CO.BAS Canarias se manifiesta frontalmente en contra de los recortes económicos de los servicios públicos

Se pretende reducir la jornada y sueldo de los empleados públicos, aumentando así la precariedad de los servicios esenciales y los riesgos para los ciudadanos

Más de un centenar de empleados públicos, apoyados por Co.bas Canarias, acudieron a la concentración que se llevó a cabo el miércoles para manifestar su rechazo contra la política de desmantelamiento que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, en favor de una privatización encubierta que solo beneficia a las grandes empresas y que el Presidente del  Gobierno permite.

Co-Bas denuncia que a tal fin pretende descontar un 20% de sueldo y tiempo de trabajo a 2.300 empleados públicos, lo que supondrá una merma importantísima de la prestación de los servicios públicos, que en sectores clave supone en algunos casos el que los usuarios, debido a las largas listas de espera, pueda darse el caso de que la prestación de servicios o el cobro ayudas sea finalmente concedido tiempo después de que los interesados/das hayan fallecido, como es el caso de Las ayudas sociales.

 

Por otra parte -añade el sindicato-  los trabajadores a los que se pretende realizar el citado recorte tendrán que soportar un tercio más de carga de trabajo, con lo cual los accidentes y enfermedades laborales aumentarán sustancialmente, llevando esto a la contradictoria situación de que el pretendido ahorro se convertirá en un mayor gasto para las arcas del Gobierno. Si embargo, no se atreve el Señor Presidente a realizar una auditoría y remodelación de la multitud de empresas y fundaciones públicas que en muchos casos duplican funciones que ya son prestadas por los empleados públicos de la Administración.

 

Eso sin contar con la inmensa multitud de asesores que tienen los miembros del Gobierno, que al parecer desconfía de la capacidad de personas que han preparado exámenes muy exigentes para prestar en debidas condiciones lo que la población requiere.

 

Desde co.bas Canarias se rechaza rotundamente esta actitud de República bananera que este Gobierno, al igual que el Gobierno del Estado, esta realizando bajo las mismas consignas de liberalismo económico y empobrecimiento programado mediante el capitalismo feroz que se nos quiere imponer.

 

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Los sindicatos rechazan la reducción del 20% de jornada y salario a los empleados públicos de Canarias

Los sindicatos que forman parte de la Plataforma Sindical Canaria valoraron la mesa de empleados públicos celebrada este miércoles en las capitales de provincia y afirman que el Gobierno no negocia sino que incide en su habitual línea impositiva y de comunicarle las cosas a los representantes de los trabajadores públicos cuando tienen todo más que decidido, como es la reducción del 20% del salario y jornada.

Los responsables sindicales explicaron a la salida de la reunión que el gobierno plantea una reducción del 20%, tanto en jornada como en salario, una medida brutal que afectará a los  interinos como al personal laboral indefinido y temporal del ámbito de la Administración General de Canarias, planteando esta medida como alternativa para evitar despidos masivos que aumenten las listas de desempleo en las islas.

Cati Darias, portavoz de Intersindical Canarias, sindicato mayoritario, rechazó en nombre las centrales sindicales que forman parte de la Plataforma Sindical Canaria la medida propuesta por el Gobierno y llamó la atención sobre los irreales presupuestos que inducen a la sospecha de que los recortes van a ir más allá de los planteados hasta el momento.

La representante sindical alertó de que la reducción del 20% en el salario a los trabajadores públicos dejará en el umbral de la pobreza a la mayoría de ellos, por lo que hablamos de una medida que lejos de servir para mejorar la situación económica del archipiélago la empeorará, máxime cuando su sindicato presentó un paquete con cien medidas de ahorro para gestionar mejor el presupuesto público sin tener que tocar a los trabajadores, algo que no interesa a nuestros gobernantes.

La próxima semana, el Gobierno de Canarias ha citado nuevamente la mesa general de negociación para estudiar nuevas propuestas y, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, tomará la medida que estime oportuna, priorizando mecanismos de flexibilidad antes que despidos masivos, según una nota del ejecutivo.

Declaraciones de la Plataforma Sindical

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Miles de canarios se manifiestan en contra de la política regresiva del gobierno de Rajoy

Bajo el lema 'Arruinan el país. Lo tienen que pagar'

Un gran número de organizaciones se sumaron a las manifestaciones porque no coinciden con la convocatoria de un referendum.

Unas 12.000 personas se han manifestado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife bajo el lema 'Arruinan el país. Lo tienen que pagar', para que el Gobierno atienda la petición de referéndum solicitada por los sindicatos sobre los recortes sociales realizados en los últimos meses.

Bajo un ambiente festivo y un clima de normalidad, los manifestantes recorrieron las calles de las dos capitales canarias con pancartas contra las reformas del Ejecutivo central, haciendo sonar sus silbatos y estallando algún petardo.

Además, durante las protestas se pudieron escuchar cánticos que decían 'No nos mires, únete', 'Que el último parado sea un diputado', 'Manos arriba esto es un atraco', o 'Si esto no se arregla, leña, leña, leña', entre otros.

En Las Palmas de Gran Canaria, la marcha, que contó con alrededor de 2.000 personas, se inició sobre las 11.30 horas, partiendo desde la Plaza del Obelisco con dirección la Plaza de La Feria, donde concluye la manifestación.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, la protesta comenzó media hora antes, a las 11.00 horas, recorriendo el camino que va desde la Plaza de Toros hasta la Plaza del Príncipe.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de organización de la unión insular de UGT en Gran Canaria, Conchi Martínez, dijo que el motivo de esta cumbre social "es demostrar al Gobierno que la ciudadanía y todas las organizaciones están unidas y en contra de los recortes sociales y laborales que se están llevando a cabo".

