Pablo Abreu Pérez
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con cierta frecuencia -yo diría que con más de la debida- y aparentemente en campañas organizadas, políticos profesionales y por deducción lógica, mediocres bien conocidos y ciertos sectores empresariales, lanzan con el mayor de los desconocimientos y sin ninguna argumentación de peso, las más denigrantes
e insultantes calificaciones contra los empleados públicos, tales como:
gandules, incompetentes, corruptos (¿quién los corrompe?), etc., etc..
Afortunadamente, aunque con menor frecuencia, articulistas y estudiosos conocedores de la Función Pública aunque no pertenecientes a ella, pero sí con conocimientos suficientes y sólidos argumentos, ponen de manifiesto y contradicen contundentemente a los anteriores.
Hay que recordar a los descalificadores y a la ciudadanía en general confundida con las declaraciones de aquellos
y mucho más en los tiempos que corren, que los empleados públicos no
solo son los que prestan servicios en la administración general ya sea del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones
Locales, sino que también son empleados públicos los que trabajan en la
sanidad pública; los que enseñan a nuestros hijos en la enseñanza
pública ya sea primaria, secundaria, universitaria o en formación
profesional; las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y policías autonómicas y locales que velan por nuestra seguridad; los que prestan servicios en la administración de justicia y en las instituciones penitenciarias; los cuerpos de bomberos; los que limpian nuestras calles y un largo etc. que hacen posible nuestra convivencia y lo que es más importante, el avance de nuestra sociedad. Por otra parte, hay que destacar que la independencia profesional del empleado público del poder político o partido gobernante de turno es lo que garantiza el funcionamiento de todos los servicios anteriormente mencionados.
Además, debe destacarse, y se puede demostrar estadística y documentalmente, que España, en número de empleados públicos, está muy por debajo de los países de nuestro entorno, ello sin comparar a los países nórdicos, de los cuáles nos encontramos bastante alejados. Por el contrario, el número de políticos en nuestro país, comparado con el de los señalados anteriormente, es muy superior en porcentajes respecto al número de habitantes y/o peculiaridades territoriales. No digamos ya el caso del número de políticos por habitante y metro cuadrado en Canarias.
Volviendo al inicio de este artículo y a las descalificaciones allí mencionadas, es preciso resaltar que las mismas se realizan con la intención de esconder los primeros su ineficacia e ineficiencia y los segundos, sus más variados intereses con aquellos. Eso sí, y así casi lo han conseguido, criminalizar a los empleados públicos y trasladar a la sociedad que los males de los servicios públicos es debido a ellos.
Solo para sonreír, pues bastante tiene ya el empleado público con la que le está cayendo, es ilustrativo transcribir algunas declaraciones de aquellos políticos o empresarios. Entre los primeros, hubo uno que culpó a los funcionarios de un municipio del retraso del plan general del término municipal, para añadir que “no entiendo la incapacidad de una persona que cobra al final de mes”. Mientras, ocupaba sin desempeñarlo, pero cobrando mensualmente, un puesto de alto cargo en otra corporación local. Ahora, ostentando una alcaldía, anuncia el recorte del Complemento de Productividad a cuarenta empleados públicos; sin embargo, no anuncia una rebaja en sus emolumentos. Además, creo que es profesor de la universidad (espero que no lo sea en la disciplina de ética).
Entre los segundos, daré ejemplos de algunas manifestaciones recientes realizadas por otros tantos representantes empresariales. Una patronal provincial de empresarios pide “que se despida a funcionarios”; el presidente de una Cámara de Comercio de la región manifiesta “que no podemos ser lugar de parados o funcionarios”; y un destacado empresario (al que personalmente respeto, lo cual no me impide decirle que además de no tener razón en el fondo del asunto, no tiene ningún derecho en las formas, pues insulta innecesariamente al colectivo de empleados públicos), perteneciente al “prestigioso” Círculo de Empresarios, se atrevió a manifestar públicamente , lo que por otra parte acostumbra a decir en otros foros, que la administración pública “habría que hacerla nueva, pues la que tenemos no sirve, está llena de gente incompetente y…”. ¡Qué atrevimiento! Únicamente les ha faltado decir lo que solo ellos piensan: “las islas deberían estar llenas de empresarios ejemplares como nosotros”.
