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jueves, 20 de diciembre de 2012

¿Es la extra de Navidad?

Las dos nóminas que aparecen en la parte superior de esta página son en realidad una, la misma; corresponden al presente mes de diciembre de 2012 y pertenecen a una única persona, un alto cargo de la dirección del hospital Gregorio Marañón de Madrid, dependiente del Gobierno regional del presidente Ignacio González (sucesor de Esperanza Aguirre) y uno de los más grandes y mejor dotados de España.
La única diferencia entre ambas nóminas es el segundo concepto retributivo. El que figura en la nómina reproducida en la parte superior izquierda, indica: “Ajuste supresión paga extra”, en referencia a la de Navidad, y su correlativo abono de 2.082,20 euros. Quien redactó la nómina no debió reparar en el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que impone que este año ningún funcionario de ninguna administración cobraría la paga extra de Navidad. Y cuando se percató de esa arbitrariedad, confeccionó otra nómina y se apresuró a modificar la nomenclatura. Y, en su lugar, colocó (ver nómina de la derecha) el siguiente eufemismo: “Ajuste homologación directivos esta….”. La frase figura cortada pero se refiere al personal “estatutario” del hospital Gregorio Marañón. Cambió el concepto pero mantuvo, eso sí, el abono de 2.082,20, precedido de las iniciales “J. J. A.S.O,N, D,”; es decir, los meses en los que se ha devengado esa cantidad y que van de junio a diciembre, este último semestre. O sea, con independencia de la denominación “ajuste paga extra” o “ajuste homologación personal esta…”, lo cierto es que ese alto directivo cobrará este mes, como adición a su nómina, otros 2.082,20 euros.
En un momento de especial convulsión en la sanidad española, con constantes protestas médicas en la calle contra los recortes, sea cual sea el concepto retributivo (justo en el mismo mes de la abolición de la paga navideña), resulta llamativo. El PAÍS se puso en contacto en primer lugar con la secretaria del gerente del hospital para recabar información sobre la metamorfosis conceptual de las nóminas. Y poder preguntarle qué concepto (si el de “ajuste supresión paga extra” o el de “ajuste homologación personal esta…”) figuraría finalmente en su nómina de diciembre. Dando por hecho ante la secretaria, tal como informaron fuentes del hospital a este periódico, que esa nómina correspondía al gerente del centro. La secretaria no lo desmintió. Y remitió a un portavoz del centro, del gabinete de prensa, quien tampoco lo negó en ningún momento. En ambos documentos esta borrado el nombre del beneficiario. No así su categoría, “alta dirección estatutario”. El importe neto total a percibir este mes es, en ambas nóminas, 4.683,08 euros.
El citado portavoz se apresuró a subrayar que el apunte “ajuste supresión paga extra” obedecía a “un error técnico, de concepto” y que la nómina, sin negar que perteneciese al gerente, se ajustaba “a la tabla salarial de los funcionarios de la Comunidad de Madrid publicada del Boletín Oficial”. Este periódico indicó al portavoz que causaba sorpresa ver en la nómina el apunte de la paga extra, tras el enorme revuelo que hay en la calle por la eliminación de la extra de Navidad, y pidió conocer el motivo de ese concepto. Ya que, con independencia del nombre, los 2.080,20 euros se mantenían. ¿De dónde sale ese dinero, en concepto de qué? ¿Si el citado directivo percibía todos los meses la misma retribución? ¿Cuánto ganó este directivo en noviembre? El portavoz, tras repetir una y otra vez que la nómina se atenía “a la tabla salarial de los funcionarios…”, envió por correo electrónico a este periódico una nota que, según él, “aclaraba todas las preguntas”. La nota en realidad añadió aun más confusión; y algunas certezas.
Bajo el membrete oficial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, decía así el texto: “La Comunidad de Madrid, tal y como aprobó el Gobierno central, no abonará la paga extra de Navidad a ninguno de sus trabajadores públicos, independientemente de su categoría profesional.
El personal directivo de los hospitales puede ser estatutario o tener un contrato de alta dirección, pero en ambos casos, tienen salarios idénticos, aunque los sistemas de pagas son distintos y están fijados en la Orden 16 de enero del 2012 (BOCM de 1 de febrero). El personal estatutario recibe 12 pagas y dos más extraordinarias, mientras que el de alta dirección [este es el caso] cuenta con 14 pagas más dos adicionales. La diferencia de los dos sistemas retributivos, al ser eliminada la paga extra de Navidad, genera que el estatutario reciba una cantidad superior que el personal con contrato de alta dirección. Para corregir esta desviación y que las retribuciones sean idénticas”, zanjaba la nota, “durante el mes de diciembre se abonará la diferencia al personal de alta dirección con dicho concepto, porque de otra manera se vería penalizado respecto al resto de los directivos y trabajadores del sector público”.
La nota acrecentaba las dudas. Y en concreto sobre el número de pagas extras de los altos directivos estatutarios sanitarios de este hospital. Los funcionarios públicos tienen en general 14 pagas (este año, 13, con la eliminación de la de Navidad). Y, aunque la nota oficial habla de que se suprime la paga de Navidad, a la vez destaca que estos altos directivos disfrutan de 16 pagas: “El personal estatutario recibe doce pagas y dos más extraordinarias, mientras que el de alta dirección cuenta con 14 pagas más dos adicionales”, dice la nota oficial. Precisamente, el beneficiario de esta nómina es “alta dirección personal estatutario” (ver casilla sobre categoría profesional).
Todas las preguntas al portavoz del hospital tendentes a averiguar cuántas pagas van a cobrar este año los altos directivos recibían la misma e insistente respuesta: “Solo digo que el concepto se debe a un error técnico y que el salario de los altos directivos figura en la tabla… Eso es lo que digo”, zanjó el citado portavoz. “Pero este mes, el gerente del Marañón va a cobrar una paga extra de 2.080, o al menos “un ajuste de homologación…, ¿no?”. La respuesta, idéntica a las anteriores.
Posteriormente reconoció que la nota podía infundir a error y trató de enmendarla. Tras repetir lo del “error de concepto, fallo técnico y que el salario de los…”, explicó: “Ese dinero es porque se recorta de las nóminas del año una parte del dinero y luego se reintegra al final del año”. Como la confusión era todavía mayor, EL PAÍS le pidió hablar con el propio gerente o con alguien de recursos humanos del hospital que conociese con mayor profundidad la evolución de las nóminas y el origen de los conceptos retributivos que incluyen; en concreto el segundo. No hubo respuesta.

