Histórico cuelgue de togas convocado por cinco asociaciones, que protestan contra el ataque del Gobierno de Rajoy a su independencia, por las tasas "desorbitadas", la falta de medios y los indultos arbitrarios
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha ganado a pulso en apenas un año
la convocatoria de una histórica huelga conjunta de jueces y fiscales,
llamados este miércoles a colgar las togas en protesta por la práctica
totalidad de medidas impulsadas desde el despacho del ministro Alberto
Ruiz-Gallardón. Desde las tasas judiciales "desorbitadas" a los indultos
arbitrarios, la "privatización" del Registro Civil, o el intento de
politización del Consejo General del Poder Judicial, así como la
paupérrima situación de medios personales y materiales los juzgados.
Los
gobiernos de Rodríguez Zapatero ya soportaron la pasada legislatura dos
huelgas --el 18 de febrero y el 8 de octubre de 2009--, pero entonces sólo fueron convocadas por asociaciones de jueces.
En esta ocasión, la novedad es que también los fiscales están llamados al
paro, ya que la convocatoria parte de tres asociaciones de jueces
--"Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y Foro Judicial
Independiente-- y dos de fiscales --Unión Progresista de Fiscales y
Asociación Profesional Independiente de Fiscales--.
Se han
descolgado las dos asociaciones mayoritarias de cada uno de los
colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación
de Fiscales, quienes, pese a estar de acuerdo con la tabla reivindicativa de
los convocantes de la huelga, aún confían en agotar una vía del diálogo
con el Ejecutivo que no ha dado hasta ahora ningún fruto.
Por contra, las asociaciones convocantes cuentan con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para Todos',
que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de
Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ.
A casi todos les ha unido su posición común contraria a las tasas y los
recortes del Gobierno.
Jueces, fisacles y funcionarios de
Justicia están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30
horas frente a los juzgados y fiscalías de toda España, donde harán un
primer balance de seguimiento. Los sindicatos de funciones rechazan
especialmente "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los
registros civiles que consideran que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.
Los
miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de
la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al
denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez
jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además,
reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción,
modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
No
es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales
acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo
lugar el 18 febrero de 2009, convocada por las asociaciones Francisco de
Vitoria y Foro Judicial Independiente contra la gestión del entonces
ministro socialista Mariano Fernández Bermejo. Desde
entonces persiste la polémica sobre si los jueces tienen derecho o no
hacer huelga, por ser un poder del Estado. Nadie ha dado hasta ahora una
solución definitiva, ni se ha legislado al respecto, y el CGPJ se ha
limitado a señalar que un paro de magistrados "no tiene soporte normativo".
Esta
vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha
estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
La huelga de febrero de 2009 fue un notable éxito,
con un seguimiento superior al 60% según los convocantes (30% de
acuerdo al CGPJ), pero la siguiente, convocada en solitario por la
asociación mayoritaria, la APM, tuvo un eco menor, y sólo fue realizda
por una cuarta parte de los jueces,
En relación a la de este
miércoles, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de
magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga
de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción
para censurar la gravedad de las reformas legislativas.
Los
profesionales del sector se han levantado contra las reformas del
ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un
rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del
Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de
inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y
recurrida ya ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el
malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de
Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos'
critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro,
mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la
"única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.
Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación"
frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido
convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la
Carrera Judicial".
Las asociaciones representativas de la Carrera
Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el
nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran
"de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la
reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó
la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su
nuevo presidente, Pablo Llarena.
No hay comentarios:
Publicar un comentario