miércoles, 11 de abril de 2012

Estos cabrones quieren matarnos

El FMI pide bajar pensiones por "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado"

El organismo quiere que la edad de jubilación se ajuste con la esperanza de vida
Sus economistas proponen recorte de prestaciones y aumento de las cotizaciones
El Fondo plantea que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad


En la imagen, la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional,
Christine Lagarde. / EFE
El envejecimiento de la población es un reto conocido. Y a eso dedica un extenso análisis el Fondo Monetario Internacional, en un adelanto de los documentos de su cumbre semestral. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone de relieve el problema. El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado". Y también propone soluciones de mercado para mitigar ese "riesgo".
Es lo que los economistas bajo la batuta del español José Viñals llaman “riesgo de longevidad”. Y dan una cifra para poner en contexto. “Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento -que ya es enorme para los Gobiernos, las empresas, aseguradoras y particulares- aumentaría un 50%” en las economía avanzadas tomando como referencia el PIB de 2010.
Para los países emergentes, ese coste adicional sería del 25%. En términos absolutos, se disparará el coste previsto en decenas de billones de lares a escala global. Eso su pone una amenaza para sostenibilidad de las finanzas públicas al disparar los niveles de endeudamiento público en una proporción similar. En paralelo, es un riesgo para la solvencia de las entidades privadas.
Según ha explicado el propio Viñals en la rueda de prensa en la que ha presentado el informe, “vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante". "Nos va a costar más como individuos, a las corporaciones y a los Gobiernos. Por eso debemos preocuparnos ahora por los riesgos de la longevidad, para que los costes no nos atosiguen en el futuro”, ha comentado Viñals, responsable del departamento de Mercado de Capitales.

Vivir más es bueno, pero conlleva un riesgo financiero importante. Nos va a costar más"
En 1750, la esperanza de vida en el momento del nacimiento en los países de la Europa occidental no llegaba a los 40 años. Desde 1900, siguió un incremento lineal hasta tocar los 80 en 2010. A escala global pasó de los 48 en 1950 hasta los 70 en el último año de referencia. Pero lo que cambia los cálculos, según el FMI es la esperanza de vida cuando se tiene 60 años.
Naciones Unidas proyecta que para 2050 la esperanza de vida a partir de esa edad llegará a los 26 años en las economías avanzadas y a los 22 años en los países en vía de desarrollo. Eso significa que irá mejorando al ritmo de un mes por año. Tomando como referencia a los europeos de 60 años que vivían en 1910, la esperanza de vida era de 15 años. Un siglo después llegó a los 24 años.
Al vivir más la población, tendrá que pagarse más en pensiones y prestaciones a la seguridad social. En este caso pone como ejemplo los planes de pensiones privados en EE UU. “La empresas tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones para poder afrontar esos pasivos adicionales”, apunta. “Reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora”, remacha.
Tanto el sector público como el privado llevan años preparándose para amortiguar el impacto financiero del envejecimiento. Pero el FMI cree que se subestimó la evolución demográfica de la población y eso pesará “más de lo esperado” en un balance que en ambos casos están ya de por si debilitados. Eso, por tanto, amenaza con exacerbar su vulnerabilidad frente a otras crisis.
Christine Lagarde, directora gerente de FMI, quiere que la reunión de primavera en Washington sirva para mirar hacia delante. En este contexto, exige a los Gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro y que es un riesgo. Para neutralizar sus efectos, recomienda combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas.
Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto en 2050, el coste subiría un 50%” José Viñals

