jueves, 27 de enero de 2011

Las administraciones deberán reservar un 7% de sus plazas a personas discapacitadas

El cupo de interinos y reservas pasa del 3 al 7%
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, en Consejo de Gobierno, el Proyecto de Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACN Press / Santa Cruz de Tenerife
El objetivo de este cuerpo normativo es promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos.
Entre las novedades más significativas de este Proyecto, presentado por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, hay que destacar el aumento en el porcentaje de la reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas, que pasa del 5 por ciento actual al 7, en relación al número total de plazas anuales ofertadas.
De éste último porcentaje, se reserva un mínimo del 5 por ciento para cubrir por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica que no tenga su origen en un retraso mental, y una reserva máxima del 2 por ciento para cubrir por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, convocándose para ello pruebas separadas con bases diferenciadas.
En el caso de listas de reserva y personal interino o laboral temporal, el cupo de reserva pasa del 3 al 5 por ciento.
El Proyecto de Decreto establece, además, que el acceso a estos puestos por parte de personas con discapacidad se somete a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas, al tiempo que advierte que las especiales condiciones de accesibilidad no podrán modificar los requisitos de titulación exigidos por la Ley.
El ejecutivo destaca también que se prevén expresamente adaptaciones a las pruebas y los puestos de trabajo asignados, por lo que, en el caso de los discapacitados intelectuales se permite la asistencia de una persona de tutoría o apoyo que facilite su adaptación al puesto de trabajo que le haya correspondido.
Otro de los cambios más significativos en relación al anterior Decreto, es que el nuevo texto apuesta por promover la participación de personas con discapacidad como miembros de Los Tribunales y Órganos de selección de convocatorias con turno para personas con discapacidad y, en el caso de empleo temporal, todos los aspirantes (también los discapacitados), con independencia del turno por el que hayan participado, serán integrados en una única lista de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral temporal. En caso de empate, se dará preferencia al aspirante discapacitado.
Se prevén además acciones específicas de formación, tanto para facilitar la integración de la persona discapacitada en el puesto de trabajo adjudicado, como para facilitar su posterior promoción profesional. Para ello, se desarrollarán políticas activas que facilitarán el acceso al empleo público de estas personas, estableciéndose igualmente su preferencia para la admisión en cursos del Plan General de Formación.
Por último, cabe destacar también la creación de la Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral de las personas con discapacidad, adscrita a la Viceconsejería de Administración Pública, cuya labor será la de velar por el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el texto. Este proyecto de Decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias

martes, 25 de enero de 2011

Informa SEPCA 26-01-2011

En el Boletín Oficial de Canarias de fecha 25 de enero de 2011, se publica una modificación parcial del Acuerdo para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración de la Comunidad Autónoma. La citada modificación afecta al horario de apertura y cierre de los edificios administrativos.
Como recordarán, en el Acuerdo inicial, se establecía que los edificios administrativos se abrirían a las 7,30 horas y se cerrarían a las 16,00, excepto en los meses de verano que se cerrarían a las 15,00. Se obligaba entonces a que los funcionarios con jornada especial debían prorratearla a lo largo de los cinco días de la semana, lo que dejaba escaso margen para compensación de posible déficit horario y, por tanto, quitaba toda razón de ser a lo que se había llamado horario flexible.
Tras las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales, ya que estas medidas atentaban además contra el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, el Gobierno ha comprendido la legitimidad de la protesta y ha modificado los horarios antedichos.
Según se establece en la modificación publicada, los edificios administrativos se abrirán a las 7,30 horas y se cerrarán a las 17,00 horas, salvo en los meses de verano en los que el horario de cierre será a las 16,00 horas. Habrá que seguir prorrateando la jornada especial a lo largo de la semana, pero con esta modificación ya hay más margen para, además, hacer efectivo el horario flexible al que tenemos derecho

Un mal día lo tiene cualquiera

A SORIA LE CRUJEN LAS CUADERNAS POR TODAS PARTES

Portada del informe jurídico gallego.
Qué poco dura la alegría en casa del amargado. José Manuel Soria acababa de llegar este lunes de darse un chute de euforia y de triunfo del cónclave del PP en Sevilla cuando se topó de bruces con la dura realidad, con su dura realidad canaria: la del presidente de un partido que tampoco esta vez va a ganar las elecciones autonómicas, aún con un enorme tsunami a su favor. Su liderazgo político continúa fuertemente marcado por un temperamento incompatible con la democracia, y sus actos, presididos por una soberbia sin límites, le conducen permanentemente al más grotesco de los ridículos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicaba este martes urbi et orbi que procedía al archivo de la última pendejada del presidente del PP canario, consistente en denunciar a la asociación Jueces para la Democracia y al director de CANARIAS AHORA, acta notarial en mano, por considerar al segundo autor de un comunicado de los primeros. Hasta mucho tardó el alto tribunal canario en dar carpetazo a una denuncia que desde el primer momento apestaba a uso perverso y pervertido del ordenamiento jurídico con el único objeto de hacer un ruido dañino que perjudicara a los jueces a los que Soria quiere descalificar profesional y socialmente. Y de paso, mezclar a este periódico en su psicótica manía de la conspiranoica.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13838/

Una mala estrategia con malos resultados

POR SI ALGUIEN NO LE TENÍA COGIDA LA MATRÍCULA

La estrategia de Soria de desgastar la imagen de los jueces que puedan no tener miedo a investigarlo a él o a su partido es tan evidente como retorcida. Consiste en lanzar infundios a sabiendas de que lo son, quedándose simplemente en la queja orgánica y administrativa, en la insinuación de un comportamiento pretendidamente más grave, pero siempre plantándose en el límite mismo del delito para no volver a comprometer a los magistrados o fiscales del TSJC que le archivaron sus andanzas en el salmón, en las mentiras eólicas y en el chalet de la familia Esquivel. Sabe que ya le tienen cogida la matrícula de sobra, que miente como un poseso y que utiliza los mecanismos de la justicia y del Poder Judicial exclusivamente para fines espurios. Pero en primera instancia alcanza los objetivos pretendidos: que la tinta de calamar que lanza lo enturbie todo, que determinados estamentos de la sociedad y del Foro se asombren ante lo que denuncia con tanta solemnidad y aparato mediático. Para, llegado el momento, poder recusar a los jueces que él mismo atacó infundadamente alegando para entonces que existe una manifiesta enemistad que los contaminaría para investigarle o juzgarle. Porque sabe perfectamente que más pronto que tarde la Justicia terminará dando buena cuenta de toda una sucesión de comportamientos indecentes que ha protagonizado este que ahora quiere ser ministro con Rajoy. Y tenemos una prueba documental que nos avala por completo: el dictamen jurídico en el que se basó para denunciar a la juez Victoria Rosell.