Por cierto, el nuevo presidente del citado Círculo de Empresarios, el día de su toma de posesión, entre otras, realizó dos manifestaciones dignas de enmarcar: una, asegurando tomar “como un honor” el encargo de dirigir éste “grupo de amigos”.
La otra, expresando “nosotros en política estamos con todos. Y al mismo
tiempo con ninguno porque para nosotros lo primordial es el interés general”. Y yo pregunto ¿Qué interés general, el de la sociedad en su más amplio sentido o el del grupo de amigos al que se refirió? Claro, con estas manifestaciones tan contundentes, las de aquellos y las del presidente citado declarando también en un periódico local que “somos un LOBBY de opinión…”, debemos entender que nos encontramos ante lo que la Real Academia define como “un grupo de presión formado por personas de gran influencia y poder, sobre todo político y económico”. Además, siempre sería mejor saber con quién se está en la política, pues en función de ello, la riqueza se repartiría de distinta forma.
Todas estas manifestaciones tienen tanta consistencia académica y valoración empírica como la siguiente: “la mayoría de los empresarios deben estar en la cárcel, pues el sector empresarial está lleno de golfos, defraudadores fiscales y explotadores de la clase trabajadora”. Por cierto, viene a cuento de lo anterior, el reciente estudio del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que concluye que el archipiélago canario es la segunda región con más evasión fiscal, estimándose que el fraude fiscal alcanza los 7.715 millones de euros. Por otro lado, la economía sumergida en Canarias mueve un volumen aproximado de 11.650 millones de euros, cantidad equivalente al 28,7% del PIB del archipiélago. Conclusión: los empleados públicos canarios ni ganamos tanto para evadir fiscalmente y mucho menos aquellos pertenecientes a los grupos C, D y E o sus equivalentes si tienen la condición de personal laboral, que son la mayoría de los empleados públicos, ni somos contratantes de personal irregular. ¡Vamos, hombre, lo que nos faltaba!, recibir reprimendas injustificadas e injustificables y además tener que estar siempre justificándonos de nuestra “digna” profesión de servidores públicos. En cualquier caso, ¡a mucha honra! Como diría un canario socarrón: “pícamelo menúo que lo quiero pa`la cachimba”.
Visto y sufrido todo lo anterior, ahora llega el Gobierno de Canarias, después de hartarse a decir que a los empleados públicos no les afectarían los recortes o medidas a tomar, y nos lanza un último ataque, cuál es el recogido en el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, proyecto que, el propio
Consejo Económico y Social, se niega a dar su visto bueno, pues entre
otras circunstancias, reprocha al gobierno que imponga medidas sin
justificarlas ni evaluar su impacto. Además, le critica su falta de diálogo y sus dudas legales. Ello es avalado por el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico.
El mencionado proyecto tiene su origen en el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, en el que en sus dos primeros párrafos de su exposición de motivos fundamenta su parte dispositiva: “adopción de medidas tendentes a la reducción del gasto público y al incremento de la eficiencia en la prestación de servicios” y “modificaciones en la organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en las que, entre otras, se recogen la supresión de organismos y órganos administrativos, y se adoptan distintas medidas en materia de régimen de personal…”. No se decía nada del recorte o reducción de las retribuciones de los empleados públicos, pues entre sus modificaciones no estaba prevista la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012.
¿Qué pasó entonces para cambio tan brusco? Pues lo de siempre, que al sacar las cuentas, percibieron que no se habían realizado bien los cálculos. Pues no importa, ¡a por los empleados públicos! Y las cuentas no salieron, porque suprimiendo órganos y tomando alguna medida de maquillaje era imposible ajustar las mismas, como pretendieron hacer ver a la ciudadanía. Pues bien, para no emplear eufemismos, digo que en el proyecto y anteproyecto citados han mentido, al menos en parte, lo que me da derecho a pensar que así lo hicieron en otras áreas, pues con el ejemplo que pongo a continuación, se puede entender perfectamente.
