lunes, 9 de julio de 2012

La subida del IVA es un disparate Rajoy en 2010

"Es un disparate"
La subida del IVA ha sido a sido el incumplimiento más recalcitrante puesto que, cuando el Ejecutivo socialista aumentó el IVA en julio de 2010, el PP hizo del rechazo a ese aumento su principal bandera electoralista. En marzo de 2010, Rajoy, por entonces candidato del PP a la presidencia, convocó a la prensa tras el Comité de Dirección del PP de Andalucía para calificar la subida del IVA de “disparate”.

Así criticó Rajoy la subida del IVA “de los chuches”

“Yo no soy como usted. (…) Le subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa (…) Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago”. Eso fue lo que le dijo Rajoy a Rubalcaba en el debate electoral celebrado en noviembre de 2011, pero el Gobierno de Rajoy se prepara para subir el IVA en los próximos días, tal y como ha admitido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. El presidente lo hará a pesar de que se había opuesto a esta medida hasta hace unas semanas y de que incumplirá una vez más su promesa en materia fiscal y recortes sociales.


Lo que decia Montor en marzo de 2010 sobre el IVA

Rotundo no de Montoro
Dentro del equipo del Gobierno, Montoro siempre se ha mostrado contrario a la subida del IVA pero ahora tiene que echar tierra de por medio. Como coordinador de Economía del Partido Popular, de hecho, defendió en el Pleno del Congreso en marzo de 2010 una moción contra el mantenimiento de la subida del IVA por parte del Gobierno socialista.



España subirá el IVA y hará más ajustes para lograr un año extra para el déficit

Montoro dice que estudia aumentar las horas de trabajo a los funcionarios

Las convicciones en Europa son tan rotundas como dicta Bruselas. Sobre todo para un Gobierno que pide una prórroga a sus socios europeos para cumplir con el objetivo de déficit porque se ve incapaz de equilibrar sus cuentas. El Eurogrupo certificó este lunes que suavizará la senda de consolidación, lo que permitirá a España aplazar la meta de déficit este año. Esta flexibilización supone un importante balón de oxígeno para el Ejecutivo de Rajoy, aunque la UE advierte de que los nuevos plazos exigen nuevas medidas de ajuste este mismo año. A cambio del tiempo extra, el Gobierno subirá el IVA —a pesar de que lo rechazó en múltiples ocasiones—, aumentará las horas de los funcionarios, lo que permitirá reducir el número de trabajadores eventuales, interinos y laborales, como avanzó este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En Bruselas se especula con condiciones muy duras: subida del IVA (asociada a una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social), recorte de las prestaciones por desempleo, un cambio en el cálculo de las pensiones, peores condiciones para los empleados públicos, despidos en la función pública y eliminación de la desgravación por vivienda. La Comisión aprieta de lo lindo a España. Estas condiciones, de aprobarse, son más exigentes que las recomendaciones que planteó a España el pasado mayo.
Según un borrador de la reunión del Eurogrupo, España ya no tendrá que cerrar este año con un déficit del 5,3% sino del 6,3%; el 3% previsto para 2013 se flexibilizará hasta el 4,5%, y no será hasta 2014 cuando la desviación presupuestaria tendrá que quedar por debajo del 3% del PIB.
Bruselas concede un año más para ajustar las cuentas, pero advierte de que “las autoridades españolas deberán adoptar sin demora medidas adicionales en 2012”. El Gobierno dispondrá de tres meses para aprobar más ajustes. Antes de octubre deberá presentar un informe sobre cómo logrará los objetivos hasta 2014. Pero hay más. El borrador establece que el Gobierno deberá adoptar nuevas medidas si “se materializan los riesgos sobre los planes presupuestarios”, así como acelerar la reducción del déficit en 2013 y 2014 si la coyuntura económica fuera mejor de lo previsto.
El Gobierno de Rajoy lleva desde el comienzo de la legislatura descartando una subida del IVA. Aducen que, según la ortodoxia fiscal, elevar este tributo cuando cae el consumo contrae aún más la economía. Pero el Gobierno no dispone de muchas opciones para lograr reducir el desajuste de las cuentas públicas cuando los recortes del gasto se difuminan con la caída de la recaudación —los ingresos por IVA caen más del 10% hasta mayo—. Y sobre todo cuando la propia Comisión Europea (CE) ya ha marcado el camino: entre las recomendaciones que planteó a España a finales de mayo se incluía la “ampliación de la base imponible del IVA”.
El ministro de Hacienda uno de los más esquivos con la medida, admitió este lunes que subirá el tributo. “Estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto”, aseguró durante su intervención en los cursos de verano de la Complutense en El Escorial, según Efe.
Con sus declaraciones el ministro logró dos cosas: por un lado avivó el debate sobre que la subida del IVA debe ir acompañada con una rebaja de las cotizaciones sociales; y por otro, justificó la próxima subida del tributo por el fuerte aumento del fraude. “Si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar no habría que subirlo tanto”, insistió. Y por si quedaban dudas precisó: “Es imposible que lo diga más claro. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, cumplirá con las recomendaciones de la Comisión Europea”.
Hacienda admite desde hace semanas que estudia qué productos gravados con tipo superreducido (4%) y reducido (8%) puede subir al tipo general del 18%. Los expertos advierten de que la medida es regresiva porque perjudica a las rentas más bajas. Pocos se atreven a cuantificar la medida, pero la anterior subida, aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2010, supuso un alza de la recaudación de 5.500 millones. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, aseguró este lunes tras reunirse con Montoro que el Gobierno no subirá el IVA del turismo.
Montoro también abundó este lunes en su tesis de que para ampliar la base imponible del impuesto, como pide Europa, es posible hacerlo a través de la lucha contra el fraude. “Tenemos un IVA que se paga poco en comparación con otros países”. Y sentenció: “Este debate no existiría si no existiera esa economía sumergida”. El responsable del Gobierno explicó que la recaudación tributaria ha caído en siete puntos porcentuales de PIB desde 1997, lo que supone unos 70.000 millones de euros —solo la recaudación del impuesto sobre sociedades se ha desplomado cerca de 30.000 millones desde 2007—. “No hay país del mundo que haya vivido eso, y es lo que lleva a un cambio de valores y de posición”, sentenció.
Además, Montoro avanzó que estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios. “Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado”. El Gobierno ya elevó la jornada laboral de los funcionarios en diciembre pasado, de 35 a 37,5 horas, cuando aprobó el primer decreto de medidas para reducir el déficit. Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral si los funcionarios asumen tareas realizadas por estos. La Administración pública estatal cuenta con 592.531 trabajadores, de estos 135.404 no tienen plaza de funcionarios. El gasto en nóminas (33.151 millones) es el primero en importancia para la Administración central.
Algunas comunidades autónomas ya han avanzado en esa dirección. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aprobó hace unos meses una ampliación de la jornada laboral de los funcionarios que afectaba a 120.000 trabajadores públicos de Madrid. Castilla y León o Castilla-La Mancha son otras de las comunidades que también incluyeron un aumento de la jornada laboral en los planes de equilibrio financiero.
El ministro aseguró no obstante, que no contempla la idea de acabar con los “moscosos”, seis días libres de asuntos propios de los que disfrutan los funcionarios.

