SUP llama "cobarde" al ministro y le insta a cesar a la Delegada del Gobierno

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha cargado este martes contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que ha llamado "cobarde" por sus declaraciones en las que ha admitido "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía" en Valencia. A juicio del sindicato, si cree que esto se ha producido, lo que tiene que hacer es cesar a la Delegada del Gobierno.

   "Las declaraciones de hoy del ministro del Interior diciendo que la actuación policial tal vez ha sido excesiva es un acto de cobardía política y personal, porque si ha sido excesiva debe empezar por cesar a la máxima responsable política, la Delegada del Gobierno, y después por fijar protocolos de actuación adecuados a esas situaciones, que no existen", ha denunciado el SUP en un comunicado.

   Este sindicato aboga además por iniciar "una investigación sobre todos los hechos ocurridos, disponer que se graben todas las actuaciones, e impartir instrucciones a los delegados del Gobierno, jefes superiores y responsables de las UIPs de cómo hay que actuar en los conflictos que sin duda se van a repetir en el futuro inmediato". "Descargar toda la responsabilidad en que la actuación de la Policía ha sido excesiva es políticamente cobarde y moralmente miserable", ha zanjado.

   A pesar de ello, el SUP se muestra crítico con la actuación de la Policía en Valencia, pero distingue entre ayer y el resto de los días. A su juicio, fue este lunes cuando los agentes pasaron "de tener toda la razón, a empezar a perderla".

   Dice que se "mataron moscas a cañonazos", porque "el fin que se pretendía, restablecer una calle al tráfico, era menos importante que no provocar un clima de crispación, heridos, y violencia que es bastante más perjudicial para la convivencia que el que esa calle estuviese una o dos horas más sin circulación".

LA DELEGADA Y EL JEFE SUPERIOR "COMETIERON UN GRAVE ERROR"

   En ese sentido, culpa de dar la orden de cargar a la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y al Jefe Superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno. "Cometieron un grave error, no se puede hacer", añade el SUP, que se centra el responsable policial al que acusa de "arrojar más gasolina al fuego".

   "Comparece sin uniforme refiriéndose a los manifestantes como el enemigo, en lenguaje claramente del pasado. No es un nombramiento del actual Gobierno sino del anterior, y su gestión de la crisis (junto con la Delegada del Gobierno) ha sido un fracaso", concluye el sindicato en este comunicado.

Publicado en http://www.diarioprogresista.es/sup-llama-cobarde-al-ministro-y-le-insta-a-cesar-a-9660.htm

Suma y sigue: más coincidencias entre los jueces de las escuchas y los defensores de los ‘imputados Gürtel’

Un master de la Universidad Rey Juan Carlos incluía a los magistrados que condenaron por unanimidad a Garzón con varios abogados de la trama y el acusador

 

Un total de nueve jueces de las causas contra Garzón -incluyendo la sala al completo del juicio de las 'escuchas'-, uno de los letrados que le acusaron y otros seis abogados más que asumieron la defensa de personas relacionadas con 'Gürtel', aparecen juntos en el anuncio de un curso de la Universidad Rey Juan Carlos.

El exjuez, Baltasar Garzón
/ EFE (Archivo)

La falta de alumnos motivó que este master sobre Derecho Penal Económico que preparó la URJC junto a la empresa KPMG y que estaba  programado desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 no se llevara finalmente a cabo. El master se estuvo ofertando desde la página web de la Universidad y mediante un completo folleto que incluye objetivos,  programa y profesores del curso. Según informan en el centro de información  de dicho master, pronto se abrirá de nuevo la convocatoria para el próximo curso.

Ponente y acusador, en el Consejo Científico
El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un consejo científico. Como presidente figura el magistrado José Manuel Maza Martín ponente en la admisión a trámite del caso de las escuchas, que acabo con la condena a 11 años de  inhabilitación de Baltasar Garzón. Entre los vocales de dicho consejo se encuentra Gonzalo Rodríguez Mourullo que ejerció la acusación en el citado caso contra Garzón. Rodríguez Mourullo era el defensor  del exdirigente popular Pablo Crespo Sabaris, imputado por la Gürtel.

En la relación de profesores  de este master figuran magistrados, fiscales, abogados, catedráticos y profesores universitarios.

Todos los jueces de las escuchas…
En el plantel de profesores figuran los siete magistrados que componen la sala que juzgó y sentenció a Garzón: Joaquín Giménez, presidente de la sala;  Miguel Colmenero, ponente de la sentencia y que forma parte, además de las salas de los otros dos casos contra Garzón; Manuel Marchena, instructor del caso de Nueva York quien lo cerró por prescripción, incidiendo en su convicción en la culpabilidad del acusado; Andrés Martínez Arrieta que coincide en la causa del franquismo; Francisco Monterde; Luciano Varela, instructor de la causa del franquismo; y Juan Ramón Berdugo.

…Prego también…
Entre el profesorado se cita asimismo al exjuez y ahora abogado Adolfo Prego, ponente en su día en la admisión a trámite de la denuncia contra Garzón  del denominado sindicato Manos Limpias por el tema del franquismo.

…y muchos defensores Gürtel
En el capítulo abogados del profesorado figuran una serie de letrados que en su día asumieron la defensa de personas relacionadas con la trama Gürtel. Es el caso de  Ignacio Ayala, de “Oliva Ayala Abogados”, Joaquín Burkhalter abogado de “Cuatrecases Gonçalves Pereira”; Adriana de Buerba (“Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados”); Ángel González Franco; Luis Rodríguez Ramos, Javier Sánchez Vera (“Oliva Ayala Abogados”); y el citado Gonzalo Rodríguez Mourullo.

Por el mismo orden y atendiendo al auto inicial Gürtel, se refieren las personas relacionadas con la trama cuya defensa asumieron estos letrados:

Ignacio Ayala: defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y de Alberto López Viejo exconsejero del PP en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional.

Joaquín Burkhalter asumió la defensa de Arturo Gianfranco Fasana a quien se acusó de gestionar en el exterior los recursos económicos de la trama Gurtel.

