Las Administraciones, abocadas a recortar entre sus 700.000 empleados laborales
Desde el comienzo de la crisis, el número de parados se ha disparado
hasta los 5,27 millones de personas. Sin embargo, había un colectivo que
se encontraba siempre a salvo de los despidos: los funcionarios. Análisis: ¿Sobran 900.000 funcionarios? Llega el turno de los ajustes de los ministerios.
Esta
situación cambió para los empleados públicos con la reforma laboral
presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy: en su Disposición Adicional
Segunda incluye, por primera vez en España, la posibilidad de que se
despida a personal laboral del sector público por causas económicas.
"Nadie podía pensar hace dos años que se podría despedir a funcionarios", lamenta Miguel Borra,
presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F). Ahora, en cambio, las 700.000 personas que integran el
colectivo de personal laboral ven amenazado su puesto de trabajo. Y no
es sólo el enunciado de la reforma laboral, sino que los gestos que
reciben desde el Gobierno y la Administración en general no ayudan a
tranquilizar la situación.
Comunidades y ayuntamientos están obligados a recortar gastos de
forma dramática y la reducción de plantillas se vislumbra como la única
medida verdaderamente efectiva. Algo hasta ahora impensable. Un claro
ejemplo de este cambio de paradigma lo dió hace poco el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aumentó las inquietudes de los
funcionarios, al asegurar en una conferencia que los empleados públicos
"también deben ganarse el puesto" de trabajo.
Desde los sindicatos ven esto "inadmisible", ya que el personal
laboral, en muchos casos, ha superado las mismas pruebas que los
funcionarios de carrera. "Queremos que el personal laboral que haya
conseguido su plaza a través de un concurso público no pueda verse
afectado por un ERE", defiende Borra. "Ese personal laboral tiene que estar al margen de los ERE", exige el líder sindical, petición que también ha trasladado al Gobierno.
De momento, los funcionarios aún no se han movilizado, debido a que
quieren apurar las negociaciones con el Gobierno mientras la reforma aún
se encuentre en trámite parlamentario. De hecho, los sindicatos de
funcionarios no secundaron la huelga general convocada para el pasado
jueves 29 de marzo.
En negociaciones
Para ello, desde
los sindicatos se han puesto en contacto con distintos partidos del
Congreso para hacerles llegar los temores de los funcionarios. En
concreto, en sus encuentros con los representantes políticos les
solicitan que presionen para evitar que se puedan hacer ERE a los
funcionarios.
La preocupación del personal laboral se extiende también a los
funcionarios de carrera. Una vez abierta la posibilidad de que la
Administración despida a trabajadores públicos, no saben dónde puede
estar el límite en el futuro. "Una vez abierta la caja de Pandora, a ver
quién la cierra", sentencian en CSI-F.
Demasiados funcionarios
Desde
el Ejecutivo la perspectiva es diferente, sobre todo en lo referente a
comunidades autónomas y ayuntamientos. A principios del mes de marzo, el
secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,
advirtió que el empleo público debería recortarse para alcanzar los
objetivos de déficit del 5,3%. Beteta justificó su advertencia señalando
que la contratación de la Administración Pública se había disparado
entre 2001 y 2011, hasta crecer en unas 440.000 personas.
Sin embargo, el secretario de Estado culpó principalmente a las comunidades autónomas y a los entes locales,
ya que desde la Administración General del Estado sí que han hecho
parte de los deberes, al reducir este tipo de contratos un 22% (163.880
personas). Por el contrario, las comunidades aumentaron el número de
empleados públicos un 44% (409.569 personas), y los ayuntamientos un 39%
(181.031 trabajadores).
Por ello, Beteta advirtió que "esta circunstancia ni puede ni debe
seguir así", y recordó que el Estado reduciendo empresas y empleados
públicos, e instó a las autonomías a que hagan lo propio, un consejo que
podría significar algo más en las 14 regiones en las que gobierna el
PP. El Ejecutivo también critica al Gobierno de Zapatero, al asegurar
que en 2010 y 2011 incumplió los recortes de personal comprometidos, así
como la reducción de empresas públicas.
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