lunes, 23 de julio de 2012
Maxima Difusión
Esta mañana me ha puesto encima de la mesa un compañero el BOE del miércoles 13 de junio de 2012, en el cual se ha vuelto a licitar la contratación del servicio para la impresión, manipulado y envío de documentos de vidas laborales y bases de cotización del TGSS. El valor estimado del contrato es de: 4.711.640,00 euros. Y nosotros, trabajadores de la TGSS, sin paga extra de Navidad. ¡FLIPANTE!
Para los que no sepáis cómo ocurrió la "privatización" del servicio de expedición de vidas laborales, os pongo en antecedentes: las vidas laborales y bases de cotización eran un servicio que sólo se ofrecía por la TGSS. De repente decidieron (los de siempre) que se externalizaba el servicio de vidas laborales. Así que actualmente la vida laboral tan sólo se puede conseguir a través de una llamada a un teléfono 901 ( y que envían al domicilio del interesado; domicilio que, si no está actualizado, deben dirigirse a la Administración de la TGSS para su modificación y posterior envío por correo de su vida laboral al domicilio ya actualizado) o a través de Internet. Muy cómodo y funcional. Lo de acercar la Administración al ciudadano ya hace tiempo que se lo pasaron por el forro de la camisa.
Y también se les ocurrió a los lumbreras (los de siempre) hacer una campaña anual de vidas laborales y bases de cotización que envían a "toda la población", y este es el tema que nos ocupa. Así tenemos que:
- los que necesiten un vida laboral y se acerquen a una Administración de la Tesorería no podrán obtenerla al momento y, en cambio,
- los que no la necesiten ni la quieran para nada se les envía igual, para que empapelen la habitación de sus hijos o hagan unos bonitos aviones de papel.
Lo cual me lleva a hacerme unas inocentes preguntas:
- ¿a qué empresas se les está pagando estas contrataciones para unos servicios que YO, funcionaria de la TGSS, (y mis compañeros ) perfectamente podríamos y "deberíamos" hacer?
- ¿a dónde va parte de ese sueldo que me están quitando año tras año?
¿al pago de estos servicios?
- ¿cómo puede ser que se recorten las necesidades básicas de la
población: sanidad, educación, prestaciones sociales, sueldos, subidas de impuestos...... y NO se pare este "despilfarro" de dinero hacia empresas privadas?
No se me ocurre otra cosa que gritar: ¡BASTA YA!
Hago un llamamiento a vosotros, compañeros, para que difundáis esto y cuando digo difundir me refiero a medios de comunicación. Si tenéis conocidos en periódicos, radio, TV, etc. hacérselo llegar.
Lo suscribe: María Isabel Quintana Suárez, funcionaria de la TGSS, con un puesto de trabajo en la Administración ganado a pulso en una oposición hace 20 años y que ve cómo su sueldo se acerca cada vez más al de sus inicios en el año 1992.
¡NO TE QUEDES PARADO! ¡HABLA, CHILLA, GRITA, MANIFIÉSTATE, .....!
PERO, POR FAVOR, NO TE QUEDES PARADO.
SON TUS DERECHOS.
Rajoy ademas de MENTIROSO no tiene VERGUENZA
Rajoy sigue cobrando 870€ al mes del Congreso para "alojamiento y manutención"
Mariano Rajoy, que compatibiliza su cargo de presidente del Gobierno con su condición de diputado por Madrid, sigue cobrando mensualmente los 870,56 euros que le paga el Congreso para "afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital", pese a que vive con su familia en el palacio de La Moncloa.
El líder del PP no cobra el sueldo de diputado porque la ley impide embolsarse dos salarios de la Administración pública, pero sí recibe la indemnización mensual para "cubrir gastos" que perciben todas sus señorías: 1.823,86 euros para los diputados de fuera de Madrid y 870,56 para los de la capital, como es el caso de Rajoy.
Fuentes del Congreso señalaron ayer a El Confidencial que esa cantidad para alojamiento y manutención está exenta de tributación y no tiene carácter salarial, por lo que su percepción es compatible con la retribución que cobra Rajoy como presidente del Gobierno, que asciende actualmente a 72.600,36 euros anuales.
Ni en La Moncloa ni en Génova, la sede nacional del PP, supieron explicar ayer, a preguntas de este diario, cuántas retribuciones del erario público recibe Rajoy. Tampoco aclararon si el presidente del Gobierno tiene intención de renunciar a la paga mensual de 870,56 euros que percibe del Congreso para alojamiento y manutención.
'Hachazo' a los bolsillos
Precisamente la semana pasada el Gobierno aprobó el ajuste más severo de la democracia, que incluye drásticos recortes en el salario de los funcionarios, las ayudas a los desempleados y las prestaciones de los dependientes, además de una contundente subida de impuestos. Un auténtico hachazo al bolsillo de los ciudadanos que ha incendiado los ánimos en la calle.
Mientras Rajoy compatibiliza su sueldo de presidente con la paga del Congreso, los ex ministros y ex altos cargos ya no podrán cobrar al mismo tiempo, como ocurría hasta ahora, un salario público o privado y la indemnización que percibían durante los dos años posteriores a su cese, equivalente al 80% de la retribución que ingresaban cuando estaban en activo. El decreto de ajuste aprobado la semana pasada acabó con esa cesantía.
La medida afecta a una veintena de ex ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, que perderán esa indemnización bien porque cobran su sueldo de diputado, porque ocupan otros cargos públicos remunerados o porque trabajan en el sector privado. El único que había rechazado voluntariamente esa compensación económica es Alfredo Pérez Rubalcaba, que renunció a ella tras cesar como vicepresidente del Gobierno, en julio del pasado año.
