miércoles, 11 de abril de 2012

Estos cabrones quieren matarnos

El FMI pide bajar pensiones por "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado"

El organismo quiere que la edad de jubilación se ajuste con la esperanza de vida
Sus economistas proponen recorte de prestaciones y aumento de las cotizaciones
El Fondo plantea que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad


En la imagen, la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional,
Christine Lagarde. / EFE
El envejecimiento de la población es un reto conocido. Y a eso dedica un extenso análisis el Fondo Monetario Internacional, en un adelanto de los documentos de su cumbre semestral. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone de relieve el problema. El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado". Y también propone soluciones de mercado para mitigar ese "riesgo".
Es lo que los economistas bajo la batuta del español José Viñals llaman “riesgo de longevidad”. Y dan una cifra para poner en contexto. “Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento -que ya es enorme para los Gobiernos, las empresas, aseguradoras y particulares- aumentaría un 50%” en las economía avanzadas tomando como referencia el PIB de 2010.
Para los países emergentes, ese coste adicional sería del 25%. En términos absolutos, se disparará el coste previsto en decenas de billones de lares a escala global. Eso su pone una amenaza para sostenibilidad de las finanzas públicas al disparar los niveles de endeudamiento público en una proporción similar. En paralelo, es un riesgo para la solvencia de las entidades privadas.
Según ha explicado el propio Viñals en la rueda de prensa en la que ha presentado el informe, “vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante". "Nos va a costar más como individuos, a las corporaciones y a los Gobiernos. Por eso debemos preocuparnos ahora por los riesgos de la longevidad, para que los costes no nos atosiguen en el futuro”, ha comentado Viñals, responsable del departamento de Mercado de Capitales.

Vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante. Nos va a costar más"
En 1750, la esperanza de vida en el momento del nacimiento en los países de la Europa occidental no llegaba a los 40 años. Desde 1900, siguió un incremento lineal hasta tocar los 80 en 2010. A escala global pasó de los 48 en 1950 hasta los 70 en el último año de referencia. Pero lo que cambia los cálculos, según el FMI es la esperanza de vida cuando se tiene 60 años.
Naciones Unidas proyecta que para 2050 la esperanza de vida a partir de esa edad llegará a los 26 años en las economías avanzadas y a los 22 años en los países en vía de desarrollo. Eso significa que irá mejorando al ritmo de un mes por año. Tomando como referencia a los europeos de 60 años que vivían en 1910, la esperanza de vida era de 15 años. Un siglo después llegó a los 24 años.
Al vivir más la población, tendrá que pagarse más en pensiones y prestaciones a la seguridad social. En este caso pone como ejemplo los planes de pensiones privados en EE UU. “La empresas tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones para poder afrontar esos pasivos adicionales”, apunta. “Reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora”, remacha.
Tanto el sector público como el privado llevan años preparándose para amortiguar el impacto financiero del envejecimiento. Pero el FMI cree que se subestimó la evolución demográfica de la población y eso pesará “más de lo esperado” en un balance que en ambos casos están ya de por si debilitados. Eso, por tanto, amenaza con exacerbar su vulnerabilidad frente a otras crisis.
Christine Lagarde, directora gerente de FMI, quiere que la reunión de primavera en Washington sirva para mirar hacia delante. En este contexto, exige a los Gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro y que es un riesgo. Para neutralizar sus efectos, recomienda combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas.
Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto en 2050, el coste subiría un 50%” José Viñals

Para el retraso de la edad de jubilación, propone que se ligue a la esperanza de vida, de modo que el número de años en que los jubilados cobran la pensión no aumente. En la reciente reforma española del sistema de pensiones que retrasaba la edad e jubilación a los 67 años de forma progresiva ya se prevé un mecanismo de este tipo, llamado factor de sostenibilidad. Así, la ley prevé que las variables clave del sistema de pensiones (como la edad de jubilación) se revisen cada cinco años a partir de 2027 en función del aumento de la esperanza de vida.
Pero ese retraso no basta. El Fondo cree que hay que tomar más medidas y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese "riesgo de que la gente viva más de lo esperado".
Así, el informe de estabilidad financiera plantea que se recurra a los mercados de capitales para que se transfiera el riesgo de la longevidad de los planes de pensiones a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo.
Los economistas del organismo plantean también que los propios individuos aumenten su ahorro a través de planes de pensiones, recomienda que se facilite o incluso obligue a contratar rentas vitalicias y también apoya el uso de las hipotecas inversas, por las que la casa en propiedad se entrega en el momento de fallecimiento a cambio de recibir hasta ese momento una renta por ella.
El Fondo también pide más transparencia a los países a la hora de informar sobre la tendencia del envejecimiento y como se están preparando para financiar la jubilación.
El FMI concluye recordando que todas estas reformas “tardarán años en dar fruto” y cualquier retraso en el proceso dificultará hacer frente al reto como es debido. “Prestar atención al envejecimiento de la población y al riesgo de la longevidad adicional forma parte del conjunto de reformas necesarias para restaurar la confianza en la viabilidad de los balances del sector público y privado”, remacha.