Adriana de Buerba, defensora de César Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla, epicentro de la presunta trama corrupta.

Ángel González Franco representó a  Santiago Lago Borstein a quien se relacionaba con empresas de la trama.

Luis Rodríguez Ramos. Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid quien motivó un informe del ICAM ante el juez instructor y cuyo despacho se ocupó de la defensa por el caso Gürtel de los populares Martín Vasco, Jesús Merino y Guillermo Ortega.

Javier Sánchez Vera representó a Jacobo Gordon Levenfel (amigo de Alejandro Agag).

Lucha contra el blanqueo de capitales
Este master es una de las ofertas académicas fruto del convenio entre URJC  y la empresa KPMG  que presenta así la cátedra: “Bienvenidos a la página web de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías… Este es el objetivo y razón de ser de esta Cátedra: fomentar una cultura ética y de transparencia en la investigación financiera de los delitos económicos y fraudes en las empresas”.

Publicado en http://www.elplural.com/2012/02/21/suma-y-sigue-mas-coincidencias-entre-los-jueces-de-las-escuchas-y-los-defensores/

EL PP Y SU ATAQUE A LA CONCIENCIA COLECTIVA

La inoculación del pesimismo en la conciencia colectiva es la estrategia que está siguiendo el Gobierno de Rajoy. Los tiempos que estamos viviendo no son buenos, la crisis existe, pero bien poco se diferencia de todas las crisis que hemos padecido. Es curioso, pero en los tiempos del caudillo Franco no se hablaba nunca de crisis, peor aún, vivíamos en tal mentira que el mismo Fraga se encargó de diseñar una campaña basada en la supuesta satisfacción de todos los españoles que subrayaba con el infausto slogan "25 años de paz". ¿Imaginan ustedes una campaña, ahora mismo, en la que celebráramos los treinta y tantos años de democracia, es decir, de guerra? Porque si la dictadura fue llamada "paz" por sus adeptos con Fraga a la cabeza, la democracia será "guerra" para ellos mismos. ¡Digo yo…!
Pero ha ocurrido que quienes administran esta crisis desde los mismos centros en que se fraguó han logrado ya poner a sus partidarios y cómplices en los gobiernos europeos. El gran poder económico y financiero de Europa ya no tiene un solo resquicio gobernado por quien pudiera enfrentarse a él y se dispone a implantar su poderío sin ninguna piedad. Es verdad que los países se han endeudado en exceso, pero es también verdad que lo han hecho respondiendo a estrategias expansionistas generalizadas que siempre parecieron lógicas e idóneas. A los europeos se les vendió una moto de la máxima cilindrada a pesar de que solo era necesario un vehículo sencillo que nos proveyera comodidad y utilidad en lugar de grandeza y boato. Las noticias que coronan las cabeceras de los periódicos se hacen eco de los desastres y muestran los rostros herméticos de quienes conocen la crisis y están dispuestos a usarla en su provecho, a última hora no van a ser ellos los que la sufran en sus carnes, ni lo serán sus familias, ni sus amigos más próximos.
Porque, ¿alguien recuerda cómo reaccionó Islandia ante la crisis? Nada se ha sabido realmente de cuanto ha ocurrido. Islandia era un país acuciado por su deuda en el año 2008 y reaccionó del mismo modo que lo han hecho otros países europeos. Tan drásticas fueron las medidas aplicadas que incluso decidió que los 3.500 millones de euros a devolver a Gran Bretaña y Holanda, sus más importantes acreedores, fueran pagados por las familias islandesas, mensualmente, durante quince años al 5,5% de interés. Salieron a la calle las familias y no precisamente para acudir a pagar sus deudas, sino a protestar. El Gobierno modificó el interés (al 3%) y el tiempo de pago (a 37 años). No fue suficiente para tranquilizar al país ni a los islandeses. Estaba tan clara la responsabilidad de los banqueros y de los políticos que habían alimentado aquel sistema que en la nueva Constitución que fue redactada se hicieron hueco medidas punitivas para los responsables. Y, por fin, tras un referendo, se optó por no pagar la deuda. ¡Qué caraduras!, dirán ustedes. Es verdad que las deudas deben ser pagadas pero ¿por qué han de ser los ciudadanos, uno a uno, los que financien los devaneos de los poderosos tras los fracasos?
Avalados por un informe del FMI, los datos de Islandia que doy a continuación son esperanzadores: el PIB islandés ha crecido en el 2011, y la previsión para el 2012 es de un crecimiento del 3,1%. El desempleo está alrededor del 7%. Se ha reformado el sistema bancario y se han reducido las entidades financieras de 23 a 14 entidades. Lo curioso es que a pesar de haber optado por este tipo de actuaciones tan peculiares sigue teniendo acceso al crédito de los mercados internacionales. Según afirma el economista y pensador Guru Huky, "parece claro que los mercados financieros no son rencorosos y si ven que un país a pesar de haber impagado vuelve a sentar las bases para tener un crecimiento sano en el futuro, le vuelven a prestar…Lo que sí son los mercados es temerosos, sobre todo si ven que los países siguen sin afrontar y arreglar los problemas de base". Alguien puede advertirme de que el Gobierno de Rajoy está en la fase de arreglar los problemas más básicos pero ¿a qué viene el pesimismo y la desesperanza que transmiten Rajoy y su gobierno cada vez que hablan?
En la tribuna del Congreso de los Diputados sonó la voz solemne de Rajoy para decir a todos los españoles que el año 2012 va a ser "malo", que el PIB bajará un 1,5% y que el paro va a crecer bastante más, sin poner límite. Por si fuera poco, el portavoz del PP no solo dijo que el 2012 será muy malo sino que también será "muy largo". Bien, esta derecha española parece capaz de alargar el tiempo para justificar sus medidas, total la herencia recibida lo justifica todo: "El Gobierno socialista ha sido el peor gobierno de la democracia… El Gobierno actual es responsable de arreglar los problemas que ha dejado el anterior; la situación en que hemos cogido el país no puede ser peor" (Alfonso Alonso, portavoz del PP).
Ha sido el único toque que, bien interpretado, mueve a cierta dosis de optimismo porque, si no puede ser peor, irremediablemente será mejor todo lo que suceda. Sin embargo, ni las victorias del PP en las dos últimas elecciones, ni las medidas drásticas tomadas desde el cambio del Gobierno -subida de impuestos, regulación financiera, hachazo al exceso de libertades de los españoles, reforma laboral, promesa de solemne supeditación al Merkozy…-, han detenido las caídas del PIB y el aumento del paro. Se dijo que era imprescindible un cambio de Gobierno para dar confianza a Europa y a los mercados, pero la confianza no ha aflorado. Que Rajoy y los chicos y chicas del PP sigan cargando las culpas sobre el viejo, por excesivamente defenestrado, gobierno de Zapatero, solo es propio de ruines y miedosos. Sí, ruines porque siguen haciendo leña del árbol caído, y miedosos porque tanto parecen temer a la herida posible que van siempre vendados.
Esta estrategia basada en el pesimismo, no obstante, persigue ser eficaz para quienes la propugnan, y lo será siempre y cuando los españoles creamos que no hay otra solución posible que la que nos proponen.
En el último debate del Congreso, la oposición en bloque pidió a Rajoy una reflexión en torno a su modelo de austeridad que, previsiblemente, aumentará el desempleo; en lugar de usar la política para embridar a la economía y poner esta al servicio de la política y de su fin más noble, que es resolver los problemas de todos los ciudadanos, y no solo de sus partidarios. La derecha española siempre ha deseado que Zapatero viera a España intervenida, en manos (en garras más bien) de los halcones europeos tan ávidos de carroña, pero Zapatero les aguó la fiesta en aquel 10 de mayo de 2010, cuando tomó las medidas en la dirección dictada por los atroces mercados. La derrota electoral del PSOE era algo inevitable, e imposible de corregir, pero Zapatero optó por la responsabilidad y la decencia, frente a la indecencia del PP que usó el Congreso de los Diputados para desacreditar al presidente en lugar de hacerlo para suavizar y arreglar los rigores de los españoles colaborando con sus políticas, sumisas a los mercados, sí, y como ahora, "las únicas posibles".
Las Cortes de la pasada legislatura han mostrado a las claras que la derecha española tiene aún reminiscencias de épocas pasadas y, fiel a ellas, las usa solo para llegar al poder y abusar después de su ejercicio. ¡Piensen en ello todos los que les votaron por despecho a otros, y saquen consecuencias!