SON UN DESVERGONZADOS
Sáenz de Santamaría y ocho ministros también cobran "alojamiento y manutención" en Madrid
NINGUNO DE ELLOS, AL IGUAL QUE RAJOY, HA RENUNCIADO A PERCIBIR ESAS DIETAS DEL CONGRESO
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ocho ministros, entre ellos Alberto Ruiz-Gallardón y Cristóbal Montoro, no han renunciado a cobrar las dietas de "alojamiento y manutención" que les paga el Congreso por su condición de diputados, y que se suman a sus sueldos oficiales. Mariano Rajoy también sigue percibiendo ese complemento mensual, pese a que reside en el palacio de La Moncloa.
Diez de los 14 miembros del Gobierno, incluidos Rajoy y Sáenz de Santamaría, son también diputados. Ninguno de ellos cobra el sueldo
de parlamentario -la ley prohíbe percibir dos retribuciones públicas-,
pero sí las dietas para "afrontar los gastos de alojamiento y
manutención", que no tienen carácter salarial y están exentas de tributación. La lista se completa con José Manuel Soria, Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez, Ana Pastor, Miguel Arias Cañete y Ana Mato.
Las
dietas de Rajoy, Sáenz de Santamaría, Ruiz-Gallardón, Arias Cañete y
Mato ascienden a 870,56 euros mensuales, la misma cantidad que cobran
los otros 31 diputados del Congreso elegidos en la circunscripción de Madrid. En cambio, Montoro, Soria, Fernández Díaz, Báñez y Pastor perciben 1.823,86 euros al mes para
casa y comida, al igual que los restantes 309 diputados de fuera de la
capital. Esos casi 1.000 euros de diferencia sirven, en teoría, para
cubrir los gastos que un parlamentario foráneo debe afrontar para vivir en Madrid.
Al
estar exentas de tributación, esas cantidades son compatibles con los
salarios que Rajoy, Sáenz de Santamaría y los ocho ministros que también
son diputados se embolsan por ejercer su cargo. Sin embargo, y pese a
los drásticos recortes que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada, un auténtico hachazo al bolsillo de los ciudadanos, ninguno de ellos ha anunciado su intención de renunciar a esas dietas. El presidente del Gobierno gana 72.600,36 euros anuales; la vicepresidenta, 68.268,50; y los ministros, 64.053,79 euros.
Con casa en Madrid
Rajoy vive con su familia en el palacio de La Moncloa, y los otros cuatro parlamentarios madrileños del Gobierno -Sáenz de Santamaría, Arias Cañete, Ruiz-Gallardón y Mato- tienen piso en la capital. La vicepresidenta, por ejemplo, posee un apartamento y comparte con su marido la propiedad de una vivienda. El resto de los ministros-diputados, que se presentaron a las elecciones en otras provincias, también tienen su residencia en Madrid, pese a lo cual cobran más del doble que sus compañeros -1.823,86 euros mensuales- en ayudas para alojamiento y manutención.
El diputado de UPyD Toni Cantó renunció a ese privilegio porque, pese a que concurrió a las elecciones en Valencia, vive en Madrid. "Tengo casa aquí; sería un timo que cobrara las dietas que me corresponden por pernoctar en Madrid en un hotel", dijo entonces. Al igual que Cantó, 62 diputados de otras provincias tienen casa en la capital. Pero ninguno ha seguido el ejemplo de aquél. UPyD ha pedido al presidente del Congreso, Jesús Posada, que suprima esas dietas, pero tanto el PP como el PSOE han tachado la propuesta de "populista" y "demagógica".
Andreita dijo claramente "que se jodan"
Lucía Etxebarria opina sobre el "que se jodan"
"Andreíta dijo claramente “ que se jodan” . No, no dijo “pepsi cola” porque no se ve en el vídeo a ningún camarero paseando por allí. No, el exabrupto no está dirigido a la oposición, dado que la oposición en ese momento no gritaba.
No, el vídeo no está manipulado, y eso ha quedado probadísimo. No, no se podía dirigir a nadie más que a su Presidente y no podía referirse a otra cosa que la que había dicho. Andrea no hacía más que repetir lo que había dicho el Presidente. Porque el Presidente había venido a decir lo mismo: Que nos jodamos.
Porque la debacle financiera española llega desde debacle general de las cajas de ahorros, que habían pedido dinero prestado al BCE. Como sucedió con Bancaja, entidad que prestó un millón de euros a Andreíta y que prestó el dinero para el aeropuerto de su papá. La debacle finaciera actual se debe a la mala gestión, a la codicia, al amiguismo y al chanchullismo generalizados, amiguismo y chanchullismo que representa la familia Fabra.
Los que nos han arruinado quieren ahora que nos jodamos. Porque ellos están cubiertos con sus planes de pensiones.
Un año antes de licenciarse en derecho, Andreíta Fabra ya tenía un puesto dentro de la ejecutiva provincial del PP. Su mérito : ser hija de su padre En 2008, se convirtió ya en Senadora por designación directa autonómica: a dedo, no electa por los ciudadanos. De ahí, a diputada.
Desde entonces Andrea Fabra cobra dietas por ser diputada provincial, pese a que reside en Madrid, en un chalet que costó un millón de euros. Millón de euros que le prestó Bancaja, entidad que se aruinó precisamente por conceder créditos hipotecarios, y por gestionar proyectos ruinosos, como por ejemplo, el Ayuntamiento de Castellón. Bancaja hubo de ser rescatada con dinero público, de todos los ciudadanos. Nosotros le pagamos a Andreíta su sueldo, sus dietas fraudulentas y su casa.
