Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Políticas
Sociales se unieron ayer para denunciar "el gasto público injustificado"
al otorgar el departamento un contrato por valor de 18.000 euros a un
empresario grancanario por un trabajo que ya estaban desarrollando los
propios empleados públicos.
SONNIA CHINEA, Tenerife
Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Santa Cruz de Tenerife y de
La Palmas acusaron ayer al director general de Protección del Menor y la
Familia, el aruquense José Gilberto Moreno García, de encargar,
aprovechando un período estival, "a un autónomo, ajeno a la
administración y casualmente vecino de Arucas, un proyecto ideado y
desarrollado por los trabajadores de este departamento, por un importe
de 18.000 euros, procedentes de las arcas públicas". La decisión, según
relató Antonio Pérez, presidente del comité de empresa en Santa Cruz de
Tenerife, fue tomada "en silencio puesto que se trataba de un contrato
menor al que no se le exige ni concurrencia pública ni publicidad".
Acompañado por otros miembros del comité en las dos provincias,
explicó que el proyecto en cuestión había sido idea de un grupo de
empleados públicos con el fin de establecer "el mapa de recursos
existentes a disposición de las familias numerosas en Canarias, así como
los convenios con comercios y empresas que ofrecen ventajas económicas a
esas familias a través de programas de colaboración, beneficiándose así
ambas partes".
Sin embargo, según Pérez, un proyecto que hubiera podido realizarse
"a coste cero y a iniciativa de los empleados públicos para beneficio de
este importante colectivo de familias en el Archipiélago fue encargado a
un tercero". Como anécdota, señalaron, para "poder llevarlo a cabo, el
empresario beneficiario del contrato solicitó a los empleados públicos
de la propia Consejería los datos sobre familias numerosas al tiempo que
se ofreció para darles un curso sobre la materia". Por eso, con el
ánimo de transparentar qué ocurre en las instituciones públicas,
invitaron a otros comités de empresa de las instituciones canarias a
denunciar este tipo de hechos que, están seguros, "se repiten en otros
departamentos".
Asimismo, añadieron que el nombre y apellidos de este autónomo
coincidían con los de un candidato en los últimos comicios al Cabildo de
Gran Canaria, un hecho que, según Antonio Pérez, "ensucia a la
administración y es una burla" para los trabajadores.
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