La Fiscalía denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias a todos los miembros de la Mesa de Valoración del concurso de las FM en Canarias
Fernando Ríos Rull y cuatro técnicos declararán como imputados en breve
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| La famosa Mesa que va a ir al juzgado completita. EDDC.NET |
La noticia o mejor la bomba informativa saltaba ayer de la mano de Manuel Artiles en la tertulia ‘Tenerife al Día’ en Mírame TV. Tras un primer anuncio por parte del empresario y dueño de InterSur Radio, Lito Mesa, de este nuevo lío judicial que le cae el gobierno de Canarias y concretamente en una de sus áreas más sensibles, la relacionada con los medios de comunicación.
A continuación Manuel Artiles leía en antena un oficio de la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dirigido al prestigioso despacho de abogados Murguía & Melián, en el que señalaba que, “en relación a su escrito denuncia de fecha 13 de abril de 2012 le informó que por los hechos que pone en conocimiento de esta Fiscalía en relación a un presunto delito en el concurso de adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en Canarias, pongo en su conocimiento que por esta Fiscalía se incoaron las diligencias preliminares de investigación 116/12 en las que una vez practicadas las actuaciones que se estimaron procedentes se formuló denuncia contra Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Pérez, Cándida Hernández Pérez, David Berceo Toledo y José Luque Brito, la cual queda registrada bajo el número 191/12 por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias previsto y penado en los artículos 428 y/o 429 del Código Penal y que fueron remitidas al juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife para que lleve a cabo las diligencias que en la misma se interesan”.
Ha sido la Fiscalía Anticorrupción, según apuntaba Manuel Artiles en su programa de tertulia política, el que ha realizado las oportunas diligencias de investigación y la que ha formulado la denuncia al juzgado de instrucción de guardia, para que éste la tramite, luego la envíe al decanato y que ésta asuma a quien por reparto corresponde llevarlo como juzgado de instrucción.
Los hechos en los que se basa esta denuncia son demoledores. Señala la fiscal María Farnés, en este misil dirigido al corazón del gobierno autonómico dirigido por Paulino Rivero, que se habían iniciado diligencias preliminares de investigación tras una denuncia del letrado Juan Miguel Murguía Torres, el cual lo hacía en nombre de la empresa editora de Radio El Día, donde se daba “cuenta de una serie de hechos ocurridos en el procedimiento del concurso de adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencias en la comunidad autónoma de Canarias, entendiendo que los mismos eran constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho”.
Las investigaciones de la Fiscalía ya apuntaban que, “los criterios aprobados el 8 de abril de 2011 por la Mesa de Valoración no estaban previstas en las bases publicadas y por tanto pudieran haber beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que de haberlas conocido con anterioridad hubieran modificado sus ofertas, resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de licencias”.
Pero la clave de la denuncia, esta en que, “el 23 de abril de 2012 se aportó por el denunciante una ampliación de su escrito de denuncia aportando mediante pen-drive cierta documentación obrante en el procedimiento contencioso administrativo mencionado anteriormente, donde según el denunciante alguna de las ofertas presentadas han sido creadas con posterioridad a la fecha de la apertura de los sobres (31 de enero de 2011).
Este hecho denunciado por el abogado Munguía es lo que lleva a la fiscal a afirmar que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y que eso le determina para pedir al juzgado de instrucción, que le toque esta vital denuncia, los siguientes pasos judiciales:
“1.- Que se reciba en declaración como imputados a Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Bercedo Toledo y José Luque Brito”.
2.- Que procede oír en declaración como testigos al:
Representante legal de Archipiélago de Medios SL (Radio El Día)
Miguel Concepción Cáceres (dueño de Traysesa y Canal 4 Radio y TV)
3.- Que se requiera a la viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del gobierno de Canarias al objeto que aporte copia testimoniada del expediente administrativo que dio lugar a las adjudicaciones de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónicas en ondas métricas con modulación de frecuencias en la comunidad autónoma de Canarias.
4.- Que una vez recibida la anterior documentación, por la Brigada de Policía Judicial de la sección de delincuencia informática se realice un informe pericial al objeto de determinar si alguna de las ofertas aportadas por las partes interesadas y que finalmente resultaron adjudicatarias fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que fueron abiertos los sobres que contenían las mismas (31 de enero de 2011).