El aeropuerto de Castellón abrió sus puertas hace más de un año y aún no ha visto un avión. Más probable es que siga así por un tiempo, por lo que aún se está debatiendo si conceder una licencia. El aeropuerto de Castellón fue construido en la promesa de los parques temáticos de futuro que todavía están por llegar, por lo que las previsiones futuro son sombrías. En su entrada preside el desierto paisaje una estatua de 24 metros del artista Juan Ripollés que representa al eximio Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex presidente del PP Valenciano , que encargó el proyecto y ha sido varias veces investigado por corrupción.
Los gastos que lleva generados: Más de 155 millones de euros en su construcción, 30 millones en publicidad, 35 millones al año en mantenimiento y 84.000 euros anuales en el sueldo del director general, Juan García Salas, que, evidentemente, no dirige nada.
Sin contar la enorme escultura del Eximio que preside la rotonda de acceso principal a las instalaciones y que ha tenido un coste de 300.000 euros.
Este aeropuerto se construyó con la única intención de recalificar los terrenos del amigo íntimo de Fabra.
En cuanto a Bancaja, la caja valenciana y el banco filial han sido un verdadero filón para los directivos que contribuyeron a su hundimiento, antes de integrarla en Bankia. Así, Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia. pactó una indemnización de 7,1 millones que él asegura que no ha cobrado. Era la mano derecha de José Luis Olivas, presidente de Bancaja, que se vio obligado a renunciar a su indemnización cuando salió de Bankia pero no al plan de pensiones, además de recibir 1,7 millones en 2011.
Andreíta Fabra es esposa de Juan José Güemes, quien, durante varios años, fue consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Elegido a dedo, también.
Este señor es bien conocido por haber dicho que “ los gays son homosexuales con título que solo quieren cobrar subvenciones y prebendas”
Entre lo más destacado, cuatro planes de pensiones, cuatro: uno con la Mutualidad de Abogacía (12.040 euros), otro de Telefónica (31.789 euros), uno de La Caixa (10.531 euros) y otro más con esta entidad (1.239 euros).
El de Telefónica lo consiguió tras trabajar cuatro años, cuatro , con esta compañía bien conocida opr contratar a gente “ por ser vos quien sois” ( recordemos que a día de hoy Urdangarín sigue cobrando dos millones de euros al año de esta gente)
También llama. la atención el 50% de un préstamo hipotecario (vencimiento en 2034) con La Caixa por valor de 541.000 euros
Eso: Que nos jodamos."
RIP Don Aumento de Sueldo
ESQUELA
+
Rogad a Dios por caridad por el alma de
Don Aumento de Sueldo, desaparecido en España en edad avanzada, viudo de doña Subida de Precios, que conducía su vehiculo con excesiva velocidad, debido al nuevo carburante del plan de Desarrollo.
R.I.P.
Su afligida 2ª esposa doña Modesta Paga Extraordinaria, hijos don Anticipo, doña Vergüenza (ausente), doña Deuda Perpetua y don Ayuno Forzoso, hijos políticos doña Esperanza Frustrada, doña Letra Vencida y doña Necesidad Urgente, primos, acreedores y demás familia
os ruegan un piadoso recuerdo en sus oraciones
Agradeceremos vuestra asistencia a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria del Ministerio de Trabajo al cementerio de la Esperanza Perdida.
Varios excelentísimos ministros han concedido buenas palabras en la forma acostumbrada. 90 días de indulgencia recitando la siguiente oración:
ORACIÓN
"Gobierno nuestro que estás en la Moncloa, seas del partido que seas, glorificado sea tu nombre y el de tus 640 asesores, con los que no paras de arruinarnos. Hágase tu voluntad y la de tus Ministros, que tan a gusto nos exprimen, perdona nuestras deudas que vemos aumentar por momentos,
así como nosotros intentaremos perdonar a los que nos están robando, y déjanos caer en la tentación de buscar algún empleo que tanto necesitamos. Amén.
JACULATORIA
Bienaventurados los que viven del sueldo base, porque pronto verán a Dios.
+
Rogad a Dios por caridad por el alma de
Don Aumento de Sueldo, desaparecido en España en edad avanzada, viudo de doña Subida de Precios, que conducía su vehiculo con excesiva velocidad, debido al nuevo carburante del plan de Desarrollo.
R.I.P.
Su afligida 2ª esposa doña Modesta Paga Extraordinaria, hijos don Anticipo, doña Vergüenza (ausente), doña Deuda Perpetua y don Ayuno Forzoso, hijos políticos doña Esperanza Frustrada, doña Letra Vencida y doña Necesidad Urgente, primos, acreedores y demás familia
os ruegan un piadoso recuerdo en sus oraciones
Agradeceremos vuestra asistencia a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria del Ministerio de Trabajo al cementerio de la Esperanza Perdida.
Varios excelentísimos ministros han concedido buenas palabras en la forma acostumbrada. 90 días de indulgencia recitando la siguiente oración:
ORACIÓN
"Gobierno nuestro que estás en la Moncloa, seas del partido que seas, glorificado sea tu nombre y el de tus 640 asesores, con los que no paras de arruinarnos. Hágase tu voluntad y la de tus Ministros, que tan a gusto nos exprimen, perdona nuestras deudas que vemos aumentar por momentos,
así como nosotros intentaremos perdonar a los que nos están robando, y déjanos caer en la tentación de buscar algún empleo que tanto necesitamos. Amén.