Castro evita retocar las retribuciones

El presidente del Parlamento, Antonio Castro, se ha limitado a trasladar a la Cámara la bajada del 5% en las retribuciones de los diputados, manteniendo todo el régimen de dietas e incluso creando una más: la de acudir a las reuniones por videoconferencia.
El acuerdo de la Mesa que recoge el boletín oficial expone una serie de medidas para ahorrar en el gasto, entre las que no se ha incluido la eliminación de la dieta más discutida, la que perciben todos los miembros de este órgano rector sólo por acudir a su puesto de trabajo.
Antes de que los diputados fueran asalariados, las dietas constituían el único emolumento que cobraban. Cuando se implantó el sueldo, en vez de revisarlas o directamente, eliminarlas lo que se hizo fue mantenerlas como un añadido.
Así pues, el presidente y el resto de los miembros que componen la Mesa cobrarán, además de su sueldo una dieta que, cuando entre en vigor el acuerdo se justificará por «responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara, incluyendo su actividad de gobierno y de actividad parlamentaria». Antes, «de despacho».
De estas forma, el presidente Antonio Castro, el vicepresidente primero, Julio Cruz, el vicepresidente segundo, Manuel Fernández, y la secretaria primera, Águeda Montelongo, cobrarán 180 euros al entrar en sus despachos, y el secretario segundo, José Miguel González, 145 euros.

domingo, 8 de julio de 2012

PP, PSOE e IU insultan a UPyD por pedir que se limiten los sueldos de alcaldes y concejales

 
PP, PSOE e IU votan en contra de una iniciativa del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia para racionalizar y homogeneizar sueldos de alcaldes y concejales, de forma que no cobren más, como sucede en la actualidad en muchos municipios (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alcorcón, Alcalá de Henares, etc.), que el presidente del Gobierno o los ministros. Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD, argumenta que los salarios de los ediles deberían fijarse en función de criterios objetivos, como: población, renta per cápita, presupuesto municipal y situación financiera, número de miembros de la corporación y tipo de dedicación. En el vídeo también se resumen los argumentos que aportan los portavoces de PP, PSOE e IU para oponerse a esta iniciativa. Pleno de la Asamblea de Madrid (14.06.2012)

Quieren acabar con todo y a por los Emplead@s Public@s

El Gobierno quiere acabar de una vez por todas con las dudas que vuelven a suscitarse sobre la salud de la economía española. El nuevo repunte de la prima de riesgo y el acercamiento del interés de bono español a diez años a niveles de alarma (7%) ha urgido al Ejecutivo a preparar un nuevo programa de choque para lo que queda de año y, sobre todo, para 2013. El objetivo de los dos ajustes es conseguir 40.000 millones de euros, de los que 30.000 millones serían imputados a los Presupuestos Generales del próximo ejercicio 2013, cuyas líneas maestras se conocerán en el último Consejo de Ministros de este mes.

El Gobierno está trabajando sobre los gastos fundamentalmente, sabedor de que la subida del IVA en 2 puntos apenas le reportaría 5.000 millones de euros si el consumo no disminuyera. El recorte del tiempo máximo de las prestaciones por desempleo de dos a un año, en algunos casos, la congelación de las pensiones y la extensión a toda la vida laboral del cómputo de lo que cobraría cada jubilado se presentan como las alternativas más viables para poder alcanzar el objetivo propuesto.

¿Ajuste duro o suave?
Los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y Economía y Competitividad tienen que consensuar qué medidas se pueden y deben llevar a cabo. Luis de Guindos es más partidario de los ajustes duros por considerar que es la única forma de convencer a los mercados de que España alcanzará los objetivos de consolidación fiscal previstos en el Plan de Estabilidad. Montoro prefiere extender los sacrificios durante más años.

Pensiones y prestaciones de desempleo son las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado para este año, por lo que parecen los únicos sitios donde el Gobierno puede meter la tijera. Según las cuentas públicas para este año, el 46,3% del gasto total del Estado se dedica a pagar a los casi nueve millones de pensionistas y a los cerca de 2,9 millones de desempleados que tienen derecho a prestación.
Según los PGE-2012, el gasto presupuestado para el presente ejercicio en política de pensiones asciende a 115.826 millones de euros, un 3,2% más que en el ejercicio precedente.

En enero del año pasado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó una reforma del sistema de pensiones públicas que elevará la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años y el computo de éstos para percibirla desde los 15 años hasta los 25, a razón de un año por ejercicio, por el que las personas que se jubilen en 2023 percibirán la parte correspondiente a los cotizado durante los últimos 25 años de su vida laboral.

El Gobierno, tal y como han sugerido diversos organismos internacionales e instituciones españolas, baraja la posibilidad de extender el cómputo a toda la vida laboral de los trabajadores.

