El jefe de policía se refiere a los estudiantes como "el enemigo"

Moreno: "No ha habido carga, sino  actuaciones proporcionadas"

La policía ha realizado más detenciones en Valencia en la protesta estudiantil de los últimos días que en las movilizaciones registradas en el último año, en el que junto al movimiento del 15M han sido frecuentes las manifestaciones por los recortes presupuestarios. Desde que el miércoles pasado la policía llevó a comisaría a un estudiante del IES Lluís Vives, menor de edad, las detenciones registradas hasta esta noche ascienden a un total de 38, de ellos ocho menores. Hasta ahora, mientras siguen las cargas policiales, la policía admite que hoy ha realizado 14 detenciones, cuatro de ellos a menores de 16 y 17 años, uno de los cuales está herido.
El jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, no ha querido responder por qué se ha producido tan elevado número de detenciones en esta ocasión. "¿Usted que piensa? ¿Usted que cree?", ha replicado al periodista antes de recurrir a un lenguaje bélico: "En el anterior conflicto del 15-M también tuvimos que utilizar la fuerza cuando fuimos atacados"".
Moreno se ha negado a explicar cuántos efectivos policiales ha desplegado porque no piensa "proporcionar esa información al enemigo". El jefe superior de Policía ha comparecido con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, que ha presentado al responsable policial y no ha intervenido hasta que han terminado las preguntas para expresar su deseo de que los incidentes queden "como un anécdota que no se vuelva a repetir".

El responsable policial ha defendido la actuación de los agentes. Moreno ha negado que la policía hubiese cargado hasta hoy porque no llevaban material antidisturbios "El plus de agresividad exige una respuesta", ha dicho el jefe policial, quien ha recalcado que durante la jornada de hoy cinco policías están contusionados leves y una mujer de 52 años, de la que no ha facilitado la identificación, a la que la han golpeado con una botella. "En días anteriores, por más que se diga, no ha habido carga policial, ha habido actuaciones proporcionadas", ha dicho
Para el jefe superior de Policía de Valencia, "hay gente que se está quejando porque no puede circular y los están insultando (los estudiantes). Son comportamientos incívicos de gente de 14 y 15 años". "Espero que mañana no sea necesario recurrir nuevamente a las defensa", ha recalcado.

OBSERVEN LA FORMA EN LA QUE ESTE INDIVIDUO (JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE VALENCIA) ESPLICA LAS AGRESIONES A LOS ESTUDIANTES, FIJENSE POR FAVOR EN SUS GESTOS 

Publicado en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329764951_838007.html

Manifestación contra la Reforma Laboral

Rueda de Prensa Laboralistas

 

Rueda de prensa "Abogados Laboralistas de Canarias,
contra la Reforma Laboral" 18 de febrero de 2012

El domingo todos y todas a la calle contra la reforma laboral

Una ayuda contra los desahucios de los Bancos

Parece demasiado fácil, pero a veces las soluciones más sencillas son
las más eficientes. Hacedlo circular.
Medidas legales contra los desahucios:
 

El banco embarga la vivienda familiar y dependiendo del precio que dicho banco consiga en la subasta, el embargado sigue debiendo lo que el banco "cree oportuno" y de por vida. Cuando las subastas quedan
vacías (que es lo que está pasando como norma) el banco se queda con la propiedad a menos del 50% de su valor. Continuando con el reclamo del 100% al embargado y pudiendo revender esa propiedad por el precio
que ellos estimen oportuno con un 50% de margen... Una gran estafa, vaya.

Hoy os vamos a explicar un "modelo legal", que un banco no te va a contar, pero nosotros sí que lo vamos a hacer. Método por el cual, se pierde de igual manera la "propiedad", pero, no te pueden echar de tu casa.

En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente le hace un contrato de alquiler a su mujer/suegra/hijo/hermano o a quién se pueda, por el valor de 1€, 5€ o 10€, con una duración "indefinida"/50 años, 100 años. Cantidad únicamente simbólica. El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca. El contrato debe estar pasado por el registro de la propiedad.

En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero figura como una propiedad con inquilinos. Resultado del embargo, la "titularidad de la propiedad" cambia, a
nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos. Con esta maniobra, perderíamos la propiedad, continuaríamos debiendo la hipoteca, pero, tendremos que pagar a nuestro nuevo "casero" por
nuestro expiso 10€ al mes y de por vida..
Ya que ellos, no dan soluciones, nosotros las buscamos. Aquí tenéis un gran arma, cuando "legalmente" no pueda seguir usándose, buscaremos más.
Medidas de guerra para un tiempo de guerra. Abogados en Acción

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la

Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

Publicado en http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2012-02-17/la-importancia-de-movilizarse-en-contra-de-las-medidas-neoliberales/2012021716542100116.html

MANIFIESTO DE LOS ABOGADOS LABORALISTAS DE CANARIAS CONTRA LA REFORMA LABORAL

Los abajo firmantes, abogados laboralistas ejercientes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, manifestamos nuestro rechazo a las decisión adoptada por el Gobierno en orden a recortar los derechos de los trabajadores y desempleados, instrumentalizada a través de la aprobación de la reforma laboral el 11 de febrero de 2012 mediante Real Decreto Ley 3/2012.

Consideramos del todo punto inaceptable que en aras de alcanzar un objetivo deseable como es de la disminución de las altas tasas de desempleo existentes en nuestro País y de forma particular en Canarias, en vez de crear puestos de trabajo dignos y estables, se pretende eliminar parados de las listas de desempleados mediante medidas drásticas que atentan contra derechos fundamentales basados en principios de equidad.

Nos parece de suma gravedad que, entre otras nefastas medidas, se facilite y abarate el despido individual y colectivo, se permita sin control alguno el descuelgue salarial por el empresario de los salarios pactados en convenio colectivo, se dote de máxima flexibilidad y poder discrecional al empresario en detrimento de la negociación colectiva y de los derechos de los trabajadores, se pretenda – en beneficio empresarial – desarticular la finalidad de defensa de los derechos de los trabajadores de los sindicatos de clase, se extienda la posibilidad del despido colectivo al personal laboral de la administración, se permita la realización de horas extraordinarias – que no cotizan al desempleo – a los trabajadores a tiempo parcial, etc.

Todas estas medidas, lejos de fomentar una efectiva y duradera creación de empleo estable, únicamente contribuirán a aumentar a niveles no tolerables la inseguridad vital de las personas, lo que sin duda repercutirá negativamente en sus niveles de confianza y comportamientos de consumo, creando una espiral de deterioro progresivo de la ya maltrecha situación económica.

Por todo ello, entendemos que está plenamente justificada y, en consecuencia, apoyamos la decisión adoptada por las centrales sindicales de convocar una manifestación para el próximo domingo 19 de febrero con el fin de conseguir que se retiren tan inoportunas y contraindicadas medidas y que se abran posibilidades reales de diálogo social con otras formas y otros contenidos más acordes con los intereses de los ciudadanos de este País.

