La amnistía fiscal no gusta a los evasores: preferían algo más discreto aunque fuera menos favorable
A la vuelta del verano, las bancas privadas comenzaron a decir veladamente que se estaba preparando el terreno para facilitar la repatriación de capitales, ya fuera con un mecanismo que facilitara este proceso o incluso no faltó quien hablara de amnistía fiscal a las claras. Todo eso, por supuesto, descontando que el PP ganaba las elecciones, como ocurrió.
Por un lado, los países como España estaban sufriendo la crisis de deuda y el estancamiento económico. Tenían ya serios problemas para financiarse. Por otro, los evasores comenzaban a necesitar de manera urgente el dinero porque la recesión les afectaba. Gran parte, por no decir la totalidad, de las fortunas de los años recientes se generaron o crecieron en torno al ladrillo y eso terminó drásticamente. Se calcula que hay, al menos, entre 40.000 y 50.000 millones de euros evadidos.
Mientras tanto, países como Suiza o Andorra se han salido de la lista negra de la OCDE y parecen dispuestos a colaborar con las agencias tributarias, aunque esto siempre se dice en voz alta pero luego la realidad es bastante distinta.
Un hecho incuestionable, sin embargo, era que los bancos suizos y andorranos que quedaban por llegar a España lo han hecho en los últimos tiempos, adquiriendo firmas en España o abriendo oficinas. ¿Oficinas de banca privada en estos tiempos? No lo hacían para captar clientes, sino para gestionar el dinero de vuelta a su país de origen.
Con la presentación a principios de año del plan antifraude, desde el Ejecutivo se empezó a filtrar que iba a haber facilidades para la “regularización voluntaria” con el fisco. Eso sí, “en ningún caso se tratará de una amnistía fiscal”, decían una y otra vez desde el Gobierno. Eso tendría muy mala imagen y sería mal visto que lo llevara a cabo un gabinete de derechas.
Pero los ingresos son los que son y ha sido en las últimas horas cuando Montoro ha tomado una medida que, como él mismo reconoce, no le gusta y es un sapo a tragar: una amnistía fiscal en toda regla. A ningún ministro de impuestos le gusta perdonarlos pero se ha impuesto la ley del “mejor uno que ninguno”.
Así, los capitales repatriados deberán abonar una tasa de gravamen especial del 10% y a otra cosa. Ni sanción, ni retención. Una invitación con la puerta totalmente abierta, que debería facilitar un aluvión de dinero de vuelta. O quizá no.
¿Compensa?
La cuestión es que había mucho dinero esperando a volver de manera voluntaria a partir del segundo semestre. ¿Por qué? Porque los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Justo después de la segunda mitad de 2007, los mercados se desplomaron por lo que la gente que se pusiera al día por iniciativa propia no tendrían que tributar por plusvalías, ya que prácticamente todo el mundo sufre pérdidas desde ese periodo.
“Tenemos regularizaciones calculadas que prácticamente ofrecen un saldo de cero”, comentaban ayer en un banco privado, no demasiado entusiasmados con la novedad del Consejo de Minisitros. Desde un despacho de abogados especializado en fiscalidad señalaban que “hay que leer la letra pequeña del real decreto ley y sobre todo ver dónde puede haber alguna trampa, pero a mucha gente no le conviene acogerse a ella”.
La tasa del 10% puede ser superior a lo que abonarían muchos inversores con un esquema normal, de abono de impuestos más los recargos pertinentes. Eso sí, saben que, haciéndolo ahora, la Agencia Tributaria no les podría discutir si han computado tal cosa o tal otra de manera adecuada. Ahora, con aplicar un recorte del 10% al principal, a otra cosa.
Aunque eso de “a otra cosa” no se puede decir muy alto. Las amnistías fiscales las carga el diablo. Los inversores valorarán sin duda el riesgo de que dentro de un tiempo aparezca algún juez con ganas de notoriedad que quiera hurgar en el asunto. Ocurrió a principios de los 90, con los pagarés del Tesoro nominativos. Un par de bancos crearon fondos de inversión con esos instrumentos y se encontraron con que una jueza de Barcelona entraba en la entidad con una docena de policías para hacerse con la lista de titulares de esos fondos.
Se trataban de productos emitidos por el Gobierno precisamente para hacer aflorar dinero negro, con la promesa de que no habría penalización, más allá de la obligada permanencia en el pagaré hasta su vencimiento, pero en cuanto se deja rastro, aparece el riesgo.
Ponerse a buenas con Hacienda es algo que tiene un elemento de riesgo. Siembra la duda inmediata de “¿y si tiene más?” La pregunta definitiva, sin embargo, la tiene que contestar la sociedad: ¿está de acuerdo en perdonar impuestos a los evasores a cambio de que traigan el dinero de vuelta y lo pongan a circular en la economía?
Por su lado, tanto los bancos de alto standing como los evasores tampoco sonríen con esta medida. Preferían un sistema de regularización voluntaria mejorado y más discreto, que permitiera a estos capitales volver apoyados en que sus minusvalías les exoneraban en gran medida del pago de impuestos. Y la sociedad ni se enteraría
