martes, 13 de noviembre de 2012

El Gobierno no renovará los contratos ni cubrirá las jubilaciones en 2013

El consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, confirmó ayer las sospechas de los sindicatos y avanzó que el Ejecutivo no renovará contratos ni cubrirá jubilaciones en 2013. Tampoco promoverá ofertas de empleo público. A cambio, potenciará la flexibilidad y redistribución interna.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spinola, confirmó ayer los peores presagios de los sindicatos, al avanzar que en el año 2013 no se renovarán contratos temporales ni se cubrirán muchas jubilaciones en la Administración canaria.
En el pleno del Parlamento, y como respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Román Rodríguez, el consejero regional precisó también que el Ejecutivo canario no promoverá el próximo ejercicio ofertas de empleo público.
En su lugar, el Gobierno que preside Paulino Rivero "potenciará" la flexibilidad y la redistribución interna, dijo Francisco Hernández Spínola, quien, aunque aseguró no compartir la opinión del presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, de que sobran 5.000 empleados públicos, tampoco descartó que se vayan a producir despidos en la Administración.
"El despido será la última de las opciones de este Gobierno", indicó el consejero, quien reconoció que la reducción de partidas en los Presupuestos Generales del Estado para Canarias "tendrá consecuencias" en el Capítulo I (Personal).
Spínola recordó que Canarias es la quinta comunidad con menos empleados públicos por habitante de España y que siete de cada diez funcionarios son docentes o personal estatutario del Servicio Canario de Salud (SCS).
A su juicio, hablar de posibles despidos masivos genera "desmotivación", "ansiedad", "tensión", "pérdida de productividad" y es una "irresponsabilidad" en la que el Gobierno "no ha caído ni va a caer".
En este sentido, Román Rodríguez detalló que en los últimos 15 meses se han producido 32.700 despidos en el sector público, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y destacó que los empleados públicos atienden "a nuestros niños en las escuelas y hospitales y prestan servicios públicos".
Al respecto, lamentó que se haya "puesto de moda" despedir empleados públicos y pidió al Ejecutivo regional que su rechazo a los despidos se demuestre en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013.

Si no hay cambios de última hora, esos presupuestos serán aprobados este jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias.

Sobre este asunto se manifestó ayer también el coordinador del Área Pública y Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, quien calculó que las medidas anunciadas por el Gobierno pueden dejar sin empleo a unos 3.500 trabajadores -podrían llegar a 4.000-.
Barroso lamentó las "pocas ideas" que se están analizando el Parlamento canario para atajar la situación, y remarcó que hay "otras alternativas", como es la subida de impuestos a las personas que rentas más altas.
Por su parte, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, fue aún más allá y consideró que los afectados podrían ser 18.000, que son todos los trabajadores interinos y eventuales de la Comunidad Autónoma.
Bautista recordó que el compromiso del Ejecutivo, de su presidente y del PSOE fue que no se iba a perder "ni un empleo público", por tanto "mienten una vez más". Es más, consideró el sindicalista de UGT que si el PSOE tuviese "un poquito de dignidad y coherencia política" abandonaría el Ejecutivo regional, y propuso, en línea con su compañero de CCOO, otras medias para ahorrar gastos. Entre otras citó la supresión de algunas direcciones generales "que no aportan nada".

lunes, 12 de noviembre de 2012

Sepca hace un llamamiento para acudir a la huelga general del 14 N

El sindicato asegura que es la única manera de corregir al gobierno central y canario
 
Esta huelga general tiene el carácter de huelga popular, social y de consumo, ya que el llamamiento se hace a trabajadores y trabajadoras, en activo y desempleados, a pensionistas y jubilados, a afectados por los desahucios, a los cientos de miles de personas que sobreviven actualmente en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria, afectada por los recortes y reformas sucesivos.

La huelga del 14 de Noviembre se convoca contra las políticas del gobierno
español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE.

Las actuaciones de estos gobiernos las consideramos ilegítimas. Estamos exigiendo la retirada de las distintas reformas y recortes: la reforma laboral, porque genera destrucción de empleo y abaratamiento de los despidos; la reforma fiscal porque se aplica a las capas populares de la sociedad mientras realiza amnistías fiscales y sigue propiciando el fraude fiscal a gran escala; la reforma financiera, porque con dinero público va a solucionar la deuda de los bancos sin caminar hacia la nacionalización de la banca; la reforma judicial porque plantea incrementar el miedo y la represión así como recortar derechos y libertades como en el caso del aborto; la reforma de las administraciones públicas porque intenta adelgazar los servicios públicos propiciando miles de despidos y deteriorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos; la reforma sanitaria que intenta empeorar el servicio de salud y ahondar más en la privatización; la reforma educativa porque plantea un sistema de filtros y medidas mercantilistas segregando e impidiendo el acceso de los sectores más desfavorecidos; la reforma del modelo de Estado porque persigue la recentralización del mismo alejando el poder del control ciudadano; y, en el marco de todo ello, la reforma del artículo 135 de la Constitución, porque favorece el pago de la deuda a entidades financieras internacionales antes que atender a los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales de la población y convierten a los presupuestos generales en papel mojado.

Nos manifestamos contra todas estas reformas, que van en el camino de
conformar un nuevo modelo político, social y económico, donde primen los intereses de la clase dominante (concretada en FMI, BCE, Comisión Europea) sobre los del conjunto de la clase trabajadora y sectores de nuestro pueblo golpeados por estas políticas, a los que se le recortan derechos y libertades.

Estamos en contra de la doble pérdida de soberanía que significa para Canarias, tanto el rescate financiero pagado a nivel estatal por todos los contribuyentes, como el rescate solicitado por Paulino Rivero, porque significarán más recortes en los servicios públicos en Canarias. Y cuando se recorta en servicios públicos, estamos perdiendo derechos el conjunto de la ciudadanía.

Y el 14 de Noviembre consideramos que sobran motivos para esta huelga general popular, no sólo laboral, sino también social y de consumo. El 14-N no trabajo, no consumo, no voy a clase y no abro; pero no me callarán y me movilizo.

¿Qué le dirás, si tus hijos te preguntan?