Aquí, explicó que se va la intensificar la "lucha" para que evitar que el Gobierno de España siga haciendo políticas "agresivas". "Esperamos que se nos oiga y que se responda a una llamada generalizada de la sociedad", apuntó.

 

APOYAR LA "GRAN MANIFESTACIÓN" DE MADRID

Por su parte, el secretario insular de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez, comentó que las manifestaciones de Canarias tienen la finalidad de apoyar la "gran manifestación" de Madrid.

"Lo que queremos --prosiguió-- es protestar contra las políticas del Gobierno y decir que estas políticas son ilegítimas porque el Ejecutivo se presentó a las elecciones con un programa electoral y, ahora mismo, está gobernando absolutamente en contra de lo que propuso en ese momento [durante las pasadas elecciones]".

Pérez hizo especial hincapié en que el Estado tiene dos opciones; o somete sus políticas a referéndum o convoca elecciones anticipadas "para que el programa político que se lleve a cabo esté refrendado por el pueblo".

"El pueblo tiene la capacidad decisión. Ha votado un programa electoral y se le ha engañado masivamente con este cambio de proponer una cosa y hacer otra. Por eso, la ciudadanía tiene el derecho a exigirle al Gobierno que haga un referéndum o dimita", aseveró.

Mientras, el presidente provincial del CSI-F en Las Palmas, Jesús María Fernández, agregó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional "no solucionan absolutamente nada". "Los recortes, desde nuestro punto de vista, no van a conseguir nada", expuso.

Finalmente, destacó que en la actualidad hay gran cantidad de ERE's que desembocarán en despidos, y que ahí estarán los sindicatos para dignificar al empleado público, "y no privatizarlo o estigmatizarlo".

 

APOYO CRÍTICO

 

Bajo el lema 'Contra la dictadura de los mercados, otra política es posible', un amplio número de organizaciones se sumaron a la manifestación de manera crítica, porque no coinciden con la convocatoria de un referendum.

Las razones para esta convocatoria autónoma, está en la discrepancia de objetivos de los sindicatos con la Cumbre Social, ya que, en palabras de Ignacio Rodríguez, miembro de IC, el emplazamiento al Gobierno central para que convoque un referéndum sobre sus políticas económicas, "que no tendría un carácter vinculante", no sería una salida "ni lógica ni razonable  

http://www.sanborondon.info/content/view/47151/1/ 

“Hasta que no se coja a 20 políticos y 20 banqueros y los ahorquen, este país no tendrá solución”

No se puede entender que nuestros dirigentes políticos estén usando el poder que le hemos dado para atacarnos y robarnos y que la gente no salga a la calle a pegar tiros, dijo  

Audio de la entrevista

Alberto Vázquez Figueroa, inventor, periodista y novelista de reconocido prestigio internacional, reflexionó en el programa La Trapera de Radio San Borondón sobre la actualidad socio-política española y afirmó que últimamente estamos asistiendo en España a políticas gubernamentales que no pueden ser consideradas de otra forma que como crímenes de lesa patria y que como tales deberían tener una contestación social igual de bruta e irracional.

El prestigioso literato explicó que dos jóvenes ingenieros de la ULL han realizado un proyecto basado en su patente sobre desalación para conseguir toda el agua que haga falta en Tenerife a coste muy económico, estudio de final de carrera que ha sido premiado por la Universidad con matrícula de honor cum laude porque es un trabajo que muestra el camino sobre cómo se puede abastecer la isla con agua y producir al mismo tiempo energía, sin embargo no ha encontrado respaldo institucional de ningún tipo debido a que como en casi todas partes el agua en Canarias está manejada por empresas foráneas a las que solo les interesa la cuenta de resultados y no el abastecimiento a la población, ni mucho menos la calidad de la misma.

Destaca que cada vez que abre la boca en los medios para denunciar este tipo de abusos, inmediatamente recibe presiones desde los partidos políticos, que incluso han llegado a amenazarle con una cruzada contra él aprovechando los recursos de que dispone el poder institucional, lo que no sirve para que se sienta amedrentado porque al igual que la mayoría de las personas está harto de los políticos.

Afirma que en España no se soluciona nada mientras no se coja a 20 banqueros y 20 políticos y se les ahorque en una plaza pública como escarmiento, como ocurre en algunos países del mundo como China cuando alguien hace algo contra los intereses del país, “una cuestión que no digo hipotéticamente sino de forma literal”, –sentenció–, ya que entiende que últimamente estamos asistiendo en España a políticas gubernamentales que no pueden ser consideradas de otra forma que como crímenes de lesa patria.

Aunque suene duro, asegura que en nuestro país hay al menos 20 políticos y 20 banqueros a los que habría que fusilar, porque así el resto de políticos y banqueros aprenderían que no se puede tomar el poder para abusar del pueblo, como ha ocurrido mucho últimamente, tras lo que recuerda que Jaume Matas (PP), que hizo un destrozo a las arcas públicas en su beneficio al apoderarse de millones de euros,  cuando la Justicia le impone 3 millones de fianza para no ir a la cárcel se los pide al Banco de Valencia, en el que tenía a infinidad de amigos con quienes había hecho múltiples negocios sucios, cantidad concedida antes de que la entidad quebrara sin que Matas cubriera esa pérdida, sino el resto de españoles con sus impuestos, luego hemos sido todos los españoles los que hemos pagado la fianza de un político que nos ha había robado a todos.

http://www.sanborondon.info/content/view/46040/1/ 

Contra los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos

Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública en Canarias, Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública y Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales

Un año después de la constitución del actual Gobierno autonómico, nuevamente presidido por Paulino Rivero y teniendo como vicepresidente al actual Consejero de Educación, continúan los recortes para la enseñanza pública canaria.