Un dictamen muy gallego

ESTÁ FECHADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y LE RECOMIENTA IR CONTRA DOS JUECES

Efectivamente, José Manuel Soria maneja desde el 9 de septiembre de 2009 un extensísimo dictamen jurídico de 103 folios que fue encabezado con este título tan perspicaz: "Informe jurídico sobre la nota suscrita por los jueces don Miguel Ángel Parramón y doña Victoria Rosell Aguilar y publicada el día 6 de agosto de 2009 en el periódico La Provincia en unión de otros letrados más, conteniéndose una crítica muy dura de la Administración de Justicia en Canarias en relación en especial con el famoso "caso salmón". Aunque gallego el autor, comprobamos en el frontispicio del informe que no escatimó el hombre en descripciones para orientar al lector hacia el resultado final del folio 103, cifra que se corresponde (fitetú qué cosas) con la cantidad de dinero que Soria estuvo a punto de soltarle a Bittini en Tebeto por una metedura de pata de su hermano Luis. Ni que decir tiene que el dictamen de tan insigne letrado concluye que era necesario interponer ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra esos dos magistrados tan atrevidos por la comisión de "dos faltas graves", pero la noticia está en las recomendaciones que el firmante, cuya identidad de momento vamos a soslayar, hace al destinatario de sus desvelos profesionales
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13840/

Desde entonces sabía que prescribían

EL ILUSTRE LETRADO SE LO RECUERDA A SORIA

Las conclusiones del dictamen gallego del que hoy les avanzamos algunos retazos no tienen desperdicio alguno. Porque hay referencias a las circunstancias personales de los dos magistrados para los que se recomienda la queja ante el órgano de gobierno de los jueces, pero también se advierte al destinatario del informe, José Manuel Soria, que debe andar espabilado con los plazos: "Téngase muy en cuenta lo atinente a la prescripción de las faltas cometidas por los jueces y magistrados, ya que en tal sentido es necesario recordar (...) que las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves en el plazo previsto para la prescripción de las faltas". Teniendo en cuenta que el informe lo tiene Soria en su poder desde septiembre de 2009, un mes después del famoso comunicado de La Justicia en crisis, cabe concluir que el presidente del PP canario sabía perfectamente en diciembre de 2010 que la queja que presentaba con fanfarria, Trillo y Cospedal (y no necesariamente por ese orden) se refería a unas infracciones "graves" ya prescritas desde agosto del año pasado. Entonces, ¿por qué la presentó a sabiendas de que, en el mejor de los casos, va a archivarse por prescripción? Sólo interesaba el ruido mediático, la revoltura, la infamia.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13841/

Abonando el terreno para la recusación

EL GALLEGO NO SE CORTÓ UN PELO

La perversión del autor del dictamen jurídico sobre el comportamiento de dos jueces sólo es equiparable a la del cliente para el que fue confeccionado. Porque son recurrentes las menciones a la posibilidad de que "en su día" pudiera recusarse a los dos magistrados: "Cabría la recusación de cualquiera de los jueces denunciados si fuesen condenados incluso por una falta leve y entendieran de cualquier cuestión civil, penal o contencioso-administrativa en que sea parte cualquiera de los que fueron, en su día, denunciantes ante el Consejo General del Poder Judicial". Es decir, que la mera presentación de la queja ante el CGPJ, sea cual sea la resolución de ese órgano, bastaría, a juicio del letrado gallego, para poder recusar a la juez Victoria Rosell ante cualquier causa en la que tuvieran que ver José Manuel Soria y "el Partido Popular de España", que son los que aparecen firmando la queja que finalmente sólo se interpuso contra la titular de Instrucción 8 poco después de que empezase a investigar comportamientos relacionados con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias durante la etapa en la que estaba a cargo de ese mismo partido. Como las casualidades no son posibles estando Soria por medio, ya pueden ustedes ir llegando a las conclusiones más elocuentes.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13842/

La prueba de los párrafos calcados

SORIA REPRODUCE ANTE EL PODER JUDICIAL UN ARGUMENTO QUE LE OFRECE EL GALLEGO

José Manuel Soria (o quien le redactara la queja que interpuso ante el Poder Judicial) tuvo muy en cuenta algunos de los consejos formulados en septiembre de 2009 por el ilustre gallego, canario de adopción, que le elevó tan prolijo dictamen a un coste que terminaremos por conocer. Se saltó las advertencias a los plazos de prescripción, como hemos visto, pero sí tuvo especial mimo a la hora de plasmar pasajes completos de este informe, especialmente los que recogían los apasionados artículos de Lorenzo Olarte y de Eligio Hernández sobre "los jueces estrella", o las circunstancias personales de los magistrados analizados. Y, como no podía ser de otro modo, aparece el director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, como "conocido periodista, famoso por su implacable campaña de descrédito de don José Manuel Soria, singularmente en el medio de comunicación digital CANARIAS AHORA, de gran lectura, del que es máximo responsable por lo cual ha habido diversos procedimientos penales seguidos recíprocamente entre ambos". Cierto es que esos mismos ataques mediáticos los atribuye el letrado asesor al periódico La Provincia, desde donde "se ha seguido desde hace años ininterrumpidamente una campaña de descrédito contra José Manuel Soria que últimamente ha arreciado con motivo del llamado caso salmón, campaña que sin la menor duda, es la que jamás se ha seguido en estas islas, y probablemente en España, contra un político". El gallego data este informe en Madrid, pero ya sabemos que lo hizo para despistar, porque tanto conocimiento de la idiosincrasia, de los prestigiosos juristas articulistas y el peloteo a Soria lo delatan desde el ensortijado encabezamiento.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13843/