Desempleo y funcionarios
En el caso de las prestaciones por desempleo, el Gobierno tiene presupuestado un gasto de 28.805 millones de euros para este año, similar al capítulo de la deuda. En la actualidad, el plazo máximo de percepción del desempleo es de dos años y la prestación media, de 919 euros mensuales. La idea del Gobierno es reducir el tiempo máximo de permanencia a año y medio o un año con el fin de incentivar la búsqueda de empleo y aliviar la carga de las arcas públicas.
El Gobierno estudia también para reducir el gasto la retirada de una de las dos pagas extras a los funcionarios públicos el próximo año y realizar un ERE para los contratados laborales.


El saqueo de BANKIA

Un repaso rápido a las biografías y los méritos profesionales de los 33 responsables de Bankia que la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UPyD, ha decidido imputar bajo la gravísima acusación de falsificar las cuentas y estafar a los pequeños accionistas de esta arruinada entidad, entre otros presuntos delitos.
1- Rodrigo Rato (PP). Sueldo en 2011: 2.436.000 euros.
Expresidente de Bankia, exdirector gerente del FMI, exvicepresidente del Gobierno y el hombre que pudo ser Rajoy en el lugar de Rajoy (de no ser porque el dedo de Aznar no se acabó de fiar de él).

2- José Luis Olivas (PP). 1.764.000 euros.
Expresidente de Bancaja y del también quebrado Banco de Valencia. Expresidente de la Generalitat Valenciana entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

3- Francisco Verdú Pons. 1.570.000 euros.
Consejero delegado de Bankia hasta hace apenas unas horas. Fue antes vicepresidente de la Banca March. Rato lo fichó como su número dos y Goirigolzarri lo mantuvo en su posición. Fue el único de todo el anterior consejo que continuó.

4- José Manuel Fernández Norniella (PP). 676.000 euros.
Exdiputado y hombre de confianza de Rato, que lo nombró presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ha sido presidente de Azucarera Ebro, vicepresidente de la CEOE y vicepresidente de Caja Madrid, entre otros cargos.

5- Carmen Cavero Mestre (PP). 173.000 euros.
Cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

6- Arturo Fernández Álvarez. 278.000 euros.
Presidente de la patronal madrileña. Cuñado de Gerardo Díaz Ferrán.

7- Alberto Ibáñez González. 142.000 euros.
Expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers.

8- Javier López Madrid. 310.000 euros.
Comenzó su carrera en Goldman Sachs. Está casado con la hija de Juan Miguel Villar Mir, presidente y propietario del Grupo Villar Mir. Es consejero delegado del grupo y llegó a Bankia a propuesta de la patronal madrileña CEIM.

9- Juan Llopart Pérez. 367.000 euros.
Presidente de la comisión ejecutiva de Zeta, a propuesta de La Caixa, principal acreedor de este grupo editorial. Muy cercano al presidente de La Caixa, Isidro Fainé, fue fichado por Rato como consejero independiente.

10- Araceli Mora Enguídanos. 125.000 euros.
Catedrática en Economía de la Universidad de Valencia.

11- José Antonio Moral Santín (IU). 522.000 euros.
Exdiputado en la Asamblea de Madrid, militante del Partido Comunista desde los años 60 y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Su propio partido pidió su dimisión.

12- Francisco Juan Ros García. 124.000 euros. Consejero delegado del grupo Ros Casares, Consejero de Thyssen Ros Casares, Vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Nacional y presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Levante.
13- José Manuel Serra Peris (PP). 387.000 euros. Exsecretario de Estado de Industria y Energía con Aznar, un dato biográfico nada menor que, curiosamente, no aparece en su currículum oficial que difunde Bankia en su web. Ha sido consejero de la SEPI, de Endesa y de Red Eléctrica Española. Fue uno de los acompañantes del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en aquel polémico viaje a Colombia donde González fue espiado.
14- Atilano Soto (PP). 128.000 euros.
En el auto el juez le llama “Milano”, en vez de Atilano, pero no hay duda de quién es. Presidente de la Caja de Segovia desde 1997. Durante años compatibilizó el puesto con el de presidente de la Diputación de Segovia (1991-2003), presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, presidente del Patronato Provincial de Turismo, consejero delegado de la empresa Segovia 21 y unos cuantos cargos más hasta superar la decena.

15- Antonio Tirado Jiménez. 409.000 euros.
El más veterano de los consejeros de Bancaja, donde llevaba casi 20 años. Fue alcalde de Castellón por el PSOE, partido que abandonó el 1994. La mayor parte de su carrera en la caja la ha hecho con el apoyo del PP, que le nombró presidente de Bancaja tras la salida de Olivas, hace dos meses.

16- Francisco Pons Alcoy. Empresario valenciano, presidente de la cooperativa Consum, presidente de Caixa Popular y vicepresidente de Eroski.
17- Ángel Acebes Paniagua (PP). 163.000 euros.
Exministro de Justicia, de Interior y de Administraciones Públicas. Exalcalde de Ávila. Exsecretario general del PP. Dejó el Congreso hace poco más de un año, después de una legislatura en la que compaginó el escaño con sus negocios particulares.

18- Francisco Baquero Noriega (CCOO). 317.000 euros.
Miembro durante años de la Ejecutiva de Comfia, la federación de servicios financieros de Comisiones Obreras. Está casado con María Jesús Paredes, también empleada de banca y exdirigente de Comfia. La pareja tiene numerosos negocios empresariales y un gran patrimonio immobiliario.

19- Pedro Bedia Pérez. 308.000 euros.
Consejero a propuesta de Comisiones Obreras.

20- Luis Blasco Bosqued. 178.000 euros.
Vocal en el consejo a propuesta del PP. Es presidente de Telefónica de Argentina y vocal en la junta directiva del Real Madrid. Antes pasó por el consejo de Sogecable y de la constructora OHL.

21- Rafael Ferrando Giner. 307.000 euros.
Empresario valenciano, expresidente de la patronal valenciana y exvicepresidente de la CEOE.

22- José Rafael García-Fuster (PP). 265.000 euros.
Ha sido senador, concejal en el Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Cortes Valencianas.