lunes, 22 de octubre de 2012

Los funcionarios cotizarán por la paga extra de diciembre que no cobrarán

La medida afectará a los empleados públicos que cotizan por clases pasivas, el grueso de los funcionarios del Estado

Los funcionarios cotizarán por la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno ha decidido suspender, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda.
Protesta en Valencia Foto/Jordi Vicent
Los empleados públicos que cotizan por clases pasivas verán minoradas sus nóminas un 3,6% por la cotización a la Seguridad Social de la paga extra de Navidad como si la hubieran cobrado. Hacienda recuerda que esta paga extra está suspendida solo para este año y reitera su compromiso en compensarla en el ejercicio 2015.
Fuentes de Hacienda precisan que en el decreto que contenía el paquete de medidas para atajar el déficit público que recogía la supresión de la nómina extraordinaria de diciembre de 2012 no incluía ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas.
Los afectados por esta medida, que supone la pérdida de la paga extra y una reducción en la nómina por la cotización de esta, son aquellos empleado públicos que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios CSI-F. CSI-F
Desde el sindicato que dirige Miguel Borra, se asegura que por el efecto de esta doble imposición los funcionarios que cotizan por clases pasivas "cobrarán en diciembre incluso menos que en noviembre". Por esta razón, desde CSI-F ya se ha trasladado la queja al Ministerio de Hacienda para que reconsidere esta doble imposición, pero que el Gobierno no lo contempla. Además, el sindicato avisa de que la cotización del mes de diciembre de 2012 no va a tener reflejo en la futura pensión de jubilación de estos funcionarios.
Por otro lado, CSI-F también ha alegado ante Hacienda que en relación con la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, debe tenerse en cuenta que hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto antidéficit, todos los empleados públicos han devengado el derecho a percibir la paga extra en las condiciones previstas en los Presupuestos de 2012. "En consecuencia, debe abonarse la parte correspondiente a la paga extraordinaria hasta esa fecha 15 de julio", solicitan, más aún cuando, según aseguran, "este criterio se ha seguido con aquellos empleados públicos que finalizaron la relación de servicios o su contrato antes del 15 de julio, a los que se les ha abonado la parte proporcional de la paga corresondiente".
En la misma dirección, la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley al considerar que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado. Por ahora, el Gobierno se ha comprometido a compensar más adelante la paga extra detraída en 2012, pero aún no fijado una fecha. Por otro lado, los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les trasladó hace aproximadamente un mes este el Gobierno a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas.
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/22/actualidad/1350926876_355602.html

viernes, 19 de octubre de 2012

Valencia despedirá al 40% de los empleados de su sector público

La Generalitat despedirá al menos a 3.000 empleados de su sector público

La Generalitat valenciana despedirá al menos a 3.000 empleados de su sector público, el 40% del total de la plantilla, al suprimir 46 empresas, lo que supondrá un ahorro estimado en torno a los 300 millones de euros. La reducción de personal se realizará sobre una plantilla total de 7.555 empleados. Esta medida ya fue anunciada el pasado mes de mayo por el Gobierno valenciano, aunque el grueso de los despidos se realizará en las próximas semanas.
Parte del personal ya ha sido despedido en expedientes de regulación de empleo ejecutados en empresas como el instituto Valenciano de la Vivienda, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Ciegsa. El resto de empresas y fundaciones de la Generalitat sufrirán la reestructuración en las próximas semanas
Los datos han sido dados a conocer por el consejero de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el decreto de reestructuración del sector público, que quedará compuesto por 30 entidades.
Buch ha explicado que los expedientes de regulación de empleo (ERE) se plantearán en su mayoría a lo largo del mes de noviembre y su coste estimado es de entre 85 y 100 millones de euros, una cantidad similar al ahorro estimado que se espera obtener en gastos de personal.
En estas cuentas no se incluye ni el ERE de Ràdio Televisió Valenciana, que afecta a 1.200 de los 1.800 empleados que tiene el ente y que ya ha sido aprobado y está pendiente de aplicación, ni la regulación prevista en la Agència Valenciana de Turisme, que cuenta con cerca de 300 empleados. En total, los despidos del sector público valenciano se situarán en una cifra que rondará entre las 4.000 y las 5.000 personas.
El consejero, quien no ha descartado que el ahorro pueda incrementarse si posteriormente se decide algún ajuste adiciona en el sector público valencianol, ha puntualizado que por sinergias de integración se espera ahorrar entre doce y quince millones de euros a los que se sumarán entre 160 y 200 millones por optimización y eficiencia en la gestión.
El balance económico de este plan también podría verse mejorado a través de la "intensificación de la colaboración público-privada", mediante la "venta de activos, externalización de la gestión y privatizaciones", para lo que se elaborará un plan de actuación en el plazo máximo de nueve meses.
Para pagar las indemnizaciones, el Consell espera el dinero del Fondo de LIquidez Autonómico (FLA), que previsiblemente llegará a finales de este mes. El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha indicado que parte del dinero procedente del FLA corresponderá a la autorización que tiene la Generalitat para endeudarse sin superar el objetivo del déficit del 1,5% y cuadrar así los presupuestos autonómicos de 2012, que recogen las indemnizaciones por los despidos públicos previstos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/19/valencia/1350653176_496415.html

miércoles, 25 de julio de 2012

Los empleados públicos: alguna precisión

Tras la aprobación de los últimos recortes en la Administración Pública, paga extra de diciembre, días de libre disposición e incapacidad temporal; parece necesario hacer un ejercicio de precisión sobre quiénes son, qué hacen y cuántos son, los empleados públicos.
Lo primero que hay que aclarar es que en la Administración hay dos grandes categorías de empleados: los funcionarios y el personal laboral. Los funcionarios mantienen con la Administración una relación estatuaria basada en el Derecho Administrativo, mientras que el personal laboral tiene una relación basada en la legislación laboral.
Los funcionarios sólo pueden acceder a la Administración por oposición o por concurso-oposición (un proceso que suma a la oposición la valoración de otros méritos). El personal laboral accede a la Administración por oposición, por concurso-oposición, o por concurso de valoración de méritos.
Además de estas dos categorías hay una tercera: el personal eventual. Estos trabajadores llevan a cabo tareas de confianza o de asesoramiento. El nombramiento es libre y el cese se produce siempre cuando cesa la autoridad que les nombra.
¿Cuántos empleados públicos hay en España?
Según el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, en toda España había 2.690.099 empleados públicos. De ellos 1,6 millones son funcionarios, 690.278 son personal laboral, y 346.323 están en la categoría de "otro personal". Dentro de esta categoría que utiliza el Boletín estarían, además del personal eventual, los funcionarios interinos y otros contratados y personal vario (la mayor parte de ellos dedicados a la enseñanza).
Distribución de empleados públicos por administraciones