Pedro Negrín Fernández http://comunidades.laprovincia.es/blogs/negrin10/el_pp_y_su_ataque_a_la_conciencia_colectiva-1980.html

RAJOY=PINOCHO

Mucho se habló y criticó a cuenta de la falta de palabra de José Luis Rodríguez Zapatero pero, desde el primer día, Mariano Rajoy y su hombre de confianza en el área económica parecen salidos de la misma carpintería de Gepetto, réplicas mejoradas de Pinocho. La primera fue enterrar el programa electoral, donde constaba, destacado, que no subirían los impuestos. Les ha faltado tiempo para atacar directamente el IRPF.
El titular de Economía y relaciones institucionales (encargado de meter en cintura a las autonomías), Luis de Guindos, antiguo líder del prestigioso Lehman Brothers en el Estado, declaró al Financial Times que se proponían revisar, y en su caso corregir, los presupuestos de las comunidades, como Bruselas, o más propiamente la dupla Merkozy, hacen con los de los miembros periféricos de la Unión. Ante las protestas inmediatas, la más rápida desde Catalunya, donde el mosqueo deja pequeño al del consabido pavo en Navidad, diversas voces del nuevo gabinete monclovita corrieron al desmentido.
Cuando volvían a extenderse las críticas contra el presidente del Gobierno español por su regreso a la táctica del silencio absoluto, delegada la voz en su portavoz, al fin concedió la pieza periodística más cotizada, la primera entrevista "en profundidad" y desde el cargo, a la Agencia Efe, puede que en un intento inútil de no favorecer a ningún grupo privado de comunicación en concreto, como si no tuviera favoritos.
Y esta vez fue don Mariano en persona quien repitió, en español y sin posibles errores de traducción o interpretación, lo del control de los presupuestos de las autonomías, además de culpar a estas del grueso del déficit que provoca los tijeretazos y las dentelladas de la Hacienda. Eso, y que son los entes "regionales" los grandes responsables del déficit que, según sus palabras (no literales) han duplicado mientras los números rojos del Estado solo han crecido "dos décimas".
O se ha convertido en mojojón de cáscara cerrada respecto del intercambio de informaciones con sus ministros o desmiente a sus mismos colaboradores en materia económica que, según todas las previsiones, incluida la de Forges, denunciaron que la desviación del déficit dejada por Zapatero no era del 6% previsto, sino del 8%, o del 8,2%, según las diversas estimaciones.
A lo peor el señor presidente aprendió a contar de aquel otro gallego que sorprendió al amigo que no veía hacía años con signos evidentes de opulencia: cochazo, chófer y demás. Como el otro le preguntase cómo había conseguido tanto progreso, le respondió: "Mira, comprando a dos, vendiendo a cuatro, y con ese dos por ciento he ido tirando".
El caso es que las cifras resultan extraordinariamente manipulables. Y, en volumen, respondía el portavoz del Govern de la Generalitat, el del Estado supone el 80% del déficit conjunto de las administraciones, el 20% a las comunidades autónomas que, además, han de hacer frente a las cargas más onerosas: sanidad, educación, ayudas sociales, que suponen más del 60% de sus presupuestos.
Voces del equipo de Mas ya han dicho que la supervisión de los presupuestos catalanes desde Madrid es la anulación total de su parte de soberanía. Y que, entre eso y los aumentos de impuestos (los catalanes pagan de media 28 euros de cada cien ganados y su volumen de aportación fiscal solo se supera en Suecia y Aruba) lo que se produce es una asfixia total del margen de maniobra propio. El Financial Times, tan alejado de la izquierda como un millón de dólares, acababa recomendando a Rajoy y los suyos, en términos comprensibles para los lectores de Estados Unidos, que "evite caer en tentaciones antifederalistas". Pero ya se sabe, contra el vicio de pedir…

Pedro Negrín Fernández http://comunidades.laprovincia.es/blogs/negrin10/rajoypinocho-1829.html

Contra la brutalidad policial ART.540 DEL CODIGO PENAL

23 de Febrero concentración contra la REFORMA LABORAL

JORNADA DE LUCHA INTERNACIONAL. CONVOCA FSM- Federación Sindical Mundial

Perdamos el miedo: Digamos no a la reforma laboral.