23- Jorge Gómez Moreno (PSOE). 339.000 euros. Fue diputado en la Asamblea de Madrid y concejal en el ayuntamiento de la capital.
24- Agustín González González (PP). 214.000 euros.
El político de los trece cargos: presidente de Caja Ávila, alcalde de El Barco de Ávila, presidente de la Diputación de Ávila, presidente de ASIDER –la asociación que gestiona los fondos europeos en la zona–, presidente de la mancomunidad de servicios de Barco y Piedrahita, presidente de la Fundación Cultural de Santa Teresa, consejero de la corporación Madrigal… Milita en la derecha desde 1983, con AP. Aseguró en una entrevista que su único sueldo era el de la Diputación, olvidando el dinero que cobró de Bankia.

25- Mercedes de la Merced (PP). 376.000 euros.
Entre otros cargos, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eurodiputada. Aznar dudó entre apostar por ella o por Esperanza Aguirre como candidata de la derecha en Madrid.

26- Jesús Pedroche Nieto (PP). 204.000 euros.
Fue consejero en el gobierno autonómico de Madrid con Gallardón y presidente de la Asamblea de Madrid. Dimitió como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 2003 tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el despido de su secretaria personal, a la que mandó al paro pocos días después de saber que estaba embarazada.

27- Remigio Pellicer. 302.000 euros.
Empresario valenciano. Consejero en Bancaja a propuesta del PSOE.

28- José María de la Riva Ámez (PSOE). 202.000 euros.
Exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid.

29- Estanislao Rodríguez-Ponga (PP). 355.000 euros.
Exsecretario de Estado de Hacienda del Gobierno de Aznar, bajo las órdenes de Cristóbal Montoro. Fue vicepresidente de Caja Madrid con Miguel Blesa, en el año 2006, y con Rato tuvo también un papel importante en la caja. Estuvo en el consejo de administración de Cibeles –la corporación industrial de Caja Madrid– y formó parte del núcleo duro de Rato en la toma de decisiones de la entidad financiera hoy quebrada.

30- Mercedes Rojo-Izquierdo (PP). 374.000 euros.
Exasesora de Esperanza Aguirre.

31- Ricardo Romero de Tejada (PP). 270.000 euros.
Fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP en la Comunidad de Madrid. Hombre de Rodrigo Rato, su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones ligado al Tamayazo. Mientras era el número dos del partido en Madrid, estuvo en nómina en una empresa de fotocopias, propiedad de dos constructores muy vinculados con el PP.

32- Juan Manuel Suárez del Toro. 235.000 euros.
Ingeniero industrial. Presidente de Caja Insular de Canarias y, al mismo tiempo, presidente de Cruz Roja Española desde 1994.

33- Ángel Villanueva Pareja. 307.000 euros.
Ha sido Secretario del Consejo de Administración de Bancaja. Ha presidido la inmobiliaria de la entidad, Bancaja Habitat, S.L, y ha sido secretario de su fundación.

La crisis y los “economistas”

Muchos millones de españoles cada vez que vemos y oímos a un “economista” proponer soluciones para la salida de la crisis como por ejemplo aumentar el IVA, reducir el sueldo de los funcionarios, “adelgazar” el sector público, hacer más recortes en sanidad y educación y similares, pensamos: ¿en este país no existe entre el 22% y el 25% del PIB de economía sumergida? ¿No es cierto que a las empresas se les ha reducido el IAE del 30% al 10% en los últimos 10 años? ¿No somos el país del con IVA o sin IVA de muchos profesionales? ¿Cuánto cotizan los profesionales y autónomos? (muchos si es por módulos prácticamente nada). ¿Y las grandes fortunas de las sicavs? (un vergonzoso 1%) ¿Por qué se eliminó el impuesto de sucesiones y casi el del patrimonio?
En definitiva, ¿por qué tenemos que ser los trabajadores, empleados públicos, jubilados, etcétera, los que paguemos la crisis que en ningún caso hemos creado?— Manuel Morán Rodríguez.

El empeoramiento se agrava con trampas

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA El PP tiene suficientes militantes y simpatizantes para dirigir con rigor profesional la televisión pública. No hay que ser un descerebrado para no tener el cerebro contaminado. Periodistas de derechas los hay muy buenos, que mantienen su independencia frente a amigos y correligionarios con mando en el BOE.

También, claro, hay jueces y magistrados que no aceptan que la ideología, y hasta el partido al que votan, le digan lo que tienen que hacer en el plano del ámbito jurisdiccional. Sus sentencias son de ellos y solo a ellos atañe. En España ha habido, y sigue habiendo, ejemplos demoledores para la cultura del paniaguado y el palanganero. En Estados Unidos el presidente del Tribunal Supremo, conservador, rompió el desempate en las deliberaciones sobre la reforma sanitaria de Obama votando a favor del presidente con los progresistas. Pasará a la historia como un gran jurista que ha cumplido con su deber. Lo que la Constitución le reclama es que sea fiel a su conciencia y honor, desde cualquier ángulo religioso o ideológico.

Se echa de menos en la España actual. Es estúpido, porque las evidencias son como los globos que se inflan debajo del agua, que saltan con fuerza a la superficie, que se ignore el esfuerzo por promover la independencia con sus secuelas de pluralismo y objetividad en RTVE del presidente Zapatero; sería, además, ridículo, porque todo el mundo ahí fuera reconoce que a la BBC le ha salido un competidor aquí. El instrumento fundamental fue la exigencia de una mayoría parlamentaria reforzada para el nombramiento del responsable del Ente... pero en cuanto Rajoy ganó las elecciones volvió aquel consejo de Aznar de "gobernar sin complejos". Se prescindió del consenso, para poder dinamitar el modelo profesional: el nuevo jefe de informativos, aparte de proceder de Telemadrid, más conocida como 'Tele-Espe', ha sido asesor del PP. Vuelven a las andadas. Ni las formas se guardan.

Esperanza Aguirre quiere Eurovegas como sea; para ello está dispuesta a maniobrar para conseguir unas excepciones a la norma general, en materia urbanística y de salud, como que en el califato del juego no rijan las leyes que prohíben fumar. Ya puestos, podrían considerarse otros paréntesis sobre el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el tráfico, los derechos de los consumidores... Mutatis mutandis se burlan de la Constitución, y se quedan tan panchos y tan panchas.

