La demora en las ayudas sociales, queja de los canarios en 2011

Escasez de dotación presupuestaria, insuficiencia de personal y los retrasos en la emisión de los informes son las principales quejas que recibió el Diputado del Común en Servicios Sociales. 

Los Servicios Sociales en general y la Ley de Dependencia se convirtieron en un motivo destacado de quejas ante el Diputado del Común durante el año pasado. Así, del total de las quejas recibidas por esta institución en 2011 (1.217) un 5,6 por ciento (67) hicieron referencia a la solicitud de prestaciones municipales referidas a ayudas económicas de emergencia.

En esta área, llegó al organismo una nueva razón de queja, los retrasos en los informes para tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Uno de los principales motivos de reclamaciones en esta área fue la escasez o insuficiencia de dotación presupuestaria "por parte de entidades locales para afrontar este tipo de requerimiento cada vez más frecuente", señala el balance del año pasado del organismo.

La insuficiencia de personal técnico en los ayuntamientos, en concreto de trabajadores sociales, sobre todo para la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), fue otra razón de queja de los canarios.

Según señala el documento de la institución, la redacción del informe social para la concesión de este tipo de ayudas se demora en los consistorios un periodo medio de tres meses.

Pero uno de los problemas más graves detectados por la institución fue la demora en la redacción y emisión de los informes técnicos preceptivos para tramitar las solicitudes de la PCI en "las oficinas de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias".

En esta área, el nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, observó el año pasado un nuevo motivo de reclamaciones, el relativo a la exclusión social extrema y las personas sin hogar.

Sobre este asunto, los canarios denunciaron la falta de previsión en el número de plazas en alojamientos para personas que se encuentran en esta situación, así como una "clara falta de normativa municipal en cuanto al protocolo o reglamento y régimen interno del Albergue municipal", destaca el informe.

Pero las reclamaciones no hicieron referencia solo a administraciones locales, insulares o regional, sino que un número destacado de ellas criticaban el "incumplimiento de los plazos de respuesta del Diputado del Común", que llegaba a superar los seis meses de vida del expediente.

Ley de Dependencia

Las excesivas demoras en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones de esta ley fueron otro de los motivos destacados de las reclamaciones recibidas por el Diputado del Común durante el año pasado, pues ocuparon un 6,32 por ciento del total de quejas recibidas (77 reclamaciones).

Pese a que la institución señala que se ha reducido el plazo en el que la administración valora las peticiones y reconoce el grado y nivel de dependencia, que la Ley marca que es de máximo tres meses, "continuamos observando retrasos muy elevados en la aprobación de los Programas Individuales de Atención, que en algunos casos llegan a más de 30 meses desde que se produce el reconocimiento de la situación de dependencia, o lo que es lo mismo, excediendo en 27 meses el plazo legalmente establecido", concreta el balance.

El Diputado del Común destaca en su balance anual que, en algunos casos, "la duración total del procedimiento resulta completamente desproporcionada y deja sin contenido el derecho a la protección de la dependencia que la Ley ha reconocido".

En este sentido, la institución señala que se ha producido de forma repetida "el fallecimiento de la persona reconocida como dependiente, sin que se hubiera llegado a aprobar su Programa Individual de Atención".

Por ello, y con el fin de mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias, el Diputado del Común recomienda al Ejecutivo regional que aborde este asunto "mediante un norma con rango de Ley".

discapacitados

Demora en los trámites

Los retrasos en la tramitación del reconocimiento de discapacidad y la revisión del grado fueron uno de los motivos de quejas ante el Diputado del Común en 2011, institución que recibió 64 quejas sobre este asunto (un 5,25 por ciento del total de las reclamaciones). Otras reclamaciones fueron las relacionadas con los centros base para facilitar a los solicitantes la tarjeta de estacionamiento europeo para personas con discapacidad. Por último, la institución denuncia que, en la actualidad, "continúan existiendo numerosas barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad en Canarias". En este sentido, el Diputado del Común recuerda que los Estados están obligados a adoptar "las medidas que sean necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos de uso público".

Publicado en: http://www.eldia.es/2012-06-03/CANARIAS/12-demora-ayudas-sociales-queja-canarios.htm

Rivero contrata a una militante de AHI en plena rebaja de sueldos públicos

El jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, contrató el pasado 11 de abril, como asesora de Presidencia del Gobierno, a una militante de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) que no salió elegida en las pasadas elecciones municipales, a las que concurrió como número seis al Ayuntamiento de Valverde. 

Que las relaciones entre los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y el Gobierno regional no pasan por su mejor momento es algo evidente. Solo hay que comprobar cómo aprovechan cualquier acto público para dejar patente su malestar con los recortes que pretende aplicar el Ejecutivo, entre otros aspectos, en sus salarios. Unos recortes que, sin embargo, parecen no extenderse a algunas áreas del Gobierno.