DÍA 23 DE FEBRERO DE 2012: Perdamos el miedo: Digamos no a la reforma laboral.Santa Cruz de Tenerife: Concentración en la Plaza de La Candelaria a las 18:00 horas

CONVOCANTES:

Intersindical Canaria, IC / Frente Sindical Obrero de Canarias, FSOC / Sindicato de Comisiones de Base de Canarias, CO.BAS / Convergencia Sindical Canaria, CSC / Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza Asamblearios Canarias, EA Canarias/ Colectivo Independiente de Guaguas / Sindicato Trabajadores de la Once de Canarias, SITOCAN / Sindicato Obrero de los Puertos Canarios, SOPC / Confederación General del Trabajo, CGT

¡DEFENDAMOS LO PÚBLICO! ¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!
BASTA DE AGRESIONES CONTRA LA CLASE TRABAJADORA

El jefe de policía se refiere a los estudiantes como "el enemigo"

Moreno: "No ha habido carga, sino  actuaciones proporcionadas"

La policía ha realizado más detenciones en Valencia en la protesta estudiantil de los últimos días que en las movilizaciones registradas en el último año, en el que junto al movimiento del 15M han sido frecuentes las manifestaciones por los recortes presupuestarios. Desde que el miércoles pasado la policía llevó a comisaría a un estudiante del IES Lluís Vives, menor de edad, las detenciones registradas hasta esta noche ascienden a un total de 38, de ellos ocho menores. Hasta ahora, mientras siguen las cargas policiales, la policía admite que hoy ha realizado 14 detenciones, cuatro de ellos a menores de 16 y 17 años, uno de los cuales está herido.
El jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, no ha querido responder por qué se ha producido tan elevado número de detenciones en esta ocasión. "¿Usted que piensa? ¿Usted que cree?", ha replicado al periodista antes de recurrir a un lenguaje bélico: "En el anterior conflicto del 15-M también tuvimos que utilizar la fuerza cuando fuimos atacados"".
Moreno se ha negado a explicar cuántos efectivos policiales ha desplegado porque no piensa "proporcionar esa información al enemigo". El jefe superior de Policía ha comparecido con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, que ha presentado al responsable policial y no ha intervenido hasta que han terminado las preguntas para expresar su deseo de que los incidentes queden "como un anécdota que no se vuelva a repetir".

El responsable policial ha defendido la actuación de los agentes. Moreno ha negado que la policía hubiese cargado hasta hoy porque no llevaban material antidisturbios "El plus de agresividad exige una respuesta", ha dicho el jefe policial, quien ha recalcado que durante la jornada de hoy cinco policías están contusionados leves y una mujer de 52 años, de la que no ha facilitado la identificación, a la que la han golpeado con una botella. "En días anteriores, por más que se diga, no ha habido carga policial, ha habido actuaciones proporcionadas", ha dicho
Para el jefe superior de Policía de Valencia, "hay gente que se está quejando porque no puede circular y los están insultando (los estudiantes). Son comportamientos incívicos de gente de 14 y 15 años". "Espero que mañana no sea necesario recurrir nuevamente a las defensa", ha recalcado.

OBSERVEN LA FORMA EN LA QUE ESTE INDIVIDUO (JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE VALENCIA) ESPLICA LAS AGRESIONES A LOS ESTUDIANTES, FIJENSE POR FAVOR EN SUS GESTOS 

Publicado en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329764951_838007.html

Manifestación contra la Reforma Laboral

Rueda de Prensa Laboralistas

 

Rueda de prensa "Abogados Laboralistas de Canarias,
contra la Reforma Laboral" 18 de febrero de 2012

El domingo todos y todas a la calle contra la reforma laboral

Una ayuda contra los desahucios de los Bancos

Parece demasiado fácil, pero a veces las soluciones más sencillas son
las más eficientes. Hacedlo circular.
Medidas legales contra los desahucios:
 

El banco embarga la vivienda familiar y dependiendo del precio que dicho banco consiga en la subasta, el embargado sigue debiendo lo que el banco "cree oportuno" y de por vida. Cuando las subastas quedan
vacías (que es lo que está pasando como norma) el banco se queda con la propiedad a menos del 50% de su valor. Continuando con el reclamo del 100% al embargado y pudiendo revender esa propiedad por el precio
que ellos estimen oportuno con un 50% de margen... Una gran estafa, vaya.

Hoy os vamos a explicar un "modelo legal", que un banco no te va a contar, pero nosotros sí que lo vamos a hacer. Método por el cual, se pierde de igual manera la "propiedad", pero, no te pueden echar de tu casa.

En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente le hace un contrato de alquiler a su mujer/suegra/hijo/hermano o a quién se pueda, por el valor de 1€, 5€ o 10€, con una duración "indefinida"/50 años, 100 años. Cantidad únicamente simbólica. El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca. El contrato debe estar pasado por el registro de la propiedad.