La ministra de Sanidad dice que lo de que los jóvenes de más de 27 años que no hayan cotizado por estudios o por estar sin trabajo no tienen derecho a la sanidad pública es un error de interpretación; pero cada vez son más los chicos a los que se les niega la tarjeta sanitaria. Tampoco es verdad, aseguran ministerialmente, que los ancianos tengan problemas para hacerse con sus medicinas, pero el hecho cierto es que día a día hay más ancianos que en el mostrador de la farmacias o en las consultas de sus médicos de cabecera muestran la verdad verdadera.

Los recortes no iban a afectar a la calidad, decían, y siguen diciendo, los bustos parlantes populares. Pero las listas de espera han subido un 17,5% en un santiamén. Ser operados en un mes o en seis es una diferencia cuantitativa y cualitativa. La diferencia entre vivir y morir. ¿O no? Hay dinero para los bancos, pero no para asegurar la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Estos esfuerzos son necesarios, claman desde el Poder. Pero Hollande deja tranquilas a las rentas bajas y medias y al bienestar galo y aplica el principio de igualdad y solidaridad a las grandes fortunas.

La crisis es una cosa, y otra es la utilización de la crisis como excusa para cargarse las reglas del juego. Eso es trampa, fullería. Como la filtración por la propia ministra Báñez de datos confidenciales de la petición de 'eres', conocidos por su cargo. O el timo de la estampita de las 'preferentes'. O las facilidades serviles para legitimar el fraude fiscal, que ha indignado a los inspectores de Hacienda. Quizás por eso se apuesta por los casinos en lugar de por las leyes, y quizás igualmente por eso se busquen crupieres y no servidores del interés general.

Ojo a los refranes. Tanto va el cántaro a la fuente...

Pero, ¿qué democracia es ésta?

JOAQUÍN RÁBAGO Uno que ha seguido durante años, por razón de su profesión, el funcionamiento de la sociedad y de la cosa política en diversos países de nuestro entorno no sale de su asombro al ver el desdén absoluto con el que el presidente del Gobierno parece tratar día sí y otro también a quienes representan al pueblo español.

Pero, ¿qué democracia es ésta? Ya sabemos que nuestra democracia se construyó en circunstancias muy difíciles, que el dictador había muerto totalmente entubado en la cama y que lo que salió de allí fue fruto de un trabajado compromiso.

Pero, con todos sus condicionantes y con sus múltiples imperfecciones , que habrá que corregir un día -desigual representación de los partidos en el Parlamento, listas cerradas y bloqueadas, férrea disciplina de voto-, el sistema había venido funcionado con sus más y sus menos.

Sin embargo, en vista de lo está ocurriendo de un tiempo a esta parte, no tiene uno más remedio que exclamar, como hizo en su día Ortega y Gasset en muy distintas circunstancias: "No es esto, no es esto".

Mariano Rajoy fue aupado al poder por un electorado que parecía no querer soportar más el intolerable nivel de desempleo de este país y que se encontraba además en estado de pánico por la crisis que se nos venía de pronto encima, una crisis que el anterior Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, en su ingenuidad o su ceguera, ambas igualmente reprobables, no supo ver a tiempo.

La maquinaria propagandística del Partido Popular quiso hacer creer que la llegada de su líder a la Moncloa supondría un súbito alivio para los mercados y sería algo así como mano de santo para una economía que los manirrotos e irresponsables socialistas habían dejado hecha unos zorros. Sin saber alemán, Don Mariano trató de mostrarse como el primero de la clase de la canciller Angela Merkel, pensando en que ésta iba a agradecérselo.

Nuestro presidente empezó a recortar derechos por aquí y por allá, y a incumplir sin el menor rubor -porque, según él, no había alternativa- todo lo prometido en campaña. Y, sin embargo, no hubo nada. Los famosos mercados habían olido sangre y no iban a soltar fácilmente su presa.

Mientras tanto, los españoles veían cómo Rajoy, cada vez más debilitado fuera pese a esa mayoría absoluta de la que tanto se jactaba, aceptaba todo tipo de imposiciones de fuera, imposiciones que de paso les servían para cumplir, aunque en circunstancias mucho más dramáticas de lo que le hubiese gustado, su programa ideológico: el abaratamiento del despido y la paulatina invasión del sector privado en los servicios públicos. Con sus inevitables secuelas: privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas.

Tenía la mayoría absoluta para ello, y ya se ha visto que en este país, como en otros, las mayorías absolutas pueden resultar nefastas. Y, a diferencia del italiano Mario Monti, que no tenía detrás la fuerza de las urnas, nuestro presidente consideró que no necesitaba explicar nada de lo que hacía a aquéllos a quienes exigía, sin embargo, diarios sacrificios.

Bastaba con dar las explicaciones fuera, si es que realmente las daba, pues cabe ser escépticos a juzgar por las reacciones que algunas de sus declaraciones provocaban luego en otras capitales, más habituadas a la transparencia, mientras hurtaba la información a los de dentro, que eran quienes le habían elegido.

A la vista de todo ello, uno no puede sino sentir auténtica envidia de prácticas como las del Parlamento británico, donde el Primer Ministro se somete semanalmente a las preguntas del jefe de la oposición y de otros "honorables" miembros de los Comunes, preguntas que, si bien en unos casos han sido previamente registradas por escrito, en otros pueden ser espontáneas y a las que aquél debe responder sin que se le permita en ningún caso escurrir el bulto.

Es una vieja convención constitucional que habla muy bien de la salud de esa democracia y en la que se ponen de manifiesto, entre otras cosas, la rapidez de respuesta, la capacidad de improvisación y el conocimiento de los temas de los gobernantes británicos, que tanto contrastan con los discursos aburridos, llenos de latiguillos y de frases hechas de muchos de nuestros políticos.