Para el retraso de la edad de jubilación, propone que se ligue a la esperanza de vida, de modo que el número de años en que los jubilados cobran la pensión no aumente. En la reciente reforma española del sistema de pensiones que retrasaba la edad e jubilación a los 67 años de forma progresiva ya se prevé un mecanismo de este tipo, llamado factor de sostenibilidad. Así, la ley prevé que las variables clave del sistema de pensiones (como la edad de jubilación) se revisen cada cinco años a partir de 2027 en función del aumento de la esperanza de vida.
Pero ese retraso no basta. El Fondo cree que hay que tomar más medidas y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese "riesgo de que la gente viva más de lo esperado".
Así, el informe de estabilidad financiera plantea que se recurra a los mercados de capitales para que se transfiera el riesgo de la longevidad de los planes de pensiones a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo.
Los economistas del organismo plantean también que los propios individuos aumenten su ahorro a través de planes de pensiones, recomienda que se facilite o incluso obligue a contratar rentas vitalicias y también apoya el uso de las hipotecas inversas, por las que la casa en propiedad se entrega en el momento de fallecimiento a cambio de recibir hasta ese momento una renta por ella.
El Fondo también pide más transparencia a los países a la hora de informar sobre la tendencia del envejecimiento y como se están preparando para financiar la jubilación.
El FMI concluye recordando que todas estas reformas “tardarán años en dar fruto” y cualquier retraso en el proceso dificultará hacer frente al reto como es debido. “Prestar atención al envejecimiento de la población y al riesgo de la longevidad adicional forma parte del conjunto de reformas necesarias para restaurar la confianza en la viabilidad de los balances del sector público y privado”, remacha.

Canarias penultima comunidad en Servicios Sociales


Es posible que el próximo viernes, cuando se presenten unos presupuestos generales del Estado que obliguen a todas las Administraciones Públicas a ejecutar recortes en sus respectivos presupuestos, oigamos que “es una medida necesaria para sostener el Estado de Bienestar”. También es posible que posteriormente oigamos al Sr. Rivero que en Canarias los recortes serán menores (que los habrá) porque “tenemos un déficit y deuda menor que en el resto del Estado”, de lo que tenemos que estar orgullosos (y hasta agradecidos)...

“Canarias ocupa la penúltima posición en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una calificación de “Irrelevante” y una puntuación global de sólo 1,80 puntos sobre 10.” (...)
En el caso de Canarias la única recomendación posible es un cambio radical de su política en materia de servicios sociales, comenzando por la urgente elaboración de un marco legislativo de nuevo cuño, acorde con el desarrollo de los derechos ciudadanos en esta materia a nivel de todo el Estado, y un substancial Incremento del esfuerzo económico destinado a servicios sociales.
Canarias es una de las Comunidades que se encuentra más atrasada en materia de servicios sociales de todo España, que es como decir de toda Europa, y a una gran distancia de las Comunidades que evidencian mejores resultados. Por eso, sólo desde un replanteamiento profundo será posible abordar los déficit de cobertura en aspectos tan básicos y tan importantes de protección social como se evidencian en la Canarias, que hace que sus ciudadanos y ciudadanas se encuentren en una situación real de desventaja frente a los que habitan en otros territorios del Estado.
Especialmente sensibles son estos déficit en materias como la extensión del Sistema de Atención a la Dependencia, sus Rentas Mínimas de Inserción, la cobertura de plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, y el Servicios de Ayuda a Domicilio, entre otros, por lo que todos estos ámbitos deben ser prioritarios en el desarrollo de los Servicios Sociales en Canarias.
Importa señalar también que estas carencias en materia de servicios sociales no sólo constituyen un déficit de ciudadanía para los habitantes de Canarias, en un momento en el que los servicios sociales son tan necesarios para garantizar un nivel digno de calidad de vida y prevenir la exclusión social de las personas y familias más afectadas por la crisis y el paro, sino también una falta de oportunidades para el empleo, ya que el sector ha demostrado no sólo su capacidad, sino una extraordinaria eficiencia del gasto público como generador de empleo. Y este déficit resulta especialmente grave en una Comunidad con más de un 30 % de su población en paro.” (...)

¿ Para esto se quiere una Iglesia ?

El Arzobispado de Madrid sugiere que la violación no debería de ser delito

El redactor jefe de una revista del Arzobispado de Madrid, Alfa y Omega, sugiere en un artículo que la violación no debería ser un delito. Ricardo Benjumea de la Vega entiende que "educido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal?".


"¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante unos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas?", se pregunta Benjumea de la Vega en un texto titulado 'La violación, ¿fuera del Código Penal'?

"Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal", prosigue el redactor jefe del semanario, distribuido conjuntamente con el diario ABC y editado por el Arzobispado que dirige Antonio María Rouco Varela.