Después de los famosos 200 millones detraídos de los presupuestos de Educación en la anterior legislatura (la mayor parte en los dos últimos cursos de tal periodo), hemos visto durante el curso 2011-2012  una sucesión de recortes en cascada para el debilitamiento de la Enseñanza Pública. Al mismo tiempo hemos comprobado cómo se ha incrementado el presupuesto para la enseñanza privada concertada, pasando del 8,5% en 2010 al 9,2% en 2012. 
Esos recortes han significado una disminución de 1200 docentes durante el periodo 2009-2011. También para el último periodo no se contempló ninguna partida para la escolarización en el tramo de 0 a 3 años. El programa de Formación Profesional Específico sufrió una reducción respecto al curso anterior. La formación del profesorado decreció. El aprendizaje idiomático ha tenido un revés importante desde que desapareció la partida destinada a “auxiliares de conversación”. Asimismo, en los servicios complementarios, particularmente en el servicio de comedor se produjo una disminución de 470.000 euros (5,7%). En las actividades extraescolares se experimentó un recorte de 850.000 euros en 2012 frente a los 4 millones y medio disponibles en 2008.
Por otra parte, con Ley de Presupuestos del Estado en la que se estrenó Mariano Rajoy como jefe de Gobierno se produjo una reducción inicial de 623 millones de euros, con un 62,5 % menos para las enseñanzas universitarias, un 36,5 % menos para Infantil y Primaria y un 29 % menos para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Seguidamente, el 16 de abril de 2012 el ministro Wert anunció que se producía un tijeretazo de 3000 millones de euros (“medidas de racionalización del gasto público”, según ellos), correspondiendo a Canarias según el Consejero, José Miguel Pérez, un recorte de 150 millones.
A partir del paquete de medidas impuesto por el ministro Wert, que implican aumento de horario lectivo, la no cobertura de bajas por tiempo inferior a 10 días, aumento de ratios, reducción de ofertas para bachillerato, paralización de los nuevos módulos de FP, reducción de becas y aumento de las tasas universitarias…, podemos comprobar que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya tiene un plan de ajuste para la Enseñanza Pública: probable reducción de cobertura de plazas vacantes en un número aproximado a 1500 (hoy ya se contabilizan 700 entre secundaria y otras enseñanzas, sin Infantil y Primaria); eliminación de la acogida temprana y derivación de la gestión a las AMPAs; reducción en un 80 % el presupuesto para actividades extraescolares; disminución de rutas de transporte escolar por un decremento del 20% del presupuesto global; subida de tasas para comedores escolares, llegando a suplementar carencias con el pago de hasta 120% del coste con las economías de algunas familias; drástica disminución de partidas para libros (sólo habrá libros de reposición para algunos cursos), de tal manera que el primer ciclo de Primaria no contará con financiación y muchas familias estarán sujetas a ayudas asistenciales de los ayuntamientos.          
Con respecto a la Sanidad Pública Canaria debemos distinguir lo que las políticas neoliberales del Gobierno de Canarias han aportado a su deterioro, con CC siempre y en coalición con PP o PSC, y lo que ahora se desborda con las barbaridades del Gobierno de Rajoy.
Seguiremos sufriendo durante mucho tiempo las consecuencias del recorte de 90 millones en 2010 y el brutal de más de 320 millones de euros (12%) del año 2011, con diferencia el  mayor de todo el Estado español, mientras se destinaba a los conciertos con la sanidad privada un 8,2 por ciento del presupuesto (más de 209 millones de euros públicos que se transfirieron al sector privado). Para el 2012 el pretendido incremento "social" del 2,7% se quedó en 66 millones de euros ya gastados en la deuda farmacéutica del 2011 y sin embargo se recortó, para pagar también la deuda, en el capítulo de personal la cantidad de 52 millones de euros que ha supuesto el cese de unos 1000 trabajadores. Y de nuevo, se presupuestó para la sanidad lucrativa privada la cantidad de más de 206 millones de euros.
El cierre, iniciado en el verano de 2011, de camas hospitalarias públicas, el cierre de quirófanos de tarde que comenzó a aplicarse en octubre de 2011 y la reducción de plantillas siguen avanzando. Ahora en este verano, de nuevo se cierran plantas y camas hospitalarias; se cierran quirófanos de jornadas de mañana porque las de tarde ya llevan meses, tanto centrales como de cirugía mayor ambulatoria, cirugía oftalmológica;  se suspenden tratamientos como la bomba de cobalto, la reproducción in vitro y se suspende la hospitalización domiciliaria. Todo ello expresión de las decisiones de la Consejería de Sanidad que atentan contra el derecho a la asistencia sanitaria de la población canaria.
Así mismo, ha continuado la relegación de los hospitales comarcales públicos del Norte y el Sur de Tenerife garantizando con ello la derivación de los pacientes a los centros privados. Y trasladar las especialidades de un sitio a otro de Icod no es abrir el Hospital del Norte como desvergonzadamente están diciendo desde la Consejería y del Cabildo.