Por lo que respecta a las funciones, cerca del 60% del conjunto de los empleados públicos en España se dedicaban directamente a la Educación, la Sanidad, la Seguridad o la Justicia, pilares básicos de cualquier Estado moderno.
Distribución de empleados públicos por funciones

También es interesante observar la evolución del número de empleados públicos en las distintas administraciones. Como fecha de referencia tomo el año 2002 porque ya se habían producido los traspasos de las grandes competencias de la Administración General del Estado a las CCAA.

En 2011, había 405.647 empleados públicos más que en 2002. Por administraciones la evolución ha sido muy dispar.

Evolución del número de empleados públicos por administraciones


En la Administración General del Estado el incremento de empleados públicos entre 2002 y 2011, se ha debido exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (31.426 policías y guardias civiles más) y a las Fuerzas Armadas (9.020 efectivos más). De hecho, si se descuenta el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía y la Guardia Civil, la Administración del Estado cuenta el 11,82% de los empleados públicos de España.
En las CCAA, entre 2003 y 2011, el incremento bruto de personal se ha producido, fundamentalmente, en la Educación y la Sanidad.

Evolución empleados CCAA 2003-2011
En la Administración Local el mayor incremento se ha producido en el "otro personal". En los ayuntamientos, desde 2005 (primer año con datos desagregados), este tipo de personal ha crecido un 32,38% frente a una media del 23% de funcionarios y personal laboral. En las Diputaciones la desproporción es aún mayor, porque mientras hay 4.516 funcionarios y laborales menos, el personal eventual ha crecido en 1.602 personas en estos 8 años.
¿Muchos, pocos? Depende
Existen dos grandes modelos de comparación internacional del número de empleados públicos. El primero de ellos nos dice el número de habitantes de un país por empleado público. El segundo relaciona el número de trabajadores del sector público con el conjunto de la población activa de un país.


La media en la Unión Europea está en los 16,89 habitantes por empleado público, España tiene 17,79. Hay notables diferencias desde los 8,09 habitantes por empleado público de Suecia a los 135 de Eslovaquia, pasando por los 18,26 de Alemania o los 30,29 de Grecia.
El segundo indicador -porcentaje de empleados públicos respecto a la población activa- nos muestra cómo se prestan los servicios públicos; si lo hace directamente el sector público o se hace a través del sector privado.
A veces se emplea este indicador para insinuar, que una economía con una menor proporción de trabajadores públicos respecto a su población activa es más sana. No creo que sea así. Este indicador es el resultado de una opción política -gestión directa o indirecta- respecto de un servicio (sanidad, educación, etc.) que previamente se ha decidido que sea público.

Conclusión
Si queremos debatir o valorar las opciones para reformar nuestra Administración Pública de forma global, debemos ofrecer a la ciudadanía una visión lo más clara posible de lo que estamos hablando. La Administración es mucho más que sus empleados públicos, es el instrumento a través del cual los poderes del Estado llevan a cabo el interés general. Como señaló el premio Nobel de Economía Finn Kydland en La Vanguardia, "un país es lo que no cambia después de que cambie el Gobierno".

miércoles, 11 de julio de 2012

"Inoperancia de Zapatero"

"Inoperancia de Zapatero"
En la clausura de la Convención del PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy aseguró que la subida del IVA se justificaba solamente “por la inoperancia de Zapatero".

lunes, 9 de julio de 2012

La subida del IVA es un disparate Rajoy en 2010

"Es un disparate"
La subida del IVA ha sido a sido el incumplimiento más recalcitrante puesto que, cuando el Ejecutivo socialista aumentó el IVA en julio de 2010, el PP hizo del rechazo a ese aumento su principal bandera electoralista. En marzo de 2010, Rajoy, por entonces candidato del PP a la presidencia, convocó a la prensa tras el Comité de Dirección del PP de Andalucía para calificar la subida del IVA de “disparate”.

Así criticó Rajoy la subida del IVA “de los chuches”

“Yo no soy como usted. (…) Le subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa (…) Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago”. Eso fue lo que le dijo Rajoy a Rubalcaba en el debate electoral celebrado en noviembre de 2011, pero el Gobierno de Rajoy se prepara para subir el IVA en los próximos días, tal y como ha admitido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. El presidente lo hará a pesar de que se había opuesto a esta medida hasta hace unas semanas y de que incumplirá una vez más su promesa en materia fiscal y recortes sociales.


Lo que decia Montor en marzo de 2010 sobre el IVA

Rotundo no de Montoro
Dentro del equipo del Gobierno, Montoro siempre se ha mostrado contrario a la subida del IVA pero ahora tiene que echar tierra de por medio. Como coordinador de Economía del Partido Popular, de hecho, defendió en el Pleno del Congreso en marzo de 2010 una moción contra el mantenimiento de la subida del IVA por parte del Gobierno socialista.