"Ése es el ambiente cultural en el que vivimos, y, sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo 100 metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastilla que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute", puede leerse en el texto.

No querian PP ? pues toma democracia

La resistencia pasiva será un atentado contra la autoridad

Convocar actos en Internet que terminen en altercados se considerará delito de pertenencia a banda criminal

La reforma del Código Penal en la que el Gobierno trabaja para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público a través de cualquier medio de comunicación, incluido internet.

Así lo han informado hoy fuentes del Ministerio del Interior después de que el responsable de este departamento, Jorge Fernández Díaz, haya justificado esta mañana en el Congreso que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero ante "la espiral de violencia" protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana".

El ministro, que ha detallado varias de los puntos de la reforma, no ha podido sin embargo leer el referido a la convocatoria de actos violentos, ya que el presidente de la Cámara baja le ha indicado que el tiempo de su intervención había concluido.

Así, Fernández Díaz no ha podido leer la parte de su exposición en la que decía que se incluirán como delito de pertenencia a organización criminal "las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación".

El titular de Interior sí ha detallado que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande e introducir entre las "modalidades de acometimiento" -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.

En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.

51 despidos en el nuevo ERE de Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar ha echado mano de la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy para preparar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 51 trabajadores del consistorio. En enero de este año fue aprobado otro ERE para 104 empleados municipales.

El Ayuntamiento entregó ayer al presidente del comité de empresa, Eduardo Mederos, la documentación relativa al despido colectivo. En ella se alegan causas económicas y el alto déficit presupuestario para echar a 51 trabajadores, entre los que se encuentran los 28 que fueron despedidos en agosto de 2011 y que la justicia obliga a readmitir tras la sentencia de la semana pasada. El resto lo conforman las personas incluidas en el ERE extintivo presentado en septiembre y cuyos despidos no fueron aceptados por la Consejería de Empleo en enero de este año.   

«Es algo muy precipitado, no lo entendemos; tendremos que estudiar toda la documentación para ver qué tipo de acciones podemos tomar. De momento, apelamos a la voluntad del ayuntamiento para llegar a una salida negociada», afirmó ayer un poco optimista Eduardo Mederos tras conocer las intenciones del grupo de gobierno conformado por Nueva Canarias (NC) y Partido Socialista (PSOE), que ayer tarde tenían previsto celebrar una reunión para abordar el nuevo ERE.

"No habrá rescate a España y si lo hay sería a toda Europa"

Felipe González: "No habrá rescate a España y si lo hay sería a toda Europa"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha descartado este miércoles el rescate a la economía española porque, "si lo hay, se acaba el euro y hay que rescatar a toda Europa", al tiempo que ha puntualizado que también habría que rescatar a "Italia y Francia, por mucho que presuma su presidente, Nicolás Sarkozy".
González, que ha impartido hoy la conferencia "Estabilidad y crecimiento" en la sede de la Comisión Europea en Madrid, ha comparado la situación de Europa con una "carrera de galgos" donde los distintos gobiernos corren tras una liebre mecánica que "manejan" los líderes de la Unión, y cuando alguien llega "alejan la liebre unos metros" para que los galgos sigan corriendo "hasta que revienten".
Por ello, el expresidente ha sido tajante y, en el caso de España, ha subrayado que "no habrá rescate" y ha vaticinado que lo que sí harán -los mandatarios europeos- es poner más cerca la liebre "para que el galgo siga corriendo".
González también se ha referido a los 10.000 millones de recortes anunciados por el Gobierno en sanidad y educación, y ha dicho irónicamente que, si el Ejecutivo no acierta, no importa porque "el galgo -ha insistido- seguirá corriendo", en referencia al presidente Mariano Rajoy.
Respecto a los recortes en sanidad, González ha señalado que acabar con el actual modelo de sanidad pública es un "disparate que pagaremos históricamente" y ha advertido al Ejecutivo de que no se van a cumplir los objetivos del déficit "arruinando los servicios públicos del país".