Por ADOLFO PADRóN BERRIEL (*)

Todavía hoy, con todo lo que acontece, escucho a demasiada gente justificar porque no lucha. Todavía hoy, con tanto sufrimiento derramado, quedan demasiadas personas indolentes. Excesivas excusas, incomprensible flojera.

“Hombre soy. Nada de lo humano me es ajeno”, sentenció Terencio. Como humano puedo entender el miedo y su capacidad inmovilizadora; puedo comprender que prefiramos cerrar los ojos antes que afrontar la realidad que nos envuelve y hasta soy capaz de concebir que, ante la barbarie, reaccionemos escondiéndonos, casi inertes para no ser descubiertos y rezando: ¡a mí no, qué no me toque a mí!, mientras ruedan cabezas, justo al lado nuestro.

En lo humano, puedo incluso entender que escojamos ser esclavos antes que asumir la responsabilidad de decidir; pero precisamente en lo humano, no alcanzo a resolver que tipo de mecanismo nos puede llevar a permitir, impasibles, el sacrificio de nuestros hijos y su futuro. ¿Qué clase de instinto de supervivencia puede justificar nuestra desidia cuando se juega con el destino de nuestros vástagos? ¿Con qué tripas somos capaces de argumentar nuestro abandono y pasividad a sabiendas de que, con ello, les condenamos a vivir en la más salvaje de las junglas?

El 25% de la población activa española, el 33% de la canaria, ha perdido su empleo y por tanto, se le ha sustraído la posibilidad de decidir si secunda la huelga. Los porcentajes restantes si tenemos esa posibilidad y podemos ejercerla por nosotros, por ellos y, sobre todo, por nuestros hijos. La historia de las conquistas sociales, la de la consecución de nuestros derechos más básicos, están escritas con tinta de lucha y movilización; nada nos ha sido nunca regalado. Nada se ha logrado jamás desde el lamento pasivo y la inactiva espera a que las cosas cambien por sí solas.

El 64% de los jóvenes canarios está en paro, el 38% de nuestros niños se encuentra bajo el umbral de la pobreza; ese es nuestro presente, pero el futuro se pinta con tonos aún más oscuros: miseria, emigración, trabajo precario y sin derechos.

Esta realidad debería revolvernos; debería hacernos saltar de nuestras adormecedoras sillas, hechas de pavor, inconciencia o excusas.

Tal vez mañana, tu hijo o hija te pregunte: ¿Papa, mama, y tú que hiciste? ¿Qué les dirás?: ¡Tenía miedo! ¡No me enteré, preferí no conocer lo que ocurría! Quizá podrías responder: “Mira, hijo/hija, me habían reducido el salario, me habían subido los impuestos y los precios, me quitaron la paga extra y yo, en fin, tenía que pagar la hipoteca –o la letra del coche- y no quise que además me descontaran por ir a la huelga; no estaba dispuesto/a a que se quedaran con un solo euro más de mi bolsillo”.

Puede que tu hijo/hija, en ese caso y porque las generaciones siempre mejoran, te responda: “Papa, mama, te has parado a pensar si todo eso que te quitaron y todo lo que a mí me han despojado fue, precisamente, por evitar perder un poco de dinero. El salario de uno de tus días de trabajo, pudo haber cambiado mi mundo”.

El 14 de noviembre y las veces que hagan falta, muchas mujeres y hombres iremos a la huelga. Cada una/o desde el ámbito que pueda, no trabajando, no estudiando, no consumiendo, lucharemos por nuestros derechos y los de nuestros descendientes, pero también por los de aquellas/os que decidieron seguir aferrados a pretextos.