España subirá el IVA y hará más ajustes para lograr un año extra para el déficit

Montoro dice que estudia aumentar las horas de trabajo a los funcionarios

Las convicciones en Europa son tan rotundas como dicta Bruselas. Sobre todo para un Gobierno que pide una prórroga a sus socios europeos para cumplir con el objetivo de déficit porque se ve incapaz de equilibrar sus cuentas. El Eurogrupo certificó este lunes que suavizará la senda de consolidación, lo que permitirá a España aplazar la meta de déficit este año. Esta flexibilización supone un importante balón de oxígeno para el Ejecutivo de Rajoy, aunque la UE advierte de que los nuevos plazos exigen nuevas medidas de ajuste este mismo año. A cambio del tiempo extra, el Gobierno subirá el IVA —a pesar de que lo rechazó en múltiples ocasiones—, aumentará las horas de los funcionarios, lo que permitirá reducir el número de trabajadores eventuales, interinos y laborales, como avanzó este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En Bruselas se especula con condiciones muy duras: subida del IVA (asociada a una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social), recorte de las prestaciones por desempleo, un cambio en el cálculo de las pensiones, peores condiciones para los empleados públicos, despidos en la función pública y eliminación de la desgravación por vivienda. La Comisión aprieta de lo lindo a España. Estas condiciones, de aprobarse, son más exigentes que las recomendaciones que planteó a España el pasado mayo.
Según un borrador de la reunión del Eurogrupo, España ya no tendrá que cerrar este año con un déficit del 5,3% sino del 6,3%; el 3% previsto para 2013 se flexibilizará hasta el 4,5%, y no será hasta 2014 cuando la desviación presupuestaria tendrá que quedar por debajo del 3% del PIB.
Bruselas concede un año más para ajustar las cuentas, pero advierte de que “las autoridades españolas deberán adoptar sin demora medidas adicionales en 2012”. El Gobierno dispondrá de tres meses para aprobar más ajustes. Antes de octubre deberá presentar un informe sobre cómo logrará los objetivos hasta 2014. Pero hay más. El borrador establece que el Gobierno deberá adoptar nuevas medidas si “se materializan los riesgos sobre los planes presupuestarios”, así como acelerar la reducción del déficit en 2013 y 2014 si la coyuntura económica fuera mejor de lo previsto.
El Gobierno de Rajoy lleva desde el comienzo de la legislatura descartando una subida del IVA. Aducen que, según la ortodoxia fiscal, elevar este tributo cuando cae el consumo contrae aún más la economía. Pero el Gobierno no dispone de muchas opciones para lograr reducir el desajuste de las cuentas públicas cuando los recortes del gasto se difuminan con la caída de la recaudación —los ingresos por IVA caen más del 10% hasta mayo—. Y sobre todo cuando la propia Comisión Europea (CE) ya ha marcado el camino: entre las recomendaciones que planteó a España a finales de mayo se incluía la “ampliación de la base imponible del IVA”.
El ministro de Hacienda uno de los más esquivos con la medida, admitió este lunes que subirá el tributo. “Estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto”, aseguró durante su intervención en los cursos de verano de la Complutense en El Escorial, según Efe.
Con sus declaraciones el ministro logró dos cosas: por un lado avivó el debate sobre que la subida del IVA debe ir acompañada con una rebaja de las cotizaciones sociales; y por otro, justificó la próxima subida del tributo por el fuerte aumento del fraude. “Si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar no habría que subirlo tanto”, insistió. Y por si quedaban dudas precisó: “Es imposible que lo diga más claro. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, cumplirá con las recomendaciones de la Comisión Europea”.
Hacienda admite desde hace semanas que estudia qué productos gravados con tipo superreducido (4%) y reducido (8%) puede subir al tipo general del 18%. Los expertos advierten de que la medida es regresiva porque perjudica a las rentas más bajas. Pocos se atreven a cuantificar la medida, pero la anterior subida, aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2010, supuso un alza de la recaudación de 5.500 millones. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, aseguró este lunes tras reunirse con Montoro que el Gobierno no subirá el IVA del turismo.
Montoro también abundó este lunes en su tesis de que para ampliar la base imponible del impuesto, como pide Europa, es posible hacerlo a través de la lucha contra el fraude. “Tenemos un IVA que se paga poco en comparación con otros países”. Y sentenció: “Este debate no existiría si no existiera esa economía sumergida”. El responsable del Gobierno explicó que la recaudación tributaria ha caído en siete puntos porcentuales de PIB desde 1997, lo que supone unos 70.000 millones de euros —solo la recaudación del impuesto sobre sociedades se ha desplomado cerca de 30.000 millones desde 2007—. “No hay país del mundo que haya vivido eso, y es lo que lleva a un cambio de valores y de posición”, sentenció.
Además, Montoro avanzó que estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios. “Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado”. El Gobierno ya elevó la jornada laboral de los funcionarios en diciembre pasado, de 35 a 37,5 horas, cuando aprobó el primer decreto de medidas para reducir el déficit. Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral si los funcionarios asumen tareas realizadas por estos. La Administración pública estatal cuenta con 592.531 trabajadores, de estos 135.404 no tienen plaza de funcionarios. El gasto en nóminas (33.151 millones) es el primero en importancia para la Administración central.
Algunas comunidades autónomas ya han avanzado en esa dirección. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aprobó hace unos meses una ampliación de la jornada laboral de los funcionarios que afectaba a 120.000 trabajadores públicos de Madrid. Castilla y León o Castilla-La Mancha son otras de las comunidades que también incluyeron un aumento de la jornada laboral en los planes de equilibrio financiero.
El ministro aseguró no obstante, que no contempla la idea de acabar con los “moscosos”, seis días libres de asuntos propios de los que disfrutan los funcionarios.

domingo, 8 de julio de 2012

La crisis y los “economistas”

Muchos millones de españoles cada vez que vemos y oímos a un “economista” proponer soluciones para la salida de la crisis como por ejemplo aumentar el IVA, reducir el sueldo de los funcionarios, “adelgazar” el sector público, hacer más recortes en sanidad y educación y similares, pensamos: ¿en este país no existe entre el 22% y el 25% del PIB de economía sumergida? ¿No es cierto que a las empresas se les ha reducido el IAE del 30% al 10% en los últimos 10 años? ¿No somos el país del con IVA o sin IVA de muchos profesionales? ¿Cuánto cotizan los profesionales y autónomos? (muchos si es por módulos prácticamente nada). ¿Y las grandes fortunas de las sicavs? (un vergonzoso 1%) ¿Por qué se eliminó el impuesto de sucesiones y casi el del patrimonio?
En definitiva, ¿por qué tenemos que ser los trabajadores, empleados públicos, jubilados, etcétera, los que paguemos la crisis que en ningún caso hemos creado?— Manuel Morán Rodríguez.