El Gobierno prepara una Ley de Orden Público “durísima” porque prevé un otoño caliente

El PP quiere que convocar protestas en internet pueda ser “delito de integración en organización criminal
 
El Gobierno sabe que le espera un otoño más que complicado. Los recortes anunciados, las subidas de impuestos, de la luz, el gas o el transporte público y el paro desbocado acabarán provocando protestas ciudadanas y quiere curarse en salud. El objetivo es “meter miedo” y ahuyentar a posibles manifestantes con una nueva Ley de Orden Público inédita en democracia, un retroceso en toda regla de los derechos civiles. Ni Aznar se atrevió con tanta mano dura.

Desde hace semanas fuentes del Ministerio de Interior filtraban a la prensa que se modificaría la Ley para evitar los actos de vandalismo con los que terminan algunas manifestaciones, poniendo siempre el ejemplo de lo que ocurre en Barcelona donde están instalados desde hace años grupos antisistema violentos. Lo que no explicaban es el verdadero motivo: El Gobierno tiene pánico a un otoño caliente y a que  “se incendie la calle”, según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes policiales.
Las “novedades” anunciadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles en el Congreso de los Diputados a buen seguro provocarán polémica por su extrema dureza. Concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales será “delito de integración en organización criminal”, así como “alterar gravemente el orden público”. Estamos hablando de un delito grave, penado con cárcel y que plantea algunas dudas jurídicas, como por ejemplo ¿quién decide que una concentración convocada por internet es violenta y por tanto delito?
Pero además será delito entrar u obstaculizar el acceso a establecimientos públicos, es decir, será delito la protesta que hasta ahora realizaban grupos de jóvenes que entraban en sucursales bancarias, sin provocar daño alguno, con carteles para denunciar los abusos de las entidades financieras. También sería delito, de prosperar esta Ley, encerrarse en un ayuntamiento, en un Ministerio o en la Presidencia de una Comunidad Autónoma.
Y hay más, la “resistencia pasiva” también será atentado contra la autoridad, es decir participar en una sentada en la calle y negarse a levantarse pasa a ser delito y no una falta. Un ejemplo, la sentada de los alumnos de secundaria en Valencia podría ser delito.
El ministro afirmó que su deseo es considerar “como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las Fuerzas de Seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas”.
Además Jorge Fernández ha dicho que su Ministerio prepara esta reforma desde hace dos meses en colaboración con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. De prosperar estas “reformas” del PP, Gallardón sumará su nombre al peor retroceso en derechos civiles de la democracia.