(*) Miembro de co.bas-Canarias y de Canarias por la Izquierda/Si Se Puede

CÍNICOS, REACCIONARIOS Y DEFRAUDADORES



Seguramente entre lo más repugnante y cínico del Gobierno de la derecha se encuentra Bañez, la Ministra de Trabajo. La misma señora que hace pocos días, tras comunicar la buena nueva de que el Estado español había superado los 5.700.000 parados -el 25% de la población activa, en Canarias el 34%- dio noticia de los “horizontes esperanzadores” de recuperación en el empleo que ya se estaban percibiendo. Seria cómico, “¿a quien van creer más, a mi, o a sus propios ojos?”, si fuera porque de lo que se trata es de una auténtica catástrofe social.
Una semana después la Sra.Ministra concretó la feliz perspectiva: los ERES de despidos colectivos entre el personal laboral de las administraciones públicas.
En el horizonte de la Ministra y de su Gobierno la niebla se disipa y pasa a condensarse para desencadenar la tormenta sobre las cabezas de más de 700.000 trabajadores, “sobrantes” en un país que está por debajo de la media europea en % de empleo público, particularmente en el sector vinculado a los servicios sociales.
Con baba cínica y con indisimulada voluntad de aislar a los futuros condenados de la solidaridad social, vomitó la aberración social y jurídica de que se trataba, en fin, “de igualar el régimen de la regulación de los despedidos colectivos en las administraciones públicas al del sector privado”.
No hay nada de igual en lo que se dice se esta igualando: el sector público presta servicios, o los debe de prestar, de interés social, sin ánimo lucrativo y en la generalidad de los casos por imperativos legales que le impone a la administración las proclamaciones constitucionales del estado social y de derecho que no fueron nunca legado generoso de la divina providencia.
No pueden operar criterios “economicistas” y/o “mercantilistas” para determinar los niveles de empleo en el ámbito de los servicios públicos, aquí prevalecen raseros para la cobertura de la actividad de interés social.
Por otra parte, la causa que justifica el ERE conforme a lo ha aprobado por el Gobierno en el RD 1483/12 no es, porque no puede ser, la disminución de facturación o de perdidas en la empresa, como sucede en el sector privado. Ante este inconveniente el gobierno del PP ha escogido el camino de la arbitrariedad. Será una decisión política, unilateral y arbitraria de disminución de la partida presupuestaria en el 5% lo que basta para habilitar el despido colectivo.
Dicho de otra forma, se trata de un despido preconstituido por la propia administración que despide, de imposible control por los afectados.
Debe considerarse igualmente que la inmensa mayoría de los servicios que presta la administración son deficitarios por definición y en consecuencia, siguiendo la lógica “neoliberal”, susceptibles de ser liquidados .
En esta regulación del ERE en las administraciones públicas se excluye formalmente la obligación de descartar opciones alternativas al despido, lo que, a nuestro juicio, redunda en su inconstitucionalidad como apuntaremos más adelante.
Entre tanto, el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PSC-PSOE) viene a decir que “esto no le gusta, pero no va a quedar más remedio” y ya apunta directamente, para abrir boca, a los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Por cierto, un porcentaje muy amplio de los laborales “indefinidos” de este servicio acaban, como quien dice, de sufrir un monumental fraude de ley “sorprendentemente” convalidado por la jurisdicción social: “proceso selectivo en la modalidad de concurso oposición regido por los principios de publicidad, merito y capacidad, para ocupar plazas vacantes pero ¡¡¡¿¿¿EN LA CONDICIÓN DE INDEFINIDOS!!!???.
En la confirmación de este fraude por los tribunales sucede como en aquella política de Orson Wells “El Proceso” basada en la novela homónima de Kafka: Anthony Perkins es procesado y condenado sin enterarse del por qué. La obligación legal es la de convocar periódicamente procesos selectivos para ocupar con empleo fijo las plazas vacantes. Mas allá de burlar la ley para precarizar relaciones laborales que deberían ser estables ¿qué sentido tiene convocar procesos selectivos, respetuosos de los requisitos formales, para poner en el lugar que corresponde a un fijo un temporal “indefinido”?.
El Gobierno de Canarias mejor haría ahora, ya que “no le gusta” la barbaridad del “Gobierno de Madrid”, corregir ese fraude y aplicar la norma defraudada que conduce a la fijeza.
En todo caso y aparte de la fundamental contestación social, que ahora lleva el sello de la huelga general del 14 de noviembre, desde mi punto de vista hay defensa jurídica.
Por imperativo constitucional las administraciones públicas no pueden actuar de manera arbitraria, tienen que informar su política social con el principio del pleno empleo, y, sobre todo, no pueden derogar la primacía del derecho del trabajo y a la estabilidad en el empleo, de lo que se sigue, inexcusablemente, la consideración del despido como último remedio ante causa grave que no tenga opción alternativa.
En el marco del despido, debe añadirse, que toda vez que las normas, por exigencia legal, hay que aplicarlas con arreglo a la realidad social, las que habilitan para el despido tienen que apurar, hasta el limite, la interpretación restrictiva en tanto conciernen a un bien escaso, vital, de `primera necesidad .
En pocos años el trabajo, como bien jurídico protegible, ha cambiado radicalmente de contenido, de valor objetivo, en el marco de esa realidad social. El daño producido con el despido no es ahora “simplemente” dejar de ser trabajador activo para ser trabajador en paro.
El daño que causa el despido es cien veces mayor que antes, porque es cien veces mas difícil que antes poder reponerse en el ejercicio del derecho; es dejar de ser trabajador para engrosar la lista de condenados al infierno de la exclusión social o para ser situados en la frontera misma de la marginalidad. La perdida de trabajo sería hoy, en amplia medida, integrable en la prevalencia del “derecho de penuria” del que hablaba Hegel.
No puede perderse de vista, por último, que la razón profunda de este nuevo hachazo a los derechos más básicos de los trabajadores no la vamos a encontrar en el “déficit” -déficit que se constituye con deuda privada travestida en deuda pública- sino en una tendencia tan natural en el sistema capitalista como la que impulsa al escorpión a clavar su rejo venenoso sobre el cuerpo de la rana en la que cruza el río, aún a riesgo de ahogarse: privatizar y mercantilizar todo lo susceptible de extraer beneficio ya sea a costa de los trabajadores, de los consumidores, de las transferencias de los dineros público… por lo común, de todo ello junto.
El próximo 14N hay que darles una respuesta. Nos va mucho en ello.
*Joaquín Sagaseta es abogado laboralista.
Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 01 Noviembre 2012

El Gobierno admite que habrá despidos en el sector público en 2013, ''pero no masivos''

SEGÚN EL CONSEJERO FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA
 
El Ejecutivo regional anuncia "flexibilidad interna y no renovación de contratos temporales".


Francisco Hernández Spinola
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha tenido que reconocer en la sesión de control que los recortes presupuestarios afectarán, aunque no de forma masiva, al empleo público en Canarias en 2013.
“El compromiso de este Gobierno es evitar despido masivos y generalizados, pero una reducción de 547 millones de euros tendrá consecuencias en el Capítulo I, referido a Personal”, afirmó Spínola.
Así respondió a una pregunta concreta de Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, quien exigió al Ejecutivo que “no sigan pagando la crisis los recortes y los empleados públicos”.
“El despido será la última de las decisiones que adoptará este Gobierno, pero deberemos proceder a una flexibilidad interna, a no renovar contratos temporales y trabajaremos en la redistribución de los efectivos personales”, reconoció el consejero.
Rumores irresponsables
Spínola rechazó “rotundamente” las tesis del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, que defiende la necesidad de despedir a 5.000 trabajadores públicos el próximo año, y aseguró que “fomentar esos rumores es una irresponsabilidad”.
“Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos empleados públicos por habitante de España, y siete de cada diez son docentes o personal al servicio del SCS”, dijo el consejero.
Para Spínola, “especular solo genera ansiedad, pérdida de productividad, tensión e incertidumbre”.
Sin embargo, Rodríguez insistió en que “en los últimos 15 meses la EPA ha puesto en evidencia que nuestra Comunidad ha destruido 32.500 empleos públicos, de quienes atienden a nuestros niños en nuestras escuelas y hospitales.
“Se ha puesto de moda despedir empleados públicos”, culminó el líder de NC.

domingo, 11 de noviembre de 2012

AL PSOE LE SALE EL REJO PRIVATIZADOR DE LA SANIDAD


La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública rechaza cualquier formula que avale la privatizacion de la sanidad

Ante el anuncio de que el Grupo Parlamentario Socialista quiere que la privatización de los servicios sanitarios se haga con control y que para ello presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión de la Sanidad, con la finalidad de que no pueda entregarse el gobierno de servicios públicos a ninguna institución privada sin que un instituto de carácter independiente haya hecho antes una evaluación de la situación y haya dado su visto bueno, La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública quiere comunicar:

1.- Consideramos inaceptable y rechazable  cualquier medida privatizadora de la sanidad y por lo tanto no entedemos que haya lugar a la creación de un instituto o cualquier otra fórmula destinada a controlar  los procesos de privatización del Sistema Sanitario Público, otra cosa distinta es que se realice una evaluacion de los resultados de los entes privados y semiprivados, pero sin que esto sirva para justificar las privatizaciones sino para poder aflorar todas los resultados de las mismas (económicos, sanitarios,
profesionales,etc) que estan ahora ocultos por la propaganda de los gobiernos del PP

2.- Consideramos que la Ley 15/97, que facilitó la privatización de la gestión y provisión de servicios sanitarios, no debe ser modificada sino directamente abolida por los enormes perjuicios que la gestión privada ha supuesto para los pacientes y para el propio sistema sanitario público.