miércoles, 4 de julio de 2012

Los 33 de Bankia

Entre los 33 imputados por la Audiencia por el caso Bankia hay políticos del PP, PSOE e IU. Cobraron más de 14 millones en 2011. 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el partido político UPyD contra los máximos responsables del grupo BFA-Bankia, al considerar que cometieron, al menos, cinco delitos durante el proceso de salida a Bolsa de Bankia. El partido que lidera Rosa Díez observa presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Entre los querellados se encuentran políticos del PP, PSOE e IU. Entre los consejeros de Bankia  están Rodrigo Rato Figaredo (exministro de Economia en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (expresidente de Bancaja, expresidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), Francisco Verdú (consejero delegado de Bankia fichado por Rato de Banca March), José Manuel Fernández Norniella (expresidente del Consejo Superior de Cámaras), Carmen Cavero (Exresponsable de la gestora del Banco Santander y directora de desarrollo del banco de inversión Morgan Stanley), Arturo Fernández (presidente de la patronal madrileña), Alberto Ibañez (senior advisor de Royal Bank of Scotland (RBS) en España y expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers. Es vocal de Colonial), Javier López Madrid (consejero a propuesta de la CEIM, trabaja en el grupo Villar Mir), Juan Llopart (consejero independiente y consejero también de NH Hoteles y SOS, y exmiembro del consejo del Banco Santander), Araceli Mora (Consejera independiente, catedrática de Economía Financiera y profesora de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Valencia), José Antonio Moral Santín (vinculado a IU), Francisco Juan Ros (consejero delegado del Ros Casares, y miembro de la patronal valenciana), José Manuel Serra (consejero de Bancaja, también figura como independiente. Fue secretario de Estado de Industria y Energía durante el Gobierno de José María Aznar), Atilano Soto (consejero de Caja Segovia) y Antonio Tirado (consejero de Bancaja a propuesta del PP y exalcalde de Castellón por el PSOE).
Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) están además de Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella, que compartían consejos, otros representantes de las siete cajas fusionadas como Francisco Pons (expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, vinculado al PP), Ángel Acebes (exministro de Justicia con Aznar y ex secretario general del PP), Francisco Baquero (CC OO), Pedro Bedía (CC OO), Luis Blasco (consejero independiente vinculado al PP), Rafael Ferrando Giner (presidente de la patronal autonómica de la Comunidad Valenciana Cierval y actual vicepresidente de Bancaja), José Rafael García-Fuster (exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y senador territorial de la Comunidad Valenciana por el PP), Jorge Gómez Moreno (consejero en representación de los socialistas de Madrid PSM-PSOE), Agustín González González, Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP), Jesús Pedroche (PP, expresidente de la Asamblea de Madrid), Remigio Pellicer (empresario del mueble y vicepresidente del Instituto Tecnológico del Mueble, consejero de Bancaja a propuesta del PSOE), José María de la Riva (consejero en representación de los socialistas de Madrid PSM-PSOE), Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar), Mercedes Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid), Juan Manuel Suárez del Toro (consejero en representación de Caja Insular de Canarias),y Ángel Villanueva Pareja (secretario del consejo de Bancaja, organizó la Asociación de Impositores para competir en la asamblea de la caja valenciana con la representación de la Unión de Consumidores, que el Gobierno autonómico del PP consideraba afín a los socialistas).
Los 33 imputados por el caso Bankia cobraron en 2011 más de 14 millones de euros. Los sueldos de los consejeros del grupo Bankia-BFA en 2011 (en miles de euros) son los siguientes.
1 Rodrigo Rato Figaredo 2.436
2 José Luis Olivas 1.764
3 Francisco Verdú 1.570
4 José Manuel Fernández Norniella 676
5 Carmen Cavero 173
6 Arturo Fernández 278
7 Alberto Ibañez 142
8 Javier López Madrid 310
9 Juan Llopart 367
10 Araceli Mora 125
11 José Antonio Moral Santín 522
12 Francisco Juan Ros 124
13 José Manuel Serra 387
14 Atilano Soto 128
15 Francisco Pons -
16 Ángel Acebes 163
17 Francisco Baquero 317
18 Pedro Bedía 308
19 Luis Blasco 178
20 Rafael Ferrando Giner 307
21 José Rafael García-Fuster 265
22 Jorge Gómez Moreno 339
23 Agustín González González 214
24 Mercedes de la Merced 376
25 Jesús Pedroche 204
26 Remigio Pellicer 302
27 José María de la Riva 202
28 Estanislao Rodríguez Ponga 355
29 Mercedes Rojo-Izquierdo 374
30 Ricardo Romero de Tejada 270
31 Juan Manuel Suárez del Toro 235
32 Antonio Tirado Jiménez 409
33 Ángel Villanueva Pareja 307
 TOTAL 14.127

viernes, 22 de junio de 2012

Galicia agrupará en la misma aula a niños de 6 a 12 años para ahorrar

Escuela con alumnos de distintas
edades en Teo. /
OSCAR CORRAL
Galicia retorna al modelo educativo de las escuelas rurales: un maestro para todos. Y para todo. A partir del próximo curso, los docentes impartirán, en Primaria, clase a 20 alumnos de entre 6 y 12 años. Desde los que empiezan a leer hasta los que se preparan para la ESO. Mientras vigila con el rabillo del ojo las manualidades de los más pequeños, el profesor deberá elevar el tono para captar la atención de los mayores a su exposición sobre la asignatura de Conocimiento del Medio, o la de Matemáticas, que deberá explicar en distintos niveles de complejidad, según edades. La Consejería de Educación ha decidido —incumpliendo el acuerdo que el mismo conselleiro firmó con los sindicatos en 2009— recortar por aquí.
La coordinadora de CC OO en Ourense, Ana Barrios, alertó este miércoles de que el Gobierno de Feijóo intenta “cargarse los servicios públicos y dar prioridad a los privados”. El sindicato se enteró por la publicación de un anuncio de la Consejería en el DOG sobre supresión de plazas. En la provincia de Ourense desaparecerán 67 aulas de cerca de 60 centros. Con ellas se suprimen 83 profesores funcionarios y cerca de 20 interinos. Esto es, un centenar de empleos. El portavoz de Educación de CC OO en Ourense, Álex Portela, alerta del “golpe de muerte” que el Gabinete de Jesús Vázquez ha infligido con este acuerdo “unilateral” a la educación en el medio rural, donde cuando se matriculan dos alumnos “es una auténtica fiesta”.
El “grave atentado” a la educación pública será más notorio en las provincias del interior, Ourense y Lugo. Las cifras de cursos que se reagruparán en esta última son similares a las de Ourense, según CC OO. La menor dispersión geográfica de A Coruña y Pontevedra pone a salvo a estas dos. En las villas pequeñas “es difícil llegar a la ratio de 25 con alumnos de la misma edad o grupo” por lo que “se agrupará a alumnado de diferentes edades, grupos y niveles”, explica el representante de CC OO. Solo en Ourense, 20 Ayuntamientos están tocados de muerte con un único profesor para Infantil y uno solo para Primaria. Otros 24 centros quedarán con un solo maestro para los tres cursos de Infantil y dos maestros para los seis de Primaria. En la capital, y frente al reciente concierto de centros privados, pierden unidades cinco centros de Infantil y Primaria. Y, junto a ellos, los de O Barco, Bande, Rairíz de Veiga, Amoeiro y A Rúa cierran también aulas.
Un “retroceso de 40 años”, en palabras del portavoz de CC OO y un objetivo claro del Gobierno de Feijóo que, apenas recuperada la Xunta, decidió extender el modelo del reagrupamiento de unidades. En 2009, una maestra se las veía a diario con seis alumnos de tres cursos diferentes y dos ciclos educativos distintos. En Galicia había entonces 429 escuelas con alguna unidad reagrupada. Para estrenarse en su mandato, el conselleiro Jesús Vázquez decidió extender el modelo que habría de afectar a entre 4.500 y 5.000 niños.
Cuando, en mayo de ese mismo año, Vázquez ordenó agrupar en una misma clase hasta 20 alumnos de distintos cursos, los sindicatos saltaron. La Xunta zanjó el conflicto firmando un acuerdo con ellos que ahora incumple.

