El Gobierno no acepta gravar más el IRPF a las rentas superiores a 60.000 euros al año.- El IGIC subirá a partir del 1 de julio.
APROBADO CON LA OPOSICIÓN DE PP Y GRUPO MIXTO
Sin ninguna sorpresa sobre el guión previsto, y con
la oposición de los grupos Popular y Mixto (NC-PIL), el Gobierno ha
sacado adelante la Ley que, entre otras cuestiones, sube el Impuesto
General Indirecto (IGIC) y crea nuevas figuras impositivas, como la
referida a las telecomunicaciones, que afectará a la factura de los
ciudadanos.
Una Ley, calificada de “atropello” por el portavoz del Grupo Popular,
Jorge Rodríguez, hacia “los ciudadanos, los empresarios, los autónomos y
los funcionarios de la Comunidad Autónoma”.
Por ello, Rodríguez ha insistido en que los conservadores no han
querido presentar ninguna enmienda parcial, pese a haberlo hecho a la
totalidad, para “no legitimar un proyecto improvisado, que busca el
recorte por el recorte” y, además, “vulnera la Ley del REF”.
“Esto huele mal, muy mal”, afirmó el portavoz de los conservadores,
pues la Ley convierte a Canarias, “en la primera en el pago de
impuestos, después de Cataluña”.
Más impuestos
Por tanto, solo CC y PSC han apoyado que a partir del próximo 1 de
julio y con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general
desde el 5% actual al 7%, elevará el establecido con el 2% al 3%,
mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en
0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%.
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyas
modificaciones se computarán en la práctica desde el 1 de enero de este
año gracias a una enmienda
in voce presentada por CC, se
aumenta la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas
superiores a 53.000 euros al año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.
También se elimina la actual bonificación del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función
de la renta de cada ciudadano, establece la creación de nuevos tributos y
tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y
el incremento de los impuestos sobre el combustible.
También el Ejecutivo canario instaura el impuesto sobre depósitos a
entidades financieras y se establece el impuesto a grandes superficies.
Impuestos “de dudosa legalidad”, según fueron calificados por el
portavoz de los conservadores, que volvió a anunciar una futura
“conflictividad” jurídica en torno a los mismos.
Más recortes
Junto a las medidas fiscales, el gabinete que preside Paulino Rivero
también incluye recortes que incluyen la rebaja del 5% en el sueldo de
los empleados públicos, la reestructuración de la organización y
funciones de distintos organismos públicos y órganos administrativos de
la Administración Pública, y se establece el régimen básico de la
constitución o participación de la Administración Pública canaria y de
las entidades públicas o privadas integrantes del sector público
autonómico en cualquier consorcio.
Asimismo recoge medidas para la racionalización y distribución de
empleados públicos, la modificación de la Ley de la Función Pública
Canaria en materia de jubilación, permisos, licencias y duración de los
procesos selectivos y concursos de méritos y se realizan varias
modificaciones legales tendentes a la reducción transitoria de las
retribuciones del personal.
Por último, el texto recoge distintas modificaciones de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal.
"No se puede hacer otra cosa"
Sin embargo, estas medidas no han concitado el apoyo de los grupos de
la oposición, pese a que el socialista Emilio Mayoral aseguró que “es
lo que toca hacer, y no se puede hacer otra cosa”.
Y es que los grupos del Pacto han insistido durante todo el debate en
que hay que ‘cuadrar’ las Cuentas autonómicas, que deben cumplir con el
Plan Financiero de Canarias 2012-2014, ratificado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera en Madrid el pasado mes de mayo, haciendo
frente además al recorte de 800 millones de minoración en la
financiación del Estado en los Presupuestos de 2012.
“No es bueno hacer reducción de gastos, pero tampoco bajar impuestos y
subir el sueldo a los funcionarios a la vez. Eso no cuadra ni a tiros, y
no se puede hacer demagogia”, afirmó Mayoral.
Una tesis que no comparte el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el
Grupo Mixto, Román Rodríguez, pues “no funciona para solucionar la
crisis económica a través de los planes de estabilidad”.
"Fracaso"
Rodríguez, que defendió las 24 enmiendas parciales al texto del
Gobierno y que no consiguió respaldo a ninguna, insistió en que “esta
estrategia interesada y conservadora de abordar la crisis con el ajuste
es un fracaso”.
“Y menos mal que se están replanteando desde el G-20 hasta el FMI que
la crisis se agrava con esta política porque la austeridad debilita el
consumo”, afirmó.
El nacionalista José Miguel Barragán aceptó, como Rodríguez, que esta
política que está marcada por Alemania no sirve para salir de la
crisis, pero aseguró al líder de NC que “usted, sentado en un Consejo de
Gobierno, y por responsabilidad, también lo habría hecho”.
“Si cae el Estado, caemos nosotros también, porque no se salva
ninguna comunidad autónoma”, afirmó Barragán, quien concluyó
reconociendo que “las decisiones son dolorosas y difíciles, pero por
responsabilidad ha habido que adoptarlas”.
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