El Sepca recurre el decretazo de Bermúdez

ANTE LA SUBDELEGACIÓN, EL GOBIERNO REGIONAL Y EL AYUNTAMIENTO

El sindicato considera que ordenar las máximas sanciones por la tesorería, es ilegal y atenta a los principios de tipicidad y proporcionalidad.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha recurrido ante la Subdelegación del Gobierno, el Gobierno regional y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el decreto firmado por el alcalde José Manuel Bermúdez el pasado 3 de febrero, por el que se ordena a los instructores de procedimientos sancionadores que se impongan las máximas sanciones a los ciudadanos que comentan faltas municipales, atendiendo al precario estado de las arcas municipales.
Los representantes del sindicato, mayoritario en el Ayuntamiento, han requerido este jueves a la Subdelegación del Gobierno y a la Viceconsejería de la Presidencia, la anulación del decreto en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, al tiempo que han presentado un recurso de alzada ante el consistorio en el que solicitan la suspensión cautelar de la tercera disposición del texto, la más polémica.
Esa disposición tercera dice textualmente: “Los órganos superiores de los servicios municipales competentes, en relación con la tramitación de los procedimientos sancionadores, priorizarán en la adopción de las medidas oportunas en orden a que, teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual invocada en los antecedentes del presente Decreto, las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible. Así mismo, priorizarán en potenciar el ejercicio de cuantas acciones fueran procedentes con el fin de exigir al infractor las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiere lugar”.
Sepca entiende que esta disposición “constituye, cuando menos, un claro y manifiesto ejemplo de desviación de poder”, es decir, “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.
“Grosero” afán recaudatorio
Afirman que el Ayuntamiento “viene a reconocer de manera grosera y evidente” que los instructores de procedimientos sancionadores “deben valorar en su máxima graduación las posibles faltas cometidas por los ciudadanos a fin de ingresar en las arcas municipales mayores ingresos, y todo ello como consecuencia de la precaria situación económica municipal”.
Añaden que “queda claro que se obliga a los instructores de los procedimientos sancionadores a ejercer dicha potestad, no como un mecanismo de corrección de los ciudadanos antes las conductas antijurídicas que desarrollen (debiendo imponérseles la sanción que corresponda en atención al criterio legal de tipicidad y proporcionalidad), sino como un instrumento financiero movido claramente con afán recaudatorio”.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que podría tratarse además de un desvío de poder, de una posible prevaricación al imponer las sanciones a aplicar, las máximas, en vez de reformar el reglamento de ordenanza municipal, lo que debe ser aprobado en Pleno, para aumentar las sanciones, siempre con principios de proporcionalidad.
Los sindicalistas indican en sus escritos ante la Administración estatal, autónoma y municipal, que “el Ayuntamiento no se contenta con imponer a los ciudadanos el gravamen económico que corresponda, sino que pretende imponer el máximo castigo dinerario posible en atención al estado deficiente de su tesorería”.
Concluyen que la finalidad que se persigue con esa disposición va contra el ordenamiento jurídico y contiene “un criterio ilegal de graduación de las faltas”.
Publicado en: http://www.canariasahora.es/noticia/215449/

A la comision europea se les ve el plumero

 Bruselas aconseja a España subir la edad de jubilación

La Comisión Europea recomienda a los ciudadanos que se suscriban a planes privados complementarios

EP La Comisión Europea ha admitido este jueves que las reformas que han llevado a cabo la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, reducirán la cuantía de las pensiones en el futuro Por ello, ha aconsejado que los ciudadanos suscriban planes privados complementarios para completar sus ingresos tras la jubilación, pese a admitir que estos planes son vulnerables a crisis financieras como la actual..

Se trata de una de las principales recomendaciones del Ejecutivo comunitario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Bruselas reclama además seguir retrasando la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida -algo que España ya ha empezado a hacer al subirla de 65 a 67 años-, restringir el acceso a la jubilación anticipada y eliminar las diferencias entre hombres y mujeres en materia de pensiones.

La Comisión quiere además crear mejores oportunidades para los trabajadores de más edad, y para ello insta a los interlocutores sociales a adaptar los lugares de trabajo y las prácticas de los mercados laborales, y sugiere recurrir al fondo social europeo para que los trabajadores de más edad puedan acceder al empleo.

"Muchas reformas ya adoptadas significarán pensiones más bajas en el futuro para compensar que la jubilación será más larga y que habrá menos trabajadores. Aparte de acumular más derechos de pensión trabajando más tiempo, mucha gente puede querer ahorrar más para su pensión en sistemas complementarios", ha explicado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un comunicado.

En su 'Libro Blanco' sobre las pensiones, el Ejecutivo comunitario recomienda constituir planes privados de jubilación complementarios, y anima a los interlocutores sociales a crearlos y a los Estados miembros a mejorar los incentivos fiscales y de otros tipos.

Además, anuncia que adoptará medidas para mejorar la seguridad de las inversiones en planes de pensiones, por ejemplo revisando la directiva sobre fondos de pensiones de empleo y mejorando la información a los consumidores. De hecho, Bruselas admite que "la crisis ha puesto de relieve de la vulnerabilidad de los sistemas de pensiones financiados a crisis financiaras y turbulencias económicas".

Finalmente, la Comisión actuará para facilitar la movilidad de los planes de pensiones complementarios protegiendo, a través de legislación, los derechos de pensión de los ciudadanos que se desplacen. Hasta ahora, los Estados miembros han rechazado aprobar una norma de este tipo.

Los pensionistas constituyen ya el 14% de la población de la UE (120 millones), en particular debido a que los nacidos del boom de natalidad empiezan a alcanzar la edad de jubilación y el número de trabajadores en la edad laboral principal está descendiendo.
En 2008, por cada ciudadano de la UE de sesenta y cinco años o más había cuatro personas en edad de trabajar (15-64 años). De aquí a 2060, esta relación bajará a dos personas en edad de trabajar por cada ciudadano de sesenta y cinco años o más.

El impacto del envejecimiento demográfico se ha visto agravado aún más por la crisis económica. Las pensiones ya representan un porcentaje muy alto del gasto público: una media del 10 % del PIB en la actualidad, que posiblemente llegue hasta el 12,5 % en 2060.

No obstante, el gasto en pensiones públicas, que va del 6 % del PIB en Irlanda al 15 % en Italia, pone de manifiesto que, si bien los países afrontan problemas demográficos similares, la situación varía bastante de un país a otro. La crisis afecta a los planes de pensiones basados en un sistema de reparto a través de la caída del empleo y el consiguiente descenso de las cotizaciones, mientras que los planes de capitalización se ven afectados por la caída del valor de los activos y la bajada del rendimiento, según recuerda Bruselas.

Publicado en http://www.laopinion.es/economia/2012/02/16/bruselas-aconseja-espana-subir-edad-jubilacion/397282.html

Viva la Democracia, Manda "Eggs"

La policía denuncia a los manifestantes que increparon a Soria

Una decena de personas es acusada de incitar a los concentrados a "abalanzarse contra el ministro" en una manisfestación contra las prospecciones en Lanzarote

Algunos de los asistentes a la concentración
contra las prospecciones. i J. F.