jueves, 31 de mayo de 2012

Alarma de intervención

Bruselas propone aplazar el objetivo de déficit a cambio de inspirar la política económica española

La economía española se encuentra en estado de emergencia o, si se prefiere, en riesgo de intervención. La prima de riesgo alcanzó ayer los 540 puntos básicos (un indicador de insolvencia financiera superior a los que detonaron las intervenciones de Grecia, Irlanda o Portugal) y las acciones de Bankia siguen desplomándose como corresponde a una entidad bancaria sin rumbo aparente. Son muchas las causas de esta emergencia, desde la incapacidad europea para resolver la crisis griega hasta el intervencionismo político en la gestión de Caja Madrid o las debilidades del Banco de España para detectar los agujeros en las cuentas de Bankia. Pero lo que mejor explica la opresiva atmósfera de desconfianza de los inversores hacia España es la incapacidad del Gobierno actual para gestionar la crisis de Bankia y poner orden en el déficit autonómico.
Con el diferencial de deuda muy por encima de 500 puntos no se puede comparecer ante la opinión pública para decir que Bankia será nacionalizada, pero no se sabe cómo se pagará, que es la sustancia del discurso del presidente Rajoy el lunes pasado; tampoco se debe negar la evidencia y atribuir todos los males a la situación de Grecia, ni insistir en que España no va a necesitar la intervención de capital público europeo o ningunear las ofertas de pacto del primer partido de la oposición. Por el contrario, es el momento de pedir auxilio a la oposición y a Europa. Si más de una semana después de la nacionalización de Bankia todavía no se sabe cómo se concretará, es que estamos ante un caso de incompetencia grave. Todas estas actitudes y decisiones, más la canibalización gratuita de las instituciones (autonomías, Banco de España, justicia, reguladores, a las que se somete a desprestigio público) conducen a la intervención, no solo de los bancos, sino de la economía.
Felizmente para el Gobierno y para los españoles, la Comisión Europea propuso ayer ampliar un año el plazo, hasta 2014, para cumplir con un déficit del 3%. Esta es la propuesta que el Gobierno español debería haber estado negociando en Bruselas desde el principio en vez de empecinarse en reducir unilateralmente el objetivo de déficit para 2012, porque permitirá acompasar los ajustes, así como una estrategia presupuestaria más pausada.
Las condiciones para el aplazamiento parecen indicar que Bruselas se ha cansado de las torpezas del Gobierno español, que ponen en riesgo la estabilidad del euro, como si no hubiera bastante con Grecia, y ha decidido pasar a la fase de recomendaciones imperativas. Dos de ellas revelan la dudosa calidad de las medidas del Gobierno (poner en marcha las reformas financieras y del mercado de trabajo), otras revelan una desconfianza profunda en las cuentas públicas (establecer una institución independiente que controle la política fiscal, aplicar ajustes adicionales a las autonomías) y otra constituye una dirección de política económica que Rajoy no ha sido capaz de articular: subir el IVA y, con el aumento de ingresos, reducir la imposición sobre el trabajo. Una devaluación interna en toda regla.
El borrador de recomendaciones (que incorpora probablemente la acción del BCE para moderar la prima de riesgo) se parece a un control estricto de la economía española. La realidad, que Rajoy conoce bien, es que Bankia necesita de capital público europeo (una recapitalización directa de la banca por el Fondo Europeo de Rescate, para que no aumente el endeudamiento) y que España debe negociar un cambio legal que permita esa recapitalización directa. Fue pues un tremendo error político (de nuevo la ilusión de subrayar la autonomía) pergeñar el rescate de Bankia sin informar a Europa y el BCE. Errores como esos, en cadena y nunca reconocidos, son los que conducen a España camino de la intervención efectiva.

sábado, 19 de mayo de 2012

Hacienda abre la puerta al fraude en su proyecto de orden de amnistía fiscal

  • Planea permitir el lavado de dinero en efectivo, lo que facilita evadir impuestos este año

  • Los defraudadores podrán acogerse a la amnistía fiscal desde su casa por internet

  • Los expertos consultados ven en eso una puerta abierta de par en par al fraude fiscal

     

Los defraudadores lo tendrán más fácil este año para lavar dinero negro. Al menos, si prospera el proyecto de orden que ha preparado el Ministerio de Hacienda para concretar el alcance de la amnistía fiscal que anunció el pasado 30 de marzo al presentar los Presupuestos Generales del Estado. Dicho proyecto permite acogerse a la amnistía fiscal a quienes posean dinero en efectivo sin declarar, en contra de lo que parecía inicialmente, lo que incentivará que los particulares o empresas que tengan ingresos no controlados por Hacienda todavía sin declarar de 2011 o de este mismo año los evadan al fisco y los blanqueen después con un tributación de solo el 10%.
Si lo que se quiere regularizar es dinero negro, bastará con ingresarlo en el banco para al día siguiente poder lavarlo. No hará falta probar en modo alguno que es un dinero defraudado antes del 31 de diciembre de 2010, una condición que sí hay que demostrar para poder regularizar, por ejemplo, cuentas bancarias en el extranjero sin declarar.