No se entiende en ningún caso, desde una óptica democrática, la negativa del presidente del Gobierno de un régimen parlamentario como el nuestro a comparecer en el plazo más breve en el Congreso para dar explicaciones de las decisiones adoptadas por él en los foros europeos. La mayoría absoluta no es, que se sepa, una patente de corso para que el gobernante pueda hacer durante los cuatro años de la legislatura lo que le venga en gana.

Como tampoco se entiende la resistencia, cuando no pura negativa, a crear comisiones de investigación de los escándalos mayúsculos de los últimos años o la persistencia en ciertos Parlamentos autonómicos de imputados por corrupción sin que a sus propios partidos se le caiga la cara de vergüenza. ¿Será que se ha perdido totalmente? 

Cuando la corrupción controla el poder, destruye las instituciones y se auto-reparten los bienes públicos

Hace ya como unos cuarenta años que se inició el giro hacia una desinstitucio-nalización de los derechos sociales, vinculados al Estado del Bienestar que la sociedad había venido fraguando fatigosamente desde finales del siglo XIX. La conquista de esos derechos no es algo que haya caído del cielo, sino que ha supuesto una lucha para superar todas aquellas situaciones de alienación y opresión que humillaban, esclavizaban marginaban o discriminaban al ser humano.

Existía una conciencia, más que una formulación jurídica, que afirmaba la igual dignidad de todo ser humano y esa conciencia nos llevaba a protestar por indignas situaciones concretas. Eran situaciones contra la dignidad humana. En Occidente, el tema de los derechos humanos no tiene sentido si lo desvinculamos de la dignidad de la persona humana.

Lo preocupante del tiempo que vivimos, desde los años setenta al presente, es que, quizás sin advertirlo o sin quererlo admitir realmente, estamos asistiendo a un ensañamiento descarado por parte del neoliberalismo, para derrotar esos derechos y descontruir las políticas del Estado del bienestar. Hubo un tiempo en que las desigualdades y los desequilibrios sociales eran admitidos por el mismo neoliberalismo como un mal y consideraba ético aplicar compensaciones contra esas desigualdades, que hicieran menos dolorosa la vida de los más pobres y desfavorecidos.

Hoy no. Hinkelammert dice que hemos pasado del liberalismo “utópico” al liberalismo “cínico”. Dicho llanamente: la globalización neoliberal ha emprendido directamente, como objetivo prioritario, la deconstrucción y reformulación de la idea de la dignidad humana. Esto significa que determinadas élites económicas, culturales y políticas, para allanar el camino hacia una acumulación ilimitada del capital, han pasado a hacer una guerra contra todo lo que sea límites jurídicos y políticos del Estado del bienestar.

Este capitalismo cínico no tolera que todos hayamos de asumir cargas sociales para la protección de los débiles, perdedores y extraños a la comunidad, para lo cual se propone eliminar los consensos anteriores sobre la dignidad humana y derechos sociales y eliminar la misión del Estado del bienestar, que ven como amenaza eminente para su libre mercado.

Pues bien, el capitalismo cínico afirma ser el único régimen válido y posible, con fallos estructurales muy graves ciertamente, pero que son límites de la realidad misma, por lo que no cabe más que aceptarlos, ya que no hay otras alternativas.

Este capitalismo anuncia sin rebozo la verdad del sistema, no hace falsas promesas, anuncia que lo que ocurre es intrínseco a su propio sistema. Las desigualdades, las injusticias, la cantidad de gente sobrante con problemas y carencias irremediables, son cosas consustanciales, que no se pueden compensar con sistemas de protección social. Todo es consecuencia del valor guía del modelo neoliberal: la competitividad.

Como muy bien escribe el profesor Juan Antonio Senent, “En las última décadas, se han sustituido las referencias al interés general y las promesas de una sociedad para todos, por el anuncio y celebración de un modelo de sociedad en el cual el valor guía es la competitividad…  El hecho de que se produzca desempleo, pobreza y exclusión para los perdedores prueba que el régimen funciona correctamente; pues tendrá como correlato el éxito profesional, la opulencia y el poder de los que se alzan triunfantes sobre el fracaso de los débiles. Para el capitalismo, no todos los seres humanos son dignos o valiosos, sino que esto se mide por su propio éxito, o “mérito”, y por tanto no todos serían merecedores de igual respeto y consideración…

En consecuencia, por más que ideólogos neoliberales reafirmen como sacrosanta la institución de la democracia liberal y el respeto de los derechos humanos, en los países occidentales la globalización neoliberal ha instaurado el “mercado libre”, como usurpador tanto de la soberanía política de las sociedades democráticamente constituidas como de la garantía de los derechos humanos”

La “libertad de mercado” es la regla suprema, que detentan e interpretan a su arbitrio los empresarios. Ellos, en caso de conflicto, determinan qué derechos humanos deben ser sacrificados.

El “mercadocentrismo” aparece, pues, en la modernidad neoliberal, en opinión de Hinkelammert, como institución suprema frente a la cual los seres humanos aparecen como piezas subalternas de la misma. El derecho a operar en el mercado es el que se sobrepone a todos los demás derechos, sean civiles, sociales o políticos. Sobreposición e imposición gradual, pero inapelable, de un “imperialismo económico” que no espera de los ciudadanos, más respuesta que la de un sometimiento ciego.
La justicia, en este enfoque neoliberal, coincide con el cumplimiento de la legalidad, que viene dictada por la sociedad de mercado, en ella son objeto de obediencia las leyes del mercado, el derecho de propiedad y la libertad contractual, no hay “otras reglas morales”. “Lo que se hace en el mercado y se produce desde él, es justo por sí mismo. Por ello no es posible una crítica del mismo en nombre de sus resultados, aunque genere condiciones de muerte para muchos seres humanos y para la propia naturaleza”.