martes, 10 de abril de 2012

ERE en Titsa

Titsa propone el despido de 117 trabajadores o un ERE temporal

La empresa pública de transportes Titsa, dependiente del Cabildo de Tenerife, presentó en la mañana de ayer en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a un total de 117 trabajadores, de los 1.600 con los que cuenta en total la plantilla de esta compañía.
Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el portavoz de la empresa, Manuel Francos, quien además indicó que ahora, a lo largo de este mes, la entidad tendrá que negociar con los representantes de los trabajadores los otros escenarios posibles y alcanzar, así, un acuerdo. El objetivo de la compañía es reducir los gastos en torno a unos cuatro millones de euros al año hasta 2016 y acabar con el déficit que ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años.
Francos insistió en que desde ayer y durante 30 días se abre de forma oficial la negociación entre Titsa y sus empleados con el fin de acordar las medidas que finalmente se aplicarán, en lo referente a las condiciones de la plantilla. Estas acciones, como ya había anunciado a este medio el coordinador de Movilidad del Cabildo tinerfeño, Manuel Ortega, vendrán acompañadas por un reajuste en las líneas y recorridos -ya que se pretende reducir en torno a unos 1.400 kilómetros al año-, al igual que de las tarifas y bonificaciones actuales del transporte público de la Isla.
Alternativa
A pesar de la presentación de este ERE, la empresa propuso ayer a los representantes sindicales durante un encuentro entre ambas partes la posibilidad de efectuar un ERE temporal para la totalidad de la plantilla de Titsa. De aprobarse esta medida, supondría que los trabajadores estarían durante 15 días al año en situación de desempleo, cobrando por tanto su prestación en este periodo y no de la empresa. Asimismo, se organizarían periodos para que todos los meses una parte de la plantilla quedara durante dos semanas en el paro.
A lo largo de este mes tanto los sindicatos como la empresa intentarán llegar a un acuerdo con el objetivo de minimizar los efectos en los empleados, por lo que Francos no descarta que los datos de los posibles despidos se puedan modificar.
En caso de que se acepte llevar a cabo un ERE temporal, la empresa prevé implantar, también, otras medidas como son la supresión de una paga extra al año (que puede estar en torno a unos 900 euros), congelar el plus de antigüedad e implantar la movilidad, explicó José Francisco González, representante de UGT en Titsa. Del mismo modo, añadió que los miembros de su sindicato se reúnen hoy miércoles para analizar las propuestas, pero no descartó “que se puedan emprender medidas de protesta contra la empresa”.
Hasta 2016
El representante de los empleados insistió en que en un primer momento las medidas previstas para ahorrar gastos se prolongarían durante un periodo menor, pero ahora la idea es implantarlas hasta el año 2016, con el objetivo de ahorrar en torno a unos cuatro millones de euros cada año. Del mismo modo, cuestionó el buen funcionamiento del servicio si finalmente se llevan a cabo los recortes de plantilla, ya que, según indicó, la empresa destina ahora mismo 600.000 euros al año a pagar horas extras con la cifra actual, y al existir un recorte los recorridos se verían afectados.
Por último, González recordó que en la propuesta de la empresa presentada a los empleados en el mes de noviembre, donde se planteaban tres escenarios, había la posibilidad de que no hubieran despidos, escenario que según la reunión de ayer con la compañía, en estos momentos ya no se oferta.
Los datos de la compañía del Cabildo
Plantilla. La plantilla de Titsa está compuesta por 1.600 trabajadores que desarrollan sus labores a lo largo de todo el territorio insular y que se distribuyen entre los diferentes departamentos. Así, hay 1.300 conductores y personal de tráfico, 200 mecánicos encargados del mantenimiento y reparaciones de las guaguas y 100 empleados en la administración de la empresa.
Despidos. Independientemente de los acuerdos que se tomen, los trabajadores afrontarán en el próximo mes una serie de despidos. O se suprime el contrato a más de un centenar de empleados, o la totalidad de los trabajadores van al paro durante 15 días al año.
Otros recortes. Además del expediente de regulación de empleo que se apruebe, se implantarán otros recortes como son la supresión de una paga extra al año y la congelación de plus de antigüedad. Además, los empleados han tenido congelados el sueldo en los últimos años.
Supresión de líneas. La compañía, que es propiedad del Cabildo de Tenerife, prevé, además, reajustar las tarifas y bonificaciones del transporte público, y las líneas de guagua. Así, en una primera propuesta, se pretende reducir once líneas, repartidas en toda la Isla y suprimir servicios en otra serie de recorridos. El objetivo de estas medidas es reducir al año y hasta 2016 cuatro millones de euros en gastos.

Dependientes sin apoyo público

Personas con discapacidad y mayores son los más afectados por el recorte social

Mayores, jóvenes, niños y personas con discapacidad, parados de difícil inserción. Todos ellos se verán afectados por la eliminación que el Gobierno central ha decidido en los Presupuestos Generales del Estado 2012 de la partida destinada a los servicios de la Ley de Dependencia. En Canarias ese recorte es de ocho millones de euros anuales. "Es una decisión que afecta a personas de todas las edades que estén amparadas por la Ley de Dependencia, incluidos menores con problemas de autonomía", señala Rita Estévez, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Agüimes.

El día a día de estas personas y de sus familiares se volverá más complicado al tener que superar sin ayuda obstáculos a los que no todos estamos acostumbrados. "Hay que pensar en cómo se enfrentan a la rutina las familias que tienen hijos que nacen con trastornos en el desarrollo y que presentan una discapacidad que puede ser tanto psíquica como física", apunta Estévez.