Los expertos consultados ven en eso una puerta abierta de par en par al fraude fiscal
La amnistía fiscal, aprobada por decreto-ley, establecía que los defraudadores "podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición". Es decir, en teoría, la amnistía fiscal está hecha para el fraude anterior al 31 de diciembre de 2010, ya que la campaña impositiva de renta y sociedades de 2011 todavía estaba abierta en el momento de dictarse el decreto.
El motivo era evidente: si se permitía acogerse a la amnistía a los impuestos a pagar por las declaraciones de 2011 y por los ingresos de 2012, se incentivaba que los declarantes defraudasen, porque les saldría más barato pagar el 10% que exige la regularización, frente a los tipos del 30% en Sociedades y de hasta el 52% en el impuesto sobre la renta.
Pero eso precisamente es lo que permite el proyecto de orden en que se desarrolla el decreto-ley de marzo. Como norma general, se establece que "la titularidad de los bienes y derechos objeto de declaración deberá haberse adquirido por el declarante en una fecha anterior al 31 de diciembre de 2010" y se señala que "la titularidad de los bienes y derechos, así como su fecha de adquisición, podrá acreditaras por cualquier medio de prueba admisible en Derecho". Hasta ahí todo correcto.

Un ingreso bancario como prueba

El problema llega en el segundo párrafo del artículo 3.4. Ahí se establece que, "en particular, tratándose de dinero en efectivo se entenderá que se es titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 cuando con carácter previo a la presentación de la declaración tributaria especial se hubiera depositado en una cuenta cuya titularidad jurídica corresponda al declarante abierta en una entidad de crédito" española o europea, siempre que no sea en un paraíso fiscal, según consta en el texto de la orden, publicado por Hacienda como proyecto normativo en su página web.
Es decir, bastará con ingresar el dinero negro en el banco para al día siguiente poder lavarlo. No hará falta probar que es un dinero defraudado antes del 31 de diciembre de 2010. Los expertos consultados ven en eso una puerta abierta de par en par al fraude fiscal.
Basten algunos ejemplos. Alguien que venda un piso ahora puede cobrar buena parte en negro, evitar pagar el IRPF por la plusvalía, acto seguido ingresar el dinero en el banco y beneficiarse de la amnistía fiscal. Una empresa (un restaurante, una clínica dental, una tienda al por menor...) puede cobrar en metálico (incluso facturando sin IVA) y regularizar después el dinero sin tributar por el impuesto de sociedades. Los autónomos cuyos ingresos no estén sujetos a control directo del fisco podrán minimizar su declaración para pagar menos y luego tributar al 10% de la amnistía fiscal. O, en el peor de los casos, un traficante de drogas que quiera blanquear su dinero no tendrá más que ir a la sucursal bancaria más cercana (aunque obviamente eso no le exima de responsabilidad por sus delitos). Las posibilidades de blanqueo inmediato para el fraude nuevo son enormes. >En plena campaña del impuesto sobre la renta, esos planes pueden suponer un duro golpe a la recaudación. Según el modelo de declaración, además de efectivo se pueden declarar inmuebles, depósitos, pagarés, acciones y cualquier clase de bienes y derechos. El plazo de regularización acaba el 30 de noviembre. La orden garantiza el "carácter reservado" de la declaración tributaria especial. Además, los defraudadores podrán acogerse a la amnistía fiscal por vía telemática, a través de internet, desde su propia casa, con todas las comodidades que les ofrece un Estado moderno y eficiente.

Publicado en http://economia.elpais.com/economia/2012/05/19/actualidad/1337431164_702745.html  

jueves, 17 de mayo de 2012

Primera medida del Gobierno socialista francés: un 30% menos de sueldo

Los 34 ministros firman un código deontológico que les obliga a ser “ejemplares, solidarios y transparentes”

La reforma de la Francia sarkozysta ha empezado hoy. El nuevo Gobierno socialista, dirigido por Jean-Marc Ayrault y presidido por François Hollande, ha celebrado en el Elíseo su primer consejo de ministros, y ha tomado sus primeras decisiones. La primera es reducir el 30% todos los sueldos de los miembros del Gabinete y del presidente. “Esto es la ejemplaridad”, ha declarado el primer ministro Jean-Marc Ayrault. La decisión, una promesa electoral de Hollande, se ha plasmado en un decreto, ha precisado Ayrault, “porque el jefe del Estado y el primer ministro se bajan el salario con carácter retroactivo y fecha de 15 de mayo”. La remuneración mensual bruta de un ministro pasa así de 14.200 a 9.940 euros mensuales.
Además, Hollande y Ayrault, las dos cabezas del Ejecutivo, han dado a firmar a sus 17 ministros y 17 ministros delegados (17 hombres y 17 mujeres, el primer gabinete paritario de la historia del país), un código deontológico que les compromete a cumplir una serie de obligaciones políticas y de conducta personal destinadas a realizar la promesa de una presidencia “normal”. La carta de deberes, dada a conocer por la web de Le Monde, supone una ruptura total en las formas y el estilo con la presidencia de Nicolas Sarkozy, conocido por el apelativo “bling bling” (nuevo rico y hortera), y marcado por la sucesión de escándalos políticos y económicos.
El código estipula reglas muy precisas para que los ministros no incurran en abusos, conflictos de intereses o acumulación de cargos y regalías públicas, y les obliga a publicar sus declaraciones de la renta al inicio del mandato, a declarar cuál será su vivienda, y a poner su “patrimonio mobiliario en manos de un intermediario acreditado que garantice que ellos no participarán en la gestión”.
Los miembros del Gobierno no podrán quedarse los regalos de cuantía superior a 150 euros, ni aceptar “invitaciones privadas de Gabinetes extranjeros o personas físicas o morales relacionadas con su departamento”, y deberán “abstenerse absolutamente de toda intervención relacionada con la situación de un miembro de su familia o de un amigo”.
Las bases del código, ha explicado la portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, tras el consejo, son “la ejemplaridad, la dignidad y la sobriedad en el comportamiento y en la actividad política”. Según Ayrault, “los ministros no deben mezclar géneros y deben estar al servicio de la República en exclusiva”.
El documento, elaborado por el equipo del exprimer ministro Laurent Fabius, ahora titular de Exteriores, afirma que los miembros del Ejecutivo se regirán por los principios de eficacia, transparencia y solidaridad con el colectivo. Por lo tanto, no podrán “expresar desacuerdos que puedan debilitar al Gobierno una vez se haya tomado una decisión”, y reducirán el número de ayudantes a un máximo de 15 los ministros y a un total de 10 los ministros delegados. Además, deberán reducir los gastos de cada gabinete ministerial en un 10%.
El código establece la obligación de “escuchar a los ciudadanos” y avanzar hacia una democracia más participativa. Los ministros “mantendrán relaciones con los otros grupos institucionales de sus ministerios”, y “practicarán los contactos con el público utilizando las posibilidades que ofrece Internet”.
Para mejorar la transparencia de la actividad ejecutiva, los proyectos de ley que se envíen al presidente de la República y el primer ministro deberán plasmar “las consultas realizadas, su resultado y la forma en que han ayudado a completar el proyecto”, y todos los ministerios deberán colgar “en Internet de una forma cómoda y gratuita un gran número de datos públicos”.
El reglamento llega a recomendar a los ministros que “privilegien los viajes en tren siempre que sea posible y cuando el trayecto sea inferior a tres horas”, y regula incluso los desplazamientos en coche: “Salvo obligación particular que justifique el uso de una escolta motociclista, sus viajes en automóvil se hacen con discreción y respetando el código de circulación”.