Según trascendió ayer, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, contrató el pasado 11 de abril a una asesora -como personal eventual-, Rosa Magaly Castañeda Pérez, para desempeñar las funciones de secretaria de dirección, puesto por el que cobrará como un funcionario de carrera del grupo C2, con nivel 18 -auxilicar administrativo-. La citada secretaría de dirección está integrada en la Dirección General de Relaciones Exteriores.

La contratación de Castañeda se produjo apenas nueve días antes de que el Consejo de Gobierno -el sábado 21 de abril- aprobara el paquete de medidas con las que el Ejecutivo canario pretende hacer frente a la caída de partidas -más de 800 millones de euros- procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y en plena negociación con los sindicatos para intentar consensuar parte de estas medidas.

Cabe recordar que entre esos ajustes figura la reducción del sueldo de los empleados públicos de Canarias en un 5% para el presente ejercicio, una medida que desde el Ejecutivo se presentó como una alternativa para no despedir empleados públicos, pero que los propios trabajadores de la Administración han rechazado al no haberse contemplado otras medidas de ahorro antes que rebajar otra vez sus sueldos.

Según figura en el decreto de nombramiento de Magaly Castañeda, las funciones para las que fue contratada tienen "carácter de confianza o asesoramiento especial", aspecto este que, a juicio de las fuerzas sindicales consultadas, podrían realizar los trabajadores públicos de la comunidad autónoma. Es más, según la información recabada por este periódico, Castañeda ha acompañado en las últimas semanas al jefe del Ejecutivo en los viajes que ha hecho a las distintas islas y por diversas circunstancias del cargo.

En este sentido, los sindicatos consultados calificaron como "increíble" que se hagan nombramientos de este tipo, "con la que está cayendo", máxime cuando consideran que es una contratación "política".

Y es que Magaly Castañeda es militante de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), formación con la que concurrió a las pasadas elecciones municipales como número seis del Ayuntamiento de Valverde, aunque finalmente no resultó elegida, y que en los últimos días ha escenificado su ruptura con Coalición Canaria, partido con el que está asociado desde el año 2002.

Fuentes de Presidencia del Gobierno consultadas ayer por este periódico confirmaron la contratación como asesora de Paulino Rivero de la mencionada Castañeda, pero precisaron que se trata de una "sustitución" por una baja por maternidad. 

Publicado en: http://www.eldia.es/2012-06-03/canarias/3-Rivero-contrata-militante-AHI-plena-rebaja-sueldos-publicos.htm

CC y PSC descartan modificar la subida fiscal y el recorte salarial

 NO TIENEN VERGUENZA.

Los grupos nacionalista y socialista descartan que se puedan realizar cambios sustanciales, a través de enmiendas durante su debate en el Parlamento, en las iniciativas más importante proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, es decir, en la rebaja salarial a los empleados públicos y la subida impositiva. Nueva Canarias (NC) baraja pedir la devolución del texto legislativo al Gobierno, en línea con el PP, porque considera que el recorte es “injusto” y aboga por otro sistema fiscal.

Los socios de pacto del Ejecutivo sostienen que hay posibilidades para mejorar el texto a través de enmiendas, siempre y cuando estas propuestas respeten los objetivos del Gobierno regional y los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El portavoz del grupo socialista, Manuel Fajardo, explicó que se presentarán enmiendas al articulado para introducir mejoras técnicas. Apuntó, sin embargo, que es “difícil” que haya cambios “sustanciales” porque “el núcleo” del proyecto de ley ya está pactado con las corporaciones locales y los sectores. Añadió que el tiempo “apremia” para su aprobación.

En línea con las declaraciones del presidente regional, Paulino Rivero, el pasado jueves, Fajardo señaló que si la Unión Europea pide más sacrificios a España, las comunidades se verán también afectadas, por lo que no descartó que haya que hacer “algún ajuste más” en el futuro.

El presidente de NC y portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, indicó que el partido baraja la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad. Calificó los recortes de “injustos” e “inaceptables” y arremetió especialmente contra el ajuste de 220 millones en el capítulo de gastos de personal. En el apartado tributario, indicó que si los impuestos se hubiesen modificado el pasado mes de diciembre, cuando el grupo mixto lo propuso, ahora la subida no tendría que ser tan fuerte.

El presidente de NC abogó por incrementar la lucha contra el fraude fiscal y una modificación del sistema fiscal que suponga un aumento “progresivo y selectivo” de los impuestos. Apostó también por cambios en el impuesto de sociedades para que paguen quienes más recursos tienen. Criticó además que el plazo para la presentación de enmiendas concluya el próximo día 11 de este mes. Un tiempo “escasísimo” para debatir un texto que contiene modificaciones de “tanta envergadura e impacto”, señaló.

El grupo popular confirmó el pasado jueves su intención de presentar también una enmienda a la totalidad.

Publicado en: http://www.diariodeavisos.com/2012/06/02/actualidad/cc-y-psc-descartan-modificar-la-subida-fiscal-y-el-recorte-salarial/

UGT reabre la 'batalla' en el Ayuntamiento de Gáldar

DENUNCIAN LA ''CONFISCACIÓN'' DE DERECHOS LABORALES
El sindicato asegura que el alcalde ha eliminado "de manera unilateral" complementos y pluses de los trabajadores municipales.

