Nacho Cardero.- 12/07/2012
Desde ayer somos algo más pobres. Lo comentaba recientemente uno de los escasos banqueros que ha salido indemne del tsunami del rescate: “El sueldo medio del español será de seiscientos euros netos al mes de aquí a tres años”. Una afirmación que podría entenderse como una boutade, una provocación destinada a sonrojar al interlocutor, y que, sin embargo, se encamina por desgracia a convertirse en una realidad. La devaluación interna que sufre el país comienza a permear todos los estratos sociales.
Si alguien hubiera presagiado hace tres años que el IVA
alcanzaría el 21%, que el Gobierno se vería
forzado a quitar la paga de Navidad a los funcionarios y
recortar las prestaciones por desempleo, nos
habríamos apresurado a lapidarle en plaza pública acusándole de apocalíptico y
antipatriota. Pero hoy nos encontramos a 12 de julio de 2012, veinticuatro horas
después de que Mariano Rajoy haya presentado uno de los mayores recortes
de la historia, y ése es el escenario al que nos enfrentamos. Salarios de
derribo para un país en quiebra, donde los ricos han dejado de ser ricos, la clase media se
encuentra capitidisminuida y los parados ya no saben siquiera lo que son.
Un Mariano Rajoy serio y resignado, con ese halo de
incomprensión con el que acompaña sus gestos, subió a la tribuna del Congreso
para anunciar medidas tan necesarias como dolorosas que a buen seguro tardaremos
tiempo en calibrar. De haberlas realizado hace siete meses, se habrían entendido
como la inmolación de un presidente del Gobierno dispuesto a sufrir una catarata
de huelgas generales y sacrificar su reelección para salvar el país. Ayer, en
cambio, no daba la impresión de tratarse del jefe del Ejecutivo sino de un
gestor a cargo de una compañía en suspensión de pagos que ha terminado
capitulando y entregando las llaves a sus acreedores. La troika hablaba por boca
de Rajoy. No había opción. El Memorando de Intervención (eufemísticamente
denominado de “Entendimiento”) así lo exigía. “Hago lo único que se puede hacer
para salir de esta postración”, confesaba Rajoy a sus señorías.
Señor presidente, usted podía haber
hecho más. Como acertadamente le recordó Rosa Díez, tenía la posibilidad
de “optar entre el Estado del bienestar y el actual Estado de las
autonomías”, y usted se decantó por el segundo, por mantener los privilegios
de las comunidades y suprimir derechos a los ciudadanos.
Porque dígame, señor presidente, cómo se pueden bendecir estos
recortes sociales si en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP (Alberto
Fabra), todavía hay tres canales de televisión que chupan de las
arcas públicas como sanguijuelas, si en Telemadrid (Esperanza Aguirre) un
puñado de cargos gana más que el propio presidente del Gobierno, y en
Castilla-La Mancha (María Dolores de Cospedal) ponen chóferes para que
los invitados acudan a los programas emulando a las starlets de
Hollywood; cómo se pueden anunciar unas medidas tan draconianas, tan perniciosas
para el ciudadano, si Fomento sigue obcecado en construir el AVE a
Galicia por 9.000 millones de euros, si hay aeropuertos abiertos como
el de Huesca que apenas reciben cinco pasajeros al mes, si este 2012 se van a
pagar 700 millones de euros más en primas a las renovables que el ejercicio
pasado, si el Ejecutivo sale finalmente al rescate de las concesionarias de
autopistas igual que ha hecho con la banca. ¿Acaso alguien puede
entenderlo?
No hay precedente de un hachazo similar a la renta
disponible de las familias. El consumo amenaza con desplomarse. Con las medidas
de ayer, los expertos vaticinan recesión hasta al menos 2014 y una travesía en
el desierto de, como mínimo, una década. Rajoy ha encontrado un extraño aliado
en el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ejerce de
hombre de Estado con el objeto de salvaguardar el legado de los anteriores
gobiernos PSOE-PP. Pero no es el único ni el principal. La sociedad española,
consciente de que no queda otra que tirar para delante y asumir los sacrificios,
también está dispuesta a arrimar el hombro. Ahora bien, no se trata de un apoyo
gratuito. Como contrapartida exige empezar a mover los cimientos autonómicos,
poner coto al gasto superfluo y cerrar unas cuantas televisiones.
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