“10.000 millones para Bankimafia y cero para Sanidad”

El PP se queda solo con sus recortes sanitarios y encuentra vehementes discursos de oposición como el de Tardà (ERC)

El PP ha vuelto a sacar el rodillo y ha aprobado los recortes sanitarios sin concitar ni el apoyo de CiU, cuya complicidad buscó hasta el último minuto y que no tenía difícil conseguir ya que la Generalitat también está recurriendo a la tijera presupuestaria sin complejos. Desde los grupos parlamentarios de PSOE, Izquierda Plural o grupo Mixto se han escuchado serias advertencias sobre el paso que iba a dar el Gobierno cruzando una línea roja como la sanitaria. El diputado Joan Tardà (ERC) ha advertido al Ejectutivo de que "son tan cobardes que utilizan la mentira de que el modelo actual no es sostenible" y que tienen "diez mil millones para Bankimafia y cero para sanidad".

El Gobierno ha sacado adelante los  7.000 millones de euros de recortes en sanidad con el único apoyo de su grupo parlamentario y la oposición del resto de grupos excepto UPN. Mato ha insistido en que sus medidas garantizan que la sanidad pública “pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad” y que se mantiene “el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria”. Pero ha tenido que admitir que en realidad “se piden esfuerzos importantes a la población” y que en los medicamentos se pagará en función de la renta.
“El principio del fin” de la sanidad pública
Precisamente el asunto del copago sanitario ha provocado una de las escenas más tensas del pleno en un rifirrafe con el diputado del PSOE, José Martínez Olmos, quien ha sentenciado que “es un día triste para el Estado de bienestar”. Todos los portavoces que se han opuesto a este paquete de medidas se han mostrado muy preocupados por el paso dado hoy. Gaspar Llamazares (Izquierda Plural) ha criticado que Mato hable de forma “hipócrita y falsa” de un pacto de Estado cuando han acometido estos recortes sin acuerdos. Ha advertido asimismo de que revista científica British Medical Journal presentaba la reforma de Mato como “el principio del fin” de la sanidad pública 

El PP ha vuelto a sacar el rodillo y ha aprobado los recortes sanitarios sin concitar ni el apoyo de CiU, cuya complicidad buscó hasta el último minuto y que no tenía difícil conseguir ya que la Generalitat también está recurriendo a la tijera presupuestaria sin complejos. Desde los grupos parlamentarios de PSOE, Izquierda Plural o grupo Mixto se han escuchado serias advertencias sobre el paso que iba a dar el Gobierno cruzando una línea roja como la sanitaria. El diputado Joan Tardà (ERC) ha advertido al Ejectutivo de que "son tan cobardes que utilizan la mentira de que el modelo actual no es sostenible" y que tienen "diez mil millones para Bankimafia y cero para sanidad".
El Gobierno ha sacado adelante los  7.000 millones de euros de recortes en sanidad con el único apoyo de su grupo parlamentario y la oposición del resto de grupos excepto UPN. Mato ha insistido en que sus medidas garantizan que la sanidad pública “pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad” y que se mantiene “el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria”. Pero ha tenido que admitir que en realidad “se piden esfuerzos importantes a la población” y que en los medicamentos se pagará en función de la renta.
“El principio del fin” de la sanidad pública
Precisamente el asunto del copago sanitario ha provocado una de las escenas más tensas del pleno en un rifirrafe con el diputado del PSOE, José Martínez Olmos, quien ha sentenciado que “es un día triste para el Estado de bienestar”. Todos los portavoces que se han opuesto a este paquete de medidas se han mostrado muy preocupados por el paso dado hoy. Gaspar Llamazares (Izquierda Plural) ha criticado que Mato hable de forma “hipócrita y falsa” de un pacto de Estado cuando han acometido estos recortes sin acuerdos. Ha advertido asimismo de que revista científica British Medical Journal presentaba la reforma de Mato como “el principio del fin” de la sanidad pública española.
“Utilizan la mentira de que el modelo no es sostenible”
Una de las voces más vehementes ha sido la del diputado de ERC, Joan Tardà, integrado en el Grupo Mixto. Tardà cree que con este tipo de medidas el Gobierno va a expulsar a las clases medias de los sistemas públicos de salud para un sistema dual de ricos y pobres. “Son tan cobardes que utilizan la mentira de que el modelo actual no es sostenible”, ha advertido, inisistiendo en que hay dinero para rescatar a la banca pero se recorta en materias básicas.”Diez mil millones para ‘Bankimafia’ y cero para sanidad”, ha sintentizado. En un momento del debate ha mostrado desde su escaño un cartel con el lema ‘Bankia 10.000, Sanidad 0′. El diputado de ERC ha criticado asimismo que el Gobierno no haya tramitado como proyecto de ley -lo que permitiría modificaciones- esta reforma: “Son más miedosos que democráticos”.
Reforma criminal
También desde el Grupo Mixto, Sabino Cuadra (Amaiur) ha enfatizado que “con el código penal en la mano esta reforma es criminal” porque recortar el derecho a la sanidad es recortar el derecho a la vida.