Sepca hace un llamamiento para acudir a la huelga general del 14 N

El sindicato asegura que es la única manera de corregir al gobierno central y canario

 

Esta huelga general tiene el carácter de huelga popular, social y de consumo, ya que el llamamiento se hace a trabajadores y trabajadoras, en activo y desempleados, a pensionistas y jubilados, a afectados por los desahucios, a los cientos de miles de personas que sobreviven actualmente en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria, afectada por los recortes y reformas sucesivos.

La huelga del 14 de Noviembre se convoca contra las políticas del gobierno
español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE.

Las actuaciones de estos gobiernos las consideramos ilegítimas. Estamos exigiendo la retirada de las distintas reformas y recortes: la reforma laboral, porque genera destrucción de empleo y abaratamiento de los despidos; la reforma fiscal porque se aplica a las capas populares de la sociedad mientras realiza amnistías fiscales y sigue propiciando el fraude fiscal a gran escala; la reforma financiera, porque con dinero público va a solucionar la deuda de los bancos sin caminar hacia la nacionalización de la banca; la reforma judicial porque plantea incrementar el miedo y la represión así como recortar derechos y libertades como en el caso del aborto; la reforma de las administraciones públicas porque intenta adelgazar los servicios públicos propiciando miles de despidos y deteriorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos; la reforma sanitaria que intenta empeorar el servicio de salud y ahondar más en la privatización; la reforma educativa porque plantea un sistema de filtros y medidas mercantilistas segregando e impidiendo el acceso de los sectores más desfavorecidos; la reforma del modelo de Estado porque persigue la recentralización del mismo alejando el poder del control ciudadano; y, en el marco de todo ello, la reforma del artículo 135 de la Constitución, porque favorece el pago de la deuda a entidades financieras internacionales antes que atender a los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales de la población y convierten a los presupuestos generales en papel mojado.

Nos manifestamos contra todas estas reformas, que van en el camino de
conformar un nuevo modelo político, social y económico, donde primen los intereses de la clase dominante (concretada en FMI, BCE, Comisión Europea) sobre los del conjunto de la clase trabajadora y sectores de nuestro pueblo golpeados por estas políticas, a los que se le recortan derechos y libertades.

Estamos en contra de la doble pérdida de soberanía que significa para Canarias, tanto el rescate financiero pagado a nivel estatal por todos los contribuyentes, como el rescate solicitado por Paulino Rivero, porque significarán más recortes en los servicios públicos en Canarias. Y cuando se recorta en servicios públicos, estamos perdiendo derechos el conjunto de la ciudadanía.

Y el 14 de Noviembre consideramos que sobran motivos para esta huelga general popular, no sólo laboral, sino también social y de consumo. El 14-N no trabajo, no consumo, no voy a clase y no abro; pero no me callarán y me movilizo.

¿Qué le dirás, si tus hijos te preguntan?

Por ADOLFO PADRóN BERRIEL (*)

Todavía hoy, con todo lo que acontece, escucho a demasiada gente justificar porque no lucha. Todavía hoy, con tanto sufrimiento derramado, quedan demasiadas personas indolentes. Excesivas excusas, incomprensible flojera.

“Hombre soy. Nada de lo humano me es ajeno”, sentenció Terencio. Como humano puedo entender el miedo y su capacidad inmovilizadora; puedo comprender que prefiramos cerrar los ojos antes que afrontar la realidad que nos envuelve y hasta soy capaz de concebir que, ante la barbarie, reaccionemos escondiéndonos, casi inertes para no ser descubiertos y rezando: ¡a mí no, qué no me toque a mí!, mientras ruedan cabezas, justo al lado nuestro.

En lo humano, puedo incluso entender que escojamos ser esclavos antes que asumir la responsabilidad de decidir; pero precisamente en lo humano, no alcanzo a resolver que tipo de mecanismo nos puede llevar a permitir, impasibles, el sacrificio de nuestros hijos y su futuro. ¿Qué clase de instinto de supervivencia puede justificar nuestra desidia cuando se juega con el destino de nuestros vástagos? ¿Con qué tripas somos capaces de argumentar nuestro abandono y pasividad a sabiendas de que, con ello, les condenamos a vivir en la más salvaje de las junglas?

El 25% de la población activa española, el 33% de la canaria, ha perdido su empleo y por tanto, se le ha sustraído la posibilidad de decidir si secunda la huelga. Los porcentajes restantes si tenemos esa posibilidad y podemos ejercerla por nosotros, por ellos y, sobre todo, por nuestros hijos. La historia de las conquistas sociales, la de la consecución de nuestros derechos más básicos, están escritas con tinta de lucha y movilización; nada nos ha sido nunca regalado. Nada se ha logrado jamás desde el lamento pasivo y la inactiva espera a que las cosas cambien por sí solas.

El 64% de los jóvenes canarios está en paro, el 38% de nuestros niños se encuentra bajo el umbral de la pobreza; ese es nuestro presente, pero el futuro se pinta con tonos aún más oscuros: miseria, emigración, trabajo precario y sin derechos.