JACULATORIA
Bienaventurados los que viven del sueldo base, porque pronto verán a Dios.
INFORMA UGT
·
El
jueves 19 de julio de 2012 se llevó a cabo una reunión de la Mesa
General de Empleados Públicos presidida por
el Consejero de Presidencia y Justicia con el fin de realizar un análisis de
las consecuencias del Real Decreto Ley 20/2012-BOE 14-7-2012.
Se inicia la misma con una exposición sobre
la difícil situación que atraviesa la Administración Autónoma
de Canarias, siendo la Comunidad
peor financiada del Estado, con un déficit de financiación de unos 812 millones
de euros. A ésto se suma la obligación
impuesta por el Estado de reducir el objetivo de déficit en cuatro puntos,
pasando del 1.1% al 0.7%.
El Gobierno de Canarias no aplicará el
recorte del 5% sobre las retribuciones íntegras anuales que tenía previsto para
todos los empleados públicos canarios, ya que la reducción retributiva del
Estado es mayor(7%).Por lo que se suprimirá la paga extra de Navidad.
El nuevo régimen de prestación económica
por Incapacidad Temporal se adoptará a partir de octubre y se aprobará previo
acuerdo con las Organizaciones Sindicales.
Igualmente, y antes de octubre, se tendrá
que establecer el nuevo régimen de jubilación forzosa del personal, que según
el Estado será a partir de los 67 años.
En lo que se trata de permisos, vacaciones y licencias, a partir del
1 de enero del 2013 serán de tres días de asuntos propios y 22 días hábiles de
vacaciones para todos.
El Consejero reconoció que tales medidas
son injustas y desproporcionadas y
por lo tanto valorarán la posibilidad de planterar un recurso de inconstitucionalidad además
de otras medidas junto con otras Comunidades Autónomas.
·
El día 20 de julio se convocó por parte del
Sr.Director General de la Función Pública
a una reunión informativa con todas las Organizaciones Sindicales del ámbito de
la Administración General
de la Comunidad Autónoma
con el objetivo de informar lo que ya se había trasladado en la Mesa General de
Función Pública.
Este mismo día el ejecutivo regional acordó
en Consejo de Gobierno que finalmente el
recorte de la paga extra de Navidad se distribuirá entre las nóminas de agosto
a diciembre.
“ Si como emplead@ públic@ no
llegaba a fin de mes, ahoraaaaaaaaa”
Y pa estos no hay evaluación del desempeño ?
ESTOS SON LOS QUE NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, MENUDA PANDA.
SI SEÑOR, QUE RULE...........UNA Y MIL VECES...........NO TE CANSES DE ENSEÑARLO.
Espe Dixit
Aguirre: "Se tienen que terminar los subsidios, subvenciones y mamandurrias"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que "se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias"
y ha pedido "ayuda a los ciudadanos" para afrontar la actual crisis
económica. Así se ha manifestado Aguirre al ser preguntada por la
prensa en el Congreso de los Diputados si la Comunidad de Madrid tiene
previsto recurrir al fondo de liquidez. La presidenta madrileña no ha
querido entrar a hablar de dicho fondo al ya se ha acogido la Comunidad
Valenciana, aunque ha apuntado que "la situación es muy difícil, muy dura, la de toda España; y Madrid, aunque esté mejor que otros, no es una isla".
Por ello, según ha manifestado, todos los españoles tienen que tener claro que hay que recortar gastos. "Yo por mi parte no soy partidaria de subir impuestos.
Creo que es contraproducente", ha apostillado, para agregar que
"recortar gasto puede ser duro pero no va a haber más remedio".
"Yo pido ayuda a los ciudadanos, que los ciudadanos comprendan la situación que tiene España. Si no queremos convertirnos en Argentina, con corralito y con inflación del 20 o 40 por ciento, tenemos que tomar las medidas que sean necesarias para poder equilibrar nuestras cuentas", ha advertido.
Gastos e ingresos, equilibrados
A
continuación, ha apuntado que es "algo tan sencillo" como lo que hacen
todas las amas de casa, entre las que se ha incluido, y que consiste en
no gastar más de lo que se ingresa. "Como los ingresos han bajado mucho,
pues los gastos tendrán que bajar otro tanto", ha aseverado. Tras
haber descrito la situación, ha dicho que "hace falta explicárselo" a la
ciudadanía, aunque ha agregado que "quizá no haga falta explicárselo",
porque "lo sabe todo el mundo". "Todo el mundo tiene claro que no podemos gastar más de los que ingresamos", ha remachado.
"Se
tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias
en general", ha sentenciado, al tiempo que ha destacado la necesidad de "recortar organismos públicos".
"La que tiene que recortar es la administración pública, las
Comunidades Autónomas las primeras, y en ello está la Comunidad de
Madrid", ha zanjado.
Fernández Díaz cobra 1.800€ al mes para alojamiento pero vive en la sede de Interior
EL MINISTRO PERCIBE DIETAS DEL CONGRESO COMO DIPUTADO DEL PP POR BARCELONA
Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior y diputado del PP por Barcelona, completa su
sueldo oficial con los 1.823,86 euros mensuales que le paga el Congreso
para gastos de alojamiento y manutención en Madrid, pese a que vive en la propia sede del ministerio, en el paseo de La Castellana.
Fuentes policiales han asegurado a El Confidencial que Fernández Díaz reside en la sede del Ministerio de Interior, en una zona habilitada como vivienda en la última planta del edificio que se comunica directamente con su despacho oficial. Un portavoz ministerial confirmó ayer ese extremo.