Ahora, a esperar por el amigo Ruano

SORIA TAMBIÉN SE PERSONÓ EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Como les decíamos al principio, el TSJC ni se ha molestado en abrir diligencias para investigar la denuncia de José Manuel Soria por la majadería de que el periodista Carlos Sosa redacta los comunicados de Jueces para la Democracia (JpD). Bastó al alto tribunal consultar con los directivos de esa asociación judicial para dar carpetazo a esta nueva pendejada del presidente del PP. Una pendejada que tuvo también su secuela en la mascarada que montó el mismo personaje ante la Consejería de Presidencia y Justicia, a la que instó a que investigara si desde un ordenador instalado en los juzgados, alguien llamado Carlos (Sosa Báez, a mayor abundamiento) había escrito un comunicado de JpD. Suponemos que ante la contundencia del archivo promovido por el TSJC y la evidencia de que Soria es un acreditado mentiroso compulsivo, José Miguel Ruano y esos fabulosos servicios jurídicos que tiene a su cargo (los mismos que patinaron estrepitosamente ante la declaración de interés general del partido de fútbol del domingo) hagan lo propio y se pongan a trabajar en cosas serias. Que ya está bien de hacerle el juego a las machangadas de Soria, muy celebradas permanentemente por el consejero Ruano.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13844/

Anticorrupción investiga si hubo cohecho en el concurso de hemodiálisis


MADRID ASUME LAS PESQUISAS POR LA PRESENCIA DE LA ESPOSA DEL FISCAL JEFE PROVINCIAL
 Los denunciantes señalan en el centro de la trama al empresario Javier Artiles, ex asesor de Roldós.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde Madrid hasta cinco presuntos delitos cometidos en la Consejería de Sanidad durante la etapa de Mercedes Roldós (PP), en la adjudicación provisional a la mercantil Lifeblood del concurso del servicio de hemodiálisis para los hospitales Doctor Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote.
Admitida a trámite la denuncia presentada en diciembre pasado, en la misma se detallan la mayoría de hechos conocidos del caso y se considera que podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de cohecho, revelación de información reservada, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Anticorrupción ha decidido que las pesquisas las asuma un fiscal de Madrid para evitar contaminaciones desde Gran Canaria, como interesaba en la denuncia los firmantes dada la relación de una de las personas implicadas, Lourdes Quesada, secretaria general del Servicio Canario de Salud y esposa del Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.
Además de a Lourdes Quesada, el escrito a la Fiscalía Anticorrupción señala al abogado y empresario Francisco Javier Artiles Camacho -ex asesor de Mercedes Roldós y presunto socio de Lifeblood-, al empresario Francisco Javier Jorcano -administrador único de Lifeblood, relacionado con el caso Canódromo-, a la jefa del Servicio de Nefrología, Leocadia Palop y al empresario, consejero de La Caja y destacado militante del PP, Mario Romero Mur, como las personas presuntamente implicadas en la trama.
La información aportada a la Fiscalía centra el caso en la modificación del borrador de las bases administrativas del concurso suprimiendo la exigencia de experiencia y reduciendo al máximo la de solvencia económica y la existencia de un borrador previo eleborado por técnicos que presuntamente modifica la secretaria general técnica de la Consejería.
Además, se detalla la mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica -10 puntos sobre 100-, un "porcentaje inusual que hace que gane la oferta que pujaba por el precio total de la licitación", y el hecho de que existiera una valoración esencial a favor de Lifeblood de la propuesta de apertura de un tercer centro de hemodiálisis en las cercanías del Hospital Doctor Negrín, que sin embargo no aparecía en las bases del concurso.
Esta presunta información privilegiada a favor de Lifeblood se une también en el escrito a la Fiscalía al hecho de otorgarse una máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos -49 en el primer caso y 51 en el segundo- y entienden los denunciantes que si hubiese sido al revés, la ley obligaba a la convocatoria de un Comité de Expertos con tres miembros ajenos a la Consejería y a la Mesa de Contratación para realizar un informe motivando las decisiones a tomar, por ser criterios sujetos a juicios de valor y mucho más proclives a la arbitrariedad.
La denuncia centra la trama en la presencia en la misma del abogado Javier Artiles, asesor jurídico de una empresa pública vinculada a la Consejería de Sanidad, al negociar presuntamente Artiles todo en nombre de Lifeblood, tanto en su relación a la hora de negociar con La Caja, a través de su concuño Mario Romero Mur, el aval necesario para la adjudicación definitiva del concurso, como su relación con el gerente de Inprocansa, Francisco Javier Jorcano, a la sazón administrador único de Lifeblood, que enlaza directamente con el caso Canódromo.

María del Mar Julios, pidió este martes a UGT y CCOO "un esfuerzo de austeridad"


En todo caso, recordó que "el Gobierno canario está haciendo un tremendo esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y los servicios públicos esenciales"

Julios respondió, así, ante las declaraciones de los secretarios generales de UGT y CCOO en Canarias, Gustavo Santa y Juan Jesús Arteaga, respectivamente, que han instado al Gobierno central para interponer un conflicto de competencias porque consideran que la Ley de Presupuestos de Canarias de 2011 "atenta" contra derechos sindicales. En todo caso, recordó que "el Gobierno canario está haciendo un tremendo esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y los servicios públicos esenciales", al tiempo que cree que "en este momento todos los ciudadanos piden de los responsables políticos, empresariales y sindicales un esfuerzo de austeridad y de corresponsabilidad".