Canarias penultima comunidad en Servicios Sociales


Es posible que el próximo viernes, cuando se presenten unos presupuestos generales del Estado que obliguen a todas las Administraciones Públicas a ejecutar recortes en sus respectivos presupuestos, oigamos que “es una medida necesaria para sostener el Estado de Bienestar”. También es posible que posteriormente oigamos al Sr. Rivero que en Canarias los recortes serán menores (que los habrá) porque “tenemos un déficit y deuda menor que en el resto del Estado”, de lo que tenemos que estar orgullosos (y hasta agradecidos)...

“Canarias ocupa la penúltima posición en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una calificación de “Irrelevante” y una puntuación global de sólo 1,80 puntos sobre 10.” (...)
En el caso de Canarias la única recomendación posible es un cambio radical de su política en materia de servicios sociales, comenzando por la urgente elaboración de un marco legislativo de nuevo cuño, acorde con el desarrollo de los derechos ciudadanos en esta materia a nivel de todo el Estado, y un substancial Incremento del esfuerzo económico destinado a servicios sociales.
Canarias es una de las Comunidades que se encuentra más atrasada en materia de servicios sociales de todo España, que es como decir de toda Europa, y a una gran distancia de las Comunidades que evidencian mejores resultados. Por eso, sólo desde un replanteamiento profundo será posible abordar los déficit de cobertura en aspectos tan básicos y tan importantes de protección social como se evidencian en la Canarias, que hace que sus ciudadanos y ciudadanas se encuentren en una situación real de desventaja frente a los que habitan en otros territorios del Estado.
Especialmente sensibles son estos déficit en materias como la extensión del Sistema de Atención a la Dependencia, sus Rentas Mínimas de Inserción, la cobertura de plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, y el Servicios de Ayuda a Domicilio, entre otros, por lo que todos estos ámbitos deben ser prioritarios en el desarrollo de los Servicios Sociales en Canarias.
Importa señalar también que estas carencias en materia de servicios sociales no sólo constituyen un déficit de ciudadanía para los habitantes de Canarias, en un momento en el que los servicios sociales son tan necesarios para garantizar un nivel digno de calidad de vida y prevenir la exclusión social de las personas y familias más afectadas por la crisis y el paro, sino también una falta de oportunidades para el empleo, ya que el sector ha demostrado no sólo su capacidad, sino una extraordinaria eficiencia del gasto público como generador de empleo. Y este déficit resulta especialmente grave en una Comunidad con más de un 30 % de su población en paro.” (...)

¿ Para esto se quiere una Iglesia ?

El Arzobispado de Madrid sugiere que la violación no debería de ser delito

El redactor jefe de una revista del Arzobispado de Madrid, Alfa y Omega, sugiere en un artículo que la violación no debería ser un delito. Ricardo Benjumea de la Vega entiende que "educido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal?".


"¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante unos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas?", se pregunta Benjumea de la Vega en un texto titulado 'La violación, ¿fuera del Código Penal'?

"Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal", prosigue el redactor jefe del semanario, distribuido conjuntamente con el diario ABC y editado por el Arzobispado que dirige Antonio María Rouco Varela.

"Ése es el ambiente cultural en el que vivimos, y, sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo 100 metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastilla que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute", puede leerse en el texto.

No querian PP ? pues toma democracia

La resistencia pasiva será un atentado contra la autoridad

Convocar actos en Internet que terminen en altercados se considerará delito de pertenencia a banda criminal

La reforma del Código Penal en la que el Gobierno trabaja para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público a través de cualquier medio de comunicación, incluido internet.

Así lo han informado hoy fuentes del Ministerio del Interior después de que el responsable de este departamento, Jorge Fernández Díaz, haya justificado esta mañana en el Congreso que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero ante "la espiral de violencia" protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana".

El ministro, que ha detallado varias de los puntos de la reforma, no ha podido sin embargo leer el referido a la convocatoria de actos violentos, ya que el presidente de la Cámara baja le ha indicado que el tiempo de su intervención había concluido.

Así, Fernández Díaz no ha podido leer la parte de su exposición en la que decía que se incluirán como delito de pertenencia a organización criminal "las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación".

El titular de Interior sí ha detallado que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande e introducir entre las "modalidades de acometimiento" -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.

En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.

51 despidos en el nuevo ERE de Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar ha echado mano de la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy para preparar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 51 trabajadores del consistorio. En enero de este año fue aprobado otro ERE para 104 empleados municipales.