Fernández Díaz, que fue secretario de Estado en todos los gobiernos de José María Aznar -primero de Administraciones Territoriales, luego de Educación y más tarde de Relaciones con las Cortes-, es vallisoletano de nacimiento, pero encabezó la candidatura del PP por Barcelona en las pasadas elecciones generales.
El ministro de Interior, que ingresa un salario de 64.053,79 euros anuales, no cobra el sueldo de diputado porque la ley prohíbe percibir dos retribuciones públicas, pero sí se embolsa las dietas que paga el Congreso para "afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital", que ascienden a 1.823,86 euros.
Esa cantidad está exenta de tributación y no tiene carácter salarial, por lo que Fernández Díaz puede compatibilizarla con su salario de ministro. Las
dietas de alojamiento y manutención se establecieron para que los
diputados de fuera de Madrid hagan frente a los gastos derivados de su
estancia -los de la capital cobran casi 1.000 euros menos-, pero 62 parlamentarios siguen percibiendo esas ayudas pese a que tienen vivienda propia en Madrid. El único que ha renunciado a ellas es Toni Cantó, de UPyD.
Viviendas y plazas de garaje
Fernández Díaz tiene una vivienda unifamiliar en Madrid, que adquirió en el año 2000, además de otra en Barcelona y dos plazas de garaje, según consta en la declaración de bienes que presentó en el Congreso al inicio de esta legislatura. El ministro está casado en régimen de separación de bienes.
Otros cuatro ministros que también fueron elegidos diputados en circunscripciones distintas de Madrid cobran las mismas dietas parlamentarias que Fernández Díaz: se trata de Cristóbal Montoro (Sevilla), Fátima Báñez (Huelva), José Manuel Soria (Las Palmas) y Ana Pastor (Pontevedra). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Miguel Arias Cañete -todos diputados por Madrid- perciben 870,56 euros mensuales.
Mientras todos ellos siguen compatibilizando su sueldo oficial con las
dietas para casa y comida del Congreso, los ex ministros y ex altos
cargos ya no podrán cobrar al mismo tiempo, como ocurría hasta ahora, un
salario público o privado y la indemnización que percibían durante los dos años posteriores a su cese, equivalente al 80% de la retribución que ingresaban estando en activo. El decreto de ajuste convalidado la semana pasada en el Congreso, que contiene los recortes más severos de la democracia, acabó con esa cesantía.
La democrata de Vicepresidenta
La vicepresidenta ordena acabar por escrito con las protestas en Moncloa
Moncloa no quiere movilizaciones los viernes en las propias barbas del Consejo de Ministros y ha
decidido poner fin a las mismas. Si en la semana que se anunciaban los
recortes, numerosos trabajadores del Complejo de Moncloa se movilizaron
hasta en dos ocasiones para protestar, el pasado viernes al llegar a sus
puestos de trabajo se encontraron con los mismos ‘empapelados’ con una circular del subsecretario Jaime Pérez Renovales en la que se les advertía de la ilegalidad de las protestas si no se pedía el preceptivo permiso.
Las movilizaciones precedentes en el recinto de Moncloa (sendas concentraciones antes de la llegada de los ministros al Complejo desde la Zarzuela, donde se habían reunido con el Rey, y a la llegada de los periodistas a la rueda de prensa)
para protestar por los recortes anunciados por el presidente del
Gobierno el 11 de julio en el Congreso pusieron sobre aviso a los
hombres de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,
que no estaba dispuesta a que las protestas que se extendían por las
calles de las principales ciudades se produjeran también en el propio
Palacio de la Moncloa.
Según ha podido saber El Confidencial, para el pasado viernes –“y pese
a la nula actividad sindical de las centrales presentes en el
Departamento”, asegura una fuente que organizaba las protestas- había
circulado entre los trabajadores la convocatoria de una nueva
concentración ante el Consejo de Ministros. Todo estaba preparado, pero en la mañana del viernes “al entrar a trabajar, todos los empleados del Complejo de Moncloa vimos impresos a tamaño DIN-A3 y repartidos por todos los departamentos una comunicación del subsecretario, Jaime Pérez Renovales, en la que con muy formales palabras se prohibía la concentración”.
La circular, a la que ha tenido acceso este periódico,
recuerda a los empleados del Complejo de la Moncloa que “el preaviso de
convocatoria deberá presentarse ante la dirección del centro con una
antelación mínima de 48 horas”. Además, Pérez Renovales –uno de los hombres de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, y abogado del Estado de la promoción del marido de la vicepresidenta, la llamada ‘Gloriosa’ que tiene colocados a 7 de sus integrantes en el Gobierno-
les recordaba a los trabajadores la “las especiales circunstancias en
materia de seguridad del Complejo, que hacen necesario la comunicación y solicitud de informe al Departamento de Seguridad”.
Ante la ofensiva del subsecretario, los trabajadores intentaron recabar el respaldo de una organización sindical y, según afirma la fuente de los trabajadores en contacto con este diario, “en llamadas y correos electrónicos, los sindicatos (USO) han rechazado convocar y han afirmado que está prohibido y que si intentábamos salir a la puerta de acceso podrían cerrarnos luego el mismo”. El resultado de la ‘ofensiva’ de Pérez Renovales fue que el pasado viernes no hubo concentración ni protestas en Moncloa.
España obedecerá y será intervenida
Alejandro Inurrieta *
España ha dejado de ser un país autónomo y soberano en lo económico, pero también en lo político, desde el infausto 10 de mayo de 2010. Los condicionantes económicos y políticos han sido, sin duda, la pérdida de soberanía no deseada más trágica para el nivel de autoestima de la población, algo que flotó y sobrevoló durante las masivas concentraciones callejeras del 19 de julio a lo largo de todo el país.