Según Julios, "los liberados sindicales son la mayoría del sector del servicio público y tienen que estar siendo sustituidos por otras personas para poder dar esa prestación". De ahí que remarcó que la administración está "haciendo un planteamiento de mantener los derechos sindicales y a su vez mantener la política de austeridad que como Gobierno tiene la obligación de mantener, precisamente para poder mantener los puestos de trabajo y los servicios públicos". Así pues, invitó a los sindicatos a estar "codo con codo defendiendo los servicios públicos", que en otras comunidades autónomas están sufriendo "recortes que han generado pérdida de puestos de trabajo", una situación que espera que "no ocurra en Canarias".
Publicado en http://tribunadecanarias.es/Article21472.phtml

lunes, 24 de enero de 2011

Murcia entra en erupción

Los recortes a funcionarios provocan manifestaciones nunca vistas en la región. Una economía basada en el ladrillo se ha desplomado: del pleno empleo en 2008 al 24% de paro en tiempo récord. Valcárcel contraataca con una fórmula milagrosa: viene la Paramount
Funcionarios murcianos se manifiestan por las
calles del centro de la capital, el pasado día 12,
en protesta por los recortes. A la protesta se unieron
todos los sindicatos de la región.- PEDRO VALEROS

Nada hacía presagiar el 22 de diciembre pasado que Murcia iba a estallar en conflicto. Mucho menos en medio de las navidades. Era el día de la lotería de Navidad. No había caído en la región, pero esa noche el presidente Ramón Valcárcel debía recoger en la Cámara de Comercio de la capital el premio al político del año concedido por la cadena SER. Era uno más de tantos reconocimientos para quien se vanagloriaba de ser un plusmarquista de la política nacional a fuerza de superar, elección tras elección, sus resultados electorales. Valcárcel había gobernado Murcia bajo una paz social que duraba 15 años a fuerza de firmar numerosos acuerdos con los sindicatos. Pero aquella noche, a las afueras de la Cámara de Comercio, cientos de personas se manifestaron espontáneamente con la intención de aguarle la fiesta. Era la primera vez que sucedía algo así.
No fue un episodio aislado. Cinco manifestaciones se sucedieron desde entonces, una tras otra, cada vez más numerosas, hasta llegar a alcanzar las 40.000 personas. Hubo manifestantes que llegaron a lanzar huevos a la fachada del edificio donde reside Valcárcel, hubo zarandeos con algún consejero y altos cargos en otros puntos de la ciudad. Portavoces de los sindicatos reconocen haberse visto sorprendidos por la magnitud del movimiento durante estas semanas, máxime teniendo en cuenta que los protagonistas eran funcionarios autonómicos, el colectivo más favorecido por la paz social de Valcárcel. Casi cada día, se registran asambleas o pequeños actos de protesta en hospitales y colegios de la región. Detrás de esta tensión que afecta a los funcionarios hay un paquete de medidas aprobado sin discusión en el parlamento regional que afecta a sus salarios y derechos laborales, pero también una realidad económica muy severa. La burbuja murciana ha estallado. Y lo ha hecho con más virulencia que en otras partes del país. Como dice un sindicalista: "A más ladrillo, más crisis". Y Murcia era el paradigma del ladrillo. Eso es lo que ha pasado.
La economía murciana se ha desplomado. Los récords electorales de Valcárcel han ido paralelos a los datos de crecimiento económico de la región, que se acercó a una situación de pleno empleo técnico en el año 2008, una realidad muy diferente del 23,6% de paro con el que Valcárcel había comenzado su mandato allá por 1996. Murcia ha crecido más que ninguna otra región de España a una media del 3,9% entre 2000 y 2005. Ha sido una locomotora cuyo motor estaba impulsado por un crecimiento exponencial de la actividad inmobiliaria: 300 convenios urbanísticos se han firmado en Murcia en los años dorados, con una previsión de viviendas para 800.000 personas. Murcia aspiraba a ser la Florida europea, siguiendo el guión marcado por la empresa que mejor simbolizaba este impulso, Polaris World: viviendas con campo de golf bajo el sol del Mediterráneo. Y el agua, tan escasa siempre, no iba a ser un problema.
Con este horizonte de ensueño, Valcárcel firmó el 24 de julio de 2006 con la patronal y los sindicatos un plan estratégico denominado Horizonte 2007-2013, cuyo preámbulo anunciaba textualmente que "los cambios que va a experimentar la Región de Murcia durante los próximos años -digamos que durante los próximos veinte- previsiblemente van a ser mayores que los que se han vivido durante los últimos ochenta". El plan, redactado en un tono triunfalista, aseguraba que la región contaría "con un modelo de desarrollo económico que proporcionará empleo de calidad para todos; empleo estable y con unas adecuadas remuneraciones; empleo cualificado, que ofrecerá oportunidades de progreso y que facilita a trabajadores y trabajadoras mantener sus cualificaciones actualizadas a lo largo de toda su vida laboral". Una nota de prensa posterior significaba que el Consejo Económico y Social nacional "alabó nuestro plan estratégico, nombrándolo en su memoria anual de 2007 como una de las pocas hojas de ruta de una región en España".
Esa hoja de ruta ya no sirve. El pleno empleo desapareció y la tasa de paro amenaza con superar el 25% (23,95% en el tercer trimestre de 2010). Murcia ha pasado de liderar las alzas a liderar las caídas en el crecimiento del PIB. En números redondos, Murcia ha vivido el trance de contar con 100 nuevos parados cada día. Y su tasa de abandono escolar en el año 2009 (37,3%) superaba con creces la media española (31,2%). En dos años, Murcia se ha convertido en el espejo de la crisis. Y en el paradigma también de las consecuencias de una economía excesivamente dependiente del ladrillo: hay más de 35.000 viviendas sin vender. Según el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, se iniciaron 43.776 viviendas en 2004 y solo 4.931 en 2009. El lado oscuro del urbanismo tiene otra estadística: 23 de los 45 municipios murcianos han sufrido casos de corrupción.
"Es la primera vez que veo que la crisis es grave de verdad", afirma el abogado laboralista Antonio Checa, uno de los más reputados de la región. También de los más experimentados. "Tenga en cuenta que ya sufrí la crisis de 1982, la de los años noventa. Ahora mismo, no veo empresas de verdad. Casi no quedan trabajadores por despedir. No hay alternativas al empleo, lo que mejor ha funcionado ha sido el sector agroalimentario, pero a costa de esperar a que haga frío en Europa para que se puedan exportar más lechugas y hortalizas. La construcción se llevó todo. Apenas quedan cuatro empresas emblemáticas en Murcia". Un conjunto de profesionales desencantados de la izquierda oficial y agrupados en una asociación denominada Foro Ciudadano acaba de editar un libro titulado El otro estado de la región, cuya principal conclusión es la de que el boom económico ha empobrecido la política regional y no ha conseguido hacer despegar a Murcia de la cola del desarrollo humano en España.
El causante de este varapalo es la excesiva exposición al sector inmobiliario. Y en ello coinciden las fuentes consultadas entre sindicatos y empresarios, a excepción de los políticos del Gobierno regional, que no han accedido a ser entrevistados. No es un fenómeno único en España, pero sí relevante, del cual nadie quiere sentirse responsable, por mucho que portavoces sindicales y empresariales manifiesten que lo avisaron en su tiempo. Las patronales y las centrales sindicales firmaron pacto tras pacto con Valcárcel. Hubo convenios con resultados frustrantes. Cuando Repsol se propuso hacer una gran inversión en su planta de Cartagena se citó la cifra mágica de 5.000 nuevos empleos. "Nos encontramos", reconoce un portavoz sindical, "con que como consecuencia del fracaso escolar y la baja calidad del empleo en la construcción, no teníamos jóvenes suficientemente formados para satisfacer esa demanda de empleo". Se improvisaron cursos de formación, auspiciados por el Gobierno. Resultado final: más de 500 trabajadores portugueses fueron contratados para la planta.