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Imágenes de la concentración en Lanzarote
Soria sale escoltado de la sede del PP en Lanzarote

ARRECIFE Incitar a los concentrados a abalanzarse contra el ministro". Este es el tenor de una de las denuncias cursadas (más de una decena) contra algunas de las personas que participaron en la noche del pasado viernes, día 10, en la concentración frente a la sede del PP contra las prospecciones petrolíferas aprovechando la presencia en la Isla del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. A los denunciantes se les acusa de originar desórdenes graves en la vía pública y de organizar una concentración no autorizada.

Entre los denunciados por la policía se encuentra el que fuera consejero de Alternativa Ciudadana en el Cabildo de Lanzarote, Pedro Hernández, el presidente de la Asociación de Vecinos La Plazuela de Arrecife y el miembro del Foro Intercultural de Lanzarote, José Morales, y varios miembros de la plataforma Democracia Real Ya. Nadie del PSC o de CC, como denunciaron los populares.

En todas las denuncias se les acusa de infringir la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, concretamente por originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público. Además, se hace mención a la "provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana". Las multas previstas, que deberán ser ratificadas por la Delegación del Gobierno, oscilan entre los 300 y los 30.000 euros.

A Pedro Hernández se le denuncia por aportar el equipo de megafonía para dirigir la concentración y lanzar proclamas, mientras que a otro de los asistentes se le acusa de "abalanzarse sobre los miembros del PP a la vez que los increpa e insulta portando como bandera una camiseta con la inscripción 'ni dios, ni amo, anarquía". En otro de los expedientes abiertos se acusa a uno de los manifestantes de gritar, en alusión a Soria: "Id a por él, ya sale".

Publicado en; http://www.laprovincia.es/canarias/2012/02/16/policia-denuncia-manifestantes-increparon-soria/439112.html

JUECES DE IDEOLOGÍA CONSERVADORA

 Dos magistrados recusados por Garzón juzgarán a Zerolo

El presidente Juan Saavedra y el ponente del caso de Las Teresitas, Juan Monterde, están considerados cercanos a la derecha e incluso al Opus Dei

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Juan Saavedra, y el juez Julián Sánchez Meglar, que juzgarán al senador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo por el caso de Las Teresitas, fueron en su momento recusados por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón por la trama de las escuchas ilegales.
En estos momentos la Fiscalía tiene ya en sus manos el copioso expediente en el que se relatan de forma pormenorizada todos los avatares de la compraventa de la playa y, a partir de aquí, se decidirá si se archiva el caso o continúa su tramitación en el Supremo. Como ponente ha sido designado Francisco Monterde quien, al igual que Saavedra, es considerado magistrados de ideología conservadora e incluso en el caso del primero cercano al Opus Dei. De hecho, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del Supremo por el sector conservador del Poder Judicial.
El diario El País apuntaba recientemente que durante la investigación del caso Gürtel en el Supremo “no se tuvieron noticias del estado de la instrucción durante largos períodos de tiempo y el secreto se llegó a prorrogar en siete ocasiones”.
Saavedra también tramita en estos momentos la causa del exministro socialista José Blanco, que se ofreció voluntariamente a declarar por un supuesto delito de cohecho y tráfico de influencias. El presidente de la Sala está considerado uno de los juristas de mayor influencia en España según un ranking elaborado recientemente por el periódico El Mundo.
Del actual presidente de la sala segunda del Supremo se ha indicado que, aunque procede sectores centristas de la judicatura y parecía ideológicamente neutro, “hoy es exponente de la derecha judicial clásica. El magistrado Saavedra, con clara vocación de burócrata, ha sido crucial en la admisión de las querellas presentadas contra Garzón al decidir como presidente la formación de las salas que debían ver las querellas, entre ellas las presentadas por Manos Limpias y Falange Española”.
En cuanto al ponente, Monterde, se le identifica como “ideológicamente conservador y con trayectoria profesional discreta. Es hombre cercano al Opus Dei”. El tercer componente de la Sala es Julián Sánchez Meglar, quien fue también recursado en el caso de Garzón. Una vez que la Fiscalía elabore su informe y en caso de que no se decida archivar la causa se incorporarán nuevos magistrados a esta Sala.
Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/215419/

La reforma laboral del PP… ¡la hizo Zapatero!

ANTOLÓGICA INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA EN EL CONGRESO

 Se suele decir que el mayor desprecio que un ser humano puede hacer es negar la paternidad de sus obras. Y ni más ni menos eso es lo que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en un prodigio de desmemoria o indocumentación, ha atribuido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la autoría de los hachazos a los derechos de los trabajadores contenidos en la reforma laboral. Estas afirmaciones han despertado perplejidad e hilaridad en las bancadas opositoras.

La Vicepresidenta, en una intervención muy subida de tono y a ratos rozando casi la histeria, ha querido dejar claro que no se va arrugar a la hora de defender los ataques de su Gobierno a los derechos de los españoles. Ni siquiera la verdad y el sentido común serán un obstáculo para seguir –como hoy. Haciendo oposición desde el Gobierno a los diputados socialistas de la oposición parlamentaria.

Como traía de casa preparada la respuesta a la supuesta incostitucionalidad de la reforma, y a pesar de que este argumento no había sido utilizado por la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, Sáenz de Santamaría no se ha atrevido a salirse del guión, y le ha espetado una curiosa teoría sobre la legalidad de las medidas: "Constitucional es hacer efectivo el artículo 135 de la Constitución que reconoce el derecho al trabajo".

Por lo demás, como es habitual cuando el PP se siente herido, ha lanzado toda una batería de acusaciones, a cual de más grueso calibre, contra los socialistas, la herencia, el sino divino y cualquiera que se ponga al alcance de la “Santa Ira” de la derecha.

Así, Sáenz de Santamaría ha encadenado reproches al Gobierno de Zapatero, y se ha permitido demagogias como que "el despido más fácil es el que ha colocado a España en cinco millones de parados".

Estado de Excepción

Evidentemente, ante tales flores dialécticas la oposición, especialmente el PSOE e IU han cargado en tromba contra las medidas emprendidas por el Gobierno, que han calificado como "un retroceso histórico" para los trabajadores comparable incluso con un "estado de excepción", ante lo cual la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha replicado que con "descalificaciones y mentiras" no se crean puestos de trabajo.

     La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha acusado al Gobierno de haber "mentido" reiteradamente sobre una reforma laboral que ha calificado de "agresiva, injusta y desequilibrada",

Rodríguez ha recordado al Ejecutivo sus "promesas electorales" de no abaratar el despido y ha acusado al presidente, Mariano Rajoy, de haber mentido en su debate de investidura y también junto al francés Nicolas Sarkozy, cuando dijo que la reforma iría en la línea de las enmiendas que presentó el PP a la anterior reforma del Gobierno socialista, de las que ahora no hay "ni rastro".