5.- Que se una como documental, las diligencias preliminares de investigación 116/12 de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que se acompañan con la presente denuncia”.
Y lo mejor y lo que le puede suponer un verdadero quebradero de cabeza al gobierno autónomo: “6.- Las que se derivasen y fueran procedentes”. Como dijo Manuel Artiles en la tertulia, “promete un verano muy calentito”.
A continuación Manuel Artiles leía en antena un oficio de la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dirigido al prestigioso despacho de abogados Murguía & Melián, en el que señalaba que, “en relación a su escrito denuncia de fecha 13 de abril de 2012 le informó que por los hechos que pone en conocimiento de esta Fiscalía en relación a un presunto delito en el concurso de adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en Canarias, pongo en su conocimiento que por esta Fiscalía se incoaron las diligencias preliminares de investigación 116/12 en las que una vez practicadas las actuaciones que se estimaron procedentes se formuló denuncia contra Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Pérez, Cándida Hernández Pérez, David Berceo Toledo y José Luque Brito, la cual queda registrada bajo el número 191/12 por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias previsto y penado en los artículos 428 y/o 429 del Código Penal y que fueron remitidas al juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife para que lleve a cabo las diligencias que en la misma se interesan”.
Ha sido la Fiscalía Anticorrupción, según apuntaba Manuel Artiles en su programa de tertulia política, el que ha realizado las oportunas diligencias de investigación y la que ha formulado la denuncia al juzgado de instrucción de guardia, para que éste la tramite, luego la envíe al decanato y que ésta asuma a quien por reparto corresponde llevarlo como juzgado de instrucción.
Los hechos en los que se basa esta denuncia son demoledores. Señala la fiscal María Farnés, en este misil dirigido al corazón del gobierno autonómico dirigido por Paulino Rivero, que se habían iniciado diligencias preliminares de investigación tras una denuncia del letrado Juan Miguel Murguía Torres, el cual lo hacía en nombre de la empresa editora de Radio El Día, donde se daba “cuenta de una serie de hechos ocurridos en el procedimiento del concurso de adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencias en la comunidad autónoma de Canarias, entendiendo que los mismos eran constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho”.
Las investigaciones de la Fiscalía ya apuntaban que, “los criterios aprobados el 8 de abril de 2011 por la Mesa de Valoración no estaban previstas en las bases publicadas y por tanto pudieran haber beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que de haberlas conocido con anterioridad hubieran modificado sus ofertas, resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de licencias”.
Pero la clave de la denuncia, esta en que, “el 23 de abril de 2012 se aportó por el denunciante una ampliación de su escrito de denuncia aportando mediante pen-drive cierta documentación obrante en el procedimiento contencioso administrativo mencionado anteriormente, donde según el denunciante alguna de las ofertas presentadas han sido creadas con posterioridad a la fecha de la apertura de los sobres (31 de enero de 2011).
Este hecho denunciado por el abogado Munguía es lo que lleva a la fiscal a afirmar que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y que eso le determina para pedir al juzgado de instrucción, que le toque esta vital denuncia, los siguientes pasos judiciales:
“1.- Que se reciba en declaración como imputados a Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Bercedo Toledo y José Luque Brito”.
2.- Que procede oír en declaración como testigos al:
Representante legal de Archipiélago de Medios SL (Radio El Día)
Miguel Concepción Cáceres (dueño de Traysesa y Canal 4 Radio y TV)
3.- Que se requiera a la viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del gobierno de Canarias al objeto que aporte copia testimoniada del expediente administrativo que dio lugar a las adjudicaciones de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónicas en ondas métricas con modulación de frecuencias en la comunidad autónoma de Canarias.
4.- Que una vez recibida la anterior documentación, por la Brigada de Policía Judicial de la sección de delincuencia informática se realice un informe pericial al objeto de determinar si alguna de las ofertas aportadas por las partes interesadas y que finalmente resultaron adjudicatarias fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que fueron abiertos los sobres que contenían las mismas (31 de enero de 2011).
5.- Que se una como documental, las diligencias preliminares de investigación 116/12 de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que se acompañan con la presente denuncia”.
Y lo mejor y lo que le puede suponer un verdadero quebradero de cabeza al gobierno autónomo: “6.- Las que se derivasen y fueran procedentes”. Como dijo Manuel Artiles en la tertulia, “promete un verano muy calentito”.
Publicado en:http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia65926.php
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