"No se diversificó el crecimiento", dice un alto cargo de una organización empresarial. "Ni siquiera se apostó decididamente por una agricultura especializada". De hecho, algunos empresarios agrícolas terminaron cayendo en la tentación de diversificar sus negocios y acudir también al sector inmobiliario, y esas decisiones les están costando ahora el cierre. "El problema", continúa este dirigente, "es que el sector inmobiliario ocupó todos los cauces, tentó al sector político y tomó posesión del poder económico. Si miramos a los presidentes de las tres Cámaras de Comercio que hay en Murcia (Murcia, Cartagena y Lorca) todos proceden del sector de la construcción. Lo mismo sucede en la patronal. De tal manera que no se escucharon otras voces. Esa estructura dificultó que se emprendiera el cambio de modelo productivo. Y así, cuando se ha planteado la posibilidad de invertir en parques tecnológicos, o cuando se habla de otros proyectos como palacios de congresos, observamos cómo el interés de algunos se limita simplemente a la construcción del parque, no a lo que tiene que venir después".
Ese panorama crítico no tuvo su reflejo en las calles. Murcia podía estar en crisis, pero la paz social seguía vigente. De hecho, la convocatoria de huelga general el pasado 29 de septiembre apenas tuvo incidencia en la región. Meses después, el 21 de diciembre pasado, Valcárcel presentó los presupuestos de la región para el año 2011 en plena calma y con los sindicatos en silencio a pesar de anunciar un recorte de 300 millones de euros. Pero ese mismo día, el Partido Popular presentaba en el registro de la Asamblea una proposición de ley de medidas extraordinarias que suponía un nuevo recorte presupuestario que afectaba a determinadas partidas, pero sobre todo a los funcionarios: se les aumentaba su horario de trabajo, se les recortaban las horas extra y se les quitaba de un plumazo el complemento del 25% para bajas por enfermedad, de tal manera que quien causara baja solo percibiría el 75% de su remuneración bruta. Fuera las 35 horas semanales y todos los acuerdos firmados con los sindicatos, a quienes no se les comunicó esta medida, al igual que a los restantes partidos. Valcárcel no estuvo presente en ese pleno. "Se ha tenido que ir en contra de su voluntad", explicó un portavoz, "porque tiene una reunión en Madrid para defender el tomate de la Región de Murcia. Ha intentado cambiar la reunión, pero no se lo ha consentido la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar".
Entonces, saltó la chispa.
El primer aviso llegó al día siguiente, la noche del 22 de diciembre, cuando se le iba a entregar a Valcárcel el premio de la cadena SER. Cientos de funcionarios le esperaban con malas caras. "Nadie sabe muy bien cómo se fraguó aquella respuesta", reconoce José Antonio Pujante, coordinador de Izquierda Unida-Los Verdes en la Región de Murcia. "Hay que tener en cuenta que el funcionariado es un colectivo generalmente bien informado y tiene una capacidad más alta que otros para moverse en redes sociales. Los sindicatos eran ajenos a esta movilización. Todos nos vimos sorprendidos". Tres días después, cuando la proposición de ley iba ser votaba en la asamblea regional, que tiene su sede en Cartagena, se produjo otra movilización. Un portavoz de CC OO reconoce que avisó, vía sms, "a nuestros afiliados, principalmente a los liberados". "Pensábamos", reconoce, "que acudirían no más de 100 personas para hacer algo de ruido". Fue más de un millar.
Así hasta sumar seis manifestaciones en apenas tres semanas, algo nunca visto en Murcia. Con la tensión en aumento, la noche del sábado, Alberto Cruz, el consejero de Cultura, sufrió una agresión cerca de su domicilio que le obligó a ser hospitalizado con un fuerte golpe en el rostro. Aquella agresión provocó una escalada de tensión que afectó a la cúpula del Partido Popular en Madrid. Se relacionó la agresión con las manifestaciones, con los partidos de izquierda, con los antisistema... Valcárcel llegó a manifestar en un canal de televisión que su hija sería "la próxima víctima". Se acusó al Gobierno socialista de no haber garantizado la seguridad de los altos cargos murcianos. La verdad de aquel suceso no se conoce todavía. La investigación policial sigue su curso, un detenido ha salido en libertad, y las últimas hipótesis se centran en el entorno privado del consejero.
El consejero, un hombre controvertido muy dado a organizar grandes eventos, había sido coprotagonista de un proyecto que podía a sacar a Murcia de la crisis. Dado que el plan estratégico parecía haber quedado definitivamente obsoleto, dado que el Gobierno de Murcia solo podía presentar medidas de austeridad, Valcárcel, como otros gobernantes en otros tiempos, no se resistió a la tentación de sacar de la chistera una solución milagrosa que sacara a Murcia de la crisis económica.
En el mes de febrero hizo un viaje a Dubai acompañado de Alberto Cruz. Y a su regreso ambos anunciaron que se había alcanzado un acuerdo según el cual la Paramount instalaría un parque y unos estudios cinematográficos en Murcia. Cruz ejerció de maestro de ceremonias del producto y no se cortó un pelo. "Este acuerdo permitirá", dijo, "que Murcia salga de golpe de la crisis económica, casi como un avance de 15 años en el crecimiento económico nacional". "Habrá películas", insistió Cruz, "que se rodarán íntegramente en estos estudios y cuyo estreno tendrá lugar en Murcia". Cruz apuntó algún detalle más de lo que estaba por venir: "Habrá una recreación del hundimiento del Titanic". Para reforzar este anuncio en medio del hundimiento de Murcia, no se ahorró cifras: tres millones de turistas, 20.000 puestos de trabajo directos. Cruz se daba un plazo de un año para firmar los contratos.
El efecto Paramount duró un tiempo. En septiembre de 2010, un comunicado de la oficina de esta compañía en Madrid anunciaba que "la compañía no participará en la inversión". Sin embargo, ni Cruz ni Valcárcel estaban dispuestos a dejar que se hundiera el proyecto.
Una mañana, Valcárcel citó en su despacho a los dos líderes de la oposición, Pedro Saura (PSOE) y José Antonio Pujante (IU). Les pidió que no se opusieran al proyecto y que no especularan sobre el mismo para evitar que, a su vez, no hubiera desaprensivos que quisieran hacer su agosto con la venta de los terrenos donde se iba a ubicar el parque temático.
Durante este tiempo, nadie ha criticado el proyecto. Se supo que la Paramount aceptaba la realización del parque, pero en calidad de asesoramiento y licencias (es decir, lejos de invertir, cobraría por ello), y se formaba una sociedad conjunta entre el Gobierno de Murcia y la empresa Santa Mónica Financial Services para comprar los terrenos y buscar inversores. Tampoco hubo críticas por el hecho de que Jesús Samper, el presidente de Santa Mónica, fuera imputado el pasado mes en la Operación Umbra, un nuevo caso de corrupción urbanística. No parecía el mejor compañero de viaje para esta aventura.
"Nadie se cree el proyecto, pero nadie se atreve a criticarlo", sostiene un empresario. Y el proyecto Paramount sigue su curso hasta el punto de que el lugar elegido para su futura ubicación estará en la localidad de Alhama. No es casualidad esta ubicación porque Alhama es probablemente el municipio con más millones de metros cuadrados recalificados. Alhama fue protagonista en 2006 de un hecho que atrajo la atención nacional: una joven concejala del PP, Teresa Gutiérrez, se rebeló y votó en contra de una enorme recalificación de terrenos (más de cuatro millones de metros cuadrados) que favorecía a Polaris World para edificar un macroproyecto.
Teresa fue expulsada del partido. La recalificación se hizo, pero buena parte de los terrenos se los quedaron los bancos porque Polaris World atraviesa dificultades. En Alhama gobiernan PSOE y PP, que se reparten la alcaldía cada dos años. Y Teresa se presentó como cabeza de lista en un nuevo partido (Unión Centrista Liberal) a las elecciones de 2007. Obtuvo 195 votos. Hoy rechaza hacer entrevistas y manifiesta haber sufrido una pesadilla que no ha terminado. Alhama es otra representación de lo que está pasando en Murcia.
El proyecto Paramount sigue su curso sin discusión. El jueves estaba prevista una demostración en Madrid, durante la feria del turismo (Fitur). Por razones no explicadas, no se produjo. En Murcia, mientras tanto, se prepara la manifestación del próximo día 26: los asistentes irán de negro y con velas. Pero Valcárcel presiona para que cambien el itinerario y la protesta no circule por enfrente de su casa, en la Gran Vía.