    El Gobierno, ha remachado, ha "mentido" también a los sindicatos, cuando les pidió que negociasen un acuerdo de rentas con los empresarios y luego ha ignorado ese acuerdo. De este modo, ha concluido que el Gobierno "sólo ha dicho la verdad en Bruselas" cuando creía que los micrófonos estaban cerrados: que la reforma sería "muy agresiva" y que provocaría una huelga.

Sólo el BOE dice la verdad

   Pero además, ha afeado a la vicepresidenta las palabras que pronunció en el Congreso contra la reforma laboral de Zapatero y haber ocultado el "verdadero alcance" de la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobó. De hecho, le ha aconsejado que dé las ruedas de prensa los sábados, cuando se puedan contrastar sus palabras con el BOE publicado.

   En concreto, le ha reprochado haber ocultado en esa rueda de prensa la posibilidad de que los empresarios bajen unilateralmente los salarios,

El estatuto de los empresarios

 Por su parte, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha indicado que los 5,3 millones de parados "no pueden ser la excusa para un decreto como éste", que es típico de "un estado de excepción" y que se ha hecho "de manera ilegítima" porque no estaba en el programa electoral del PP y tampoco se ha negociado con los sindicatos.

   Tras preguntarse si la ministra "mintió" a la oposición durante las semanas en las que fue avanzando detalles sobre la reforma, antes de su aprobación, Llamazares ha concluido que a Báñez "le han impuesto esta reforma", que "convierte el estatuto de los trabajadores en el estatuto de los empresarios".

   Báñez ha respondido a estas acusaciones con un brindis al sol afirmando que la reforma "afronta con seriedad el problema" del paro y que "más pronto que tarde" servirá para "frenar cuanto antes la destrucción de empleo y sentar las bases de creación de puestos de trabajo en el corto plazo".
Publicado en http://www.diarioprogresista.es/la-reforma-laboral-del-pp-la-hizo-zapatero-9468.htm

La patronal quiere que el Gobierno revise el derecho a Huelga

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado realmente satisfecho con lo bien que ha abordado el Gobierno la defensa de sus intereses en la reforma laboral, de la que ha dicho que "va en la buena dirección" y llega en el momento "adecuado". Además, crecidos y envalentonados con el éxito, ha fijado el siguiente objetivo que debe acometer el Gobierno de Rajoy: recortar el derecho de huelga, uno de los pocos que permanece incólume tras los últimos hachazos.

Y es que, además, los responsables de la CEOE han adelantado algo que el Ejecutivo todavía no había desvelado: que le va a meter mano al derecho a estar enfermo con una ‘reforma’ de las mutuas laborales para acabar con el “elevado absentismo”.

Según Arturo Fernández, vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM) el Gobierno "está preparando" la próxima ley de Mutuas para reducir la "lacra" del absentismo y que estará lista "en tres meses". Por lo demás, ha señalado que es "la mayor reforma laboral de la historia". "Sin triunfalismos, pero los empresarios necesitábamos quitarnos de encima la rigidez que teníamos para contratar", ha añadido.

Pese a la satisfacción expresada por la patronal con esta reforma, sus portavoces no descartan profundizar aún más ne la “flexibilidad” de las plantillas y los salarios durante la tramitación parlamentaria. Porque, como ha asegurado Rosell, esta reforma “a medio plazo no creará empleo pero va por el buen camino” y, ha afirmado con rotundidad que “no será la última”.

Así, ha avanzado que esta "modernización" del mercado laboral requerirá "cambios" en el futuro. A corto plazo, ha dejado caer que la patronal aprovechará el trámite parlamentario para lograr algunas de las pretensiones que quedaron fuera del acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos e intentará ir más lejos en materia de flexibilidad.

Rosell ha indicado que, a primera vista, no hay visos de inconstitucionalidad en la reforma laboral y que debería haber ido "mucho más allá en flexibilidad" y en la simplificación de la "maraña" legal en el mercado laboral.

Recortar el derecho de huelga

Además, ha señalado que habría que abordar "lo más rápidamente posible" el decreto de 1979 que regula el derecho a la huelga para que "por defender los derechos de algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros", y ha reiterado que los empresarios siguen esperando una rebaja de cuotas sociales.

El derecho de huelga esde los pocos derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y en el ordenamiento jurídico español que no ha sido recortado, desmontado o simplemente anulado tras la última reforma del PP. Ahora, una vez que los mecanismos de negociación y representación de los trabajadores han sido conveniente cercenados, la patronal señala el próximo objetivo: recortar los mecanismos de protesta de los trabajadores ante la imposición de ‘los mercados’.

Publicado en http://www.diarioprogresista.es/la-patronal-fija-al-gobierno-su-proximo-objetivo-el-derecho-de-9492.htm

La reforma laboral costará al menos 230 millones

El dato se desprende de la memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley, aprobado el pasado viernes por el Gobierno

 Para ahorrar debes gastar. Este principio ha sido aplicado por el Gobierno al poner sobre la mesa la factura a la que se tendrá que hacer frente por la reforma laboral que "no creará empleo", según ha señalado el Ejecutivo. La reforma del mercado de trabajo tendrá un coste aproximado de al menos 230 millones de euros en su primer año de vida, según se desprende de la memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley de reforma del mercado laboral aprobado el pasado viernes por el Gobierno.

En este texto, el Ejecutivo hace estimaciones económicas de varias medidas, aunque no de todas las que conllevarían un gasto o un ahorro para las arcas públicas. Así, no se cuantifica cuánto podría suponer para el Estado la deducción fiscal incluida en los nuevos contratos indefinidos para empresas de menos de 50 trabajadores.

En concreto, el Gobierno calcula que las bonificaciones para fomentar la contratación indefinida de jóvenes de 16 a 30 años beneficiarán a 55.700 personas (la mitad hombres, la mitad mujeres) y que su coste, durante el primer año, será de 19,64 millones de euros. Durante el segundo año, el coste será de 41,20 millones de euros, y en el tercero de 64,70 millones de euros.

En el caso de las bonificaciones para mayores de 45 años, los beneficiarios estimados ascienden a 13.250 personas (55% hombres, 45% mujeres), con un coste anual de 6,20 millones de euros. Respecto a las bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social que se concederán por transformar contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en contratos fijos, el coste estimado de la medida se cifra en 3,64 millones de euros y el número de beneficiarios en 11.000, de los cuales el 53% serán hombres y el 47%, mujeres.

En el apartado de las bonificaciones que se otorgarán para los ERE de suspensión temporal de contratos o reducciones de jornada, se calcula un coste aproximado de 46 millones de euros y un número de beneficiarios de 141.553. Por su parte, la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE de suspensión temporal o reducción de jornada que finalmente sean despedidos costará 122 millones de euros y beneficiará a 28.200 personas, según las previsiones del Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo estima que la reducción de cuotas para los contratos de formación y aprendizaje para trabajadores de 16 a 20 años recortará los ingresos de la Seguridad Social en cerca de 6,9 millones de euros anuales.

