Que los mismos autores de la injusta medida aleguen indefension
jurídica parece una burla a los afectados y demuestra que la reducción
salarial no cuenta con informes jurídicos que la avalen
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados
por los Recortes (PEPAR) ha calificado de obstruccionista y errático el
comportamiento del Gobierno de Canarias, además de negligente y falto de
rigor. A juicio de la PEPAR “con sus triquiñuelas jurídicas el
Ejecutivo demuestra que la medida de reducción de jornada y sueldo a
tres mil trabajadores públicos nunca contó con informes jurídicos que
avalaran su adecuación a Derecho”.
Así lo ha manifestado tras tener conocimiento de
que el Ejecutivo ha pedido la unificación de las más de mil causas
judiciales individuales abiertas en distintos juzgados de lo social de
las islas, abriendo la vía a la interposición a un conflicto colectivo,
y paralizando de este modo las demandas individuales interpuestas.
La Plataforma critica la negligencia y falta de rigor del Gobierno y del Parlamento en la tramitación de la discriminatoria medida, y en este sentido ha recordado que previamente a su aprobación parlamentaria solicitaron de forma expresa al Gobierno de Canarias los informes jurídicos que avalaban teóricamente la propuesta, así como los informes de adecuación a Derecho que deberían de existir por parte de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias, pero éstos nunca se les fueron facilitados ni se tuvo conocimiento de su existencia. Además, recuerdan que por parte del Gobierno nunca se ha intentado una interlocución con ellos.
Considera este colectivo de trabajadores afectados que el comportamiento errático y la improvisación del Gobierno a la hora de afrontar su gestión en materia de personal y de resolver los conflictos laborales les perjudica gravemente, pareciendo ya más una persecución y maltrato que un comportamiento objetivo y racional. Parece además una burla a los afectados que los mismos autores de la medida sean ahora los que esgriman el argumento de la “indefensión jurídica por no tener tiempo suficiente para preparar su estrategia de defensa ante los tribunales”, cuando por el contrario con esta decisión del Ejecutivo se les genera todavía una mayor indefensión a los tres mil empleados públicos afectados por los recortes salariales, que ven retrasarse nuevamente el proceso, y extenderse en el tiempo los graves perjuicios económicos que vienen soportando.
Además, no deja de ser sorprendente que el Gobierno no tenga claros y bien preparados los argumentos para defender una reducción salarial que “bordea la legalidad”, según las propias palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola. Parece más bien, a juicio de la Plataforma, que el Gobierno persigue con esta triquiñuela legal torpedear y apropiarse del único espacio de defensa que le queda a unos trabajadores que han visto atropellados sus derechos laborales en el fondo y en la forma.
Concentraciones. Por otro lado, la Plataforma anima además a los empleados públicos a asistir de forma masiva a las concentraciones convocadas por los sindicatos mañana jueves 21 de febrero entre las 13-15 horas ante Presidencia del Gobierno en ambas islas capitalinas, y en las Oficinas del Servicio Canario de Empleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para exigir al Gobierno de Canarias la retirada de la medida.
La Plataforma critica la negligencia y falta de rigor del Gobierno y del Parlamento en la tramitación de la discriminatoria medida, y en este sentido ha recordado que previamente a su aprobación parlamentaria solicitaron de forma expresa al Gobierno de Canarias los informes jurídicos que avalaban teóricamente la propuesta, así como los informes de adecuación a Derecho que deberían de existir por parte de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias, pero éstos nunca se les fueron facilitados ni se tuvo conocimiento de su existencia. Además, recuerdan que por parte del Gobierno nunca se ha intentado una interlocución con ellos.
Considera este colectivo de trabajadores afectados que el comportamiento errático y la improvisación del Gobierno a la hora de afrontar su gestión en materia de personal y de resolver los conflictos laborales les perjudica gravemente, pareciendo ya más una persecución y maltrato que un comportamiento objetivo y racional. Parece además una burla a los afectados que los mismos autores de la medida sean ahora los que esgriman el argumento de la “indefensión jurídica por no tener tiempo suficiente para preparar su estrategia de defensa ante los tribunales”, cuando por el contrario con esta decisión del Ejecutivo se les genera todavía una mayor indefensión a los tres mil empleados públicos afectados por los recortes salariales, que ven retrasarse nuevamente el proceso, y extenderse en el tiempo los graves perjuicios económicos que vienen soportando.
Además, no deja de ser sorprendente que el Gobierno no tenga claros y bien preparados los argumentos para defender una reducción salarial que “bordea la legalidad”, según las propias palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola. Parece más bien, a juicio de la Plataforma, que el Gobierno persigue con esta triquiñuela legal torpedear y apropiarse del único espacio de defensa que le queda a unos trabajadores que han visto atropellados sus derechos laborales en el fondo y en la forma.
Concentraciones. Por otro lado, la Plataforma anima además a los empleados públicos a asistir de forma masiva a las concentraciones convocadas por los sindicatos mañana jueves 21 de febrero entre las 13-15 horas ante Presidencia del Gobierno en ambas islas capitalinas, y en las Oficinas del Servicio Canario de Empleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para exigir al Gobierno de Canarias la retirada de la medida.