Esa viga que Soria tiene en casa

¿CÓMO ERA AQUELLO DE LA PAJA EN OJO AJENO?

María del Carmen Benítez,
procuradora y esposa de Soria
Empieza la semana y con ella las consecuencias de una noticia que traerá muchas derivaciones políticas y judiciales, la asunción por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia de varios representantes sindicales y vecinales por el caso Roldós. Una de las personas más inquietas con esa noticia es nuestro admirado José Manuel Soria, que pretendió bloquear la investigación judicial sobre la hemodiálisis inventando las más sonadas y disparatadas acusaciones contra la juez que instruye la causa. Como recordarán, el presidente del PP canario, en compañía de la señora Cospedal y el señor Trillo, se constituyó en diciembre ante el Consejo General del Poder Judicial dando alaridos de defensa de la democracia y acusando a la juez Victoria Rosell de haber redactado la denuncia del salmón. Desmentida reiteradamente esa extravagancia, orientada a intentar desacreditar a la magistrada que pretende investigar la penúltima corruptela del PP, hoy nos presentamos ante nuestros lectores para desgranar cómo son las actuaciones documentadas de su señora esposa de él en asuntos de la vida pública que tienen mucho que ver con él. De modo y manera que todos podamos calibrar con la mayor exactitud el tamaño de la paja que Soria ve en el prójimo y las proporciones de la viga que tiene en casa. ¡Hola, hola! Taca-taca-taca.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13821/

¿Por qué no llevo lo tuyo en Tebeto?

MARI CARMEN BENÍTEZ, PROCURADORA DE UNA DE LAS PARTES LITIGANTES EN LA MONTAÑA

María del Carmen Benítez, procuradora de los tribunales, no es noticia por ser la esposa de José Manuel Soria, sino por su intervención en asuntos de interés público en los que, mayormente, se ha metido gracias a la inspiración que transmite su señor esposo. La mejor tarjeta de presentación que ha utilizado para tener uno de los despachos más ajetreados de la ciudad ha sido una frase pronunciada por la señora procuradora cuanto su marido le presentaba a algún empresario, político o directivo de postín: "Ay, ¿y por qué no llevo yo tus cosas?" Y con esa frasecita tan aparentemente inocente, la señora se ha hecho con grandes cuentas vinculadas a los destinos por donde su marido no ha dejado que vuelva a crecer la hierba: la Caja de Canarias, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Cabildo... además de muchos empresarios y empresarias que han ido contra la administración en cosas que al final tenía que resolver algún Soria, llámese José Manuel o llámese Luis. El primer ejemplo que hoy rescatamos para ustedes es el del caso Tebeto, que empezó a finales de los ochenta pero que tomó la señora Benítez a finales de los noventa, cuando el asunto se judicializó con su marido ya metido en la política. La procuradora representaba los intereses de la Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L., de la que era abogado nada menos que José Miguel Bravo de Laguna, para que vean ustedes las vueltas que da una isla tan redonda como Gran Canaria.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13822/