Por el oscurantismo de la Consejería no podemos acceder a datos públicos fehacientes y contrastables por todo el mundo, nuestras fuentes nos cuentan, por ejemplo, que el cierre de los cuatro quirófanos centrales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de Tenerife, entre julio y octubre, supondrá que se retrasen unas 800 intervenciones quirúrgicas (habitualmente se realiza una media de tres intervenciones diarias en cada quirófano, al menos 22 días al mes). A esta cifra habría que sumarle las cinco intervenciones diarias que se dejarán de hacer en los tres quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), que permanecerán cerrados en agosto; así como las dos diarias que no se harán en el quirófano de la Unidad Oftalmológica (UCO), que no estará operativo hasta el mes de septiembre.
Con la reducción de personal prevista para los próximos meses todo esto va a empeorar y se traducirá sin ningún género de dudas en peor salud y aumento de la mortalidad poblacional.
Las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy e impuestas por el Gobierno de Paulino Rivero y José M. Pérez suponen para la mayoría de usuarios de la sanidad pública un pago, o un incremento, del 10% en el precio de medicamentos (además de excluir algunos muy útiles) y en dietas, prótesis y transporte sanitario (que tiene una tarifa mínima de 20 euros). También están teniendo un efecto de incentivo a la contratación de seguros sanitarios, por la población que pueda permitírselo, para hacer frente a este aluvión de exclusiones y copagos.
Se modifica el artículo 3 de la Ley de Cohesión 16/2003: decía se garantizará la asistencia a TODOS LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL bastaba con tener la ciudadanía o estar empadronado, AHORA DICE se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. Especialmente grave es la puerta abierta a un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino también la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el sistema sanitario público, se dice que aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario podrá obtener la asistencia mediante el pago derivado de la suscripción de un convenio especial (creando un mercado de seguros privados). Se quiere sacar a los sectores pudientes, con desgravación fiscal de los seguros privados, que implicará descapitalización pública fomentando una asistencia sanitaria para pobres que será una pobre asistencia sanitaria.
También se deja fuera a mayores de 26 años que no hayan estado afiliados a la seguridad social, tendrán que ser declarados personas sin recursos o ¿se pretende que su familia contrate un seguro privado?
Expulsan del Sistema Público a inmigrantes sin papeles y españoles sin afiliación. Los inmigrantes usan poco la sanidad pública y su marginación además de ser inhumana va a crear problemas de salud pública por falta de control de salud, así como sobrecarga en urgencias.
Hay que añadir la última barbaridad de Gallardón sobre la modificación de la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que vulnerará el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y que creará problemas sanitarios porque incitaría a la búsqueda de soluciones en otros países o los abortos clandestinos (favorecidos por los problemas económicos de la actual crisis) con los incrementos de mortalidad y morbilidad que suponen.
A todo el panorama señalado anteriormente en materia educativa y sanitaria tenemos que añadir la situación de las Políticas Sociales en Canarias.  En la actualidad nos encontramos con un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, especialmente de las personas que sufren la pobreza (una de cada tres), la exclusión social (la extrema pobreza es la más alta de todo el Estado español), la desigualdad, el desempleo (300.000 personas), la explotación…
La caída de los niveles de empleo supone, inevitablemente un aumento de las necesidades sociales. Aunque con retardos, existe evidencia de que la persistencia en el tiempo de tasas de desempleo elevadas incrementa los niveles de desigualdad y pobreza de la población. Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística:
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social1 a la que llega la población a nivel nacional aumenta del 24% al 25,5% durante los años 2004 al 2010, llegando al 26,7%2).
En Canarias, este dato aumenta hasta el 35,5% en el año 2010, 10 puntos por encima de la media nacional. Es decir, 3 de cada 10 personas en Canarias está en riesgo de pobreza y exclusión social,  aproximadamente 752.074 personas3 viven bajo el umbral de la pobreza, sufren privación material severa y/o viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula, con un impacto de género importante acentuando la denominada “feminización de la pobreza”.
Y con todo esto, el Gobierno de España y Canarias aplica una brutal reducción presupuestaria dedicada a los Servicios Sociales, alcanzando a las atenciones básicas y a los colectivos más afectados por la injusticia social: infancia, mayores, personas en situación de exclusión social, con problemas de drogas,…. Según el análisis de los Presupuestos presentados para el Gobierno de Canarias para el 2012: Canarias es la segunda comunidad autónoma del Estado en la que menos se invierte en Servicios Sociales, de modo que el gobierno invierte 126 euros por habitante y año.
En Servicios Sociales el Gobierno Canario aplica un importante recorte del 14% para 2012, por lo que se deja de invertir 43 millones, lo que debemos sumar a los recortes aplicados en los años anteriores:
Del 2009 al 2010:   - 39 millones.
Del 2010 al 2011:   - 58 millones.
Del 2011 al 2012:   -43 millones.
Por lo tanto no son presupuestos de marcado carácter social, ni la acción social es un servicio irrenunciable, como expresan las declaraciones de responsables públicos autonómicos.
Dentro del ámbito de las Políticas Sociales:
Se invierten 3,4 millones menos en la Dirección General de Protección al Menor y la Familia (cuando Canarias se encuentra entre las Comunidades Autónomas con mayor número de en riesgo de exclusión), 76 millones menos en la Dirección General de Políticas Sociales, medio millón menos para el Instituto Canario de Igualdad.
Además, descienden las partidas referidas a los siguientes programas:
Programa de Coordinación y Planificación de acción social, donde se integra el Plan Concertado, aproximadamente unos 34.000 euros menos (0,15%),  el Programa de Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales desciende la aportación en aproximadamente 600.000 euros (5,17%),  en Prestaciones y otras ayudas sociales en 2.800.000 euros (34%),  en Prevención e intervención en el Área de Menores y Familia en 2.500.000 euros (7%), en Fomento de la inclusión, con 441.000 euros menos (2%), en Ejecución de medidas judiciales a menores, en 850.000 euros menos (3%),  en Promoción y Fomento de la Calidad de Vida a Jóvenes, en 1.180.000 euros menos (39%), en la Promoción de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres, en 500.000 euros menos (6% menos), y se invierten 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda.
    En el estudio del gasto por funciones, en Servicios Sociales y Promoción Social se invierten 667.218 euros menos (0,24%). Dentro está:
Promoción Social casi 2 millones menos (13%) y Gestión de Servicios Sociales 203.316 euros menos de inversión (2,5%).
Con todos estos datos concluimos con que se está produciendo una VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES, como consecuencia de los recortes y de la escasa atención a las Políticas Sociales, dejando sin cobertura de necesidades a personas: sin vivienda, en situación de desempleo, a las que no cobran hace más de ocho meses la Prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasan la tramitación de las Prestaciones No Contributivas, las personas en situación de diversidad funcional que no son atendidas correctamente por un Sistema de Autonomía y Ayuda a la Dependencia que está a la cola a nivel nacional, etc.…
Un ejemplo de esta ruptura del Sistema Público de Servicios Sociales es la situación en la que se encuentran la mayor parte de los Ayuntamientos de las islas que están desbordados ante la situación de la Prestación Canaria de Inserción. Esta prestación denominada como la Ley 1/2007  que regula una  prestación económica que va unida a toda una serie de medidas conducentes a la inclusión social, dirigida a personas con precariedad económica y en situación o riesgo de exclusión social. Segú lo expuesto en dicha normativa legal:
El tiempo máximo previsto de tramitación de dicha prestación, es de 5 meses, pero a mediados de 2010 se agotó la partida presupuestaria para la PCI y se tardó 8 meses en pagar a solicitantes una ayuda que representaba su único modo de vida, sin que se diese ninguna explicación a las personas demandantes de las mismas que ya la tenían aprobada, a pesar de haber trasladado algunas de estas personas la pertinente reclamación.