UGT de Gran Canaria ha mostrado su "sorpresa e indignación" ante la decisión unilateral del alcalde Gáldar, Teodoro Sosa (NC), de "suprimir a su conveniencia los derechos reconocidos desde hace más de diez años en los convenios laborales aprobados por todos los grupos políticos de la Corporación". UGT anuncia que denunciará en los tribunales esta "confiscación de derechos".
En un comunicado, el sindicato señaló que el alcalde y su "cómplice" en el gobierno municipal, Encarnación Ruiz Alonso del PSC, "sorprendieron a todos sacándose de la manga la decisión de eliminar los complementos salariales de productividad que estaban percibiendo, en virtud de sentencias judiciales, algunos empleados públicos del Ayuntamiento".
Prosigue el comunicado que "curiosamente" estos dirigentes políticos "decidieron no eliminar las productividades de 1.000 euros mensuales -además del sueldo- que cobran determinados empleados públicos", por lo que en UGT no entienden "esta curiosa doble vara de medir, en la que las productividades de mayor cuantía no se tocan, pero sí se tocan las de 200 o 300 euros".
UGT criticó también en el Ayuntamiento se haya aprobado "suspender el pago de los pluses de nocturnidad, dominical y las horas extras que realizan los empleados públicos, por lo que a partir de ahora, con esta sorprendente decisión, cobrará lo mismo un empleado público que trabaja en horario de mañana, que otro que trabaja en horario de noche o en domingo".
Asimismo, el sindicato considera "paradójica" la decisión de "pretender anular determinados derechos" del convenio de los funcionarios aprobado en el año 2006, por considerarlos "ilegales" en base a un informe privado de un asesor externo, "cuando ellos mismos votaron a favor de dicho convenio en aquel año cuando estaban en la oposición, y se contaba con un informe de legalidad favorable de la Secretaría municipal".
Publicado en: http://www.canariasahora.com/noticia/221356/

El programa electoral de SYRIZA

Un resumen del del programa electoral del partido Syriza, favorito en las encuestas ahora que se van a repetir las elecciones en Grecia.

1. Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

2. Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que financie directamente a los Estados y a los programas de inversión pública.

3. Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos por encima del medio millón de euros anuales.

4. Cambiar la ley electoral para que la representación parlamentaria sea verdaderamente proporcional.

5. Subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas al menos hasta la media europea.

6. Adoptar un impuesto a las transacciones financieras y también unimpuesto especial para los productos de lujo.

7. Prohibir los derivados financieros especulativos, como los swaps y los CDS.

8. Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la iglesia y los armadores de barcos.

9. Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales al extranjero.

10. Rebajar drásticamente el gasto militar.

11. Subir el salario minimo hasta su nivel previo a las recortes (751 euros brutos mensuales).

12. Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la iglesia para alojar a las personas sin hogar.

13. Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

14. Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

15. Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

16. Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.

17. Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

18. Nacionalización de los bancos.

19. Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país (ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua…).

20. Apostar por las energías renovables y por la protección del medio ambiente.

21. Igualdad salarial para hombres y mujeres.

22. Limitar el encadenamiento de contratos temporales y apostar por los contratos indefinidos.

23. Ampliar la protección laboral y salarial de los trabajadores a tiempo parcial.

24. Recuperar los convenios colectivos.

25. Aumentar las inspecciones de trabajo y los requisitos laboralespara empresas que accedan a concursos públicos.

26. Reformar la constitución para garantizar la separación iglesia-Estado y la protección del derecho a la educación, la salud y la protección del medio ambiente.

27. Someter a referéndum vinculante los tratados europeos y otros acuerdos de importancia.

28. Abolición de todos los privilegios de los parlamentarios. Eliminar la especial protección legal de los ministros y permitir a los tribunales ordinarios procesar a los miembros del gobierno.

29. Desmilitarizar la guardia costera y disolver las fuerzas especiales antidisturbios. Prohibir la presencia de policías encubiertos o con armas de fuego en las manifestaciones y mítines. Cambiar los planes de estudio de los policías para poner énfasis en los temas sociales, como la inmigración, las drogas o la exclusión social.

30. Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

31. Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.

32. Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.

33. Regular el derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar.

34. Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

35. Eliminar el copago en los servicios sanitarios.

36. Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.

37. Retirada de las tropas griegas de Afganistán y los balcanes: ningún soldado fuera de las fronteras de Grecia.

38. Romper los acuerdos de cooperación militar con Israel. Apoyar la creación de un estado Palestino dentro de las fronteras de 1967.

39. Negociar un acuerdo estable con Turquía.

40. Cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir de la OTAN.

Los griegos ya no tienen nada que perder y cómo decía Einstein:

“Locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto”.