Para ayudarles, algunos ayuntamientos, como el de Agüimes, han puesto en marcha un Aula de Estimulación Temprana, una herramienta recogida en el Libro Blanco de la Ley de Dependencia y cuya continuidad puede peligrar. "El gasto de este recurso se está cubriendo entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pero si aun así peligra una de las tres partes no sé qué puede pasar. Además, si al niño le llega esta ayuda tarde, de nada sirve", explica la concejala de Asuntos Sociales de Agüimes.

Incertidumbre

La gran pregunta que se hacen ahora los responsables locales de las políticas sociales es cómo van a mantener en marcha los servicios de los que los usuarios se están beneficiando actualmente. "Muchas veces es necesaria la colaboración de psicólogos que trabajan con las familias que tienen algún miembro dependiente para enseñarles pautas de conducta. Esos psicólogos son costeados por los ayuntamientos pero si se reduce el presupuesto no podremos contar con ellos", señala Rita Estévez.

Esta situación genera incertidumbre entre trabajadores y usuarios. "No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con los mayores que están siendo atendidos en las residencias, en sus casas, en los centros de día... y es algo que genera una preocupación muy grande", afirma con contundencia Elena Luis, alcaldesa de La Guancha y presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

La imposibilidad de que la Comunidad haga frente a la contribución procedente del Estado para sostener las ayudas a la Dependencia mantiene en vilo a todos los que de ellas se benefician. "Queremos conocer los datos definitivos de cómo quedan todas las partidas y a qué asuntos van a afectar para saber qué hacer", señala Luis.

Para ello, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha convocado una reunión para mañana con la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam. "Lo que está claro es que las corporaciones locales vamos a tener que afrontar una situación dramática por los recortes en Dependencia y serán las familias que menos tienen las que sufran las peores consecuencias", señala Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía y miembro de la Comisión.

Parados sin salida

La reducción de la partida de las ayudas a la Dependencia no solo coloca en el limbo a los casi 43.000 usuarios que en las Islas han visto mejorar su calidad de vida gracias a ellas. También peligra el empleo de todos aquellos que trabajan ayudando a los dependientes y, en general, prestando algún tipo de servicio social. La red de servicios sociales de Canarias mantiene 2.000 puestos de trabajo y atiende a 300.000 en los 88 ayuntamientos de todo el Archipiélago.

"En los recortes entramos también en el terreno de las políticas activas de empleo que tienen un marcado carácter social y que para las que en Canarias se han destinado 40 millones de euros, es decir, prácticamente nada", apunta Elena Luis. Los talleres de empleo, las escuelas taller y los convenios para la integración laboral son algunos de los ámbitos más afectados por las partidas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado 2012.

Sobre el caso Inalsa

El juez deniega que una póliza de seguro cubra a los anteriores gestores de Inalsa

El juez de lo Mercantil ha denegado sustituir la caución con cargo a una póliza de Inalsa, en lugar del embargo preventivo de los bienes de los miembros de los consejos de administración presididos por Inés Rojas y Manuela Armas. Los embargos por importe de 11,2 millones de euros serán inminentes.

El auto, dado a conocer a las partes el pasado 31 de junio, rechaza la petición de los abogados de los anteriores miembros de los consejos de administración de la empresa pública de aguas (Manuel Fajardo Palarea, Carlos Espino Angulo, Enrique Pérez Parrilla,  Juan Félix Eugenio  José Juan Cruz Saavedra, Manuela Armas Rodríguez, Inés Rojas de León, Sergio Machín de León, Mario Pérez Hernández, Plácida Guerra Cabrera, Jesús Iván Rodríguez, José Dimas Martín, Feliciano R. Díaz Hernández, Liberato Barambio delgado, Mariano Torres Stinga, Rafael Martín Martín y Aquilino Romero Duarte), que pidieron sustituir la medida cautelar de embargo de sus sueldos, bienes y propiedades, por una caución con cargo a una póliza de seguro por importe de 3 millones de euros, que la empresa suscribió para cubrir posibles responsabilidades civiles de sus gestores.
11,2 millones de embargo. El auto del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López Villarubia, (que instruye el concurso de acreedores de Inalsa para cubrir una deuda de 40 millones de euros), rechaza dicha petición de sustituir dicha póliza como aval, al sostener, como alegaron los propios administradores concursales durante el juicio del pasado 26 de enero, que la Ley Concursal sólo permite sustituir los embargos preventivos por aval de entidad de crédito o banco.