Para el 2011 fueron consignados para el pago de la prestación económica 20 millones de euros. No obstante, con el pago que supuso

el retraso de las prestaciones correspondientes al 2010  quedaron muy mermadas las posibilidades de percibir la prestación durante el 2011, con lo que podemos concluir en que existe una falta de previsión o de interés por parte del Gobierno de Canarias.
Si usamos los datos obtenidos a través del estudio “Perfil y problemática de la población en exclusión social protegida por la PCI. Análisis y Propuestas”, realizado con la Dirección General de Servicios Sociales de Canarias en mayo 2010, en 4 años de desarrollo de la ley se han atendido a 11.147 personas y 7.000 reciben la PCI. Si según la encuesta de Condiciones de Vida de 2009, en las islas había 600.000 personas bajo el umbral de la pobreza, sólo están percibiendo esta prestación el 1,16% de la población en estas circunstancias.
Según el colectivo profesional de Trabajadores Sociales sólo se cubre un 1% de la demanda, existiendo un aumento de ésta en Canarias en el contexto de crisis socioeconómica actual.
Muchos Ayuntamientos no han logrado mantener al personal dedicado a la PCI de manera continuada debido a la falta de presupuesto, encontrando casos muy graves en los que no se tramita la prestación. Se acumulan expedientes iniciados sin completar, sin seguimientos, sin renovaciones, y no se reciben nuevas solicitudes.
Falta de recursos informáticos. En la mayoría de los casos, no existe dotación de equipos informáticos suficiente.
En muchas ocasiones y debido a los argumentos expuestos, los Ayuntamientos no logran cumplir con su plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, para remitir a la Dirección General de Política Social (DGPS) los expedientes completos.
No se están aceptando los supuestos excepcionales que contempla la Ley, para aquellos casos especiales de extrema necesidad en los que no se cumple con todos los requisitos establecidos, vulnerándose así derechos adquiridos por ley.
El Sistema Público de Servicios Sociales es un pilar clave en el Estado del Bienestar y actualmente en una situación muy débil  ya que soporta unos recortes presupuestarios que precarizan los servicios y por tanto el alcanzar los objetivos de IGUALDAD, REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES de manera UNIVERSAL,  es decir afirmamos que estamos ante una:
DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS de la EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA  y  del SISTEMA PÚBLICO SANITARIO.

¡DERECHOS SOCIALES  PARA TODAS LAS PERSONAS,
NI UN RECORTE MÁS!.OS DERECHOS SOCIALES, dejando sin cobertura de necesidades: a personas sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasanla tramitación de las prestaciones no contributivas, a las personas en situación de diversidad funcional a la cola en atención de España...
Audio de la rueda de prensa

http://www.sanborondon.info/content/view/45967/1/
 

Los funcionarios advierten con endurecer las protestas si persisten los recortes

Los funcionarios canarios se han manifestado como todos los viernes delante de los edificios públicos en protesta por los drásticos recortes que los gobiernos estatal y canarios están imponiendo. Vestidos de negro en señal de luto por lo público, mostraron una vez más su rechazo a las medidas de ajuste que se han tomado y que afectan directamente a sus ingresos y jornadas laborales.

Se calcula que las administraciones públicas han reducido su plantilla un cinco por ciento el último año y los ayuntamientos un 11 por ciento. Los trabajadores aseguran que, en caso de mantenerse estos recortes, endurecerán las protestas.

Audio de la Entrevista

http://www.sanborondon.info/content/view/45977/1/

“Si una cosa hay que agradecerle al desgobierno del PP es que ha unido a todos los trabajadores públicos”

Afirma que ha sido impresionante la concentración de todos los empleados públicos de La Laguna frente al ayuntamiento vestidos de negro “de luto por lo público”

Lali Gil (IC), valoró en La Trapera de Radio San Borondón la protesta de funcionarios llevada a cabo frente al ayuntamiento de La Laguna, y explicó que como todos los viernes hoy se llevó a cabo un acto reivindicativo de riguroso luto por lo público, ya que el colectivo entiende que no estamos hablando de un determinado ataque contra los trabajadores públicos municipales o de cualquier administración, sino del peor de los ataques contra todo lo público.

Recuerda que se ha puesto de moda en la clase dirigente responsabilizar a los funcionarios públicos de todo lo que le ocurre al país como campaña de distracción de la nefasta gestión llevada a cabo en todas las administraciones públicas por una casta política que se ha caracterizado por la incompetencia, tras lo que recuerda que funcionarios públicos son médicos, docentes, policías, en general quienes defienden cada día con su trabajo las primeras necesidades de toda la ciudadanía.