La próxima Revolución Griega

De todo esto, los grandes medios de comunicación no os van a contar nada…

El BCE, el Fondo Monetario Internacional, La banca alemana y los grandes fondos de inversión ESTAN TEMBLANDO, resulta que un partido llamado SYRIZA de corte TOTALMENTE REVOLUCIONARIO es mayoría en los sondeos de opinión para LAS PROXIMAS ELECCIONES GRIEGAS… pasando a ser la primera fuerza política por encima de los clásicos partidos “de toda la vida”

Lo que propone ese partido es sencillamente la REVOLUCIÓN !!!!

El 10 de junio, nueva fecha para la defensa de los servicios públicos

Un total de 16 sindicatos respaldan la protesta, entre ellos UGT, CCOO, Sepca, co.bas y Sitca.

Prosiguen las movilizaciones en defensa de los servicios públicos en Canarias. Para el domingo de la semana que viene, 10 de junio, hay convocadas nuevas manifestaciones a las 11.30 horas, que partirán desde la Plaza del Obelisco en Las Palmas de Gran Canaria y desde la Plaza de los Patos en la capital tinerfeña.

"Por la recuperación de los derechos, por las políticas expansivas de crecimiento, por los servicos públicos y el empleo" es uno de los lemas de la protesta, que se opone a "las políticas ultraliberales de recortes" y está respaldada por un total de 16 sindicatos. Entre ellos figuran UGT, CCOO, Sepca, co.bas y Sitca, que explican en un manifiesto las razones de la protesta.

Publicado en: http://www.canariasahora.com/secciones/noticias/index.php?id=221276

La crisis y los funcionarios

Francisco J. Bastida. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo.

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión. Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta

Publicado en: http://www.sanborondon.info/content/view/44322/1/

LA IGLESIA SÍ SE LIBRA DE LOS RECORTES

España está viviendo los mayores recortes de su historia. En 2012, el Gobierno quiere pasar del 8,5% de déficit al 5,3%, es decir, unos 32.000 millones de euros menos, y para ello ha subido el IRPF, planea aumentar el IVA en 2013, ha introducido el copago en medicamentos para los jubilados, ha recortado 10.000 millones en Sanidad y Educación y ha aumentado el IBI, entre otras medidas.

Eso sí, ayer, el PP, CiU y UPyD tumbaron una iniciativa parlamentaria de IU, apoyada por el PSOE y el Grupo Mixto, en la que se pedía “abrir el camino para la autofinanciación de la Iglesia“. La propuesta también incluía la exigencia de que la Iglesia pague el IBI, como están reclamando algunos ayuntamientos, y que vea reducida su asignación del IRPF en 2012 (0,7% de los que marcan la casilla correspondiente) “con la finalidad de que participe en el esfuerzo colectivo para salir la crisis”.

Según el Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, “la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia Católica y el Estado”. Treinta y tres años después, la Iglesia no sólo no logra “por sí misma” recursos suficientes, sino que sigue siendo sostenida por el Estado.

El Gobierno respondió en marzo sobre el dinero aportado directamente por la Administración General del Estado (sin contar las Comunidades, que son las que más aportan a través de los conciertos educativos y las nóminas de profesores de religión, entre otras partidas) a las preguntas del senador de ICV Joan Saura. En total, suman 465.603.380 euros. Es decir, más de los 300 millones que se piensa ahorrar con el copago de los jubilados, y se acerca a lo que Esperanza Aguirre piensa recortar con sus renovados planes de ajuste para este año (653 millones de euros).

La mitad de los 918 millones de euros que piensa recaudar el Gobierno con el nuevo IBI. Un IBI que la Iglesia, uno de los mayores propietarios de España, con unos 100.000 inmuebles, no paga. Sólo en Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde de Madrid, cifró en octubre pasado en 4,86 millones de euros lo que dejaba de recaudar por el IBI de los edificios religiosos. Si se suman las comisarías, colegios, cárceles, cuarteles, los inmuebles de ONG, las embajadas, edificios singulares y las estaciones de ferrocarril, exentos por la Ley de Haciendas Locales, Madrid dejó de ingresar 94 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el IBI en Madrid es de unos 1.000 millones y 9.000 en toda España, la proporción nos daría que el Estado pierde anualmente unos 45 millones de euros por el IBI de la Iglesia.

- La Iglesia católica recibió en concepto del 0,7% del IRPF 230 millones de euros en 2008; 227,3 millones en 2009, y 225,7 millones de euros en 2010 (cifra provisional). Los cálculos prevén que la Iglesia recibirá en la liquidación de este año, a cuenta del IRPF de 2011, 248,2 millones de euros. Para 2012, los Presupuestos establecen que la asignación de la Iglesia alcanzará los 246 millones de los 29.232 millones de recaudación del IRPF por la Administración central presupuestados, aunque la cifra definitiva dependerá de la recaudación final. Este dinero, de acuerdo con la última memoria económica disponible de la Conferencia Episcopal, se dedica fundamentalmente al sostenimiento del clero y a las actividades pastorales.

- Para la “atención al culto en centros penitenciarios”, la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió en 2009, 842.768 euros; en 2010, 777.940 euros, y en 2011 681.590 euros.

- En lo que se refiere al 1% cultural, el importe total de las actuaciones aprobadas por la Comisión Mixta Fomento-Cultura fue de 17,9 millones en 2009; 6 millones en 2010, y 7,6 millones en 2011.