Todo este dinero que dejará de ingresar el Estado con las medidas anteriores se compensará en una parte con la decisión de incluir horas extraordinarias en los contratos indefinidos a tiempo parcial. Según el Gobierno, el incremento de la recaudación por cada trabajador que realice 40 horas extraordinarias al año con el tipo general de cotización del 28,30% será de 64,86 euros al año.

Publicado en http://www.publico.es/espana/422410/la-reforma-laboral-costara-al-menos-230-millones

Reuters insiste: "El Gobierno del PP inflo el deficit en 2 puntos"

La agencia asegura que está "contrastada correctamente" y que el Gobierno de Rajoy lo sabía de antemano pero se negó a hacer comentarios

Reuters insiste: “La información sobre el déficit español es cierta”

En el Gobierno de Mariano Rajoy se pusieron ayer muy "rotundos" para desmentir las acusaciones de que habían inflado el déficit y apresuraron a la Comisión Europea para hacer lo propio. Nada de eso ha servido para amilanar a la agencia de información Reuters, que ha apelado a su profesionalidad para reafirmar su información acerca de las supuestas "trampas" de Rajoy y los suyos, se ha reafirmado en su información, que "es el resultado de una semana de trabajo y se ha contrastado correctamente". Además, la agencia asegura que el Ejecutivo español tuvo conocimiento de la noticia el lunes, un día antes de publicarse, pero se negó a hacer comentarios.

Reuters aseguró ayer que Bruselas podría multar a España por haber hinchado sus cifras de déficit para que el Gobierno de Rajoy pudiera así presumir este año de haber conseguido una mejora superior a la real.

“Una semana de trabajo”
“La información sobre el déficit español es correcta. Confiamos en nuestras fuentes. La información de ayer es el resultado de una semana de trabajo y se contrastado correctamente”. Con estas palabras ha salido la prestigiosa agencia Reuters al paso de los desmentidos “rotundos” del Gobierno de Mariano Rajoy y de algún portavoz de la Comisión Europea, según recoge El Economista.

Avalancha de desmentidos
La vicepresidenta del Gobierno o el ministro de Economía fueron los representantes del Ejecutivo que ayer salieron a desmentir la información de Reuters. No pasó lo mismo, en un principio, en Bruselas, donde el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, esquivó el tema cuando fue preguntado sobre las supuestas sospechas de la comisión. Después fue su portavoz, Amadeu Altafaj, el que negó la información “rotundamente”.

Acusaciones a Almunia
Más servicial se ha mostrado hoy la prensa de la derecha mediática, que se ha esforzado por salvar la cara al Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto La Gaceta como La Razón han llevado a su portada, y a toda plana, la versión del Ejecutivo, culpando al PSOE y al comisario Joaquín Almunia de la información. El diario de Planeta, el más marianista, incluso habla de “bulo”.

Sin comentarios del Gobierno
Pero Reuters asegura que sus fuentes no son los típicos lobbys que campan por Bruselas, aunque, como es lógico, no desvela hasta las tres versiones que consultó para contrastar su información. Además, la agencia revela que, aunque la información se hizo pública el martes, el Gobierno tuvo acceso a ella el lunes, pero el Ejecutivo de Rajoy se negó a realizar ningún comentario al respecto.

Publicado en http://www.elplural.com/2012/02/15/reuters-insiste-la-informacion-sobre-el-deficit-espanol-es-cierta/

Lo que decia el PP antes de las Elecciones

LO QUE SE DICE HOY EN LOS MEDIO AUDIOVISUALES

QUEDA GRABADO PARA LA ETERNIDAD.ESCUCHEN LO

QUE DECIAN TODOS LOS DEL PP ANTES DE LAS ELECCIONES

GENERALES. 

¿ SE PUEDEN CONSIDERAR SUS MENTIRAS FRAUDE ELECTORAL ?

Veinte puntos clave de la reforma laboral

BALANZA DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES SE INCLINA DEL LADO DEL EMPRESARIO

Las ETT se convierten en agencias de colocación - Se prevé despedir trabajadores fijos de la Administración pública

El Real Decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral vigente en España desde el viernes pasado contempla una serie de consecuencias directas en las relaciones laborales cuyos principales puntos son los siguientes:
1) Se permite que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) actúen como agencias de colocación, en un paso más hacia la mercantilización del desempleo.

2) Se modifica el contrato de formación y aprendizaje que se precariza en muchos aspectos y en el que se podrá permanecer hasta los 30 años, al menos hasta que la tasa de desempleo no descienda por debajo del 15%.

3) Se dota a las empresas de poder sobre la acreditación de la formación de los trabajadores, controlando lo que llaman cuenta de formación, incrementando el control sobre los trabajadores y el poder empresarial.

4) Se multiplican las bonificaciones de los contratos precarios, reduciendo los ingresos de la Seguridad Social.

5) Se crea un contrato "por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores", con un período de prueba de un año, con despido libre y gratis durante el primer año de relación laboral, bonificando cuotas y con incentivos fiscales para el empresario. Son los conocidos 3.000 euros de bonificación por nuevo trabajador contratado.

6) El empresario que contrate a un parado en ciertas condiciones tiene una deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo y el parado puede compatibilizar parte de la prestación con el trabajo. El contrato se puede utilizar incluso si ha habido despidos improcedentes en los últimos 6 meses siempre que sean de otro grupo profesional.

7) Se introduce la posibilidad de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial, aumentando la flexibilidad de los "mini jobs", y teniendo trabajadores a la carta.

8) Se crea el contrato "a distancia", y se puede asignar a los trabajadores a gusto del empresario a cualquier centro, rompiendo así la base electoral de las elecciones sindicales.

9) Se suprimen las categorías profesionales siendo la movilidad funcional casi ilimitada. Ahora todo el mundo podrá hacer casi de todo.

10) El empresario puede distribuir el 5% de la jornada a su gusto.

11) La movilidad geográfica se puede hacer con muchísima más facilidad, al desdibujar las causas que la justifican, que son meramente razones de competitividad, productividad u organización.

12) Se facilita la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al igual que la modalidad geográfica.

13) Del descuelgue salarial se pasa al descuelgue de casi todo el convenio, perdiendo virtualidad la vinculatoriedad de los Convenios Colectivos y afectándose gravemente a la ultractividad de los Convenios. Se prima el convenio de empresa, donde las representaciones de los trabajadores y el poder sindical es más débil. Si transcurridos 2 años de la denuncia no se firma otro convenio, se aplica el superior.

14) El empresario no precisa autorización administrativa para: despedir, suspender el contrato, reducir la jornada de una gran parte de la plantilla (medidas colectivas). Desaparecen los ERE y ahora quien decide es simplemente el empresario.