Gil afirma que el poder está empeñado en virar a la ciudadanía en contra de los empleados públicos, lo que ocurre es que a estas alturas de la película son pocos los que siguen creyendo en los cantos de sirena de nuestros dirigentes políticos, los cuales gozan cada día con menor credibilidad, porque no ellos con sus políticas de recortes brutales los que están condenando a los servicios públicos más esenciales y con ello al conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, dijo que si una cosa hay que agradecerle al desgobierno del PP es que ha unido a todos los trabajadores que realizan su labor en lo público, como se ha podido comprobar este viernes en La Laguna, porque una reivindicación que empezó hace algunas semanas como un granito de arena en un desierto, gracias a la iniciativa de unos trabajadores que acudían todos los viernes de negro como símbolo de luto por los drásticos recortes, se ha convertido en una reivindicación masiva en donde todos los empleados públicos municipales han estado protestando en este día “de luto por lo público”.

La dirigente de IC advierte al conjunto de la sociedad y a los pequeños y medianos empresarios que todos estamos siendo atacados despiadadamente por el Gobierno de Rajoy, razón por la que anima a los ciudadanos a evitar consumir de aquí en adelante los viernes porque considera que es así la única manera de que se den cuenta del daño que se ha hecho al conjunto de la sociedad, pero de manera especial al funcionario al que se ha hecho una campaña de desprestigio social intolerable.

http://www.sanborondon.info/content/view/45974/1/

Miles de empleados públicos muestran en el Parlamento canario su repulsa a la aprobación de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales

La concentración se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad y en ella se corearon consignas como “No hay pan para tanto chorizo” o “Estos que están dentro, no nos representan”

Este jueves se llevó a cabo una multitudinaria concentración de empleados públicos ante la sede del Parlamento canario coincidiendo con el debate de aprobación en la Cámara de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que prevé, entre otras cosas, el nuevo recorte de un cinco por ciento del salario de los empleados públicos o la subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Miles de empleados públicos fueron pasando a lo largo de la mañana por la sede del Parlamento canario para visualizar ante la opinión pública y ante los diputados su rechazo frontal a una Ley que supone un nuevo recorte salarial y, por tanto, una decisión que recorta sus derechos laborales, de por sí maltratados con la crisis como excusa.

Los empleados públicos mostraron su indignación contra el pacto de Gobierno al considerar que se aprueban unas medidas que inciden en castigarles directamente cuando ninguna culpa tienen de la crisis, recalcando que se trata de una Ley que ha sido aprobada sin consenso, que no ha contado con la opinión de los sindicatos, ni de los propios funcionarios.

Opinan que los políticos pretenden salir de la crisis presionando a los ciudadanos cada vez con más impuestos y acabando con los derechos y condiciones de los trabajadores públicos, cuando hablamos de que son precisamente los funcionarios los que hacen algo en las administraciones públicas, una situación que no conduce a la salida de la crisis, sino a todo lo contrario a empeorarla y con ello a hundir a Canarias.

Los manifestantes se mostraron convencidos de que quienes manejan los hilos en el Gobierno canario están aprovechando la crisis para hacer tabla rasa con el funcionariado sin tener en cuenta que con ello lo que logran es restar calidad a los servicios, dicho lo cual recordaron que tanto la Plataforma de empleados públicos como todos los sindicatos presentaron al ejecutivo unas medidas alternativas, que no provocaran un daño irreparable a la sociedad, a las administraciones públicas y a sus trabajadores, pero los gobernantes no han hecho el mínimo caso, sino que han ido a consumar sus intenciones cuando son totalmente ilógicas para personas que se presuponen inteligentes.

 

Denuncian que es falso que el Gobierno se vea obligado a aprobar esta Ley por exigencias del gobierno estatal porque está claro que los políticos podían haber llevado a cabo otro tipo de medidas, menos radicales, lo que ocurre es que en lugar de atajar despilfarros por todos conocidos, o rebajarse mucho más sus enormes sueldos y dietas, han preferido atacar a los funcionarios públicos y sobre el conjunto de ciudadanos, sobre quienes están haciendo recaer todos los efectos de la crisis mientras ellos salen de rositas.

Visiblemente enfadados por lo ocurrido en el Parlamento, recordaron que entra un pobre en la política y sale de ella millonario, sin que nadie quiera poner freno a esta situación tan abusiva.

 

Audio de la entrevista por fuera del Parlamento

Publicado en:http://www.sanborondon.info/content/view/44925/1/

El Comite de Empresa de CCDPSV denuncia el programa Informático de los Centros Base

Los trabajadores de la consejería de Políticas Sociales y Vivienda del gobierno de Canarias denuncian problemas en los centros de trabajo

Los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del gobierno de Canarias (de ambas provincias) ofrecían este jueves una rueda de prensa para denunciar públicamente cómo procede la administración cuando sus acciones no afectan a los poderosos sino a los que para esos poderes públicos deben ser los invisibles, al segmento de población más desfavorecida.

Aseguran que mientras los políticos dicen que no hay problemas en los Centros Base, los dos comités de empresa provinciales de la consejería, dicen que llevan desde el mes de marzo prácticamente imposibilitados de trabajar.

Mientras los políticos dicen que no hay ningún problema con la informática de esos centros, los trabajadores denuncian que ha impuesto un aplicativo informático que no funciona.

Mientras dicen que no tienen ninguna empresa privada contratada para hacer y mantener el citado aplicativo, los dos comités de empresa provinciales de la consejería, dicen que sí.