3.- Creemos que los resultados demuestran suficientemente la necesidad de que todos los partidos que dicen defender la sanidad pública manifiesten de manera clara e inequívoca su rechazo a cualquier forma de privatización del sistema sanitario. La privatización  no puede ser objeto de  negociación porque no solo tiene efectos a corto plazo sino sobre todo por su caracter estratégico en el desmantelamiento de la Sanidad Pública

4.- Cuando está en riesgo el sistema sanitario público, la claridad de las posiciones y la unidad de acción de las fuerzas que lo defienden es la única garantía para frenar la destrucción del mismo que pretende el PP y los poderosos grupos de presión económica y empresarial que lo respaldan


Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

9 de noviembre de 2012


ADSPC (integrada en el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública)

LA SANIDAD NO SE VENDE.


Nota sobre las medidas en Sanidad Pública tomadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de la Sra. Aguirre
ha sido un pionero – acorde con la lógica neoliberal de la que la presidenta hacía gala – en la introducción de los intereses privados en la Sanidad Pública. El flamante nuevo presidente Sr.
González es un alumno aventajado de la Sra. Aguirre y ha hecho públicos el pasado día 31 de octubre los presupuestos para el año 2013, con abundantes recortes en sanidad.

Parece que el Sr. González no sólo ha heredado la presidencia de la Sra. Aguirre sino que es el heredero de su legado político. Las medidas más destacadas son:

• Se crea una tasa de un euro por emisión de recetas. Una medida que el propio Partido Popular ha amenazado de recurrir al Tribunal Constitucional en Cataluña y que es contraria a todo concepto de progresividad al no tener en cuenta la renta del paciente que necesita los medicamentos

• Se procede a la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo), con la excusa de que los hospitales que ya estaban privatizados completamente como los de Valdemoro, Torrejón y Móstoles, son más eficientes y más baratos.

• Se desmantela el hospital de La Princesa para transformarlo en geriátrico. En la misma línea, el hospital Carlos III se convertirá en un centro de media y larga estancia. Ambos hospitales, aparte del servicio que prestaban a zonas importantes de la ciudad, realizaban una labor de investigación médica que han merecido premios

• Se externalizan todos los servicios no sanitarios – desde las cocinas al mantenimiento- de toda la red de hospitales públicos de la Comunidad

• Se establece la posibilidad de traspasar la gestión de hasta un 10% de los centros de salud “a los profesionales sanitarios” que quieran constituir sociedades privadas para gestionarlos.

El Movimiento Fue se opone a estas medidas que suponen un ataque más a la Sanidad Pública, un nuevo expolio al bolsillo de los ciudadanos, que provocarán nuevos despidos y que empeorarán la calidad de los servicios prestados a la sociedad madrileña.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Sepca hace un llamamiento para la huelga general popular

Dice que para hacer corregir al gobierno no existe otra opción que la movilización

Esta huelga general tiene el carácter de huelga popular, social y de consumo, ya que el llamamiento se hace a trabajadores y trabajadoras, en activo y desempleados, a pensionistas y jubilados, a afectados por los desahucios, a los cientos de miles de personas que sobreviven actualmente en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria, afectada por los recortes y reformas sucesivos.

La huelga del 14 de noviembre se convoca contra las políticas del gobierno
español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE.

Las actuaciones de estos gobiernos las consideramos ilegítimas. Estamos exigiendo la retirada de las distintas reformas y recortes: la reforma laboral, porque genera destrucción de empleo y abaratamiento de los despidos; la reforma fiscal porque se aplica a las capas populares de la sociedad mientras realiza amnistías fiscales y sigue propiciando el fraude fiscal a gran escala; la reforma financiera, porque con dinero público va a solucionar la deuda de los bancos sin caminar hacia la nacionalización de la banca; la reforma judicial porque plantea incrementar el miedo y la represión así como recortar derechos y libertades como en el caso del aborto; la reforma de las administraciones públicas porque intenta adelgazar los servicios públicos propiciando miles de despidos y deteriorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos; la reforma sanitaria que intenta empeorar el servicio de salud y ahondar más en la privatización; la reforma educativa porque plantea un sistema de filtros y medidas mercantilistas segregando e impidiendo el acceso de los sectores más desfavorecidos; la reforma del modelo de Estado porque persigue la recentralización del mismo alejando el poder del control ciudadano; y, en el marco de todo ello, la reforma del artículo 135 de la Constitución, porque favorece el pago de la deuda a entidades financieras internacionales antes que atender a los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales de la población y convierten a los presupuestos generales en papel mojado.

Nos manifestamos contra todas estas reformas, que van en el camino de
conformar un nuevo modelo político, social y económico, donde primen los intereses de la clase dominante (concretada en FMI, BCE, Comisión Europea) sobre los del conjunto de la clase trabajadora y sectores de nuestro pueblo golpeados por estas políticas, a los que se le recortan derechos y libertades.

Estamos en contra de la doble pérdida de soberanía que significa para Canarias, tanto el rescate financiero pagado a nivel estatal por todos los contribuyentes, como el rescate solicitado por Paulino Rivero, porque significarán más recortes en los servicios públicos en Canarias. Y cuando se recorta en servicios públicos, estamos perdiendo derechos el conjunto de la ciudadanía.