Los hechos objetivos son que la economía española ha alcanzado un déficit público del 9%, fruto de un incremento del gasto público hasta el 44% del PIB, a pesar de los recortes, y un 35% del PIB en ingresos, tras la desfiscalización que propició el paso del equipo económico del PSOE durante la primera parte del mandato de Zapatero. A esto hay que añadir que la recesión es un hecho y las previsiones que manejo para el próximo trienio son aún peores: una fuerte caída de la actividad en 2012, 2013 y 2014, con una reducción acumulada del PIB de casi el 8% y una tasa de paro que se mantendrá por encima del 22% en este trienio, alcanzando casi los 7 millones de trabajadores. Estas previsiones son muy distintas a las que maneja el propio Ejecutivo, algo que también los mercados financieros están descontando en los últimos días, es decir, que la probabilidad de que España no pueda pagar la deuda cada día es mayor. El caso de la Comunidad Valencia, formalmente en manos del Gobierno central, ha sido ya el punto de inflexión para la llegada al término del proceso, la intervención soberana.
Con estas previsiones, y la crisis de sobreendeudamiento privado en plena vigencia, los mercados financieros internacionales ya han tomado la decisión más peligrosa para una economía necesitada de financiación externa, que es ordenar que deshagan todas las posiciones de activos españoles. La ausencia de un plan de actuación económica concreta, la imposición de medidas de austeridad en el gasto ajenas a la lógica económica y un incremento del esfuerzo fiscal sin tino y sin un mínimo conocimiento de la fase del ciclo en la que estamos ha llevado al Gobierno español a ser considerado ya un Ejecutivo no creíble y sin autoridad moral para poder resistir el envite de los mercados financieros.
Las restricciones a la actividad empresarial aprobadas esta semana en la convalidación del Real Decreto 21/2012, la constatación de que el consumo se hundirá con la subida desproporcionada e inútil del IVA, junto a eliminación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, como es la dependencia, agrietarán de forma significativa la estructura social y los pilares de la cohesión social. Esta última fase es la que peor llevan los grandes inversores y ya habría sido introducida en los modelos de toma de decisión por parte de los grandes Fondos de Inversión y de Pensiones. Curiosamente, esto llega en el postre de la intervención bancaria, algo que aprobó ayer el Eurogrupo, tras la ratificación, debate y discusión en los países de nuestro entorno y el paso por el rodillo de la sala vallada en la que se ha convertido el Parlamento español.
El saneamiento bancario, que llega muy tarde, y tras la introducción de más del 20% del PIB por parte de los contribuyentes españoles en entidades zombies, enfermas y sin capacidad de reacción, apenas ya tiene relevancia entre los inversores. Los propios compradores de fondos y acciones españoles han puesto al IBEX 35 en una situación en la que las grandes empresas están a tiro de una OPA hostil, lo que acabaría con uno de los mitos que han corrido estos años, y que era la bondad y calidad de las empresas españolas transnacionales. La realidad es que muchas de ellas se han beneficiado de una antigua posición de monopolio y han aprovechado los fondos acumulados para salir de compras, al margen de una fiscalidad que les ha permitido apenas pagar impuestos de sociedades, amortizar el fondo de comercio de forma abusiva y repatriar dividendos y beneficios a un coste mínimo. A esto hay que añadir un proceso de saturación de los balances de la banca española que ya no pueden absorber más deuda pública nacional, lo que se ha dejado notar en la última subasta, una vez que el mundo ha dejado de demandar nuestros activos, a pesar de la elevada rentabilidad.
Esta falta de credibilidad, que se ha transmitido con esta serie de episodios de falsedades, rectificaciones y ocultación de información por parte del Gobierno desde el primer día, unido a su falta de empatía con las autoridades comunitarias, ha condicionado que los acontecimientos se hayan acelerado, y que los principales Gobiernos europeos, la prensa internacional y las grandes corporaciones hayan constatado la incapacidad para liderar el barco de la economía española. Esto se pude apreciar si uno analiza algunos de los detalles del último Real Decreto, que ha sido convalidado en un hemiciclo sin el Presidente del Gobierno y solo defendido, probablemente, por el peor ministro del ejecutivo, Cristóbal Montoro. Por ejemplo, se anuncia una reducción de las cotizaciones sociales de casi tres puntos en los próximos años, y simplemente es una compensación con la eliminación de bonificaciones al empleo, algo que solo beneficia a las grandes corporaciones. Con ello, la disminución de ingresos de la Seguridad Social se paliará en parte, pudiendo estimarse que quede entre 1.500 y 1.800 mill€ en 2013 y el doble en 2014. En todo caso, con menor empleo y consiguientemente menos afiliados solo cabe esperar una disminución de prestaciones que solo pueden afectar a las pensiones contributivas.
Otro ejemplo es el tema del ahorro farmacéutico. La desfinanciación de medicamentos que puede suponer un volumen total de ventas de 1.200 mill€ , aproximadamente, con los medicamentos ahora afectados pero que puede cambiar ligeramente, afecta a lo financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en una cantidad de 450-500 mill€ y el resto es de venta libre. La desfinanciación llevará consigo un ahorro para el SNS de forma inmediata, y una disminución de las ventas de ese segmento de medicamentos ahora en venta libre total, que puede estimarse entre 300 y 400 mill€. La experiencia de los dos medicamentazos
anteriores, que estaban técnicamente mejor hechos, indica que se
produce un efecto sustitución paulatino estimado en 600 mill€. El
resultado final será un mayor coste para el SNS de entre 100 y 150 mill€, un mayor negocio para las oficinas de farmacia que venderán más, una parte a precio libre y cobrando en el acto, un mayor negocio para la industria que verá incrementado el gasto global y tendrá más fácil la subida de precios de los medicamentos desfinanciados, y una vez más, perjudicado el ciudadano que verá, en parte, restringida la oferta de medicamentos eficaces porque no en todos los casos y todos los médicos entrarán a la desfinanciación. Este es un ejemplo palmario de cómo se está legislando en los últimos tiempos.