El artículo 10 del proyecto referenciado, recoge la modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, suprimiéndose “el Consejo Territorial Canario de Movilidad”, “el Consejo Canario del Transporte” y “la Comisión Interadministrativa de Coordinación de los Transportes”. Pues bien, sin más argumentación, solo decir que dichos órganos colegiados no suponen ningún coste para la administración, pues nunca se han constituido, como ya puse de manifiesto
en un artículo publicado al efecto. Por tanto, puedo seguir poniendo
ejemplos respecto a esta Ley, aunque con lo expuesto creo que es
suficiente.
Sin embargo, ahora pretenden modificar la Ley 12/2011, ya citada, para recortar nuestras retribuciones así como la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, para igualmente recortar derechos de los empleados públicos, en beneficio del poder político, para así mantener en puestos para ellos claves, a empleados públicos de su “cuerda”, que también los hay, por lo menos hasta el final de legislatura. Dichos recortes, entre otros, son los referidos al período que debe transcurrir entre la convocatoria de un proceso selectivo o un concurso de méritos y su resolución final, que actualmente es entre dos y nueve meses como máximo y con la propuesta de modificación pasa a ser de quince. Esto solo es un ejemplo.
No obstante, para justificar tanto abuso y recortes y a la vez terminar de criminalizar a los empleados públicos y al tiempo confundir a la ciudadanía en general, los miembros del gobierno
y/o sus secuaces, por goteo y en forma organizada, han ido
transmitiendo a la opinión pública, por una parte, la justificación de las medidas a adoptar para los recortes, y por otra, no se han olvidado de sus “actos de contrición”.
Entre aquellas han destacado las siguientes:
- El Gobierno trasladará a sus funcionarios, cuando lo necesite e impone la jubilación. No hace falta que nos trasladen, solo se requiere organización y reestructuración y solo a ellos compete realizarla. En cuanto a la jubilación, aunque estoy a favor de la medida, que abran ellos el camino.
- El Gobierno
planea ahorrar diez millones en alquileres en dos años. Si ahora
cabemos todos en los edificios públicos, ¿por qué antes, no? ¿Quién y
por qué motivos se arrendaban oficinas?
- El Gobierno refuerza la lucha contra el fraude fiscal con un equipo específico de 18 efectivos pertenecientes a los cuerpos administrativos y auxiliares administrativos y durante los meses de mayo y junio. Con mi mayor respeto para dichas categorías administrativas, pues yo pertenezco a ellas, aunque en excedencia.
¿Es esta la cualificación que se requiere para tal fin? ¿Solo dos meses
para tal actuación? Menos mal que serán ayudados por la “policía
canaria” a la que se le van a ampliar sus competencias.
- La Comunidad Autónoma vende un centenar de coches para ahorrar gastos. Si de un parque de 500, sobran 100, ¿para qué y quién compró estos que sobran?
- El Gobierno extingue cuatro Direcciones Generales y suprime 14 plazas de personal eventual. Sin entrar en detalles, pueden extinguirse muchas más direcciones generales y solo a título de ejemplos, las de “Relaciones Exteriores” adscrita a la Viceconsejería de Acción Exterior, la de “Comunicación” afecta a la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios”, la de igual rango, pero llamada “Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales” ¿?, la de “Relaciones con África” dependiente de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea. En fin, no sé cuantas más; pero pueden los lectores imaginarse si ven el organigrama gubernamental. En cuanto al personal eventual y sin miedo a equivocarme, me atrevo a proponer que pueden suprimirlos todos y con ello ahorrarían retribuciones, dietas, gastos telefónicos, además de un largo etc., incluido el coste que supone el tiempo que trabajan para el partido
o sabe Dios para quién. Ese asesoramiento se lo podríamos proporcionar
los empleados públicos (economistas, abogados, ingenieros, biólogos,
periodistas, etc. etc.), quienes tradicionalmente lo han realizado, además muy bien, precisamente por su independencia profesional, la que al político no le interesa y además le teme.