El Frente Sindical Unitario convoca manifestación contra los recortes sociales y la reforma laboral este domingo 10 de junio

El Frente Sindical Unitario convoca una multitudinaria manifestación por las principales calles de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife este próximo domingo 10 de junio a las 11:30 horas contra las políticas ultraliberales de recortes, contra la reforma laboral, porque Canarias no puede soportar más agresiones, por la recuperación de los derechos, por políticas expansivas de crecimiento, por los servicios públicos y el empleo.

Prosiguen por tanto las movilizaciones en defensa de los servicios públicos en Canarias. El domingo 10 de junio están convocadas sendas manifestaciones a las 11.30 horas, que partirán desde la Plaza del Obelisco hasta presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, y desde la Plaza de los Patos hasta la plaza del Príncipe, en la capital tinerfeña.

Por la recuperación de los derechos, por las políticas expansivas de crecimiento, por los servicos públicos y el empleo y Canarias no puede aguantar más agresiones son algunos de los lemas de la protesta, que se opone a las políticas ultraliberales de recortes y que está respaldada por el Frente Sindical Unitario, que engloba a las centrales CCOO, UGT, CSC, STAP, USO, Co.Bas, Sitocan, STU, Sitca, FSOC, Colectivo Independiente de Guaguas, Sindicato de la Elevación, INSUCAN, SIC y SEPCA

Audio de la Entrevista

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La crisis y los funcionarios

Francisco J. Bastida. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo.

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión. Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta

Publicado en: http://www.sanborondon.info/content/view/44322/1/

El riguroso luto de los funcionarios públicos pone en evidencia la nefasta política del Gobierno canario

Los trabajadores de la administración pública representaron el entierro del empleo y los servicios públicos en los instantes previos a la celebración institucional del Día de Canarias

SB-Noticias.- Cientos de empleados públicos de Canarias se concentraron este miércoles bajo un extraordinario dispositivo policial en el exterior del Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con el acto institucional del Día de Canarias, para protestar por los recortes llevados a cabo por el gobierno de Canarias en el plan de ajuste de 800 millones de euros aprobado esta semana, que supone, entre otras medidas, un nuevo recorte de un 5% en el salario de los trabajadores de la administración pública.

Más de medio millar de personas, de riguroso luto por la grave situación económica y ante los drásticos recortes en las administraciones públicas, se dieron cita en el Auditorio capitalino para mostrar su repulsa no sólo contra las medidas aprobadas por los gobiernos estatal y canario, que menoscaban el Estado de bienestar y los derechos de los trabajadores, sino para reclamar una celebración del Día de Canarias menos ostentosa.

Con lemas como “No hay pan para tanto chorizo” o “En Canarias no hay nada que celebrar, en todo caso un entierro”, los funcionarios públicos, que portaban un ataúd por la muerte del empleo y los servicios públicos, increparon a los dirigentes políticos por sus nefastas políticas anti crisis que no hacen sino ahondar aún más los graves efectos que se están produciendo.

Los manifestantes criticaron el “carnaval” montado por el Gobierno para celebrar el Día de Canarias justo el día posterior a la aprobación en Consejo de Gobierno de un Plan de Ajuste que vuelve a castigar a los empleados públicos, sobre quienes cargan la crisis una vez más, y que supone un castigo para unos servicios públicos de por sí ya castigado en los últimos años, mientras la clase dirigente vive a lo grande, con importantes emolumentos que no han sufrido los recortes que sin embargo sí se aplican para los trabajadores.

Muchos de los asistentes a la concentración manifestaron su indignación ante lo que consideran un robo por parte de los dirigentes políticos contra sus derechos, contra su economía familiar y contra los servicios públicos al imponer una nueva rebaja salarial del 5% cuando hablamos de gobernantes que no se han rebajado su sueldo a pesar de la época tan dura que está soportando el archipiélago.

Denunciaron entre otras cuestiones que tenemos en Canarias a uno de los presidentes regionales mejor pagado del Estado, quien decide rebajar el sueldo nuevamente a trabajadores que en muchos casos no llegan ni a mileuristas y reclamaron que se lleve a cabo un Plan de ajuste para los miles de concejales, cientos de consejeros de cabildos y para el grupo de Gobierno regional, que no se han apretado el cinturón, antes de realizar un nuevo atentado contra la economía de los funcionarios públicos.

También denunciaron la demagogia del gobierno regional, puesto que mientras rechaza públicamente en los medios de comunicación la política de recortes del gobierno de Rajoy, aplican a rajatabla drásticos recortes que afectan a los servicios más esenciales para la población, imponen subidas impositivas a las clases trabajadoras y rebajan el sueldo a los empleados públicos, lo que supone una falta de respeto intolerable y pone de manifiesto la baja catadura moral de quienes llevan los hilos de la política regional.

 

 

 

 Fotos cedidas por Arriba las que luchan 

Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/44266/1/  

Muere Justo Fernández, histórico dirigente canario de UGT

En torno a las 06:45 horas de la mañana fallecía el prestigioso comentarista político y sindicalista canario Justo Fernández en el Hospital de la Candelaria (Tenerife) como consecuencia de la rápida evolución de una enfermedad cancerígena que le fue detectada recientemente. Desde las 12:00 horas su cuerpo será velado en el tanatorio de Santa Lastenia.

Justo Fernández nació en Los Llanos de Aridane (La Palma). Con 16 años empezó a trabajar en el Banco Hispano Americano. Sólo unos meses después fue elegido enlace sindical, desarrollando una difícil labor de reclamaciones y denuncias. 

