para conseguirlo, aunque éste niega haber realizado una sola gestión en tal sentido.
En paralelo irrumpe en los prolegómenos del concurso la gran familia del caso Canódromo, con Francisco Javier Jorcano a la cabeza, emparentado con la inmobiliaria (Inprocansa), a su pesar la más publicitada de la ciudad gracias a su participación en la recalificación de aquel suelo público. Un asunto gris para la gestión del alcalde José Manuel Soria.
La sociedad de Jorcano (Lifeblood) se compra en un sumidero de empresas que actúa muchas veces como cantera de empresas opacas para ocultar tramas como la de Gürtell. Para Lifeblood trabajará con posterioridad Artiles Camacho como asesor jurídico y financiero, todo ello sin desvincularse de Baxter, que pierde el concurso y hace estallar el escándalo.
Baxter cree que Artiles, que conoce el gran negocio que se avecina en el Negrín, ha hecho de "agente doble" cuando se conoce su vinculación con Lifeblood y más allá de eso se busca, y se encuentra, la conexión política: se llama Mario Romero Mur, concuño de Javier Artiles. Romero Mur es, en todo caso, un empresario hotelero con imagen intachable en el sector, hasta el punto de que el PP lo eleva al consejo de administración de La Caja. Para llegar ahí es necesario tener ciertas credenciales. Pero Mur comete un leve error, como es el de interceder, en su condición de consejero, en favor de la materialización de la RIC de La Caja en el negocio de la hemodiálisis. Justo el cauce que Artiles, busca para que Jorcano pueda hacer frente a la puesta en marcha del servicio externo de diálisis.
Romero Mur se ve durante una semana en la almoneda pública. Recibe en su cara los bofetones dirigidos a su jefe de filas, José Manuel Soria, hasta que estalla y cuenta su participación en el caso. El consejo de La Caja lo da por bueno y desde ese momento la conexión política del caso Lifeblood por esta vía se debilita, pero sólo de momento, porque sigue abierta por el ramal de Jorcano e Inprocansa, aún agradecidos con Soria por la operación del Canódromo.
Artiles Camacho y Jorcano -mudo a estas alturas de la película- son quienes conocen exactamente qué alcance tiene la operación de Lifeblood. Si es puramente un negocio obtenido legalmente en competencial escrupulosa o si bordearon la legalidad e incluso fueron más allá para hacerse con el contrato. La conexión política, de momento, sigue siendo una conjetura. El problema es que en torno a algunas figuras de la política se acumulan las conjeturas en los últimos años.