Es sorprendente que una persona del espectáculo, salga públicamente a cantarle las cuarenta a un gobierno de buitres carroñeros, mientras los dirigentes de "izquierda y sindicales"  callan como conejos.

jueves, 5 de julio de 2012

Archivan el caso de la funcionaria expedientada por una ´peineta´ a Rivero

La trabajadora estaba expedientada por vulnerar los principios de lealtad y respeto a los superiores

El Gobierno de Canarias ha archivado el expediente disciplinario que había abierto contra una funcionaria de la comunidad autónoma por desconsideración grave contra un superior; en concreto, por haber hecho una "peineta" a una foto de su presidente, Paulino Rivero, durante una protesta laboral.
Esta funcionaria estaba acusada de una falta grave por haber aparecido una foto suya en la edición del 30 de mayo de 2012 del periódico "El Día" en la que hacía un gesto supuestamente despectivo a una foto del presidente de la comunidad autónoma.
El instructor de ese expediente planteaba, en principio, que esa trabajadora podía haber vulnerado los principios de lealtad y respeto a los superiores que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público en el capítulo de los deberes de un funcionario.
Sin embargo, la resolución definitiva, difundida hoy por el sindicato de empleados públicos Sepca, recoge que la funcionaria explicó en su descargo que ella no hizo ningún gesto despectivo contra nadie, sino que fue fotografiada mientras imitaba con los dedos una tijera (los hechos ocurrieron en una protesta laboral contra los recortes en los servicios públicos).
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias reconoce ahora que no hay en el expediente pruebas para contradecir esa versión, sino solo una fotografía de prensa que, para estos efectos, resulta ser "una instantánea aislada, descontextualizada y estática, con las limitaciones de credibilidad que ello conlleva".
"El gesto de imitar con los dedos de las manos unas tijeras que se abren y se cierran puede producir el efecto óptico que recoge la fotografía al coincidir los dedos corazón e índice, por azar, en el momento de captación de la imagen, ofreciéndose, consecuentemente, una secuencia distorsionada que perjudica a la persona retratada", se argumenta en la resolución de archivo del expediente.
El Gobierno canario admite así que "no hay elementos probatorios suficientes en el expediente disciplinario" para sostener la acusación formulada contra esa funcionaria, por lo que prima el principio de presunción de inocencia.

El PP pide prudencia con los imputados de Bankia

Los partidos de la oposición, por su parte, solicitan una comisión de investigación en el Congreso

Tres ministros y varios cargos destacados del PP han pedido hoy que se respete la presunción de inocencia de los imputados por la Audiencia Nacional por el caso Bankia, entre ellos su compañero de partido y extitular de Economía Rodrigo Rato.
Mientras tanto los grupos de la oposición, algunos de ellos también con miembros imputados -como PSOE e IU, aunque en ambos casos se ha pedido la suspensión temporal de afiliación- han redoblado la presión para establecer una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera.
Dicha posibilidad parece improbable, ya que el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha opinado que aunque "empieza a llegar el momento de conocer" en la Cámara Baja lo que ha ocurrido con el sistema financiero español, no deberá ser a través de una comisión de investigación.
Es una de las reacciones políticas destacadas un día después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a 31 exconsejeros más del grupo y su matriz, BFA, entre ellos representantes de varios partidos políticos y sindicatos.
La acción judicial se produce al admitirse una querella de UPyD por las presuntas irregularidades en la citada entidad financiera.
Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado que el partido querellante "tiene muchos intereses en este tema".
Además, como jurista, el ministro ha dicho tener "algunas reservas" sobre la oportunidad de llevar a cabo una "citación indiscriminada".
Ha asegurado que al citar como imputados "sólo en base a querellas que muchas veces tienen una base meramente periodística" se hace un "juicio anticipado" que luego puede derivar "en poca cosa".
"Pero el perjuicio a las personas es espectacular -ha añadido- sobre todo en esta querella, donde hay muchísimas personas que yo conozco que son absolutamente honorables", palabras que le han valido la recriminación del diputado socialista Jesús Caldera, para quien el ministro "debería ser prudente" en sus declaraciones.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado estar "entristecido" por la situación de Rato, pero ha subrayado que le alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos.
"Desde un punto de vista ciudadano, me alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos, en el que la Justicia se imparte por jueces independientes y en un procedimiento imparcial, y en un Estado en el que la presunción de inocencia es la ley hasta que haya una condena".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha considerado que el juez ha imputado a todos los exconsejeros de Bankia y su sociedad matriz porque intenta deslindar responsabilidades.
Wert ha explicado que con la información facilitada por UPyD, el juez no tiene elementos para discernir entre distintos grados de responsabilidad entre los miembros del consejo de BFA y de Bankia.
De ahí que haya decidido imputar a todos los exconsejeros para que se les tome declaración "con asistencia letrada".
En su opinión, esto es el resultado de una "sobreinterpretación" del significado material de la imputación, aunque ha incidido en que eso "no es para nada incompatible con la presunción de inocencia de que deben seguir gozando".
Ésta ha sido también la impresión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha afirmado que imputar "no es una condena" sino asegurar la defensa de los acusados.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha confiado por su parte en que la imputación, "que no procesamiento", no se convierta en un "juicio político", mientras que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia.
En nombre del PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, ha afirmado que su grupo parlamentario exigirá de nuevo que se abra una comisión de investigación en el Congreso.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha expresado hoy su apoyo a la decisión de la Audiencia Nacional y ha pedido que "quien la haga, que la pague".
Izquierda Unida, junto a varias asociaciones y sindicatos ha presentado un manifiesto en el que defienden la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras.
CCOO ha señalado que asumirá las responsabilidades que le correspondan al haber propuesto el nombramiento de dos miembros del consejo de administración del Banco Financiero de Ahorros (BFA) ahora imputados, aunque ha subrayado su confianza en su labor, como cree que confirmará el procedimiento iniciado.

Empresas públicas en peligro

El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas, sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas, por eso en las comunidades autónomas tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la Administración central   El Gobierno viene anunciando hace meses un gran recorte de las empresas públicas autonómicas, pero los planes van retrasándole y ahora Sáenz de Santamaria mete más presión mientras el Gobierno prepara una nueva oleada de recortes que probablemente dará a conocer la próxima semana.