Además el auto judicial recoge que la supuesta póliza que se pretendía aportar como aval no incorpora documento alguno de la aseguradora en el que se manifieste que esta se hará cargo del siniestro o que la póliza en cuestión cubra el embargo preventivo.

Además la administración concursal aportó en el juicio documento acreditativo en el que la aseguradora garantizaba su negativa a cubrir el embargo.
 
Por todo ello el juez rechaza sustituir dicha póliza en lugar de los embargos preventivos ordenados por el mismo Juzgado en autos de uno de julio de 2011, (que ordenaba embargar bienes por importe de 1,9 millones a los miembros de los consejos de Administración de Inés Rojas y Manuela Armas) y auto posterior que ordena embargos por 9,3 millones a los miembros del consejo de administración de Manuela Armas, en total 11,2 millones.

¿ Cuales seran las medidas de emergencias y excepcionales ?

Rivero anuncia “medidas de emergencia y excepcionales” en Canarias para paliar los recortes del Estado  
 
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado en el Parlamento que su gabinete se verá obligado a “adoptar medidas de emergencia y excepcionales para garantizar la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos” tras los recortes en inversión que hay en los Presupuestos del Estado.
Rivero, que tuvo que contestar a tres preguntas sobre las Cuentas del Estado como ‘aperitivo’ al gran debate sobre los Presupuestos que protagonizará el debate mañana miércoles, no quiso desmenuzar las medidas que adoptará para hacer frente a los recortes estatales, pese a que así se lo demandó el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez.

“Llegó la fecha de caducidad de los Presupuestos de Canarias”, aseguró Rodríguez, pues los recortes estatales no permitirán el “autogobierno” de la Comunidad Autónoma.

“Los Presupuestos del Gobierno del PP nos condenan a todos a vivir peor”, insistió el presidente, pues las Cuentas estatales “castigan a los trabajadores, a los parados, a las clases medias y benefician a quienes han hecho trampa y a la gran banca”.

SOCIEDAD CIVIL

Por ello, la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, pidió a Rivero a que “se arrope en la sociedad civil, infórmela, porque con un Gobierno más progresista hay que conseguir que el Gobierno de los señores Rajoy y Soria rectifique”.

Del engaño masivo del Plan Canarias que decían los portavoces del PP hemos pasado a una estafa a los canarios que menos tienen. Los 10.000 millones de recorte en Sanidad y Eeducación, significaría que habría que rebajar la mitad del Presupuesto de Sanidad en Canarias para conseguir lo que quiere Rajoy”, dijo Padrón.

La diputada socialista insistió en que los Presupuestos confirmaban “nuestros más oscuros temores: son unas Cuentas fabricadas ex profeso para socavar los derechos de la ciudadanía y el Estado del Bienestar”.

“Con estos Presupuestos, el Estado del Bienestar está siendo atacado por la derecha españolista más rancia y, con la excusa de la crisis, proponen subir la luz, el gas, los impuestos, recortar en educación, en dependencia, en investigación, en inversiones sociales y en partidas para crear empleo”, afirmó.

DEUDA ENVENENADA

Evidentemente, este análisis no fue compartido por la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, para quien las Cuentas del Estado son “la respuesta a una deuda envenenada que no es responsabilidad del Gobierno del PP” y que convierte a España en “un país con riesgo de ser intervenido.

“Usted no se entera de nada, señor presidente, todos vamos a pagar con nuestro dinero lo que el anterior Gobierno socialista se gastó de forma irresponsable con su apoyo y el de CC”, insistió Navarro.

No obstante, “en este dramático momento”, Navarro apeló “al diálogo y al consenso”, por lo que preguntó a Rivero si “va a seguir apelando a la confrontación y a la estupidez del soberanismo o a sumarse a las políticas de ajuste”.

El presidente insistió en que “no pienso hincar la rodilla ante los atropellos del Gobierno del PP”, motivo por el que su gabinete a iniciado los trámites jurídicos para “paralizar los Presupuestos”.