Con estas premisas, y un saldo en caja del Tesoro de apenas 28.000 mill€, solo para los vencimientos de julio y agosto, la economía española está abocada a un rescate ya formal, algo que las autoridades europeas ya ven inevitable. La prima de riesgo por encima de 600 puntos básicos, el coste de financiación al 7%, y una carga de intereses que crece por encima del PIB nominal harán que las próximas jornadas serán clave, y sin duda, supondrán la caída del Gobierno actual. El gran drama es que no hay alternativa creíble y eso los ciudadanos lo saben y se notó en las grandes movilizaciones sociales. Da mucha pena ver a toda una sociedad hastiada de una democracia por la que tanto se luchó y que la hemos matado, un poco, entre todos.
(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.
Publicado en: http://www.cuartopoder.es/tribuna/espana-obedecera-y-sera-intervenida/2994
Dietas, sobresueldos y cargos de confianza
La Ley de Transparencia
promovida por el Gobierno pretende racionalizar los sueldos de los
alcaldes y concejales de nuestro país en función del número de
habitantes de cada población, sin embargo, resulta sorprendente la
absoluta falta de transparencia y la total arbitrariedad con la que
algunos políticos pueden asignarse dietas que son sobresueldos encubiertos
para cosas como asistir a reuniones -¿es qué eso no debería entrar en
el sueldo de los políticos?- o nombrar lo que se denominan “cargos de confianza”o
asesores, políticos a cargo del erario público nombrados a dedo, que no
han pasado por el filtro de las urnas, ni han aprobado un oposición…de
igual forma el salario y la permanencia en el puesto depende únicamente
de la decisión de los cargos electos que los han contratado…
Pero ¿cuántos cargos de confianza hay en España?, pues es difícil
saberlo pero es un fenómeno extendido en todos los niveles de la
administración, vemos cómo en ayuntamientos como el de Sant Cugat del Vallés
(Barcelona) destina 1,35 millones de euros anuales para este fin, o que
la Diputación de Barcelona dispone de más de 45 cargos de este tipo,
como la Generalitat puede aumentar discrecionalmente el salario de dicho
personal –en un momento de tremendos recortes–, cosa que seguro se
reproduce en otras comunidades autónomas y en el gobierno de la Nación…
Ante esta situación, ¿no sería urgente una reforma legal en la que se
prohíban este tipo de cargos de confianza que no son otra cosa
que cementerios de elefantes de aquellos políticos aupados de las listas
electorales o que en las elecciones no han alcanzado puestos
institucionales?, y en cuando a dietas y sobresueldos ¿no deberían
prohibirse unas remuneraciones que solo son un coladero de sobrecostes
para el erario público?, y finalmente ¿acaso la Transparencia, como eje
fundamental para una buena salud democrática, no debería pasar por un
sistema en el que la ciudadanía pudiese saber cómo y adónde va a parar
hasta el último céntimo de nuestros impuestos?
José Rosiñol LorenzoPublicado en: http://www.elobservadorinocente.com/2012/07/21/dietas-sobresueldos-y-cargos-de-confianza/
Sobran entre 500.000 y 900.000 empleos públicos en CCAA y municipios
Hay números que nadie quiere hacer, pero que vienen impuestos por la
crisis y el desorbitado peso de una Administración pública que el año
pasado gastó casi 123.000 millones de euros en pagar las nóminas a sus
2,7 millones de asalariados. Gráfico: Una radiografía de las Administraciones Públicas
Por
eso, en el Gobierno ya andan echando las cuentas de los empleados
públicos que sobran y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a
exigir a las autonomías que le remitan información sobre retribuciones,
plantillas y tipos de personal.
Y es que, aunque nadie asegura una cifra exacta, distintas fuentes consultadas por elEconomista
apuntan a que habría hasta 900.000 empleos públicos redundantes,
fundamentalmente en las comunidades autónomas y entidades locales, con
su corolario de empresas y chiringuitos creados en la época de vacas
gordas, y también en plena crisis.
Como recuerda el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, "del total de empleados públicos que hay en España, sólo la mitad son funcionarios, y esos no sobran.
Los que sobran son la otra mitad, el personal contratado en los
incontables entes y fundaciones". El presidente de Freemarket es
contundente: "Quitar la paga de Navidad no resuelve nada, lo que hay que
hacer es despedir a los no funcionarios".
El primero en sugerir la cifra de 900.000 puestos públicos
prescindibles fue el presidente de CEOE, Juan Rosell, y era la
resultante de la diferencia entre las 820.000 personas que traspasó la
Administración central a las comunidades y los 1.744.000 en nómina de
las regiones, muestra de la gran duplicidad.
Otros expertos son más cautos, aunque, como afirma José Ramón Pin
Arboledas, hay consenso en "los 220.000 puestos creados durante la
crisis y que no corresponden a la realidad del país, ya que mientras se
destruía empleo privado y se perdían autónomos, las plantillas públicas
aumentaban". Precisamente, a la luz de esas 427.000 personas que han
engordado en diez años las administraciones periféricas, el profesor del
IESE ve la señal de cómo "los gobiernos abusan del empleo público para
frenar el paro". Por lo que, "si se reforma la Administración para
evitar duplicidades", sobrarían en torno a 500.000 empleos.
