Quieren acabar con todo y a por los Emplead@s Public@s

El Gobierno quiere acabar de una vez por todas con las dudas que vuelven a suscitarse sobre la salud de la economía española. El nuevo repunte de la prima de riesgo y el acercamiento del interés de bono español a diez años a niveles de alarma (7%) ha urgido al Ejecutivo a preparar un nuevo programa de choque para lo que queda de año y, sobre todo, para 2013. El objetivo de los dos ajustes es conseguir 40.000 millones de euros, de los que 30.000 millones serían imputados a los Presupuestos Generales del próximo ejercicio 2013, cuyas líneas maestras se conocerán en el último Consejo de Ministros de este mes.

El Gobierno está trabajando sobre los gastos fundamentalmente, sabedor de que la subida del IVA en 2 puntos apenas le reportaría 5.000 millones de euros si el consumo no disminuyera. El recorte del tiempo máximo de las prestaciones por desempleo de dos a un año, en algunos casos, la congelación de las pensiones y la extensión a toda la vida laboral del cómputo de lo que cobraría cada jubilado se presentan como las alternativas más viables para poder alcanzar el objetivo propuesto.

¿Ajuste duro o suave?

Los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y Economía y Competitividad tienen que consensuar qué medidas se pueden y deben llevar a cabo. Luis de Guindos es más partidario de los ajustes duros por considerar que es la única forma de convencer a los mercados de que España alcanzará los objetivos de consolidación fiscal previstos en el Plan de Estabilidad. Montoro prefiere extender los sacrificios durante más años.

Pensiones y prestaciones de desempleo son las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado para este año, por lo que parecen los únicos sitios donde el Gobierno puede meter la tijera. Según las cuentas públicas para este año, el 46,3% del gasto total del Estado se dedica a pagar a los casi nueve millones de pensionistas y a los cerca de 2,9 millones de desempleados que tienen derecho a prestación.

Según los PGE-2012, el gasto presupuestado para el presente ejercicio en política de pensiones asciende a 115.826 millones de euros, un 3,2% más que en el ejercicio precedente.

En enero del año pasado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó una reforma del sistema de pensiones públicas que elevará la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años y el computo de éstos para percibirla desde los 15 años hasta los 25, a razón de un año por ejercicio, por el que las personas que se jubilen en 2023 percibirán la parte correspondiente a los cotizado durante los últimos 25 años de su vida laboral.

El Gobierno, tal y como han sugerido diversos organismos internacionales e instituciones españolas, baraja la posibilidad de extender el cómputo a toda la vida laboral de los trabajadores.

Desempleo y funcionarios

En el caso de las prestaciones por desempleo, el Gobierno tiene presupuestado un gasto de 28.805 millones de euros para este año, similar al capítulo de la deuda. En la actualidad, el plazo máximo de percepción del desempleo es de dos años y la prestación media, de 919 euros mensuales. La idea del Gobierno es reducir el tiempo máximo de permanencia a año y medio o un año con el fin de incentivar la búsqueda de empleo y aliviar la carga de las arcas públicas.

El Gobierno estudia también para reducir el gasto la retirada de una de las dos pagas extras a los funcionarios públicos el próximo año y realizar un ERE para los contratados laborales.