- En la realización del inventario de bienes de titularidad eclesiástica, mediante subvenciones nominativas a las Comunidades Autónomas, el Estado ha financiado 620.000 euros en 2009; 690.000 euros en 2010, y 400.000 euros en 2011.

- En proyectos destinados a la conservación y restauración de bienes culturales de titularidad eclesiástica, a través de inversiones de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, las cuantías han sido de 21,9 millones en 2009; 15,1 millones en 2010 y 12,8 en 2011.

- En instituciones y centros culturales y educativos dependientes de la Iglesia Católica, a través de Inversiones de las Subdirecciones de Archivos Estatales y de Coordinación Bibliotecaria, la Iglesia ha recibido subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva por valor de 166.138 euros, en 2009; 156.537 euros, en 2010, y 211.600 euros en 2011.

- La Administración General del Estado sí paga la nómina de los profesores de religión de su ámbito territorial de gestión (ciudades de Ceuta y Melilla) así como de aquellos que no fueron transferidos a las Comunidades Autónomas y que son los profesores de religión del nivel de educación infantil y primaria de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria. El coste de todo ese profesorado durante el curso escolar 2009-2010 ha ascendido a 116 millones de euros y, durante el curso 2010-2011, a 109 millones de euros en concepto de retribuciones del profesorado y la cuota patronal a la Seguridad Social. Durante estos cursos escolares, la Administración General del Estado también pagaba las retribuciones de los profesores de religión del nivel de educación infantil y primaria del País Vasco, que fueron traspasado a dicha comunidad el 1 de julio de 2011. Así, el coste estimado de los profesores de religión del ámbito de gestión estatal se situará, en el curso 2011-2012, en torno a los 100 millones de euros, incluidos los costes de seguridad social.

- En cuanto a las convocatorias de subvenciones para programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF, correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, se concedieron subvenciones por un importe total de 86.710.190 euros a instituciones religiosas (Cáritas y Manos Unidas, por ejemplo).

Al margen de la financiación directa del Estado, la Iglesia Católica recibe otros ingresos además de los 465 millones detallados anteriormente. Son los conciertos y subvenciones a centros educativos. En el curso 2009-2010 había 2.445 centros educativos católicos concertados, con 1.394.911 alumnos. Si tenemos en cuenta que en ese curso el Estado gastó 5.891.027,5 en conciertos y subvenciones, según datos del Ministerio de Educación, y que el total de alumnos en la concertada asciende a 1.972.682, un cálculo aproximado nos indica que los centros de la Iglesia perciben el 70% de esos 5.891 millones. Es decir, 4.124 millones. Esta cifra coincide prácticamente con el resultado de multiplicar lo que la Iglesia dice que cuesta de media una plaza concertada (3.026 euros, frente a los 6.187 del alumno en la pública según sus datos) por el número de sus 1.394.911 alumnos. Y también está muy próxima al dinero aportado por el FROB a Bankia, por ejemplo (4.465 millones) o a lo que prevé recaudar Hacienda con el recargo del IRPF (4.111 millones).

Además del IRPF, las asignación de la Administración y el dinero para los colegios, faltaría por sumar la partida de profesores de religión, capellanes castrenses y hospitalarios, que se calcula en otros 600 millones de euros. Así, estaríamos hablando, en la suma total, de unos 5.165 millones de euros, aproximadamente. Es decir, la mitad del recorte en sanidad y educación previsto para 2012.

Bankia, Bankia, Bankia... Terrible dolor de cabeza

¿Cuál es la palabra de moda en España? Bankia… La escuchas en la radio, en televisión, en el trabajo, en tus círculos más íntimos e incluso ha llegado a ser trending topic en Twitter. Bankia se encuentra en el punto de mira nacional y se ha convertido en el foco de atención del ciudadano de a pie, lo cual es perfectamente comprensible ya que tenemos a uno de los grandes colosos del sistema bancario español haciendo malabarismos sobre una cuerda floja.

Bajo mi punto de vista el sistema financiero español pende de un hilo llamado Bankia y mucho me temo que la estabilidad de este depende de la suerte o desgracia de la entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri. Tan grave es la situación de esta entidad que a cada nuevo análisis-auditoría-mirada con lupa que se le hace el agujero a tapar se agranda en unos pocos miles de millones. Tanto es así que incluso a día de hoy dudo que se sepa exactamente qué es lo que pasa allí dentro.