Continuando con las movilizaciones, el 30 de octubre apoyamos la marea blanca de la sanidad en Tenerife, el 31 realizaremos una jornada de lucha, el 7 de noviembre celebraremos asambleas conjuntas del movimiento estudiantil y los movimientos sociales con el sindicalismo canario, en sendas universidades. Y el 14 de Noviembre consideramos que sobran motivos para esta Huelga General Popular, no sólo laboral, sino también social y de consumo. El 14-N no trabajo, no consumo, no voy a clase y no abro; pero no me callarán y me movilizo. 

Grecasa un sumidero por donde se va el dinero

MIENTRAS EL GOBIERNO HABLA DE “ADELGAZAR LA ADMINISTRACIÓN”, MIENTRAS LOS DIRIGENTES EMPRESARIALES DICEN QUE “SOBRAMOS” 5000 EMPLEADOS PÚBLICOS Y MIENTRAS NUESTRO PRESIDENTE SE DEDICA A “QUERER A LOS PAJARITOS”….. LOS DE SIEMPRE SE SIGUEN LLENANDO LOS BOLSILLOS CON EL DINERO QUE ROBAN, CON GUANTE BLANCO, A LOS CIUDADANOS.
GRECASA ES UNA EMPRESA PÚBLICA DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA, A LA QUE, ENCOMIENDA A ENCOMIENDA, SE HA IDO TRASPASANDO LA MAYOR PARTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A ESTA CONSEJERIA EN MATERIA TRIBUTARIA, DEJANDO A LOS FUNCIONARIOS QUE EN SU MOMENTO REALIZABAN ESTAS GESTIONES, PRACTICAMENTE MANO SOBRE MANO, DUPLICANDO Y EN ALGUNA OCASIÓN TRIPLICANDO, EL GASTO QUE CONLLEVA LA REALIZACIÓN DEL MISMO TRABAJO.
SI EL GOBIERNO QUISIERA REBAJAR COSTES DE VERDAD, SIN TENER QUE TOCAR LA EDUCACIÓN, LA SANIDAD, LOS SERVICIOS SOCIALES Y EL EMPLEO PÚBLICO, NO PERMITIRÍA ESTAS COSAS. NOS MIENTEN DE FORMA DESCARADA Y SIN NINGÚN TIPO DE PUDOR. 

YO NO ME RESIGNO A ESTO, PIENSO SEGUIR LUCHANDO

EL VIERNES 9/11/2012, A LAS 12 HORAS ESTARÉ EN EL PARLAMENTO PARA DECIRLES LO QUE PIENSO DE ELLOS

14N, razones para una huelga.

Se va cumplir un año de las elecciones generales que dieron mayoría absoluta al PP. De aquellas promesas no queda nada. En un año, ha crecido exponencialmente el número de parados y de familias en donde no hay un solo euro de ingreso. La prima de riesgo sigue por encima de los cuatrocientos puntos básicos.
 
El PP tiene una agenda ideológica en sus recortes que además de llevar a millones de ciudadanos a la pobreza ha recortado derechos fundamentales. En los próximos meses el parlamento modificará la ley de interrupción del embarazo hasta parámetros inéditos en Europa. Ni siquiera la malformación del feto es motivo suficiente para permitir abortar. Las mujeres reducen sus derechos y pagan el mayor coste de la crisis. Quienes tengan dinero volverán a viajar a Londres para interrumpir su embarazo si así lo desean. Las que no tienen recursos se tendrán que enfrentar a la ley
Los desahucios han tenido que llevar al suicidio de algunos ciudadanos para que empiecen a pensar en hacer algo. Se ha rescatado a la banca sin disminuir sustancialmente los privilegios de los banqueros.
Cataluña ha explotado en la mayor crisis policíal de la democracia. El Gobierno se niega sistemáticamente al diálogo con los sindicatos y con los partidos. La Banca sigue sin hacer circular el crédito. La reforma laboral permite poner en la calle a trabajadores en condiciones mucho más favorables para las empresas.
La sanidad y la educación han sufrido severos recortes en un país en la que la igualdad básica desaparece de la vida de los ciudadanos.
Ninguna de las recetas de Rajoy ha dado sus frutos. Y la persistencia en el error augura más decrecimiento económico, incumplir los compromisos del déficit y aumentar el número de desempleados.
Todavía hay gente que piensa que la huelga no tiene legitimidad y que lo que hay que hacer es trabajar más en un universo en donde las horas extras laminan la creación de empleo.
La dignidad de los ciudadanos exige dar una respuesta a tantas injusticias y a tantos errores. La presión que sufrirán muchos trabajadores si se deciden por la huelga será brutal. La criminalización de los sindicatos seguirá en un aumento.
La historia convoca a los trabajadores para demostrar que no nos podemos rendir. La huelga es legítima, legal, justa y necesaria. Esta es mi opinión.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Fi$cal Paradise

El mundo al revés: la policía griega ha detenido a un periodista por dar los nombres de 2.059 delincuentes. El periodista se llama Kostas Vaxevanis y los delincuentes son un buen montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza para no pagar impuestos. Vaxevanis señala a los criminales y la policía le persigue a él, por “entrometerse en su intimidad”. Su caso demuestra a las claras una obviedad: que los paraísos fiscales no existirían sin la complicidad del resto de los Gobiernos occidentales. Es la UE, Estados Unidos y Japón quienes toleran que sus oligarquías financieras escapen al fisco. Son nuestros gobiernos los que permiten que Suiza, esa cueva de Alí Babá, sea un respetable socio de la comunidad internacional y no un Estado criminal, aislado y castigado comercialmente por todos sus vecinos. Es Occidente quien permite a sus bancos piratas abrir sucursales en nuestro suelo. Es Europa, que controla el cien por cien de la frontera suiza, la que permite a este refugio del dinero negro conectarse con el sistema financiero mundial. Suiza vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este negocio inmoral.
En la lista de Vaxevanis hay dos exministros conservadores griegos y un asesor de Antonis Samarás. Es solo una muestra, con seguridad son mucho más de tres los políticos griegos con dinero escondido en un paraíso fiscal. El periodista ha publicado la parte griega de un archivo mucho mayor, el que se llevó Hervé Falciani en 2007 del HSBC, que no es ni mucho menos el único banco de toda Suiza.
Falciani está hoy encarcelado en España, en la prisión de Valdemoro, detenido bajo la acusación de un delito que ni siquiera existe en nuestra legislación: revelar secretos bancarios. La contradicción es brutal: en España, si alguien tiene conocimiento de un delito fiscal, su deber es ponerlo en conocimiento de la justicia; por hacer precisamente eso, la justicia española lo mantiene hoy en prisión.
En breve, el Gobierno tendrá que decidir si lo extradita a Suiza o si –como piden el PSOE e IU–, lo pone en libertad. Gracias a Falciani, que entregó su valiosa información a Francia, España pudo recaudar 6.000 millones de euros defraudados por 659 personas, una lista que en España aún no es pública en su integridad.
Falciani se ha ofrecido a colaborar con España, ayudando a localizar a otros delincuentes españoles que esconden su dinero en Suiza para no pagar. ¿Aceptará el trato el Gobierno de Rajoy, ese mismo Gobierno que aprobó una amnistía fiscal y que negocia con Suiza otra fórmula similar? Prefiero no apostar.