- El pacto cerrará el segundo canal de la Televisión Canaria. El que no tiene prácticamente coste. ¿Por qué no cierran el primero? Eso sí, si se atreven, que por favor no supriman los “informativos” ni “en clave de ja”, programas ambos de gran importancia para la información y la cultura canaria respectivamente.
- El ejecutivo regional suprimirá nueve de sus organismos. Comentado anteriormente de acuerdo con lo que conozco.
- El Gobierno reducirá el número de Empresas Públicas. Otra vez con la misma cantinela. ¿Quién creó esos monstruos ingobernables e incontrolables durante los últimos veinte años? ¿los empleados públicos?
- La bajada del 5% del sueldo afecta a los altos cargos y a los diputados. Lo que faltaba. No obstante tengo mis dudas.
Entre los actos de contrición, los hay para todos los gustos, pero solo destacaré seis:
- Presidente del Gobierno. Califica de razonable el disgusto de los empleados públicos que han mostrado su rechazo al recorte de salarios. En cuanto a los despidos, “solo se producirán en las empresas públicas”. Primero les dan cobijo y cuando no me interesa, “a la calle”.
- Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. El Gobierno es consciente de que “lesiona derechos adquiridos”, para añadir, que este ajuste “no será el único en esta materia”.
- Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Necesito la complicidad, el apoyo y la solidaridad de los empleados públicos. Además reconoce que se trata de un “sacrificio añadido, de un esfuerzo suplementario, después de la reducción del 5% de 2010. Por último añade que “es muy duro” plantear este tipo de propuestas, pero es una medida “solidaria” para que todos puedan mantener su empleo y no tener que echar a empleados.
- Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. El Gobierno de Canarias no tiene intención de despedir a nadie y que “entiende el malestar de los empleados públicos por el recorte de sus salarios”, calificando de “dolorosos” la rebaja del 5% en los salarios.
- Portavoz del Ejecutivo. Los empleados públicos no sobran, aunque reconoce que su gestión es susceptible de mejora. Yo pregunto ¿y la de los políticos? ¿y la suya propia? Sinceramente creo, bueno, que cada uno piense lo que quiera.
- Viceconsejera de Administración Pública. La reducción salarial a empleados públicos no le “gusta” al pacto PSOE-CC, pero no queda otro remedio.
Como podrán comprobar, todos siguen en sus puestos pero a ninguno se le ha ocurrido prescindir por ejemplo de sus dietas o de sus indemnizaciones
por asistencia a consejos y órganos colegiados, en su mayoría
ineficaces e ineficientes. Tampoco se les ha ocurrido prescindir de gastos de “consultorías” y/o estudios de dudosos resultados o sin ninguna trascendencia
para la administración, claro, pero si, sobre todo económicas para los
“prestigiosos consultores”, en muchos casos familiares y/o amigos de altos cargos e incluso ex-altos cargos convertidos en tales. Como tampoco han prescindido del pago a “especialistas” por redacción de proyectos normativos; por campañas publicitarias sobre “un solo pueblo” en periódicos y revistas de difusión regional, etc. etc. etc. Y por supuesto, no han suprimido ninguno de los órganos o consejos que figuran en el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aprobado por Decreto 129/2008, de 3 de junio. Al contrario, por Decreto 50/2010, de 13 de mayo, por el que se modifica aquel, se crea un nuevo órgano colegiado, cual es el “Comité Jurídico Asesor” de la persona que ocupe la Presidencia del Gobierno. Eso sí, no se han olvidado de incluir a éste “comité” en la categoría primera a efectos de la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio.
Igualmente al caso anterior y precisamente el 11 de mayo del presente, justo en medio de las protestas de los empleados públicos, se publica en el Boletín Oficial de Canarias, el Decreto 37/2012, de 3 de mayo, por el que se regula la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. Tampoco en esta norma se olvidaron de clasificar a sus miembros a efectos de indemnización por razón del servicio, en la categoría primera. ¡No quieres caldo, pues toma dos tazas!