Fusionaron varias entidades podridas, cada una con sus cuentos, sus historias y sus contabilidades confusas, pusieron a Rato a tirar del barco, pasaron los meses y el tufo del ladrillo hizo metástasis. Dudo que hoy en día exista auditor “independiente” (qué gracia me hace esa palabra) capaz de cuantificar lo que ahí dentro ocurre. ¿Qué dicen que necesitan 23.465 millones de euros? Así, a ojo, pues no pasa nada porque como no lo tenemos se lo damos en papelitos de deuda pública y ya lo cobrarán algún día.
Señores, hay que tirar de la cuerda y que caiga el que tenga que caer. A los Rato, Blesa, Fernández Ordóñez, ex ministros de economía y demás personajes responsables de esta carnavalesca situación hay que sentarlos delante de un Tribunal, coger la vara y que expliquen allí lo que ha pasado en Bankia. Nadie acaba teniendo deudas estratosféricas sin saber qué ha hecho mal y ellos no son diferentes a nosotros. Repite conmigo: no son diferentes a nosotros, y si lo son, es porque lo permitimos.
Lo que el Estado ha hecho para evitar una implosión financiera ha sido entrar con todo en la banca. Y lo peor de esto es que ha marcado el camino a seguir para próximas intervenciones: España necesita al menos entre 50.000 y 60.000 millones para sanear su sistema bancario y como no los tenemos ni tampoco podemos pedirlos prestados a un precio razonable hemos decidido engañar al mercado inyectando deuda pública directamente en los bancos.
Así, a groso modo, tocamos a aproximadamente un iPad por español, esto es, 457 euros. Incluyo hombres, mujeres, trabajadores, parados, pensionistas y recién nacidos en el cálculo. ¿De verdad tenemos que aguantar esta arrogancia y ver a los culpables de esta situación irse de rositas? Mucho Gibraltar español y mucho apoyo a la selección española de fútbol pero nos la meten doblada y no reaccionamos.

En defensa de la Educación Publica

Por fin sale a la luz el primero de los vídeos de esta primera campaña en defensa de la educación pública. Ha sido el resultado un proceso largo y emocionante en el que muchas personas se han implicado con entusiasmo. Es el primer vídeo de una serie que irá saliendo en las próximas semanas. Este primer vídeo es una presentación, una brevísima introducción de los protagonistas del resto de la serie. Los próximos vídeos (irán saliendo cada diez o quince días) presentan un "diálogo" de todas las personalidades que han participado en nuestra campaña sobre los rasgos fundamentales que caracterizan a la enseñanza pública, igualdad, integración, cohesión social, pluralidad, creatividad, etc. con un contenido más reflexivo y analítico. Hemos intentado huir de perfiles políticos concretos y dirigirnos a todas las edades porque entendemos que la defensa de una educación pública de calidad es cosa de tod@s. El vídeo ha sido realizado por profesionales punteros en su campo que, exalumnos de la pública, han colaborado con generosidad. Los gastos derivados de la producción se han sufragado gracias a las aportaciones de nuestr@s soci@s colaboradores así como a donaciones que hemos recibidos de algunos centros educativos, Asociaciones y Plataformas. Os animamos, desde la Asociación, a colaborar con nosotros de dos formas. En primer lugar ayudándonos económicamente en futuros proyectos pasando a ser "socios colaboradores" con una cuota anual a partir de 5 euros o realizando donaciones y en segundo lugar, difundiendo al máximo este documento, que salte a los medios de comunicación convencionales, que tod@s lo vean y se emocionen con nosotros en defensa de una escuela pública de calidad. 

Publicado en http://www.yoestudieenlapublica.org/

La Iglesia y el IBI

La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I 

 

Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros.

Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.

La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación.

El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado.

Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad

Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero.

Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica.
Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy

# EL FUNCIONARIO ... #

Artículo redactado por un funcionario del Grupo A. Difícilmente se puede expresar mejor la situación actual. Un saludo.

Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.

Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la cosa pública a cambio de una buena morterada no son responsable de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Si. Siendo así que ellos? No. Por tanto, nosotros? Si.

La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del estado, inspector de hacienda, administrador civil del estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a toca teja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera. Del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades. Del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga joder, que suerte, funcionario.

La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de mientras dure dura! y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no sólo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismo ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son... tachan...los funcionarios.

Soy funcionario. Y además bastante recalcitrante: tengo cinco títulos distintos. Ganados compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (sólo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carnet político que nunca he tenido.

Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birli-birloque, en culpables de la crisis.

Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.

PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha -como es frecuente- vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: váyase Usted a la mierda, hombre, a la puta mierda.

SI eres funcionario pásalo a toda España.Si no lo eres y no estas de acuerdo, ¡váyase usted a la mierda!

CARTA DE UN MÉDICO

Me despiden.

A partir del día 1 de Junio no podré atenderles más debido a los recortes presupuestarios en sanidad proyectados por el gobierno de Castilla la Mancha. Según me han comentado en subdirección médica, el hospital de Mancha Centro de Alcazar de San Juan no tiene dinero para pagarme este verano. Ni a mí, ni a los otros 56 médicos eventuales que, como yo, serán despedidos en nuestra Región. Inicialmente el plan es recontratarnos en septiembre u octubre, contra los renovables de mes a mes, sin derecho a vacaciones y posiblemente con una rebaja del sueldo.

Estas opciones son casi una invitación a los médicos para que abandonemos la sanidad pública. Lo mismo está pasando desde hace mucho tiempo con enfermeras, auxiliares y demás sanitarios que han visto empeorar sus condiciones de trabajo en los últimos años.

