Bruselas propone aplazar el objetivo de déficit a cambio de inspirar la política económica española
La economía española se encuentra en estado de emergencia o, si se
prefiere, en riesgo de intervención. La prima de riesgo alcanzó ayer los
540 puntos básicos (un indicador de insolvencia financiera superior a
los que detonaron las intervenciones de Grecia, Irlanda o Portugal) y
las acciones de Bankia siguen desplomándose como corresponde a una
entidad bancaria sin rumbo aparente. Son muchas las causas de esta
emergencia, desde la incapacidad europea para resolver la crisis griega
hasta el intervencionismo político en la gestión de Caja Madrid o las
debilidades del Banco de España para detectar los agujeros en las
cuentas de Bankia. Pero lo que mejor explica la opresiva atmósfera de
desconfianza de los inversores hacia España es la incapacidad del
Gobierno actual para gestionar la crisis de Bankia y poner orden en el
déficit autonómico.
Con el diferencial de deuda muy por encima de 500 puntos no se puede
comparecer ante la opinión pública para decir que Bankia será
nacionalizada, pero no se sabe cómo se pagará, que es la sustancia del
discurso del presidente Rajoy el lunes pasado; tampoco se debe negar la
evidencia y atribuir todos los males a la situación de Grecia, ni
insistir en que España no va a necesitar la intervención de capital
público europeo o ningunear las ofertas de pacto del primer partido de
la oposición. Por el contrario, es el momento de pedir auxilio a la
oposición y a Europa. Si más de una semana después de la nacionalización
de Bankia todavía no se sabe cómo se concretará, es que estamos ante un
caso de incompetencia grave. Todas estas actitudes y decisiones, más la
canibalización gratuita de las instituciones (autonomías, Banco de
España, justicia, reguladores, a las que se somete a desprestigio
público) conducen a la intervención, no solo de los bancos, sino de la
economía.
Felizmente para el Gobierno y para los españoles, la Comisión Europea
propuso ayer ampliar un año el plazo, hasta 2014, para cumplir con un
déficit del 3%. Esta es la propuesta que el Gobierno español debería
haber estado negociando en Bruselas desde el principio en vez de
empecinarse en reducir unilateralmente el objetivo de déficit para 2012,
porque permitirá acompasar los ajustes, así como una estrategia
presupuestaria más pausada.
Las condiciones para el aplazamiento parecen indicar que Bruselas se
ha cansado de las torpezas del Gobierno español, que ponen en riesgo la
estabilidad del euro, como si no hubiera bastante con Grecia, y ha
decidido pasar a la fase de recomendaciones imperativas. Dos de ellas
revelan la dudosa calidad de las medidas del Gobierno (poner en marcha
las reformas financieras y del mercado de trabajo), otras revelan una
desconfianza profunda en las cuentas públicas (establecer una
institución independiente que controle la política fiscal, aplicar
ajustes adicionales a las autonomías) y otra constituye una dirección de
política económica que Rajoy no ha sido capaz de articular: subir el
IVA y, con el aumento de ingresos, reducir la imposición sobre el
trabajo. Una devaluación interna en toda regla.
El borrador de recomendaciones (que incorpora probablemente la acción
del BCE para moderar la prima de riesgo) se parece a un control
estricto de la economía española. La realidad, que Rajoy conoce bien, es
que Bankia necesita de capital público europeo (una recapitalización
directa de la banca por el Fondo Europeo de Rescate, para que no aumente
el endeudamiento) y que España debe negociar un cambio legal que
permita esa recapitalización directa. Fue pues un tremendo error
político (de nuevo la ilusión de subrayar la autonomía) pergeñar el
rescate de Bankia sin informar a Europa y el BCE. Errores como esos, en
cadena y nunca reconocidos, son los que conducen a España camino de la
intervención efectiva.
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