Grecia congelará el salario mínimo durante cuatro años

  • El salario quedará fijado en 580 euros hasta 2016, 511 para los menores de 25 años
  • La edad de jubilación pasa de 65 a 67 años
  • Se iniciará el proceso para despedir a funcionarios
Manifestación convocada por los sindicatos
griegos en la huelga general. Foto: Efe
La congelación del salario mínimo durante cuatro años es una de las medidas de mayor impacto social dentro del nuevo plan de austeridad que el Parlamento griego tiene previsto aprobar en la noche del miércoles. La medida estará en vigor hasta 2016 y dejará el salario fijado en 580 euros al mes, y 511 para los menores de 25 años. En febrero de este año, el salario mínimo fue reducido en cerca de 200 euros.
En la tarde del miércoles, decenas de miles de personas se han concentrado en la plaza Syntagma de Atenas frente al Parlamento. Es la culminación de la huelga general de 48 horas que se inició el martes y que ha sido convocada por los dos mayores sindicatos del país.
El plan de austeridad, impuesto por la troika para que Grecia continúe recibiendo financiación de la UE y el FMI, vuelve a aumentar la edad de jubilación, que pasa de 65 a 67 años. En 2010 se amplió de 60 a 65 años. La ampliación entrará en vigor el 1 de enero, por lo que es probable que se produzca un aumento de jubilaciones en los dos últimos meses del año.
No se librarán de los recortes en las pensiones. Se reducirán en un 5% las que van de 1.000 a 1.500 euros mensuales, un 10% las que abonan entre 1.500 y 2.000, y un 15% las superiores a 2.000 euros.
Por primera vez, los denominados "salarios especiales" en el sector público sufrirán recortes significativos. Militares, policías, médicos y jueces cobrarán entre un 2% y un 30% menos en una amplia escala en la que los más perjudicados serán los jueces, con los sueldos más altos.
También habrá descensos salariales generalizados en las empresas públicas con recortes superiores al 30% y un salario máximo para los puestos más importantes de 1.900 euros al mes.
El plan de austeridad abre la puerta a los despidos en el sector público, motivo de frecuentes presiones por parte de la troika y de promesas del Gobierno griego que nunca llegaron a cumplirse. 2.000 funcionarios serán apartados de sus puestos y enviados a su casa. Durante un año, recibirán el 75% de su salario. So no se les encuentra otro puesto disponible, cosa poco probable, serán despedidos definitivamente. Cada tres meses, 6.250 funcionarios pasarán por el mismo proces, según informa el diario Ekathimerini.
La nueva legislación aprobará la desregularización de 14 profesiones, entre ellas las de abogados e ingenieros. Se pondrá en marcha la liberalización de horarios comerciales, que permitirá abrir los domingos.
El Gobierno cree que tendrá los votos necesarios para aprobar el plan de austeridad, aunque hay dudas sobre el número de diputados del Pasok que romperán la disciplina yo votarán contra el Gobierno. El tercer socio en el Gobierno de coalición, Izquierda Democrática, se opone a los nuevos recortes, pero ha aceptado abstenerse y no unir sus votos a los de la oposición.

Una carta de suicidio

"Cuanto más se analizan las implicaciones de lo que se pide a Grecia, más parece una carta de suicidio que un plan de recuperación", dice el periodista griego Nick Malkoutzis, director adjunto de la edición en inglés de Ekathimerini.
"Como caravanas de camellos que atraviesan el desierto con la esperanza de que su guía les conduzca a un lugar con agua, cada Gobierno ha presentado proyectos de ley en el Parlamento con legislación pactada con la troika y con la promesa de que serán la clave de la salvación. Cada vez que se han aprobado se ha dividido a la Cámara y la sociedad griegas, los fundamentos económicos se han deteriorado y los niveles de tolerancia de la sociedad se han visto erosionados. La esperanza de la caravana de encontrar el oasis se ha convertido en polvo".

martes, 6 de noviembre de 2012

El Parlamento canario asume que el Gobierno hará ''ajustes'' en el sector público

En la propuesta de resolución se insta al Ejecutivo canario a que en los presupuestos del próximo año el mantener el empleo público sea prioritario.

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución presentada por los grupos Nacionalista y Socialista en la que se asume que el Gobierno de Canarias llevará a cabo ajustes en el sector público para poder cuadrar las cuentas autonómicas de 2013.

En la propuesta, que fue aprobada hoy martes en el Pleno extraordinario de la Cámara, se insta al Gobierno de Canarias a que en los presupuestos del próximo ejercicio el mantenimiento del empleo público sea una prioridad en las líneas de actuación del Ejecutivo, de tal forma que los "necesarios ajustes" que se tengan que acometer en este ámbito vengan presididos por criterios de "eficiencia, necesidad y finalidad".

La misma propuesta insta al Gobierno de Canarias a mantener en los presupuestos el núcleo básico de los servicios públicos esenciales, entendiendo por tal la sanidad, la educación, las políticas sociales y las destinadas a la mejora de la empleabilidad de los canarios.

Entre las propuestas de resolución que presentaron los grupos que apoyan al Gobierno, también se acuerda declarar "injusto" el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, toda vez que trata a los ciudadanos que viven en Canarias en "desigualdad" con los del resto del Estado.