Estos recortes, junto con los realizados previamente y el actual cierre de hospitales, contribuirán a aumentar las listas de espera tanto para consultas como para quirófanos y a reducir la calidad de la asistencia hasta el punto que, quien quiera tener acceso a la salud, sólo le quedará la opción de pagar un seguro privado. Además de los gastos de este seguro deberá contar con el hecho de que la aseguradora no tendrá la misma cobertura de salud que la sanidad pública.

Esto será un gran beneficio económico para las aseguradoras de salud, que posiblemente ya se están frotando las manos pensando en los millones de euros que ganarán aprovechando esta penosa situación. También será un gran beneficio para las arcas de los gobiernos que habrán de gastar menos dinero en salud. Es decir, la salud de las personas es una carga para las arcas de los gobiernos. Pero entonces, ¿por qué pagamos impuestos?

Resulta curioso que no haya dinero para pagar médicos pero que sí haya para pagar un parlamento europeo, otro nacional, un parlamento autonómico, diputaciones y alcaldías. (No sé si son necesarios tantos "jefes").

También hay dinero para pagar pensiones vitalicias, y de cantidades importantes, a diputados y senadores. Yo personalmente prefiero tener un cirujano y una anestesista contratados que un político en su casa felicitándose por las cosas buenas que hizo cuando estaba trabajando para levantar el país.

También hay dinero para mantener coches oficiales que vendieron unos y compraron otros, evidentemente son coches de gama alta y para que nuestros eurodiputados viajen en primera clase porque si viajan en clase turista se cansan. Eso sin contar dietas, alojamientos y otros gastos.

Hay miles de millones de euros para rescatar a los bancos de la crisis pero sin que después se les pida que devuelvan el dinero que se les ha dejado, este préstamo es lo que nos deja sin dinero para la salud y la la educación. Pero claro, los políticos y los bancos siempre son muy amigos y la economía de libre mercado intocable. ¿No hay dinero? No me lo creo.

Señores pacientes. Luchen por su salud: porque se la están robando. Con la excusa de la crisis, han retirado el dinero a lo más necesario en benificio de unos pocos. Nuestra sanidad, se está hundiendo y no es por falta de dinero sino por puros intereses económicos .. Quizás acabaremos como en Estados Unidos donde, quien no se lo puede permitir, no tiene derecho a la salud.

Luchen por su salud. Hagan reclamaciones, demandas judiciales, manifiéstense, asóciense, indígnense. Los sanitarios ya hemos luchado, ahora les toca a ustedes.

Quieren privatizar LA SANIDAD Y lo conseguirán si USTEDES NO LO IMPIDEN.

Ahora que has leído la carta, quédatela o reenvíala, yo prefiero recibirla 10 veces a no leerla

¿ Sabía usted que....

· ¿Sabía usted que.... mientras que a los empleados públicos del Gobierno de Canarias les van a quitar un 10% de sus retribuciones, además del 5% que ya les habían quitado, ambos con caracter permanente, el Diputado del Común, Jerónimo Saaaavedra Acevedo, dispone de 12-asesores-12, todos ellos Grupo A (máxima retribución) y todos ellos elegidos de manera "digital", es decir, a dedo, siendo el grupo más numeroso de empleados que tiene el susodicho órgano? Es decir, que tiene más asesores que cualquier otro tipo de empleados.

· ¿Sabía usted que... mientras el proyecto de ley que va a presentar el Gobierno de Canarias al Parlamento de idem obligará a todo aquél empleado público que cumpla la edad de jubilación a hacer lo propio sin poder prolongar su vida laboral, el ya mencionado Diputado del Común, JSA, entre otros altos cargos, no se verá afectado por tal medida a pesar de sobrepasar con creces la susodicha pila de tacos? ¿Es ésto justo? ¿Les parece que nos quejemos al Diputado del Común a ver si nos ayuda? ¿Le montamos la próxima concentración delante de la Sede del Diputado? Con tantos asesores "Grupo A" seguro que encontrará una solución a tremenda injusticia.

· ¿Sabía usted que... el gerente de la empresa pública Visocan, Pablo Nieto, que cobra - por nómina - más que el mismísimo presidente del gobierno, Paulino Rivero, no es otro que el señor esposo de la sinpar Ana Oramas, otrora Alcaldesa de Aguere? Ante tamaña casualidad nos preguntamos: ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿"paonde" vamos? Y sobre todo: ¿Harán la renta juntos o por separado?

Los inspectores de Hacienda retan al Gobierno: nosotros recaudaríamos más que la amnistía De

El expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, considera que un plan contra el fraude desde la Inspección recaudaría más de los 2.500 millones que pretende la amnistía.

Prensa

Así lo ha dicho José María Peláez en los XII Encuentros Tributarios de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que trataron sobre La lucha contra el fraude en tiempos de regularización fiscal extraordinaria.