El Ayuntamiento entregó ayer al presidente del comité de empresa, Eduardo Mederos, la documentación relativa al despido colectivo. En ella se alegan causas económicas y el alto déficit presupuestario para echar a 51 trabajadores, entre los que se encuentran los 28 que fueron despedidos en agosto de 2011 y que la justicia obliga a readmitir tras la sentencia de la semana pasada. El resto lo conforman las personas incluidas en el ERE extintivo presentado en septiembre y cuyos despidos no fueron aceptados por la Consejería de Empleo en enero de este año.   

«Es algo muy precipitado, no lo entendemos; tendremos que estudiar toda la documentación para ver qué tipo de acciones podemos tomar. De momento, apelamos a la voluntad del ayuntamiento para llegar a una salida negociada», afirmó ayer un poco optimista Eduardo Mederos tras conocer las intenciones del grupo de gobierno conformado por Nueva Canarias (NC) y Partido Socialista (PSOE), que ayer tarde tenían previsto celebrar una reunión para abordar el nuevo ERE.

"No habrá rescate a España y si lo hay sería a toda Europa"

Felipe González: "No habrá rescate a España y si lo hay sería a toda Europa"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha descartado este miércoles el rescate a la economía española porque, "si lo hay, se acaba el euro y hay que rescatar a toda Europa", al tiempo que ha puntualizado que también habría que rescatar a "Italia y Francia, por mucho que presuma su presidente, Nicolás Sarkozy".
González, que ha impartido hoy la conferencia "Estabilidad y crecimiento" en la sede de la Comisión Europea en Madrid, ha comparado la situación de Europa con una "carrera de galgos" donde los distintos gobiernos corren tras una liebre mecánica que "manejan" los líderes de la Unión, y cuando alguien llega "alejan la liebre unos metros" para que los galgos sigan corriendo "hasta que revienten".
Por ello, el expresidente ha sido tajante y, en el caso de España, ha subrayado que "no habrá rescate" y ha vaticinado que lo que sí harán -los mandatarios europeos- es poner más cerca la liebre "para que el galgo siga corriendo".
González también se ha referido a los 10.000 millones de recortes anunciados por el Gobierno en sanidad y educación, y ha dicho irónicamente que, si el Ejecutivo no acierta, no importa porque "el galgo -ha insistido- seguirá corriendo", en referencia al presidente Mariano Rajoy.
Respecto a los recortes en sanidad, González ha señalado que acabar con el actual modelo de sanidad pública es un "disparate que pagaremos históricamente" y ha advertido al Ejecutivo de que no se van a cumplir los objetivos del déficit "arruinando los servicios públicos del país".

El Gobierno prepara una Ley de Orden Público “durísima” porque prevé un otoño caliente

El PP quiere que convocar protestas en internet pueda ser “delito de integración en organización criminal
 
El Gobierno sabe que le espera un otoño más que complicado. Los recortes anunciados, las subidas de impuestos, de la luz, el gas o el transporte público y el paro desbocado acabarán provocando protestas ciudadanas y quiere curarse en salud. El objetivo es “meter miedo” y ahuyentar a posibles manifestantes con una nueva Ley de Orden Público inédita en democracia, un retroceso en toda regla de los derechos civiles. Ni Aznar se atrevió con tanta mano dura.

Desde hace semanas fuentes del Ministerio de Interior filtraban a la prensa que se modificaría la Ley para evitar los actos de vandalismo con los que terminan algunas manifestaciones, poniendo siempre el ejemplo de lo que ocurre en Barcelona donde están instalados desde hace años grupos antisistema violentos. Lo que no explicaban es el verdadero motivo: El Gobierno tiene pánico a un otoño caliente y a que  “se incendie la calle”, según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes policiales.
Las “novedades” anunciadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles en el Congreso de los Diputados a buen seguro provocarán polémica por su extrema dureza. Concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales será “delito de integración en organización criminal”, así como “alterar gravemente el orden público”. Estamos hablando de un delito grave, penado con cárcel y que plantea algunas dudas jurídicas, como por ejemplo ¿quién decide que una concentración convocada por internet es violenta y por tanto delito?
Pero además será delito entrar u obstaculizar el acceso a establecimientos públicos, es decir, será delito la protesta que hasta ahora realizaban grupos de jóvenes que entraban en sucursales bancarias, sin provocar daño alguno, con carteles para denunciar los abusos de las entidades financieras. También sería delito, de prosperar esta Ley, encerrarse en un ayuntamiento, en un Ministerio o en la Presidencia de una Comunidad Autónoma.
Y hay más, la “resistencia pasiva” también será atentado contra la autoridad, es decir participar en una sentada en la calle y negarse a levantarse pasa a ser delito y no una falta. Un ejemplo, la sentada de los alumnos de secundaria en Valencia podría ser delito.
El ministro afirmó que su deseo es considerar “como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las Fuerzas de Seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas”.
Además Jorge Fernández ha dicho que su Ministerio prepara esta reforma desde hace dos meses en colaboración con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. De prosperar estas “reformas” del PP, Gallardón sumará su nombre al peor retroceso en derechos civiles de la democracia.