Esta realidad debería revolvernos; debería hacernos saltar de nuestras adormecedoras sillas, hechas de pavor, inconciencia o excusas.

Tal vez mañana, tu hijo o hija te pregunte: ¿Papa, mama, y tú que hiciste? ¿Qué les dirás?: ¡Tenía miedo! ¡No me enteré, preferí no conocer lo que ocurría! Quizá podrías responder: “Mira, hijo/hija, me habían reducido el salario, me habían subido los impuestos y los precios, me quitaron la paga extra y yo, en fin, tenía que pagar la hipoteca –o la letra del coche- y no quise que además me descontaran por ir a la huelga; no estaba dispuesto/a a que se quedaran con un solo euro más de mi bolsillo”.

Puede que tu hijo/hija, en ese caso y porque las generaciones siempre mejoran, te responda: “Papa, mama, te has parado a pensar si todo eso que te quitaron y todo lo que a mí me han despojado fue, precisamente, por evitar perder un poco de dinero. El salario de uno de tus días de trabajo, pudo haber cambiado mi mundo”.

El 14 de noviembre y las veces que hagan falta, muchas mujeres y hombres iremos a la huelga. Cada una/o desde el ámbito que pueda, no trabajando, no estudiando, no consumiendo, lucharemos por nuestros derechos y los de nuestros descendientes, pero también por los de aquellas/os que decidieron seguir aferrados a pretextos.

(*) Miembro de co.bas-Canarias y de Canarias por la Izquierda/Si Se Puede

CÍNICOS, REACCIONARIOS Y DEFRAUDADORES

Seguramente entre lo más repugnante y cínico del Gobierno de la derecha se encuentra Bañez, la Ministra de Trabajo. La misma señora que hace pocos días, tras comunicar la buena nueva de que el Estado español había superado los 5.700.000 parados -el 25% de la población activa, en Canarias el 34%- dio noticia de los “horizontes esperanzadores” de recuperación en el empleo que ya se estaban percibiendo. Seria cómico, “¿a quien van creer más, a mi, o a sus propios ojos?”, si fuera porque de lo que se trata es de una auténtica catástrofe social.

Una semana después la Sra.Ministra concretó la feliz perspectiva: los ERES de despidos colectivos entre el personal laboral de las administraciones públicas.

En el horizonte de la Ministra y de su Gobierno la niebla se disipa y pasa a condensarse para desencadenar la tormenta sobre las cabezas de más de 700.000 trabajadores, “sobrantes” en un país que está por debajo de la media europea en % de empleo público, particularmente en el sector vinculado a los servicios sociales.

Con baba cínica y con indisimulada voluntad de aislar a los futuros condenados de la solidaridad social, vomitó la aberración social y jurídica de que se trataba, en fin, “de igualar el régimen de la regulación de los despedidos colectivos en las administraciones públicas al del sector privado”.

No hay nada de igual en lo que se dice se esta igualando: el sector público presta servicios, o los debe de prestar, de interés social, sin ánimo lucrativo y en la generalidad de los casos por imperativos legales que le impone a la administración las proclamaciones constitucionales del estado social y de derecho que no fueron nunca legado generoso de la divina providencia.

No pueden operar criterios “economicistas” y/o “mercantilistas” para determinar los niveles de empleo en el ámbito de los servicios públicos, aquí prevalecen raseros para la cobertura de la actividad de interés social.

Por otra parte, la causa que justifica el ERE conforme a lo ha aprobado por el Gobierno en el RD 1483/12 no es, porque no puede ser, la disminución de facturación o de perdidas en la empresa, como sucede en el sector privado. Ante este inconveniente el gobierno del PP ha escogido el camino de la arbitrariedad. Será una decisión política, unilateral y arbitraria de disminución de la partida presupuestaria en el 5% lo que basta para habilitar el despido colectivo.

Dicho de otra forma, se trata de un despido preconstituido por la propia administración que despide, de imposible control por los afectados.

Debe considerarse igualmente que la inmensa mayoría de los servicios que presta la administración son deficitarios por definición y en consecuencia, siguiendo la lógica “neoliberal”, susceptibles de ser liquidados .

En esta regulación del ERE en las administraciones públicas se excluye formalmente la obligación de descartar opciones alternativas al despido, lo que, a nuestro juicio, redunda en su inconstitucionalidad como apuntaremos más adelante.

Entre tanto, el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PSC-PSOE) viene a decir que “esto no le gusta, pero no va a quedar más remedio” y ya apunta directamente, para abrir boca, a los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Por cierto, un porcentaje muy amplio de los laborales “indefinidos” de este servicio acaban, como quien dice, de sufrir un monumental fraude de ley “sorprendentemente” convalidado por la jurisdicción social: “proceso selectivo en la modalidad de concurso oposición regido por los principios de publicidad, merito y capacidad, para ocupar plazas vacantes pero ¡¡¡¿¿¿EN LA CONDICIÓN DE INDEFINIDOS!!!???.