15) Desaparece la justificación de las causas de despido objetivo, ahora se necesita la mera causa, sin que sea justa para despedir, reducir jornada o suspender contratos. Con la definición de las causas económicas, técnicas u organizativas se prescinde del fin o la razonabilidad, simplemente es necesario que concurran. Es decir se puede despedir aunque ello no sea ni mínimamente razonable para alcanzar un fin constitucional legítimo como el mantenimiento de la viabilidad de la empresa o el nivel de empleo P.ej. bastan dos trimestres de descenso del nivel de ventas para despedir al 10% de la plantilla en empresas con más de 100 trabajadores.

16) Aunque el absentismo en la empresa sea del 0% se puede despedir por estar enfermo.

17) Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días/año con un máximo de 42 mensualidades a 33días/año con un máximo de 24.

18) Se suprimen los salarios de tramitación salvo en los casos de opción por readmisión, debiendo soportar el trabajador el coste del tiempo que tarde en dictarse sentencia, con lo que se desincentiva el ejercicio de acciones y se abarata más aún el despido, incentivando, además que no se readmita al trabajador.

19) Se prevé la posibilidad de despedir trabajadores fijos de la Administración pública, incluso aunque hayan accedido por oposición, por la mera concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Se mercantiliza así aún más el servicio público y se pretende que el ajuste de los déficits se haga con plantilla, sin importar el motivo de las crisis económicas, como podría ser la mala gestión de los políticos.

20) Se limitan las indemnizaciones de los directivos de entidades de crédito que están intervenidas o participadas por el FROB.
Canarias Ahora.com

Los Comites de Empresa de CCDPSV denuncian que se contratan informes ya realizados

Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Políticas Sociales se unieron ayer para denunciar "el gasto público injustificado" al otorgar el departamento un contrato por valor de 18.000 euros a un empresario grancanario por un trabajo que ya estaban desarrollando los propios empleados públicos.

SONNIA CHINEA, Tenerife

Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Santa Cruz de Tenerife y de La Palmas acusaron ayer al director general de Protección del Menor y la Familia, el aruquense José Gilberto Moreno García, de encargar, aprovechando un período estival, "a un autónomo, ajeno a la administración y casualmente vecino de Arucas, un proyecto ideado y desarrollado por los trabajadores de este departamento, por un importe de 18.000 euros, procedentes de las arcas públicas". La decisión, según relató Antonio Pérez, presidente del comité de empresa en Santa Cruz de Tenerife, fue tomada "en silencio puesto que se trataba de un contrato menor al que no se le exige ni concurrencia pública ni publicidad".

Acompañado por otros miembros del comité en las dos provincias, explicó que el proyecto en cuestión había sido idea de un grupo de empleados públicos con el fin de establecer "el mapa de recursos existentes a disposición de las familias numerosas en Canarias, así como los convenios con comercios y empresas que ofrecen ventajas económicas a esas familias a través de programas de colaboración, beneficiándose así ambas partes".

Sin embargo, según Pérez, un proyecto que hubiera podido realizarse "a coste cero y a iniciativa de los empleados públicos para beneficio de este importante colectivo de familias en el Archipiélago fue encargado a un tercero". Como anécdota, señalaron, para "poder llevarlo a cabo, el empresario beneficiario del contrato solicitó a los empleados públicos de la propia Consejería los datos sobre familias numerosas al tiempo que se ofreció para darles un curso sobre la materia". Por eso, con el ánimo de transparentar qué ocurre en las instituciones públicas, invitaron a otros comités de empresa de las instituciones canarias a denunciar este tipo de hechos que, están seguros, "se repiten en otros departamentos".

Asimismo, añadieron que el nombre y apellidos de este autónomo coincidían con los de un candidato en los últimos comicios al Cabildo de Gran Canaria, un hecho que, según Antonio Pérez, "ensucia a la administración y es una burla" para los trabajadores.

Publicado en http://www.eldia.es/2012-02-15/canarias/0-Trabajadores-Gobierno-denuncian-contratan-informes-ya-realizados.htm

La Dirección General del Menor

Denuncian un posible trato de favor en la Dirección General del Menor

 Los comités de empresa de la Consejería de Políticas Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, tanto de la provincia de Tenerife como de Las Palmas, denunciaron este martes un supuesto trato de favor en la contratación de una persona en la Dirección General del Menor.

Según explicó Antonio Pérez, presidente del comité de empresa en la provincia, el propio director general, José Gilberto Moreno, propició que se encargara a un conocido suyo un estudio sobre las familias numerosas, mediante un contrato menor externo por importe de 18.000 euros. Dicha persona, vinculada supuestamente a Coalición Canaria (CC) y hermano de un candidato por este partido al Cabildo de Gran Canaria, “se apropió de la idea gestada por los propios técnicos de la Consejería, a los que incluso pidió información y se ofreció para impartirles un curso”, aseguró Antonio Pérez, quien recordó que dicho estudio podía haber sido realizado por los mismos empleados públicos “a coste cero”. Afirmaron que “hay mucha gente comprometida en un asunto delicado”, manifestaron que “hay más casos similares” a éste en la Consejería que dirige Inés Rojas, sobre los que irán informando con “nombres y apellidos”. Nuestra labor es vigilar el gasto público y ser transparentes, porque se trata de actitudes que “manchan” a la clase política.

Otra versión

En la orilla opuesta, desde la Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Ejecutivo autónomo negaron que se hubiera hecho ninguna contratación laboral. “Estamos hablando de la contratación de un estudio técnico que se ajusta totalmente a la legalidad y la normativa vigente, en cuanto a la contratación con la administración pública”, afirmó el director general, José Gilberto Moreno.

“En realidad, lo que denuncia el comité de empresa es la contratación de un estudio técnico, cuyo fin es analizar la viabilidad de un Programa de Responsabilidad Sociocorporativa dirigido a familias numerosas”, aclaró Moreno, quien insistió en que “no es un estudio sobre familias numerosas, sino un análisis en profundidad que delimita los posibles acuerdos que se puedan llegar con los diferentes sectores empresariales y comerciales del Archipiélago, con el fin de valorar una posible colaboración con ellas, al objeto de obtener promociones, descuentos, ventajas en comercios, etcétera, que puedan resultar de interés a este colectivo de familias”, recalcó el director general.

Para ello, insistió José Gilberto Moreno, “se buscó la colaboración de una empresa especializada para la realización de este tipo de análisis que, además, cuenta con el reconocimiento de diferentes asociaciones empresariales; por lo que es del todo falso que haya habido ninguna situación irregular en la contratación de esta empresa”, concluyó el director general.

Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2012/02/14/actualidad/denuncian-un-posible-trato-de-favor-en-la-direccion-general-del-menor/

Empleados Públicos Coherentes

Señores y señoras compañeros:

Visto el comunicado de Función Pública de fecha 10 de febrero de 2012, propongo:

Que aboguemos todos por la "coherencia " y exijamos que no se suspenda ni un solo dia de clase durante la semana de carnaval y que en los centros docentes asista todo el personal, de forma coherente, ya que no tenemos donde dejar los niños esa semana, o al menos que se habiliten en los centros oficiales guarderías y ludotecas apropiadas. Dada la "magnífica" idea de conciliación de la vida familiar y laboral que hay en este pais, creo que es lo menos que podrían hacer.