A todos esos actos de contrición, me veo obligado a contestar al menos al formulado por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, cuando solicita “complicidad, apoyo y solidaridad de los empleados públicos”. Los empleados públicos nos solidarizaremos con Vd. y solo a título de ejemplo, cuando:
- Anuncie y se comprometa a impulsar con todas sus consecuencias, el desarrollo de una nueva Ley de la Función Pública Canaria, complementaria del Estatuto Básico del Empleado Público, como han hecho otras Comunidades y no parchee la vigente que data de 1987 y siempre en perjuicio de los empleados públicos.
- Cumpla con la vigente ley citada anteriormente en cuanto a concursos de mérito se refiere.
- De instrucciones a la Dirección General de la Función Pública para que no permita convocatorias de libre designación, como la que exige para un puesto de “Jefe de Servicio de Gestión Económico-Financiera” pertenecer a la Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad de Ingenieros Industriales. Lo puedo demostrar.
- Traslade a todos los centros directivos que vigilen y sean escrupulosos con la aplicación de la ley en resoluciones que atentan contra derechos de los empleados públicos.
- Ordene regularizar todos los puestos que por intereses políticos se encuentran en situación de “comisiones de servicio”, “adscripciones provisionales” y otros incluso en situaciones sin clasificar, pues…
- Haga cumplir la sentencia -entre otras- 82/2012 de 26 de marzo, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el Decreto 171/2009, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de la que Vd.es titular.
- De instrucciones precisas para que todos los empleados públicos en igualdad de condiciones cumplan con el sistema de asistencia y control horario (SICHO) y se acaben los privilegios “interesados”.
- Y cuando, etc. etc. etc.
Y yo, particularmente me solidarizaré con Vd. cuando tenga la honestidad y dignidad de contestar a cuantos escritos le he dirigido en solicitud de ejecución o en relación con varias sentencias a mi favorables, una de ellas por vulneración de derechos fundamentales.
Ya acabando y para no cansar pero destacando que existen otras fórmulas para quitarse de en medio o desmotivar al empleado público, de las que otro día escribiré, si es preciso resaltar dos cuestiones que defraudan y desmotivan profundamente al colectivo al que pertenezco; la mayoría de las personas, si no todas, que ocupan los cargos de Secretarías Generales Técnicas, son empleados públicos y ninguna tuvo la valentía o fue capaz después de celebrada la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno previa a la reunión del Consejo de Gobierno de 3 de mayo del presente, en la que se tomó en consideración el anteproyecto convertido luego en proyecto de ley al que se ha hecho referencia en el presente artículo, de presentar, aunque sea por solidaridad, su dimisión irrevocable al puesto que ocupan. Lo mismo digo de tantos otros altos cargos, entre ellos el actual Director General de la Función Pública, -que por cierto, debe reconocérsele su brillante “informe favorable” al anteproyecto de ley comentado-, funcionarios de profesión que, por mucho menos de lo que está pasando han puesto el “grito en el cielo”, ¿o no se acuerdan? Quizá sea porque el recorte que les afecta, lo suplen con el cobro de sus asistencias a los órganos ya mencionados u otros semejantes, o porque esperando a cumplir dos años en sus actuales puestos de “alto cargo”, les supone consolidar el nivel 30, o por los dos motivos a la vez. Luego, una vez consolidado aquel nivel, ya pasarán a un buen retiro, sin mayores responsabilidades a ocupar una Jefatura de Sección, como ya tenemos muchos ejemplos.
Por todo lo anterior, espero alguna llamada de aquellos que se sientan aludidos en este artículo, pues a lo mejor estoy equivocado. En cualquier caso, si así lo desean, mi teléfono y correo electrónico funcionarial es fácil localizar, pues como verán, me identifico claramente al final del presente.
Por último y parafraseando a un articulista semanal en un periódico local, médico de profesión, a quien con entusiasmo leo todas las semanas,
aunque no siempre coincida con sus planteamientos, digo a todos, buen
día y hasta luego. Y añado, soy funcionario, ¿y qué?
Pablo Abreu Pérez
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