Estaba en el bollo desde sus orígenes

EL PP ORDENÓ A LOS SERVICIOS JURÍDICOS QUE NO RECURRIERAN LA SENTENCIA QUE HABÍA PERDIDO

La primera noticia que tenemos de la presencia de la esposa de Soria en los alrededores del caso Tebeto data del año 1998, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC emite una sentencia en la que se cita a María del Carmen Benítez y a José Miguel Bravo de Laguna como representantes legales de Canterías de Arucas, S.L. Desde finales de los noventa, en el entorno familiar y político de José Manuel Soria ya se tenían que conocer los pormenores del pleito de Tebeto, incluido aquel famoso permiso de investigación Chantal, que es de donde se agarró el empresario Rafael Bittini para seguir exigiendo contrapartidas económicas hasta el otro día. Y lo que te rondaré, morena, porque nos consta que le queda abierta una vía que el Gobierno aún no le ha querido tapar. Pero ya en aquellos fabulosos años noventa, con el PP en el Gobierno, detectamos los primeros arrumacos que ese partido hace al dolce farniente que el expediente de Tebeto gozó durante la larga tramitación administrativa de sus reclamaciones: el entonces director general de Industria y Energía, Alfredo Vigara, del PP, escribe en julio de 1998 a los Servicios Jurídicos que no anden recurriendo ante el Supremo la sentencia de febrero de ese año a la que acabamos de hacer mención, sentetencia que el Gobierno perdía ante un particular. ¿Y qué hizo ante eso Mari Carmen Benítez? Pasen y vean.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13823/

Un error garrafal ante el Supremo

EL RECURSO FIRMADO POR BENÍTEZ, DESESTIMADO POR UN LAPSUS DE PRIMERO DE DERECHO

Efectivamente, siguiendo las instrucciones del PP, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias no recurrieron aquella sentencia de febrero de 1998 en la que se daba razón a Cabo Verde, S.A. en sus pretensiones de hacerse con la concesión minera de la montaña de Tebeto, una pretensión que acabó alcanzando en 2004 de la mano de Luis Soria, consejero de Industria, en una resolución que firmó el director general de la cosa, Celso Perdomo. Pero aquella sentencia sí la recurre Canterías de Arucas, la empresa que se quedaba compuesta y sin concesión, a la que defendía en aquellos momentos José Miguel Bravo de Laguna y a la que representaba la esposa de Soria, Mari Carmen Benítez. Pero el recurso fue rechazado en 2002 por el Tribunal Supremo por un error garrafal que el alto tribunal endosa a la procuradora, un error por el que cualquier estudiante no aprobaría primero de Derecho: "(...) No ha lugar al recurso por haber omitido la parte recurrente la justificación de que la infracción de una norma no emanada de los órganos de una Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (...)". A los clientes de la señora Benítez y del señor Bravo de Laguna les impusieron el pago de las costas, al tiempo que a la empresa de Rafael Bittini le quedaba expedito el camino para que Luis Soria, dos años más tarde, le diera todo lo que pedía. Todo ello, cómo no, con una tasación a la medida realizada por un tío carnal de los hermanos Soria, Antonio López.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13824/

Los problemas crecen

MIENTRAS DECAEN LAS MACHANGADAS SORIANAS, LAS INVESTIGACIONES SE PONEN MUY SERIAS

La semana que ahora empieza servirá, además, para conocer en profundidad el alcance de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de admitir a trámite la denuncia de tres representantes vecinales y sindicales por el caso Roldós, que incluye un tremendo varapalo para la Fiscalía Provincial de Las Palmas, a la que no quiere ver por los alrededores de ese asunto. Para ello, el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, mandará a un propio ajeno a las presiones y a esa contaminación bidireccional (para lo bueno y para lo malo, por si me lo pides ahora o me lo reprochas en el futuro) que emanaría de la Fiscalía en el caso que se confirmara que la esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, resultara investigada por la cada vez más extraña adjudicación de la hemodiálisis a la empresa Lifeblood. En el PP se mezclan los sonidos festivos de las castañuelas de la euforia que proviene de Sevilla con el rechinar de dientes que provoca ese levantar de alfombras que pudieran ejecutar jueces y fiscales con esa naturalidad que no se puede aguantar. Y menos en periodo electoral, elegido precisamente por el PP por haber sido ese partido quien adjudicó en octubre lo que pudo haber adjudicado en un momento procesal menos sospechoso. Y los máximos responsables del desaguisado, dentro del Servicio Canario de Salud como si esta guerra no fuera con ellos
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13827/

UGT y CCOO denuncian que la Ley canaria de Presupuestos de 2011 “deroga" derechos laborales y sindicales de los empleados públicos