Igualmente, se insta al Gobierno de Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno de España en la búsqueda de acuerdos que produzcan los cambios oportunos en esta política "injusta" del Gobierno popular con el archipiélago y promueve una mejor distribución de los recursos del Estado.

"Estupor"

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Manuel Fajardo dijo que los PGE causan "estupor" no sólo en Canarias, sino también en aquellas otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han expresado su rechazo al Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno de Rajoy.

El PP, que no consiguió que fueran aprobadas ninguna de sus 23 propuestas, defendió a través del diputado Jorge Rodríguez que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son los "mejores" posibles para Canarias, en tanto en cuanto son "realistas, austeros y eminentemente sociales", y se centran en "salir de la crisis" porque están hechos por "un Gobierno realista que dice la verdad".

El diputado popular también hizo hincapié en que Canarias "está pagando" las consecuencias de los Gobiernos socialistas, pues apoyó unos presupuestos que fueron "falsos" y que han dejado "endeudado" al país y al archipiélago.

Con respecto al Grupo Mixto, que presentó 12 propuestas de resolución, logró que los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias respaldasen diez, en las que se señala que los PGE suponen "un maltrato" para la ciudadanía canaria, en cuanto "no atienden la grave situación económica de las islas", tal y como defendió el diputado de NC, Román Rodríguez.

SOMOS LABORALES


Nota del Movimiento FUE ante el RDL 1483/2012 Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada

Como todos nos temíamos y se comentaba en los últimos días entre empleados públicos en las oficinas, en las redes sociales, en el foro del Movimiento FUE, no era casualidad la manipulación informativa hecha pública recientemente por el INE en la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 en la que se afirmaba que los empleados públicos cobraban un 30% más que la media de los trabajadores de este país.

Se confirma que cada ataque a la integridad, a la profesionalidad o a las remuneraciones de los empleados públicos desde las esferas gubernamentales precede a una medida coercitiva en contra de los mismos, con el fin de manipular la opinión pública ante dicha medida y dotar de argumentario a los portavoces oficiales y a sus seguidores.

El Gobierno, con este Real Decreto Ley, se dota de la herramienta jurídica perfecta para despedir a los contratados laborales y al personal de empresas con más del 50% de capital público, de una manera fácil y asequible, acorde con las líneas políticas establecidas en la Reforma Laboral (Ley 3/2012 de 6 julio).

Según este Reglamento, las regulaciones de empleo podrán justificarse por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se entenderá como causa económica la insuficiencia presupuestaria, una disminución del 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores. Teniendo en cuenta quién maneja los presupuestos, la decisión de la ejecución de los despidos corresponderá a la propia Administración sin la intervención de ningún agente externo como el mercado como ocurre en el caso del ámbito privado.

Además el Gobierno va más lejos que en la Reforma Laboral, en el Real Decreto Ley no se recoge la posibilidad de que se apliquen reducciones de jornada o de salario, medidas de flexibilidad que si se potencian en dicha Reforma.

El Movimiento FUE se opone frontalmente a esta medida que está destruyendo alrededor de 840.000 trabajadores de las Administraciones Públicas y que demuestra que el Gobierno sólo está preocupado por el déficit público y ante este único objetivo está dispuesto a sacrificar a quien sea. En el sector público, se destruye empleo de forma más intensa que el privado. De los casi 97.000 puestos de trabajo eliminados entre julio y septiembre, la mitad, 49.400, eran empleados de la Administración, demostrando que el peor empresario del País, es el Gobierno.

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MUY FUERTE!!!! NO TIENEN VERGUENZA

569 Poderosos políticos españoles con cuentas secretas en Suiza, por New York Times

The New York Times recuerda que la información sobre la ocultación de sus cuentas en Suiza por parte de Botín fue desvelada por un empleado del banco HSBC, que tras ser despedido hizo públicos los nombres de las personas que depositaban su dinero en esa entidad, entre los que había 569 españoles.
Además de Emilio Botín, las siguientes personas tienen cuentas secretas en Suiza, recogido en un artículo del sociólogo Vicente Navarro.
[...Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto,
el padre del Presidente de la Generalitat , el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Mª Dolores de Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja... ... ...] entre otros, hasta llegar a 569.
La cantidad evadida representan el 74% del fraude fiscal
Según datos de la Agencia Tributaria , el 74% del fraude fiscal en España se centra en estos grupos, que suman un total de 44.000 millones de euros defraudados al fisco, pero la mayoría de investigaciones de fraude fiscal de Hacienda pone la lupa sobre los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa el 8% del fraude fiscal total.
Algunos enlaces que se hacen eco de la noticia:

Se sigue debatiendo y debatiendo... ... ...
¿En este país es que no hay vergüenza?
Esto le toca arreglarlo a nuestra clase política, pero parece que ellos también tienen intereses ocultos.
 

lunes, 5 de noviembre de 2012

14N Hay Culpables 1


 
Con motivo de la huelga general del 14 de Noviembre, UGT inicia hoy una campaña, a través de la difusión de 9 vídeos, cuyo propósito es denunciar la utilización de la crisis para recortar derechos. Esta campaña, bajo el epígrafe "Hay culpables", aclara que hay otras soluciones y alternativas más justas para salir de la crisis.

La Cultura con el 14N


EL CONVENIO DE CCOO

En relación con los correos electrónicos recibidos, envíamos el contenido íntegro de la nota elaborada por la Confederación Sindical de CCOO sobre el convenio de aplicación al personal asalariado de la Comisión Ejecutiva Confederal.

Haga lo que haga, CCOO siempre será un objetivo a batir por parte del entramado público y mediático de la derecha española. Si el convenio de los trabajadores y trabajadoras hubiera incorporado capítulos “no tan avanzados” seríamos, igualmente, blanco de los calumniadores.