En 1965, la enfermedad de una hija le hizo trasladarse a la Oficina Principal, en Madrid. Poco después, en septiembre de 1966, se convocaron elecciones sindicales. Justo Fernandez se presentó en solitario, al margen de las candidaturas empresariales, del oficialismo vertical o de las organizaciones que luchaban por un sindicalismo libre, democrático e independiente. Dirigió una carta a todos los trabajadores prometiendo luchar contra los abusos de los jefes y de la direccion del Banco. Sorprendentemente, tuvo el mayor respaldo representativo de toda España. Varios expedientes, seis detenciones, dos procesamientos y la desposesión de los cargos sindicales, fueron el "premio" a su labor en pro de la organización de los trabajadores del sector financiero, incorporándolos a la lucha obrera, contra la dictadura y sus estructuras políticas y sindicales.

En 1972, después de conocer a Pablo Castellanos y Gregorio Peces Barba, se afilió al PSOE y a la UGT. Ese mismo año fue elegido Secretario General de la Federación de Banca, Bolsa y Ahorro, de la Unión General de Trabajadores. Como portavoz de la Delegación de Madrid, asistió al Congreso de Suresnes, en 1974, donde fue elegido Secretario General Felipe González, con el voto en contra de Madrid. Reelegido en cinco congresos, en 1989, voluntariamente, convocó un congreso extraordinario para retirarse de la actividad sindical y regresar a Canarias. En 1984, comenzo a colaborar, en la mítica Antena 3 Radio, analizando la actualidad socio-política, en el programa de un fenómeno emergente de la radiodifusion, Antonio Herrero. En 1989, cuando había dejado los cargos sindicales, le ofreció una colaboración fija, participando en el programa "La Tarántula", en Antena 3 Television, con Santiago Carrillo, Ernest Lluch y Miguel Herrero de Miñón. 

Más tarde, en la COPE, como tertuliano del programa "La Mañana", líder de audiencia, debatió sobre toda clase de temas políticos, económicos y sociales, con Manuel Martín Ferrand, Luis María Ansón, Ramón Tamames, Pedro J. Ramírez, Julián Lago, Pablo Sebastián, Jesús Cacho, Luis Herrero, José Antonio Sánchez, Amando de Miguel, Jaime Campmany, José Luis Gutiérrez y Víctor Márquez Reviriego, entre otros muchos.

Durante dos años, 1996-1998, en la COPE, realizó el programa "Fuego Cruzado", teniendo como oponente a José Antonio Sánchez que, años más tarde, fue Director General de Radiotelevisión Española.

Desde su inicio sindical, tuvo acceso a los principales medios de comunicación. Ha escrito artículos en el Diario Madrid, Actualidad Económica, Ya, Guadiana, Gentleman, El País, Cinco Días, Cambio 16, La Gaceta de los Negocios, El Independiente, Tiempo, El Periódico, Diario 16 y La Gaceta de Canarias. También ha colaborado en Diario de Avisos desde 1988, Canarias 7, El Mundo, ABC y en La Razón, desde su fundacion, en noviembre de 1998, hasta abril de 2005, en el que dejó de hacerlo, porque no accedió a suprimir un párrafo.

Ha participado en numerosos programas de televisión, en Telecinco y Canal Nou, de Valencia. En Canarias, "El Perenquén" y "El Scanner", en Canal 7, fueron programas de indudable éxito. "Denuncia Publica", en Canal 8, programa de considerable credibilidad, al igual que "Las Pirañas" en Radio San Borondón. Lo unico que exigía era libertad para exponer la verdad de lo que ocurre.

Además fue el autor de libros de denuncia de la corrupción en las islas editados por el CCPC como Canarias, paraíso expoliado o La Corrupción en Canarias, de mucho éxito y de indudable credibilidad. 
Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/44093/1/

Plante de los Sindicatos en la Mesa General

Los sindicatos representativos plantan a la Administración en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias  

 

SB-Noticias.- Este miércoles 23 de mayo ha sido convocada la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias con el objeto de “informar” sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas administrativas y de modificación de normas tributarias, pero ante la falta de una negociación real los sindicatos representativos CCOO, IC, SEPCA y UGT han decidido dejar plantada a la Administración.

Los sindicatos representativos de los empleados públicos de Canarias han solicitado hace un tiempo la convocatoria de la Mesa General de Negociación de los Empleados Público para que se les trasladara la información sobre el impacto económico de las medidas que se plantean imponer mediante el Anteproyecto de Ley de Medidas administrativas y de modificación de normas tributarias para poder valorar las mismas con todos los datos encima de la mesa, pudiendo insistir y aportar alternativas adecuadas que no afecten a las condiciones laborales o retributivas de los empleados públicos.

Ante el hecho de que la información que se ha trasladado al Ministerio de Economía y Hacienda, difiere en más de 90 millones de euros de reducción respecto a la información dada en la mesa anterior, y confirmado que no se incluyen prácticamente ninguna de las medidas alternativas planteadas por las organizaciones sindicales en el nuevo borrador de Anteproyecto, además de mantenerse el ocultismo de datos y cifras respecto al impacto de las diferentes medidas que contempla el Anteproyecto, las organizaciones sindicales han decidido levantarse de la Mesa de negociación, entendiendo que se vulneran los principios básicos de la negociación colectiva, y entendiendo que existe mala fe negocial.

Este Anteproyecto de Ley sale viciado de inicio, ya que uno de los informes preceptivos, el del Consejo Económico y Social, establece entre otras cuestiones que hay aspectos del Anteproyecto que no se desarrollan en el borrador presentado, que no se dispone de un informe de los impactos económicos de las medidas apuntadas, tanto administrativas como de carácter fiscal, que la información que acompaña al Anteproyecto NO dispone de los diversos Informes que entiende son pertinentes para "juzgarlo" adecuadamente y, por último, valora la incongruencia y la falta de transparencia de regular mediante este tipo de leyes de “acompañamiento" que modifica cuestiones que han de ser negociadas en las mesas generales y/o sectoriales con los empleados públicos.
Publicado en: http://www.sanborondon.info/content/view/44065/1/