Sáenz de Santamaría también ha recordado que el Gobierno cambiará la ley para fijar el sueldo de los alcaldes -no será hasta 2014-, que se reducirá el número de concejales y se eliminarán o reformarán muchos órganos administrativos intermedios, y ha ofrecido algunos datos de ahorros que ya se están logrando, aunque con cifras muy pequeñas para el volumen total del enorme recorte de hasta 60.000 millones de euros que España debe hacer en dos años. La vicepresidenta ha señalado que gracias a la reordenación del patrimonio inmobiliario del Estado que su departamento ha promovido ya se han ahorrado, en solo cuatro meses, 17,5 millones de euros en alquileres. Además, ha anunciado la creación de una central de compras única para toda la Administración que también generará mucho ahorro.

El mensaje a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos para que ahorren más se ha repetido varias veces en su discurso, en el que ha señalado que España debe enfrentarse ahora a cambios profundos. "Tenemos el ejemplo de 1996, debemos hacer como entonces, con José María Aznar al frente, de la necesidad virtud", ha asegurado. campus FAES, donde le acompañaba el expresidente José María Aznar. "Las Administraciones tienen que hacer más con menos. El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas, sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas, por eso en las comunidades autónomas tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la Administración central", ha dicho la vicepresidenta. El Gobierno viene anunciando hace meses un gran recorte de las empresas públicas autonómicas, pero los planes van retrasándole y ahora Sáenz de Santamaria mete más presión . Santamaría no ha dicho ni una palabra sobre la imputación de Rodrigo Rato, que llegó a la presidencia de Bankia por decisión de Mariano Rajoy
Publicado en:http://www.tribunaforum.com/Article2455.phtml

"El PP protege a los delincuentes"

 
La diputada de Esquerra Unida en las Corts Valencianas Esther López Barceló denuncia la Ley de amnistía fiscal patrocinada por el PP, como instrumento para perdonar a los defraudadores: "Esta amnistía fiscal es una ayuda directa a los delincuentes. Porque los defraudadores son delincuentes, y de los más peligrosos porque sus crímenes afectan a la seguridad de los ciudadanos. Porque sus crímenes dejan a los ciudadanos con una sanidad y una educación peor. Y su gobierno les protege".

miércoles, 4 de julio de 2012

¿ Quien gobierna en España ?

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, insta a "cortar" hasta donde "parece imposible" y no se ha hecho "nunca"
 
La patronal indica a Rajoy hacia dónde tiene que acelerar los ajustes: prestaciones por desempleo, funcionarios, IVA…

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó el lunes la resaca de la victoria de la Eurocopa para anunciar que era el momento de "pisar el acelerador" de los ajustes, aunque como es habitual no concretó. La CEOE ya le apunta la dirección en la que debe ir y, apelando a los criterios de Bruselas, instan a subir el IVA, a reducir las prestaciones por desempleo, y a "poner sobre la mesa" la posibilidad de prescindir de funcionarios o reducir sus sueldos
El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha señalado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que tomar medidas “complicadas” y “difíciles” porque “no le queda otra opción” que cumplir con los objetivos de déficit acordados con Bruselas.
Los funcionarios en el punto de mira…
Durante la presentación del informe “Libertad económica en el mundo” patrocinado por el diario El Economista, Rosell ha indicado que España no puede seguir por la vía del endeudamiento, que le llevaría “al abismo”, y ha subrayado que otros países como Italia ya han planteado la rebaja del sueldo de los funcionarios e incluso la reducción de su número. El Gobierno español se ha comprometido a cumplir este año un objetivo de déficit del 5,3 % del PIB tras cerrar el ejercicio de 2011 en el 8,9%, aunque la oposición insta a flexibilizar los plazos de los ajustes para no seguir alimentando la caída del PIB.
… y la “cuantía” y “duración” de las prestaciones por desempleo
Según Rosell, la economía española no puede soportar más años con un déficit de dos cifras, por lo que hay que tomar medidas duras “aunque haya que cortar algo que parece imposible de cortar y que no se ha cortado nunca”. Sobre las prestaciones por desempleo ha asegurado que estas deben ligarse “obligatoriamente” a la formación y ha pedido que se analice la cuantía y la duración de las prestaciones tomando como referencia lo que están haciendo otros países europeos, aludiendo a su reducción.
Apoyo a la subida del IVA
En cuanto a una posible subida del IVA, ha afirmado que la organización que preside “cree en lo que dice Europa” -donde instan a incrementar el impuesto con rapidez-. Ha recordado asimismo que entre las recomendaciones que llegan desde Bruselas también se encuentra la rebaja de las cotizaciones sociales, que podría compensar el incremento de este impuesto directo. “Ojalá sea así, pero también sabemos que los números hay que cuadrarlos”, ha dicho al respecto. También ha resaltado que en España las personas físicas y jurídicas no pagan lo mismo, algo que, a su juicio, habrá que cambiar en el futuro para que personas físicas y jurídicas sean “prácticamente lo mismo”, una de las tendencias en la Unión Europea, según ha asegurado.
Caída de la recaudación del impuesto de sociedades
Rosell ha calculado que más del 60 % de las empresas con trabajadores, que en total son aproximadamente 1.200.000, tendrán pérdidas este año, por lo que la recaudación del impuesto de sociedades rondará los 15.000 millones de euros, un tercio de lo recaudado en 2007, ha indicado. Durante su discurso, ha insistido en varias ocasiones en que la legislación española es excesiva, “no se conoce y no se cumple”, algo que perjudica a la economía, ya que “España es un auténtico galimatías legal”.

Cada día vamos a mas

 Asamblea de Estudiantes en la ULL
La semilla del Cabildo de la Palma
 La del Ayuntamiento de la Laguna
Personal No docente de la ULL

Y NI SIQUIERA HEMOS PUESTO IMÁGENES DE LAS MÚLTIPLES CONCENTRACIONES EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA...

Por eso decimos que
NO SÓLO SOMOS MÁS,
SINO QUE SOMOS MUCHOS MÁS
Y SU GRAN PROBLEMA ES
QUE CADA DIA VAMOS A MÁS.
ASÍ QUE CUIDADO CON LOS QUE TE VENGAN CON MENSAJES DERROTISTAS, PIENSA QUE ELLOS TAMBIÉN TIENEN SU ESTRATEGIA Y SUS COLABORADORES Y QUE NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE.