Llega la hora de la verdad. Esta semana comienzan los juicios de las
demandas individuales contra el recorte de la jornada y del salario a
3.300 empleados públicos de la Administración autonómica. El Juzgado de
lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife acumula alrededor de
setenta causas para este jueves.
A este señalamiento se llega después de que el juez rechazara la
solicitud de aplazamiento formulada por la letrada del servicio jurídico
del Gobierno de Canarias, que se agarraba al artículo 82.5 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) como a un clavo ardiendo.
“Cuando la representación y la defensa en juicio sea atribuida al
abogado del Estado”, argumentaba el Ejecutivo regional, “se le concederá
un plazo de veintidós días para la consulta a la Abogacía General del
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado”. Y, cuando le sea
otorgada al letrado de la Administración de la Seguridad Social, “se
aplicará el mismo plazo”. Este criterio se extiende a las comunidades
autónomas. “De no accederse a nuestra petición”, exponía el gabinete
jurídico, “se estaría vulnerando el derecho constitucional a la
defensa”.
Con fecha del 13 de febrero, la secretaria judicial comunicó que “no
ha lugar” a la reclamación, ya que en el procedimiento de modificación
sustancial de las condiciones de trabajo no es preceptivo el artículo
82.5, sino el especial del 138.5 de la LRJS aunque la demandada sea una
Administración pública. Tampoco se aceptó el aplazamiento por la
coincidencia de juicios, “al no haberse interesado dentro de los tres
días siguientes de recibirse la segunda citación”.
Entre otras, tienen consideración de alteración sustancial de las
condiciones laborales las que afecten a las siguientes materias: jornada
de trabajo, horario y distribución del tiempo, régimen de trabajo a
turnos, sistemas de remuneración y cuantía salarial, y sistema de
trabajo y rendimiento. A ello se une el carácter discriminatorio de esta
disposición incluida en la ley de presupuestos regionales de 2013,
puesto que entre los directamente perjudicados no están el personal
adscrito a los servicios judiciales y fiscales, los docentes no
universitarios, como tampoco los funcionarios, laborales y estatutarios
(Servicio Canario de la Salud) ni los empleados del Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia de la red transfusional y de los bancos de
sangre. Finalmente han quedado excluidos los trabajadores de servicios
sociales de los centros cedidos a los cabildos, que tratan con
deficientes y mayores.
Concentraciones
Para esa intensa jornada, los sindicatos han convocado
concentraciones simultáneas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura. La protesta será de 13.00 a 15.00 horas frente a las
sedes de la presidencia del Gobierno autonómico en las dos capitales
canarias y ante las oficinas principales del Servicio Canario de Empleo
(SCE) de las dos islas orientales.
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