En la confirmación de este fraude por los tribunales sucede como en aquella política de Orson Wells “El Proceso” basada en la novela homónima de Kafka: Anthony Perkins es procesado y condenado sin enterarse del por qué. La obligación legal es la de convocar periódicamente procesos selectivos para ocupar con empleo fijo las plazas vacantes. Mas allá de burlar la ley para precarizar relaciones laborales que deberían ser estables ¿qué sentido tiene convocar procesos selectivos, respetuosos de los requisitos formales, para poner en el lugar que corresponde a un fijo un temporal “indefinido”?.

El Gobierno de Canarias mejor haría ahora, ya que “no le gusta” la barbaridad del “Gobierno de Madrid”, corregir ese fraude y aplicar la norma defraudada que conduce a la fijeza.

En todo caso y aparte de la fundamental contestación social, que ahora lleva el sello de la huelga general del 14 de noviembre, desde mi punto de vista hay defensa jurídica.

Por imperativo constitucional las administraciones públicas no pueden actuar de manera arbitraria, tienen que informar su política social con el principio del pleno empleo, y, sobre todo, no pueden derogar la primacía del derecho del trabajo y a la estabilidad en el empleo, de lo que se sigue, inexcusablemente, la consideración del despido como último remedio ante causa grave que no tenga opción alternativa.

En el marco del despido, debe añadirse, que toda vez que las normas, por exigencia legal, hay que aplicarlas con arreglo a la realidad social, las que habilitan para el despido tienen que apurar, hasta el limite, la interpretación restrictiva en tanto conciernen a un bien escaso, vital, de `primera necesidad .

En pocos años el trabajo, como bien jurídico protegible, ha cambiado radicalmente de contenido, de valor objetivo, en el marco de esa realidad social. El daño producido con el despido no es ahora “simplemente” dejar de ser trabajador activo para ser trabajador en paro.

El daño que causa el despido es cien veces mayor que antes, porque es cien veces mas difícil que antes poder reponerse en el ejercicio del derecho; es dejar de ser trabajador para engrosar la lista de condenados al infierno de la exclusión social o para ser situados en la frontera misma de la marginalidad. La perdida de trabajo sería hoy, en amplia medida, integrable en la prevalencia del “derecho de penuria” del que hablaba Hegel.

No puede perderse de vista, por último, que la razón profunda de este nuevo hachazo a los derechos más básicos de los trabajadores no la vamos a encontrar en el “déficit” -déficit que se constituye con deuda privada travestida en deuda pública- sino en una tendencia tan natural en el sistema capitalista como la que impulsa al escorpión a clavar su rejo venenoso sobre el cuerpo de la rana en la que cruza el río, aún a riesgo de ahogarse: privatizar y mercantilizar todo lo susceptible de extraer beneficio ya sea a costa de los trabajadores, de los consumidores, de las transferencias de los dineros público… por lo común, de todo ello junto.

El próximo 14N hay que darles una respuesta. Nos va mucho en ello.

*Joaquín Sagaseta es abogado laboralista.

Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 01 Noviembre 2012

El Gobierno admite que habrá despidos en el sector público en 2013, ''pero no masivos''

SEGÚN EL CONSEJERO FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA
 
El Ejecutivo regional anuncia "flexibilidad interna y no renovación de contratos temporales".

Francisco Hernández Spinola

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha tenido que reconocer en la sesión de control que los recortes presupuestarios afectarán, aunque no de forma masiva, al empleo público en Canarias en 2013.
“El compromiso de este Gobierno es evitar despido masivos y generalizados, pero una reducción de 547 millones de euros tendrá consecuencias en el Capítulo I, referido a Personal”, afirmó Spínola.
Así respondió a una pregunta concreta de Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, quien exigió al Ejecutivo que “no sigan pagando la crisis los recortes y los empleados públicos”.
“El despido será la última de las decisiones que adoptará este Gobierno, pero deberemos proceder a una flexibilidad interna, a no renovar contratos temporales y trabajaremos en la redistribución de los efectivos personales”, reconoció el consejero.
Rumores irresponsables
Spínola rechazó “rotundamente” las tesis del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, que defiende la necesidad de despedir a 5.000 trabajadores públicos el próximo año, y aseguró que “fomentar esos rumores es una irresponsabilidad”.
“Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos empleados públicos por habitante de España, y siete de cada diez son docentes o personal al servicio del SCS”, dijo el consejero.
Para Spínola, “especular solo genera ansiedad, pérdida de productividad, tensión e incertidumbre”.
Sin embargo, Rodríguez insistió en que “en los últimos 15 meses la EPA ha puesto en evidencia que nuestra Comunidad ha destruido 32.500 empleos públicos, de quienes atienden a nuestros niños en nuestras escuelas y hospitales.
“Se ha puesto de moda despedir empleados públicos”, culminó el líder de NC.