En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero figura como una propiedad con inquilinos. Resultado del embargo, la "titularidad de la propiedad" cambia, a
nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos. Con esta maniobra, perderíamos la propiedad, continuaríamos debiendo la hipoteca, pero, tendremos que pagar a nuestro nuevo "casero" por
nuestro expiso 10€ al mes y de por vida..
Ya que ellos, no dan soluciones, nosotros las buscamos. Aquí tenéis un gran arma, cuando "legalmente" no pueda seguir usándose, buscaremos más.
Medidas de guerra para un tiempo de guerra. Abogados en Acción

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la

Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

Publicado en http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2012-02-17/la-importancia-de-movilizarse-en-contra-de-las-medidas-neoliberales/2012021716542100116.html

MANIFIESTO DE LOS ABOGADOS LABORALISTAS DE CANARIAS CONTRA LA REFORMA LABORAL

Los abajo firmantes, abogados laboralistas ejercientes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, manifestamos nuestro rechazo a las decisión adoptada por el Gobierno en orden a recortar los derechos de los trabajadores y desempleados, instrumentalizada a través de la aprobación de la reforma laboral el 11 de febrero de 2012 mediante Real Decreto Ley 3/2012.

Consideramos del todo punto inaceptable que en aras de alcanzar un objetivo deseable como es de la disminución de las altas tasas de desempleo existentes en nuestro País y de forma particular en Canarias, en vez de crear puestos de trabajo dignos y estables, se pretende eliminar parados de las listas de desempleados mediante medidas drásticas que atentan contra derechos fundamentales basados en principios de equidad.

Nos parece de suma gravedad que, entre otras nefastas medidas, se facilite y abarate el despido individual y colectivo, se permita sin control alguno el descuelgue salarial por el empresario de los salarios pactados en convenio colectivo, se dote de máxima flexibilidad y poder discrecional al empresario en detrimento de la negociación colectiva y de los derechos de los trabajadores, se pretenda – en beneficio empresarial – desarticular la finalidad de defensa de los derechos de los trabajadores de los sindicatos de clase, se extienda la posibilidad del despido colectivo al personal laboral de la administración, se permita la realización de horas extraordinarias – que no cotizan al desempleo – a los trabajadores a tiempo parcial, etc.

Todas estas medidas, lejos de fomentar una efectiva y duradera creación de empleo estable, únicamente contribuirán a aumentar a niveles no tolerables la inseguridad vital de las personas, lo que sin duda repercutirá negativamente en sus niveles de confianza y comportamientos de consumo, creando una espiral de deterioro progresivo de la ya maltrecha situación económica.

Por todo ello, entendemos que está plenamente justificada y, en consecuencia, apoyamos la decisión adoptada por las centrales sindicales de convocar una manifestación para el próximo domingo 19 de febrero con el fin de conseguir que se retiren tan inoportunas y contraindicadas medidas y que se abran posibilidades reales de diálogo social con otras formas y otros contenidos más acordes con los intereses de los ciudadanos de este País.

El Sepca recurre el decretazo de Bermúdez

ANTE LA SUBDELEGACIÓN, EL GOBIERNO REGIONAL Y EL AYUNTAMIENTO

El sindicato considera que ordenar las máximas sanciones por la tesorería, es ilegal y atenta a los principios de tipicidad y proporcionalidad.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha recurrido ante la Subdelegación del Gobierno, el Gobierno regional y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el decreto firmado por el alcalde José Manuel Bermúdez el pasado 3 de febrero, por el que se ordena a los instructores de procedimientos sancionadores que se impongan las máximas sanciones a los ciudadanos que comentan faltas municipales, atendiendo al precario estado de las arcas municipales.
Los representantes del sindicato, mayoritario en el Ayuntamiento, han requerido este jueves a la Subdelegación del Gobierno y a la Viceconsejería de la Presidencia, la anulación del decreto en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, al tiempo que han presentado un recurso de alzada ante el consistorio en el que solicitan la suspensión cautelar de la tercera disposición del texto, la más polémica.
Esa disposición tercera dice textualmente: “Los órganos superiores de los servicios municipales competentes, en relación con la tramitación de los procedimientos sancionadores, priorizarán en la adopción de las medidas oportunas en orden a que, teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual invocada en los antecedentes del presente Decreto, las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible. Así mismo, priorizarán en potenciar el ejercicio de cuantas acciones fueran procedentes con el fin de exigir al infractor las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiere lugar”.
Sepca entiende que esta disposición “constituye, cuando menos, un claro y manifiesto ejemplo de desviación de poder”, es decir, “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.
“Grosero” afán recaudatorio
Afirman que el Ayuntamiento “viene a reconocer de manera grosera y evidente” que los instructores de procedimientos sancionadores “deben valorar en su máxima graduación las posibles faltas cometidas por los ciudadanos a fin de ingresar en las arcas municipales mayores ingresos, y todo ello como consecuencia de la precaria situación económica municipal”.
Añaden que “queda claro que se obliga a los instructores de los procedimientos sancionadores a ejercer dicha potestad, no como un mecanismo de corrección de los ciudadanos antes las conductas antijurídicas que desarrollen (debiendo imponérseles la sanción que corresponda en atención al criterio legal de tipicidad y proporcionalidad), sino como un instrumento financiero movido claramente con afán recaudatorio”.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que podría tratarse además de un desvío de poder, de una posible prevaricación al imponer las sanciones a aplicar, las máximas, en vez de reformar el reglamento de ordenanza municipal, lo que debe ser aprobado en Pleno, para aumentar las sanciones, siempre con principios de proporcionalidad.
Los sindicalistas indican en sus escritos ante la Administración estatal, autónoma y municipal, que “el Ayuntamiento no se contenta con imponer a los ciudadanos el gravamen económico que corresponda, sino que pretende imponer el máximo castigo dinerario posible en atención al estado deficiente de su tesorería”.
Concluyen que la finalidad que se persigue con esa disposición va contra el ordenamiento jurídico y contiene “un criterio ilegal de graduación de las faltas”.
Publicado en: http://www.canariasahora.es/noticia/215449/

A la comision europea se les ve el plumero

 Bruselas aconseja a España subir la edad de jubilación

La Comisión Europea recomienda a los ciudadanos que se suscriban a planes privados complementarios

EP La Comisión Europea ha admitido este jueves que las reformas que han llevado a cabo la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, reducirán la cuantía de las pensiones en el futuro Por ello, ha aconsejado que los ciudadanos suscriban planes privados complementarios para completar sus ingresos tras la jubilación, pese a admitir que estos planes son vulnerables a crisis financieras como la actual..

Se trata de una de las principales recomendaciones del Ejecutivo comunitario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Bruselas reclama además seguir retrasando la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida -algo que España ya ha empezado a hacer al subirla de 65 a 67 años-, restringir el acceso a la jubilación anticipada y eliminar las diferencias entre hombres y mujeres en materia de pensiones.

La Comisión quiere además crear mejores oportunidades para los trabajadores de más edad, y para ello insta a los interlocutores sociales a adaptar los lugares de trabajo y las prácticas de los mercados laborales, y sugiere recurrir al fondo social europeo para que los trabajadores de más edad puedan acceder al empleo.

"Muchas reformas ya adoptadas significarán pensiones más bajas en el futuro para compensar que la jubilación será más larga y que habrá menos trabajadores. Aparte de acumular más derechos de pensión trabajando más tiempo, mucha gente puede querer ahorrar más para su pensión en sistemas complementarios", ha explicado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un comunicado.

En su 'Libro Blanco' sobre las pensiones, el Ejecutivo comunitario recomienda constituir planes privados de jubilación complementarios, y anima a los interlocutores sociales a crearlos y a los Estados miembros a mejorar los incentivos fiscales y de otros tipos.

Además, anuncia que adoptará medidas para mejorar la seguridad de las inversiones en planes de pensiones, por ejemplo revisando la directiva sobre fondos de pensiones de empleo y mejorando la información a los consumidores. De hecho, Bruselas admite que "la crisis ha puesto de relieve de la vulnerabilidad de los sistemas de pensiones financiados a crisis financiaras y turbulencias económicas".

Finalmente, la Comisión actuará para facilitar la movilidad de los planes de pensiones complementarios protegiendo, a través de legislación, los derechos de pensión de los ciudadanos que se desplacen. Hasta ahora, los Estados miembros han rechazado aprobar una norma de este tipo.

Los pensionistas constituyen ya el 14% de la población de la UE (120 millones), en particular debido a que los nacidos del boom de natalidad empiezan a alcanzar la edad de jubilación y el número de trabajadores en la edad laboral principal está descendiendo.
En 2008, por cada ciudadano de la UE de sesenta y cinco años o más había cuatro personas en edad de trabajar (15-64 años). De aquí a 2060, esta relación bajará a dos personas en edad de trabajar por cada ciudadano de sesenta y cinco años o más.

El impacto del envejecimiento demográfico se ha visto agravado aún más por la crisis económica. Las pensiones ya representan un porcentaje muy alto del gasto público: una media del 10 % del PIB en la actualidad, que posiblemente llegue hasta el 12,5 % en 2060.

No obstante, el gasto en pensiones públicas, que va del 6 % del PIB en Irlanda al 15 % en Italia, pone de manifiesto que, si bien los países afrontan problemas demográficos similares, la situación varía bastante de un país a otro. La crisis afecta a los planes de pensiones basados en un sistema de reparto a través de la caída del empleo y el consiguiente descenso de las cotizaciones, mientras que los planes de capitalización se ven afectados por la caída del valor de los activos y la bajada del rendimiento, según recuerda Bruselas.

Publicado en http://www.laopinion.es/economia/2012/02/16/bruselas-aconseja-espana-subir-edad-jubilacion/397282.html

Viva la Democracia, Manda "Eggs"

La policía denuncia a los manifestantes que increparon a Soria

Una decena de personas es acusada de incitar a los concentrados a "abalanzarse contra el ministro" en una manisfestación contra las prospecciones en Lanzarote

Algunos de los asistentes a la concentración
contra las prospecciones. i J. F.

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Imágenes de la concentración en Lanzarote
Soria sale escoltado de la sede del PP en Lanzarote

ARRECIFE Incitar a los concentrados a abalanzarse contra el ministro". Este es el tenor de una de las denuncias cursadas (más de una decena) contra algunas de las personas que participaron en la noche del pasado viernes, día 10, en la concentración frente a la sede del PP contra las prospecciones petrolíferas aprovechando la presencia en la Isla del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. A los denunciantes se les acusa de originar desórdenes graves en la vía pública y de organizar una concentración no autorizada.

Entre los denunciados por la policía se encuentra el que fuera consejero de Alternativa Ciudadana en el Cabildo de Lanzarote, Pedro Hernández, el presidente de la Asociación de Vecinos La Plazuela de Arrecife y el miembro del Foro Intercultural de Lanzarote, José Morales, y varios miembros de la plataforma Democracia Real Ya. Nadie del PSC o de CC, como denunciaron los populares.

En todas las denuncias se les acusa de infringir la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, concretamente por originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público. Además, se hace mención a la "provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana". Las multas previstas, que deberán ser ratificadas por la Delegación del Gobierno, oscilan entre los 300 y los 30.000 euros.

A Pedro Hernández se le denuncia por aportar el equipo de megafonía para dirigir la concentración y lanzar proclamas, mientras que a otro de los asistentes se le acusa de "abalanzarse sobre los miembros del PP a la vez que los increpa e insulta portando como bandera una camiseta con la inscripción 'ni dios, ni amo, anarquía". En otro de los expedientes abiertos se acusa a uno de los manifestantes de gritar, en alusión a Soria: "Id a por él, ya sale".

Publicado en; http://www.laprovincia.es/canarias/2012/02/16/policia-denuncia-manifestantes-increparon-soria/439112.html

JUECES DE IDEOLOGÍA CONSERVADORA

 Dos magistrados recusados por Garzón juzgarán a Zerolo

El presidente Juan Saavedra y el ponente del caso de Las Teresitas, Juan Monterde, están considerados cercanos a la derecha e incluso al Opus Dei

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Juan Saavedra, y el juez Julián Sánchez Meglar, que juzgarán al senador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo por el caso de Las Teresitas, fueron en su momento recusados por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón por la trama de las escuchas ilegales.
En estos momentos la Fiscalía tiene ya en sus manos el copioso expediente en el que se relatan de forma pormenorizada todos los avatares de la compraventa de la playa y, a partir de aquí, se decidirá si se archiva el caso o continúa su tramitación en el Supremo. Como ponente ha sido designado Francisco Monterde quien, al igual que Saavedra, es considerado magistrados de ideología conservadora e incluso en el caso del primero cercano al Opus Dei. De hecho, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del Supremo por el sector conservador del Poder Judicial.
El diario El País apuntaba recientemente que durante la investigación del caso Gürtel en el Supremo “no se tuvieron noticias del estado de la instrucción durante largos períodos de tiempo y el secreto se llegó a prorrogar en siete ocasiones”.
Saavedra también tramita en estos momentos la causa del exministro socialista José Blanco, que se ofreció voluntariamente a declarar por un supuesto delito de cohecho y tráfico de influencias. El presidente de la Sala está considerado uno de los juristas de mayor influencia en España según un ranking elaborado recientemente por el periódico El Mundo.
Del actual presidente de la sala segunda del Supremo se ha indicado que, aunque procede sectores centristas de la judicatura y parecía ideológicamente neutro, “hoy es exponente de la derecha judicial clásica. El magistrado Saavedra, con clara vocación de burócrata, ha sido crucial en la admisión de las querellas presentadas contra Garzón al decidir como presidente la formación de las salas que debían ver las querellas, entre ellas las presentadas por Manos Limpias y Falange Española”.
En cuanto al ponente, Monterde, se le identifica como “ideológicamente conservador y con trayectoria profesional discreta. Es hombre cercano al Opus Dei”. El tercer componente de la Sala es Julián Sánchez Meglar, quien fue también recursado en el caso de Garzón. Una vez que la Fiscalía elabore su informe y en caso de que no se decida archivar la causa se incorporarán nuevos magistrados a esta Sala.
Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/215419/

La reforma laboral del PP… ¡la hizo Zapatero!

ANTOLÓGICA INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA EN EL CONGRESO

 Se suele decir que el mayor desprecio que un ser humano puede hacer es negar la paternidad de sus obras. Y ni más ni menos eso es lo que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en un prodigio de desmemoria o indocumentación, ha atribuido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la autoría de los hachazos a los derechos de los trabajadores contenidos en la reforma laboral. Estas afirmaciones han despertado perplejidad e hilaridad en las bancadas opositoras.

La Vicepresidenta, en una intervención muy subida de tono y a ratos rozando casi la histeria, ha querido dejar claro que no se va arrugar a la hora de defender los ataques de su Gobierno a los derechos de los españoles. Ni siquiera la verdad y el sentido común serán un obstáculo para seguir –como hoy. Haciendo oposición desde el Gobierno a los diputados socialistas de la oposición parlamentaria.

Como traía de casa preparada la respuesta a la supuesta incostitucionalidad de la reforma, y a pesar de que este argumento no había sido utilizado por la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, Sáenz de Santamaría no se ha atrevido a salirse del guión, y le ha espetado una curiosa teoría sobre la legalidad de las medidas: "Constitucional es hacer efectivo el artículo 135 de la Constitución que reconoce el derecho al trabajo".

Por lo demás, como es habitual cuando el PP se siente herido, ha lanzado toda una batería de acusaciones, a cual de más grueso calibre, contra los socialistas, la herencia, el sino divino y cualquiera que se ponga al alcance de la “Santa Ira” de la derecha.

Así, Sáenz de Santamaría ha encadenado reproches al Gobierno de Zapatero, y se ha permitido demagogias como que "el despido más fácil es el que ha colocado a España en cinco millones de parados".

Estado de Excepción

Evidentemente, ante tales flores dialécticas la oposición, especialmente el PSOE e IU han cargado en tromba contra las medidas emprendidas por el Gobierno, que han calificado como "un retroceso histórico" para los trabajadores comparable incluso con un "estado de excepción", ante lo cual la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha replicado que con "descalificaciones y mentiras" no se crean puestos de trabajo.

     La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha acusado al Gobierno de haber "mentido" reiteradamente sobre una reforma laboral que ha calificado de "agresiva, injusta y desequilibrada",

Rodríguez ha recordado al Ejecutivo sus "promesas electorales" de no abaratar el despido y ha acusado al presidente, Mariano Rajoy, de haber mentido en su debate de investidura y también junto al francés Nicolas Sarkozy, cuando dijo que la reforma iría en la línea de las enmiendas que presentó el PP a la anterior reforma del Gobierno socialista, de las que ahora no hay "ni rastro".

    El Gobierno, ha remachado, ha "mentido" también a los sindicatos, cuando les pidió que negociasen un acuerdo de rentas con los empresarios y luego ha ignorado ese acuerdo. De este modo, ha concluido que el Gobierno "sólo ha dicho la verdad en Bruselas" cuando creía que los micrófonos estaban cerrados: que la reforma sería "muy agresiva" y que provocaría una huelga.

Sólo el BOE dice la verdad

   Pero además, ha afeado a la vicepresidenta las palabras que pronunció en el Congreso contra la reforma laboral de Zapatero y haber ocultado el "verdadero alcance" de la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobó. De hecho, le ha aconsejado que dé las ruedas de prensa los sábados, cuando se puedan contrastar sus palabras con el BOE publicado.

   En concreto, le ha reprochado haber ocultado en esa rueda de prensa la posibilidad de que los empresarios bajen unilateralmente los salarios,

El estatuto de los empresarios

 Por su parte, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha indicado que los 5,3 millones de parados "no pueden ser la excusa para un decreto como éste", que es típico de "un estado de excepción" y que se ha hecho "de manera ilegítima" porque no estaba en el programa electoral del PP y tampoco se ha negociado con los sindicatos.

   Tras preguntarse si la ministra "mintió" a la oposición durante las semanas en las que fue avanzando detalles sobre la reforma, antes de su aprobación, Llamazares ha concluido que a Báñez "le han impuesto esta reforma", que "convierte el estatuto de los trabajadores en el estatuto de los empresarios".

   Báñez ha respondido a estas acusaciones con un brindis al sol afirmando que la reforma "afronta con seriedad el problema" del paro y que "más pronto que tarde" servirá para "frenar cuanto antes la destrucción de empleo y sentar las bases de creación de puestos de trabajo en el corto plazo".
Publicado en http://www.diarioprogresista.es/la-reforma-laboral-del-pp-la-hizo-zapatero-9468.htm

La patronal quiere que el Gobierno revise el derecho a Huelga

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado realmente satisfecho con lo bien que ha abordado el Gobierno la defensa de sus intereses en la reforma laboral, de la que ha dicho que "va en la buena dirección" y llega en el momento "adecuado". Además, crecidos y envalentonados con el éxito, ha fijado el siguiente objetivo que debe acometer el Gobierno de Rajoy: recortar el derecho de huelga, uno de los pocos que permanece incólume tras los últimos hachazos.

Y es que, además, los responsables de la CEOE han adelantado algo que el Ejecutivo todavía no había desvelado: que le va a meter mano al derecho a estar enfermo con una ‘reforma’ de las mutuas laborales para acabar con el “elevado absentismo”.

Según Arturo Fernández, vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM) el Gobierno "está preparando" la próxima ley de Mutuas para reducir la "lacra" del absentismo y que estará lista "en tres meses". Por lo demás, ha señalado que es "la mayor reforma laboral de la historia". "Sin triunfalismos, pero los empresarios necesitábamos quitarnos de encima la rigidez que teníamos para contratar", ha añadido.

Pese a la satisfacción expresada por la patronal con esta reforma, sus portavoces no descartan profundizar aún más ne la “flexibilidad” de las plantillas y los salarios durante la tramitación parlamentaria. Porque, como ha asegurado Rosell, esta reforma “a medio plazo no creará empleo pero va por el buen camino” y, ha afirmado con rotundidad que “no será la última”.

Así, ha avanzado que esta "modernización" del mercado laboral requerirá "cambios" en el futuro. A corto plazo, ha dejado caer que la patronal aprovechará el trámite parlamentario para lograr algunas de las pretensiones que quedaron fuera del acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos e intentará ir más lejos en materia de flexibilidad.

Rosell ha indicado que, a primera vista, no hay visos de inconstitucionalidad en la reforma laboral y que debería haber ido "mucho más allá en flexibilidad" y en la simplificación de la "maraña" legal en el mercado laboral.

Recortar el derecho de huelga

Además, ha señalado que habría que abordar "lo más rápidamente posible" el decreto de 1979 que regula el derecho a la huelga para que "por defender los derechos de algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros", y ha reiterado que los empresarios siguen esperando una rebaja de cuotas sociales.

El derecho de huelga esde los pocos derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y en el ordenamiento jurídico español que no ha sido recortado, desmontado o simplemente anulado tras la última reforma del PP. Ahora, una vez que los mecanismos de negociación y representación de los trabajadores han sido conveniente cercenados, la patronal señala el próximo objetivo: recortar los mecanismos de protesta de los trabajadores ante la imposición de ‘los mercados’.

Publicado en http://www.diarioprogresista.es/la-patronal-fija-al-gobierno-su-proximo-objetivo-el-derecho-de-9492.htm

La reforma laboral costará al menos 230 millones

El dato se desprende de la memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley, aprobado el pasado viernes por el Gobierno

 Para ahorrar debes gastar. Este principio ha sido aplicado por el Gobierno al poner sobre la mesa la factura a la que se tendrá que hacer frente por la reforma laboral que "no creará empleo", según ha señalado el Ejecutivo. La reforma del mercado de trabajo tendrá un coste aproximado de al menos 230 millones de euros en su primer año de vida, según se desprende de la memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley de reforma del mercado laboral aprobado el pasado viernes por el Gobierno.

En este texto, el Ejecutivo hace estimaciones económicas de varias medidas, aunque no de todas las que conllevarían un gasto o un ahorro para las arcas públicas. Así, no se cuantifica cuánto podría suponer para el Estado la deducción fiscal incluida en los nuevos contratos indefinidos para empresas de menos de 50 trabajadores.

En concreto, el Gobierno calcula que las bonificaciones para fomentar la contratación indefinida de jóvenes de 16 a 30 años beneficiarán a 55.700 personas (la mitad hombres, la mitad mujeres) y que su coste, durante el primer año, será de 19,64 millones de euros. Durante el segundo año, el coste será de 41,20 millones de euros, y en el tercero de 64,70 millones de euros.

En el caso de las bonificaciones para mayores de 45 años, los beneficiarios estimados ascienden a 13.250 personas (55% hombres, 45% mujeres), con un coste anual de 6,20 millones de euros. Respecto a las bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social que se concederán por transformar contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en contratos fijos, el coste estimado de la medida se cifra en 3,64 millones de euros y el número de beneficiarios en 11.000, de los cuales el 53% serán hombres y el 47%, mujeres.

En el apartado de las bonificaciones que se otorgarán para los ERE de suspensión temporal de contratos o reducciones de jornada, se calcula un coste aproximado de 46 millones de euros y un número de beneficiarios de 141.553. Por su parte, la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE de suspensión temporal o reducción de jornada que finalmente sean despedidos costará 122 millones de euros y beneficiará a 28.200 personas, según las previsiones del Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo estima que la reducción de cuotas para los contratos de formación y aprendizaje para trabajadores de 16 a 20 años recortará los ingresos de la Seguridad Social en cerca de 6,9 millones de euros anuales.

Todo este dinero que dejará de ingresar el Estado con las medidas anteriores se compensará en una parte con la decisión de incluir horas extraordinarias en los contratos indefinidos a tiempo parcial. Según el Gobierno, el incremento de la recaudación por cada trabajador que realice 40 horas extraordinarias al año con el tipo general de cotización del 28,30% será de 64,86 euros al año.

Publicado en http://www.publico.es/espana/422410/la-reforma-laboral-costara-al-menos-230-millones