“Si el año pasado reunimos casi 11.000 millones, con un plan especial de refuerzo superaríamos la cantidad que pretende reunir el Gobierno”, ha apuntado, y añadió que, además, se evitarían los efectos nefastos de una amnistía. Peláez considera que la posibilidad de que exista una amnistía fiscal incentiva el fraude, ya que abre la vía a que su conducta quede impune o que un cambio futuro pueda resultar más beneficioso que pagar ahora.

En este sentido, ha recordado ejemplos que han favorecido a los defraudadores, como la amnistía fiscal para las sicav, aun sabiendo que incumplían los requisitos para tributar al 1%; declarar exentos los intereses de la Deuda Pública pagados a entidades ubicadas en paraísos fiscales, en situación más ventajosa que las entidades españolas, y destacó, avisar previamente a los defraudadores, antes de actuar la Inspección, para darles la posibilidad de regularizar su situación, como ha ocurrido en el caso de las listas del banco suizo HSBC, entre otros, a la familia Botín, o de los tenedores de billetes de 500 euros.

Peláez ha defendido “la aprobación del estatuto orgánico de la Agencia Tributaria para garantizar la máxima independencia, para lo que el director debería ser nombrado por mayoría cualificada del Parlamento y por cinco años”.

Publicado en:http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/20157-los-inspectores-de-hacienda-retan-al-gobierno-nosotros-recaudar%C3%ADamos-m%C3%A1s-que-la-amnist%C3%ADa.html

Alarma de intervención

Bruselas propone aplazar el objetivo de déficit a cambio de inspirar la política económica española

La economía española se encuentra en estado de emergencia o, si se prefiere, en riesgo de intervención. La prima de riesgo alcanzó ayer los 540 puntos básicos (un indicador de insolvencia financiera superior a los que detonaron las intervenciones de Grecia, Irlanda o Portugal) y las acciones de Bankia siguen desplomándose como corresponde a una entidad bancaria sin rumbo aparente. Son muchas las causas de esta emergencia, desde la incapacidad europea para resolver la crisis griega hasta el intervencionismo político en la gestión de Caja Madrid o las debilidades del Banco de España para detectar los agujeros en las cuentas de Bankia. Pero lo que mejor explica la opresiva atmósfera de desconfianza de los inversores hacia España es la incapacidad del Gobierno actual para gestionar la crisis de Bankia y poner orden en el déficit autonómico.

Con el diferencial de deuda muy por encima de 500 puntos no se puede comparecer ante la opinión pública para decir que Bankia será nacionalizada, pero no se sabe cómo se pagará, que es la sustancia del discurso del presidente Rajoy el lunes pasado; tampoco se debe negar la evidencia y atribuir todos los males a la situación de Grecia, ni insistir en que España no va a necesitar la intervención de capital público europeo o ningunear las ofertas de pacto del primer partido de la oposición. Por el contrario, es el momento de pedir auxilio a la oposición y a Europa. Si más de una semana después de la nacionalización de Bankia todavía no se sabe cómo se concretará, es que estamos ante un caso de incompetencia grave. Todas estas actitudes y decisiones, más la canibalización gratuita de las instituciones (autonomías, Banco de España, justicia, reguladores, a las que se somete a desprestigio público) conducen a la intervención, no solo de los bancos, sino de la economía.

Felizmente para el Gobierno y para los españoles, la Comisión Europea propuso ayer ampliar un año el plazo, hasta 2014, para cumplir con un déficit del 3%. Esta es la propuesta que el Gobierno español debería haber estado negociando en Bruselas desde el principio en vez de empecinarse en reducir unilateralmente el objetivo de déficit para 2012, porque permitirá acompasar los ajustes, así como una estrategia presupuestaria más pausada.

Las condiciones para el aplazamiento parecen indicar que Bruselas se ha cansado de las torpezas del Gobierno español, que ponen en riesgo la estabilidad del euro, como si no hubiera bastante con Grecia, y ha decidido pasar a la fase de recomendaciones imperativas. Dos de ellas revelan la dudosa calidad de las medidas del Gobierno (poner en marcha las reformas financieras y del mercado de trabajo), otras revelan una desconfianza profunda en las cuentas públicas (establecer una institución independiente que controle la política fiscal, aplicar ajustes adicionales a las autonomías) y otra constituye una dirección de política económica que Rajoy no ha sido capaz de articular: subir el IVA y, con el aumento de ingresos, reducir la imposición sobre el trabajo. Una devaluación interna en toda regla.

El borrador de recomendaciones (que incorpora probablemente la acción del BCE para moderar la prima de riesgo) se parece a un control estricto de la economía española. La realidad, que Rajoy conoce bien, es que Bankia necesita de capital público europeo (una recapitalización directa de la banca por el Fondo Europeo de Rescate, para que no aumente el endeudamiento) y que España debe negociar un cambio legal que permita esa recapitalización directa. Fue pues un tremendo error político (de nuevo la ilusión de subrayar la autonomía) pergeñar el rescate de Bankia sin informar a Europa y el BCE. Errores como esos, en cadena y nunca reconocidos, son los que conducen a España camino de la intervención efectiva.

Publicado en: http://elpais.com/elpais/2012/05/30/opinion/1338402243_129859.html