Prensa conservadora, o muy conservadora, activistas de la red y del régimen, propagandistas de la crisis, agitadores del ajuste y servidores de las élites, arremeten estos días contra el convenio que regula las condiciones de trabajo del personal asalariado de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO. Hablan de un convenio de privilegiados. El salario más bajo es de 1.500 euros; el más alto de 3.000. Ambos salarios brutos, algo, por cierto, que no aclaran los difamadores de ocasión. Nos comparan con las empleadas y empleados públicos, a los que sus amigos del Gobierno les bajan el salario y les quitan pagas extraordinarias. Es inútil que desmontemos sus burdos argumentos, porque hemos convocado huelga general y han puesto en marcha la enésima campaña antisindical, sin reparar en detalles. Pero algunas tropelías si las echaremos por tierra:
Nuestro salario bruto más alto (3.000 euros) está muy por debajo de la media de los salarios altos de convenio en sectores y empresas.

Nuestro salario bruto más bajo (1.500 euros) está por encima de la media de los salarios bajos de convenio de empresas y sectores. Es un objetivo sindical mejorar los salarios más bajos y disponer en la parte alta de salarios moderados y dignos.
Los incrementos salariales para 2013 y 2014, del 0,5% y 0,6% siguen estrictamente la moderación salarial recomendada en el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado por patronal y sindicatos.
La llamada tercera paga, no es una paga extraordinaria más. Es el 1% del salario, es decir, menos de 1/3 de aquella y se atiende a la masa salarial pactada.
 
Estos datos escandalizan a la “cruzada antisindical”. Hay convocada una huelga general para el 14N y deben cumplir con los que mandan: leña a los sindicatos (prefieran que no los haya), difamar al precio que sea (hay que salvar al Gobierno), y si la cosa se pone fea, fabricarán nuevos montajes antidemocráticos.
 
Si este convenio hubiera incorporado capítulos no tan avanzados seríamos, igualmente, blanco de los calumniadores. Conclusión: haga lo que haga, CCOO siempre será un objetivo a batir por parte del entramado político y mediático de la derecha española. Buena parte de los conservadores españoles son creyentes sobrevenidos de la democracia.


Sector Comunidad Autónoma
Federación de Servicios a la Ciudadanía
CCOO-Canarias

domingo, 4 de noviembre de 2012

ASAMBLEA CIUDADANA

ASAMBLEA CIUDADANA ESTE MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE, A LAS 17:00
 
En el Salón de Actos “Gumersindo Trujillo” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (conocida como Facultad de Derecho) de la Universidad de La Laguna. Campus de Guajara.

Convocada por las 17 organizaciones sindicales firmantes de la Huelga General Popular en Canarias

Para delegados/as y afiliados/as de los sindicatos, movimientos, colectivos y organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores/as, ...


Punto único del Orden del Día: Huelga
General del 14 de Noviembre.

Esperamos tu asistencia. Y recuerda;

El 14-N
no trabajo,
no consumo,
no voy a clase
y no abro;
pero no me callarán y me movilizo.

sábado, 3 de noviembre de 2012

El despido de 4.000 empleados públicos divide al pacto entre Coalición y PSC

Hacienda pone sobre la mesa un 'tijeretazo' al personal pero Función Pública plantea alternativas para evitar decisiones traumáticas


Los consejeros Francisco Hernández Spínola (izquierda)
y Javier  González Ortiz, en el Parlamento. | la provincia / dlp
 
El debate interno entre los dos grupos que forman el Gobierno regional, CC y PSC, para cuadrar los presupuestos de 2013 se tensa. Sobre la mesa está el despido de entre 3.000 y 4.000 empleados públicos que plantean los nacionalistas y la oposición de los socialistas, que estudian alternativas para evitar decisiones traumáticas en el capítulo de Personal. Por segunda vez en el mismo año -la anterior ocasión fue en mayo- los dos socios de gobierno deben salvar serias diferencias a la hora de ajustar las cuentas autonómicas.

Los dos protagonistas de esta pugna son el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola. Hacienda baraja meter la tijera en el capítulo I del presupuesto ante la tesitura de tener que reducir las cuentas en 575 millones de euros y por la imposibilidad de volver a subir los impuestos. La horquilla que se contempla por el departamento que dirige González Ortiz es la de reducir entre 3.000 y 4.000 empleados públicos a través de extinciones de contratos y regulaciones de empleo, donde se incluirían también a los servicios públicos.
Para los socialistas hay "líneas rojas" que no están dispuestos a traspasar y una de ellas son los despidos masivos en la Administración autonómica. Fuentes cercanas al Ejecutivo recuerdan que en mayo CC puso sobre la mesa el despido de 4.000 empleados públicos y el PSC se negó. Después de una dura negociación interna se redujeron partidas en todos los capítulos y se subieron los impuestos. Ahora el escenario ha empeorado ante la drástica bajada de los ingresos procedentes del Estado.
Función Pública, departamento que dirige Hernández Spínola, hace encaje de bolillos con propuestas que pasan por reducir hasta un 20% los cargos públicos y la estructura de la Administración autonómica, imponer mayor flexibilidad interna a los empleados públicos para poder moverlos entre departamentos, reducir jornadas y rebajar sueldos. El PSC ve inevitable se- guir reduciendo contratos, no realizar nuevas contrataciones, no reponer las plazas vacantes y no convocar oposiciones. A lo que se resisten los socialistas es a dar su aprobación a un despido masivo de empleados.
Otra alternativa que se plantea desde el PSC es profundizar en la reestructuración del sector público, es decir, continuar adelgazando el entramado de empresas, organismos autónomos y fundaciones dependientes de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, este es un asunto que están en manos de Economía y Hacienda, coto de Coalición Canaria. Los socialistas proponen acelerar las fusiones de empresas y fundaciones y adecuar las plantillas a las necesidades reales.
Aunque el pacto no es cuestionado ni por nacionalistas ni por socialistas, sí se han producido algunos roces entre departamentos dirigidos por socialistas cuando se trata de asuntos relacionados con responsabilidades de los nacionalistas.
Las recientes declaraciones del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, sobre la necesidad de prescindir de 5.000 empleados de la Comunidad Autónoma ha puesto en alerta a los dirigentes socialistas. El frenazo a la aprobación del presupuesto autonómico hasta que se vea cómo quedan las cuentas del Estado ha dado cierto "respiro" y Función Pública se está empleando a fondo para amortiguar en la medida de lo posible una decisión que cuenta con la salvaguarda legal del Estado pero que supondría traspasar la "línea roja" de los socialistas.