“Diálogo, si. Pero antes está la defensa del interés general de todos los canarios”, concluyó Rivero.

Empiezan los ERES en la CAC

PREVÉ 64 DESPIDOS Y 46 SUSPENSIONES DE UN AÑO

Gesplan anuncia un ERE que afectará a 110 trabajadores

La gerencia cuantifica el ahorro en personal en 1,9 millones de euros. El coste de las indemnizaciones ascendería a 1,2 millones.
 
Rafael Castellano, gerente de la
empresa, junto a Paulino Rivero y
Domingo Beriel
 

Gesplan ya ha descubierto sus cartas. La empresa pública presentó a última hora de este lunes a los representantes de los trabajadores el plan de viabilidad para acometer la reducción del 15% en los gastos estructurales que exige el Gobierno de Canarias a todas sus sociedades mercantiles.
La propuesta de la gerencia contempla la extinción de 64 puestos de trabajo y la suspensión temporal de contratos a 46 empleados durante un año. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectaría, por lo tanto, a 110 de los 173 trabajadores de la plantilla. Al resto del personal se le reducirá un 15% la jornada laboral.
La dirección de Gesplan plantea un recorte mucho más agresivo que el esbozado en la primera reunión que mantuvo con el Comité de Empresa, cuando propuso el despido de 25 trabajadores y la interrupción temporal del contrato para otros cinco, además de un recorte de jornada y salario de entre el 20 y el 40% que hubiera afectado a entre 46 y 64 empleados.
Con este plan de contención, la empresa pública pretende ahorrar 1,9 millones de euros. El despido de los 64 trabajadores supondría una reducción de 1,7 millones en el gasto de la empresa para el ejercicio 2012; las suspensiones de contrato, algo más de un millón, y el recorte salarial, 216.000 euros. El ahorro por Seguridad Social sería de cerca de 130.000 euros. Por su parte, el coste de las indemnizaciones previstas por Gesplan asciende a 1,2 millones de euros.
De las 64 extinciones de contrato, 38 se efectuarían en la provincia de Las Palmas (35 en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y una en Lanzarote) y 26 en Santa Cruz de Tenerife (22 en Tenerife, 3 en La Gomera y una en La Palma). En cuanto a las suspensiones de un año, se verían afectados 27 trabajadores de Gran Canaria y 19 de Tenerife.
Según la memoria explicativa del Expediente de Regulación de Empleo presentado por la gerencia de Gesplan, los ingresos previstos para el año 2012 ascienden a 15 millones de euros y el gasto de personal de la estructura interna, a 7,7 millones tras el recorte.
El Comité de Empresa de Gesplan en la provincia de Las Palmas ya anunció movilizaciones la pasada semana ante la "falta de transparencia" del gerente Rafael Castellano a la hora de presentar los números de la sociedad para plantear alternativas a los despidos

miércoles, 4 de abril de 2012

El PP crea Empleo, entre los suyos...por supuesto

La larga lista de los agraciados con un puesto de trabajo en los últimos meses
El PP ya empieza a crear empleo… entre los primos, hermanos y demás familia de sus dirigentes

El Partido Popular ejerce "sin complejos" la teoría caciquil de colocar a los parientes en buenos puestos, y más en estos tiempos en los que encontrar trabajo es misión casi imposible con cinco millones de parados. La cifra de "parientes" bien situados en la administración es escandalosa y circula ya por internet como la pólvora.

Mariano Rajoy, explica a los suyos
a quien le ha tocado el puesto de
trabajo entre los familiares de los
miembros de la Ejecutiva




La ex mujer de Rodrigo Rato como presidenta de Paradores, el hermano de Álvaro Nadal en la Oficina Económica del presidente, el intento fallido de Cospedal de colocar a su marido en Red Eléctrica y a su hermano en la Fundación Carolina… El caso es que el Gobierno de Rajoy ha decidido que a la hora de fomentar el empleo, lo mejor es empezar por uno mismo, y lo más importante en un curriculum para ocupar un alto cargo en la administración es el apellido. Sirva esta relación de ejemplo.Ver PDF