Que, por coherencia con el mercado del turismo y de billetes de avión, que obligan a reservar con muchas semanas de antelación para obtener unos precios coherentes con el cada vez más reducido salario de los funcionarios, se hubiera avisado con igual antelación de esta medida inesperada, ¡Hay que ser coherentes! así que en caso de haber sido afectado por esta medida propongo se reclame a esa Dirección General, tan coherente y previsora, que se responsabilice de los perjuicios económicos que pueda haber ocasionado retirar el dia de dispensa a 6 dias hábiles de la semana de carnaval. Si nos obligan a cambiar el dia de dispensa por uno de asuntos propios ¿que diferencia hay?. Este año cogeremos asuntos propios de ese día pero el año que viene lo siento por las Agencias de viajes pero habrá menos negocio para ellos.

Que por coherencia, y ya que nos han bajado el sueldo y nos han subido los impuestos, no se nos amargue el carnaval con una medida absurda, que poco va a influir positivamente en el rendimiento del trabajo, más bien todo lo contrario, nos va a amargar, y perdonen la expresión "encabronar" más. Vamos, qué mayor coherencia con la situación socio-económica actual que dejar de fastidiar al ya maltrecho empleado público, reflejo de los retrocesos sufridos en los derechos de todos los trabajadores de este país -de los desempleados ni hablamos-. Y si no que se lo digan a Esquilache.

Que trabajen los bancos por coherencia su jornada completa, y el Cabildo, Ayuntamiento y Administración del Estado.

Por coherencia, solicitamos que todos los Altos cargos estén en su puesto de trabajo todos los dias de esa semana durante el horario completo.

Tambien se solicita que por coherencia, se apliquen de verdad las medidas de ahorro, se aumente el numero de videoconferencias y se reduzca la compra de billetes de avión paralelos y redundantes y se pierdan menos horas de arduo trabajo de alto cargo a base de vuelos y viajes en coche al aeropuerto.

Creo que nuestros altos cargos de Función Publica, ya que no podrán instalar guarderías ni ludotecas, no tendrán objeción a que un día de la semana de carnaval vengamos todos a trabajar con nuestros hijos, mucho no podremos trabajar, pero fichar, ficharemos, ¡faltaría más!. Hay que ser coherentes con las condiciones socio-económicas, asi que no se pretenderá que paguemos nosotros encima la ludoteca.

Si alguno, además, participa en alguna murga o grupo carnavalero, por coherencia, supongo que en uno de los carnavales más importantes del mundo no resultará incoherente venir disfrazado al trabajo. Además, piensen que en este gris panorama socioeconómico, al administrado de turno le puede alegrar el día que al presentarse en el mostrador de registro o en un despacho de un técnico le atienda en persona: Xena la princesa guerrera, El Zorro, El Llanero Solitario, Catwoman o incluso el mismísimo Espinete, que Dios y la Virgen de Candelaria bendigan y guarden la salud muchos años.

Al fin y al cabo, ¡¡qué demonios!! estaremos en carnaval y... ¡HAY QUE SER COHERENTES!

  Pásalo!!! 

Remitido a este Blog

Un controvertido director general

EL DEL MENOR, QUE ENCHUFA A VECINOS, YA APUNTABA MANERAS EN EL ICHH

De momento la denuncia ha quedado exclusivamente en el ámbito de lo sindical, sin mayores consecuencias ni siquiera judiciales. Pero el caso ha llamado tanto la atención a los sindicatos de la función pública que se han atrevido incluso a denunciarlo públicamente: el director general del Menor ha contratado a un vecino por 18.000 euros para que hiciera un informe que podían hacer por coste cero los funcionarios de su departamento. El director general en cuestión, José Moreno, se ha defendido alegando que es perfectamente legal hacerlo (no lo dudamos) y que el contratado está cualificado (tampoco lo dudamos), pero ni una sola palabra sobre la conveniencia y oportunidad de gastarse ese dinero sin necesidad ninguna. Ya lo veníamos viendo venir desde hace meses cuando detectamos a este director general ejerciendo fuera de ordenación al final de la pasada legislatura. Destituido vía BOC como director del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia para poder presentarse a las elecciones de mayo de 2011, Moreno continuó ejerciendo como si no pasara nada. Y no es que solamente utilizara al coche oficial para sus labores de candidato, es que hasta siguió estampando su firma en documentos oficiales

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/16317/

El director de Protección al Menor y la Familia contrata a dedo a su vecino

Moreno pagó 18.000 euros por un estudio que los empleados públicos hacían gratis. La Consejería de Políticas Sociales niega el trato de favor.

Los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en Gran Canaria y Tenerife han denunciado la contratación “en silencio” del presidente de los empresarios de Arucas para, a cambio de 18.000 euros, realizar un estudio sobre familias numerosas en Canarias, que ya llevaban a cabo los propios funcionarios de la Consejería “con un coste cero”.
El contrato, sin necesidad de concurso ni publicidad, fue asignado a dedo por el director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, a su vecino Antonio Medina Quesada, ex candidato al Cabildo de Gran Canaria por CC.
En una rueda de prensa celebrada este martes en ambas capitales, los representantes sindicales denunciaron que la iniciativa de ese estudio sobre familias numerosas había partido de los propios trabajadores de la Consejería. “Se trataba de hacer un mapa cuántos recursos existen a disposición de las familias numerosas: los de aplicación procedentes del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los distintos municipios, así como también la posibilidad de establecer convenios con comercios y empresas que ofrezcan ventajas a dichas familias”, afirmó un portavoz sindical.
La sorpresa vino cuando “de pronto”, ese estudio “es encargado a un tercero ajeno a la administración a través de un contrato menor externo por importe de 18.000 euros procedentes de las arcas públicas”.
Para llevar a cabo el trabajo, el empresario tuvo que solicitar a los funcionarios los datos que habían recabado sobre familias numerosas y, para colmo, se ofreció a darles un curso sobre la materia, cuando algunos de los trabajadores llevan gestionando desde hace décadas.
En un comunicado, los representantes sindicales añaden que temen ser cuestionados por la propia Consejería por no haber respetado el sigilo profesional. “No cae sigilo porque se trata de dinero público; la información es de interés general y nuestra obligación como empleados públicos es denunciar este tipo de prácticas e impedir que, precisamente al amparo del secreto del trabajo, se lleven a cabo con toda impunidad”.
“Es una contratación legal”
Por su parte, José Gilberto Moreno ha negado en un comunicado que se haya llevado a cabo una contratación laboral, sino que se trata de la contratación de un estudio técnico “que se ajusta totalmente a la legalidad y la normativa vigente en cuanto a la contratación con la administración pública”.
El director general de Protección al Menor y la Familia insiste en que “en realidad, lo que denuncia el comité de empresa es la contratación de un estudio técnico cuyo fin es analizar la viabilidad de un programa de responsabilidad sociocorporativa dirigido a familias numerosas”, aclaró Moreno.
Para llevar a cabo el estudio “se ha buscado la colaboración de una empresa especializada para la realización de este tipo de análisis que, además, cuenta con el reconocimiento de diferentes asociaciones empresariales, de hecho, la persona titular de la empresa es técnico especializado de informática, gestor y auditor de calidad, gerente de empresas y miembro de Cecapyme y la Cámara de Comercio de Gran Canaria”, sostiene Moreno.
Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/215365/     

La Marcha por la Dignidad solicita que le acompañes en el tramo de Santa Cruz.