Los expertos son unánimes en el sobredimensionamiento de las
plantillas periféricas. Ya lo decía la semana pasada Rafael Pampillón,
catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU: "Queda mucho
por hacer en las administraciones autonómicas y locales, un gran campo
de recortes".
Y es que en España tocamos a un empleado público por cada 18
habitantes, menos que Francia o Bélgica (1 por cada 12) y parecido a
Italia y Alemania. En relación a la población activa, 1 de cada 7
empleos tiene que ver con las administraciones públicas, y casi la mitad
(43 por ciento) en educación y sanidad.
Pero, mientras que la Administración General del Estado ha reducido
desde 2001 su personal el 22 por ciento (163.880 personas), las
autonomías lo han subido el 44 por ciento (409.569) y las entidades
locales el 39 por ciento (181.031 más). Es decir, el alza de casi 427.000 personas (20 por ciento más) es culpa de autonomías y ayuntamientos.
Cataluña afronta el recorte
En
Cataluña el sector público lo forman 230.182 personas, según las cifras
que se recogen en los presupuestos de la Generalitat para 2012. De
ellas, 322 personas son altos cargos y personal directivo, 167.965 son
funcionarios con plaza fija, 52.072 laborales fijos, 9.622 laborales
temporales y 201 eventuales. La cifra se mantiene estable con ligera
tendencia a la baja desde hace unos años pese al aumento de la plantilla
de los Mossos d'Esquadra cuyo despliegue aún no ha concluido.
El plan de recortes que está aplicando la Generalitat para este año,
presupuestado en 625 millones, ha alcanzado en junio ya un ahorro de 729
millones de euros gracias a la reducción de vacantes, eliminación de
días de libre disposición, la no cobertura de bajas temporales y los
ajustes salariales ya realizados. Las estimaciones no oficiales de la
Generalitat auguran una rebaja de la plantilla del sector público de
"varios miles de personas".
Una parte sustancial de al reducción se llevará a cabo en sociedades
mercantiles públicas, consorcios y fundaciones, donde el número de
empleados públicos se sitúa sobre las 37.000 personas.
Andalucía: 22.000 en la diana
El
Gobierno andaluz lleva años empeñado en mantener en nómina a 266.000
empleados , y la reforma del sector público de 2010 no fue sino un
trágala para incluir en la Junta a 22.000 trabajadores (20.000 sin haber
pasado ninguna selección). El plan de reequilibrio financiero aprobado
en junio recoge, no obstante, un ahorro de personal de 777 millones en
2012-13. El ajuste sobre el global de las cuentas públicas es de 3.800
millones (11,8 por ciento del total).
Ese paquete de ahorro de 777 millones en nóminas no incluye despidos,
sino rebaja de jornada y sueldo a interinos y reducción media del 5 por
ciento en el sueldo del resto de funcionarios y personal laboral a
tiempo completo.
En la picota están 22.000 empleados del sector público empresarial,
adscrito a empresas y entes instrumentales que han pasado en teoría a
depender de nuevas agencias públicas integradas en la Administración
General de la Junta. Sin embargo, sindicatos independientes de
funcionarios como Safja (mayoritario) y CSIF han paralizado en los
tribunales el traspaso de casi la mitad de esos trabajadores.
Y el Tribunal Superior andaluz ha reiterado que ese traspaso se hizo
"con desprecio al Estado de Derecho", al ignorar los criterios de
concurrencia competitiva y equidad. Se da la circunstancia de que esos
22.000 puestos laborales están ocupados por afiliados al PSOE o a sus
sindicatos afines.
Valencia y Euskadi: paradojas
En la
Comunidad Valenciana, la plantilla de la Generalitat bajó en 1.500
personas en 2010, a 130.342, dándose la paradoja de que a fin de año
había casi 10.000 empleados más que puestos de trabajo (120.817),
irregularidad destacada por la Sindicatura de Cuentas. De 2011 y 2012,
la Conselleria de Hacienda sólo tiene información de la Administración
General, donde ha reducido la plantilla en 1.200 personas en año y medio
(12,6 por ciento), con amortización de plazas. No tiene datos de
Sanidad, Educación y Justicia, el 90 por ciento de la plantilla.
En cuanto a empresas y fundaciones públicas, trabajan casi 10.000
personas, de las que la Generalitat despedirá al 40-50 por ciento en
tres meses. Ya se ha presentado el ERE de 1.295 personas en RTVV.
Por lo que respecta al País Vasco, el sector público da empleo
directo a 116.001 personas, incluyendo a funcionarios, contratados
laborales y personal adscrito a organismos autónomos, sociedades
públicas y fundaciones. La cifra global es mayor, pues además del
personal dependiente de las Administraciones vascas (Gobierno,
diputaciones y ayuntamientos), hay otros 14.200 que dependen del Estado.
En plena crisis, las plantillas vascas crecieron el 9,5 por ciento,
de 105.898 personas en 2007 a 116.001 en 2010. En este aumento hay un
efecto estadístico, pues hasta 2010 no contabilizaba como personal
público los trabajadores de fundaciones; al hacerlo arroja 1.718 empleos
en 2010. Euskadi tiene la peculiaridad de que sus gastos no se
financian con los Presupuestos del Estado sino por Concierto Económico.
Información elaborada por Javier Alfonso, Carmen Larrakoetxea, Pepa Montero, Carlos Pizá y Jordi Sacristán.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)