Marcha por la Dignidad, el sábado 23 de julio a las 18:00 horas desde la Plaza de Weyler.

Desde la Plaza de Weyler la Marcha por la Dignidad recorrerá la C/ del Pilar, Plaza del Príncipe y C/ San Francisco para terminar en la Plaza del 15M, nombre con el que fue rebautizada la Plaza de la Candelaria. A partir de las 20:00, en la Plaza del 15M, tendrá lugar una asamblea abierta entre los participantes de la Marcha por la Dignidad y quienes deseen asistir.

Para más información, puedes consultar la Web Oficial http://www.acampadatenerife

Los sindicatos de Justicia acusan de prevaricación a una directora general

POR UNA CONVOCATORIA DEL GOBIERNO CANARIO PARA DOS PLAZAS DE GESTOR DEL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL

Todos los sindicatos con representación en la mesa Sectorial de Justicia de Canarias (Co.Bas, UGT-FSP, STAJ, CSI-F, Intersindical Canaria y CCOO) acusan de un posible delito de prevaricación a María Dolores Alonso Álamo, directora general del Gobierno de Canarias para el área de Relaciones con la Administración de Justicia.

Según informan en una nota, los seis sindicatos "han entregado a los servicios jurídicos" las resoluciones de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias número 733 y 734 del día 15 de junio de 2011, por si de ellas "pueden desprenderse responsabilidades
penales". En esas resoluciones la directora general acordaba la convocatoria para cubrir con funcionarios interinos dos puestos, uno en cada provincia, de “gestor del archivo judicial territorial”.

Ahora bien, los sindicatos cuestionan que la convocatoria concuerde con las funciones que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, y recuerdan que "ya existen dos archiveros contratados desde hace más de siete años". Del mismo modo, se preguntan si la colocación de estas dos posibles nuevas plazas son la razón detrás del "cese de al menos cuatro refuerzos".

"Tanto en las disposiciones normativas a nivel del Estado como autonómicas en materia de Justicia, en lo que respecta a apoyos a los órganos judiciales, entre las que se encuentra la gestión de los archivos judiciales, se explicita que se desempeñarán por personal laboral", señala la nota. Asimismo, se recalca que la Comunidad Autónoma ya convocó en 2004 un proceso selectivo para unidades de apoyo a los órganos judiciales de la Administración de Justicia mediante contratación laboral temporal de interinidad.

Con todos estos datos sobre la mesa, los sindicatos plantean que con el baremo establecido en las resoluciones del 15 de junio la directora general en funciones podría pretender "vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen cualquier nombramiento de la Lista de Reserva de Personal Interino de la Administración de Justicia en Canarias".

Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/188658/

Inspección en abril; test en junio

SE CAE, HACE PERDER DOCUMENTOS, ES VULNERABLE... UN AUTÉNTICO DESASTRE

Resulta ciertamente llamativo que el Gobierno de Canarias emitiera el 8 de junio pasado un comunicado de prensa anunciando al mundo que su Atlante II había superado los test de compatibilidad exigidos por el Consejo General del Poder Judicial, un absurdo teórico que debió ahorrarse a la espera de que la inspección que ya se había realizado en abril, cuyos resultados conocemos ahora, certificara de manera oficial la validez del sistema. Salvo que lo que se pretendiera era despistar con ruido ambiental, no fuera a ocurrir lo que finalmente ha ocurrido, que Atlante no carbura. Y, para mayor escarnio, la constatación de las deficiencias de la aplicación se hace tras una inspección en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde el Gobierno, y más concretamente José Miguel Ruano, tiene a sus más contrastados valedores, algunos de los cuales han sido vistos estos últimos días en los pasillos del Parlamento de Canarias haciendo gala de esas magníficas relaciones. Si la inspección se trasladara a la provincia de Las Palmas, donde la simpatía no es tanta, seguramente aparecerían más deficiencias, como la vulnerabilidad constrastada del sistema, como los ataques sufridos -que se conozcan- por dos jueces de instrucción, por la clamorosa información que se facilita a los imputados con una simple solicitud y con la onerosa pérdida de documentos y expedientes que terminan perjudicando al justiciable y que sobrecargan de manera vergonzosa la ya de por sí saturada administración judicial. Ahora le toca al PSOE, como siempre, comerse el marrón y corregir lo que tiene poco remedio. No va a tirar a la basura un gasto de mas de 16 millones de euros tan alegremente. Pero podría investigar un poquitín. A ver.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/14979/

Atlante, en el punto de mira

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEJA COMO MENTIROSO AL CONSEJERO RUANO

Vamos a ver si entre todos encontramos la verdad, que para eso nos pagan. Desde hace muchos meses venimos denunciando en este periódico el descarado despilfarro del Gobierno de Canarias con los programas informáticos, concretamente con dos de ellos, el Sefcan, destinado a la Consejería de Economía y Hacienda, y el Atlante II, destinado a la Administración de Justicia. Ambos han supuesto para los contribuyentes canarios un gasto superior a los 37 millones de euros, repetimos, 37 millones de euros, y ambos vienen convirtiéndose en auténticas pesadillas para sus usuarios, los funcionarios, y para los ciudadanos, que a su vez sufren las consecuencias de los desastres informáticos por la inoperancia de esas aplicaciones. De Sefcan volveremos a ocuparnos pronto, que no deja de ser noticia ese despilfarro promovido por José Manuel Soria, el rey de los concursos millonarios con resultados desastrosos. Centrémonos hoy nuevamente en el Atlante II, porque el Consejo General del Poder Judicial ha concluido que es una auténtica calamidad. Así lo recogemos en nuestra edición de hoy en una noticia que deja como mentiroso al consejero de Presidencia en funciones, José Miguel Ruano, que llegó a emitir en su día un comunicado asegurando que el programa había superado los test del órgano de gobierno de los jueces, el mismo que ahora lo descalifica. Pudiera ocurrir, no lo negamos, que el CGPJ, en una evaluación teórica, se creyera las explicaciones técnicas sobre esta aplicación, pero en la primera ocasión en que ha podido hacer un test práctico, se ha tropezado con la dura realidad: Atlante es un paquete y nos ha costado a todos los canarios un ojo de la cara. Y la yema del otro.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/14977/