Exigen al Gobierno español que promueva un conflicto de competencia respecto a la Ley canaria elaborada por el Gobierno canario y aprobada con los votos de CC y PP
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Canarias, Gustavo Santana y Juan José Arteaga, respectivamente, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar que la Ley 11/2010 de 30 de diciembre de Presupuestos del Archipiélago elaborada por el Gobierno de Paulino Rivero (CC) y tramitada y aprobada por el Parlamento canario con los votos de Coalición Canaria y el Partido Popular, “deroga en parte todos los pactos y acuerdos en el ámbito del personal funcionario y estatutario”, así como “los convenios colectivos” del personal laboral. Esto supone “una violación directa” de la Constitución y advirtieron que en este contexto, “será difícil llegar a un acuerdo sobre otras cuestiones”.
Ante esta situación, los secretarios generales a nivel nacional, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, presentaron un escrito el viernes 21 de enero ante la Dirección General del Trabajo en Madrid, en el que solicitan al Ejecutivo español que “promueva un conflicto de competencia” respecto a la Ley de Presupuestos canaria por entender que la Cámara regional “ha invadido competencias del Estado”.
Arteaga insistió en que la Ley presupuestaria “suprime derechos sindicales” al “cancelarse todos los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales”. En total son doce disposiciones adicionales, entre la 19 y la 38, que “eliminan derechos relacionados con los derechos sindicales, los liberados institucionales, conceptos retributivos o la organización del trabajo”.
El secretario de UGT explicó que la disposición 19 recoge el complemento a la prestación económica por incapacidad temporal; el 20, sobre permisos retribuidos para la realización de actividades sindicales; el 21, retribuciones del profesorado sustituto del Sistema Educativo Público canario; el 22, días complementarios de vacaciones del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de Salud; el 26, sobre la ropa de trabajo; el 27, racionalización y distribución de efectivos; el 28, suspensión de pactos y acuerdos sindicales y de artículos del convenio colectivo; el 34, inspección médica; el 35, sobre la carrera profesional del personal del Servicio Canario de Salud; o el 36, permisos para la formación profesional del personal.
Con el escrito presentado el viernes exigen el inicio del procedimiento por parte del Gobierno español, y la “suspensión cautelar de las normas hasta que se resuelva”.

Admitido a trámite el recurso de UGT por el "recorte de derechos" del Gobierno de Canarias a los funcionarios

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha admitido a trámite el procedimiento especial de amparo judicial presentado el pasado mes de noviembre por UGT contra la Resolución del Gobierno de Canarias "que recorta unilateralmente derechos fundamentales y consolidados de los trabajadores de la Comunidad Autónoma", según ha informado el sindicato en un comunicado.
EUROPA PRESS/Gran Canaria
El sindicato anuncia que "no renunciará" a la vía judicial para intentar paralizar la norma con la que el Ejecutivo suspende "ilegítimamente" varios artículos del III Convenio Colectivo del Personal Laboral, a pesar de las negociaciones que se desarrollarán hasta el próximo 4 de febrero para intentar cerrar acuerdos que atenúen los recortes, también incluidos en la Ley de Presupuestos de Canarias para 2011. Los representantes de FETE-UGT se muestran "pesimistas" en cuanto a los posibles resultados de dichas reuniones, que se mantienen en comisión técnica entre los sindicatos y la Administración.
FETE-UGT confía más en que "será la Justicia quien impida al Gobierno de Canarias imponer dichas medidas, pues se trata de una vulneración clara del artículo 37.1 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios. Dicho artículo se desarrolla para los empleados públicos a través de la Ley Orgánica del Estatuto Básico, que obliga a la negociación colectiva en el caso de modificaciones de lo establecido en los convenios colectivos sobre condiciones de trabajo, retribuciones de los funcionarios, calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, planes de Previsión Social Complementaria, criterios generales de los planes y fondos para la formación, y derechos sindicales, entre otros asuntos".
Argumenta UGT que "la Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno sobre medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, implanta, sin ningún tipo de negociación colectiva, modificaciones en todos esos ámbitos y en muchos más".
Concretamente y según recoge el propio texto, incluye la "suspensión de acuerdos y pactos de la negociación colectiva, en lo referente a las jornadas de trabajo, la formación del empleado público, la convocatoria de acción social, la aportación que se realiza al Plan de Pensiones --que forma parte integrante de la retribución anual--, la cobertura del 100 por ciento de las retribuciones en caso de baja laboral y la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales", entre otros derechos consolidados en el Convenio vigente.
"Más particularmente, el Gobierno ha decidido unilateralmente incumplir los artículos del convenio que establecen que la Comunidad Autónoma debe complementar la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad laboral temporal hasta el 100 por ciento de sus haberes por todos los conceptos (art. 39); que compensan con un día de permiso los festivos no trabajados coincidentes con el descanso semanal (art. 18) --derogando, de paso, el Estatuto de los Trabajadores ( Art.37.2)-- , los que obligan a las convocatorias de acción social (incluidas las ayudas médicas, ayudas por estudios, premios de jubilación y permanencia), así como las actividades socio-culturales, que cuentan con un fondo específico (art. 32); elimina la posibilidad --antes obligatoria-- de asistencia de los trabajadores a actividades formativas, con cargo a la Administración (art.38); y el artículo 54, referente a la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales", continúa.
Con respecto a éste último, el Convenio, según UGT, establece el derecho de las organizaciones sindicales a la dispensa total de asistencia al trabajo de un número, como máximo, de 15 trabajadores, en proporción a los resultados de las elecciones sindicales. La resolución del Gobierno se salta dicho acuerdo y se remite al régimen jurídico dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público --aún por desarrollar a nivel autonómico--, que establece únicamente una escala de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo en función del número de trabajadores representados, cuyo tope fija en 40.
FETE-UGT recuerda que el Tribunal Supremo ha solicitado informe al Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la reducción de los sueldos de los empleados públicos. A este respecto, la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público impide la "disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor".

UGT y CCOO denuncian que la Ley de Presupuestos "deroga" derechos a funcionarios


Empleo 13:40 YGT y CCOO denuncian que la Ley de
Presupuestos "deroga" derechos a los funcionarios

Acfi Press
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Canarias, Gustavo Santana y Juan José Arteaga, respectivamente, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar que la Ley 11/2010 de 30 de diciembre de Presupuestos del Archipiélago elaborada por el Gobierno de Paulino Rivero (CC) y tramitada y aprobada por el Parlamento canario con los votos de Coalición Canaria y el Partido Popular, “deroga en parte todos los pactos y acuerdos en el ámbito del personal funcionario y estatutario, así como “los convenios colectivos” del personal laboral. Esto supone “una violación directa” de la Constitución y advirtieron que en este contexto, “será difícil llegar a un acuerdo sobre otras cuestiones”.

Ante esta situación, los secretarios generales a nivel nacional, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, presentaron un escrito el viernes 21 de enero ante la Dirección General del Trabajo en Madrid, en el que solicitan al Ejecutivo español que promueva un conflicto de competencia” respecto a la Ley de Presupuestos canaria por entender que la Cámara regional “ha invadido competencias del Estado”.

Arteaga insistió en que la Ley presupuestaria “suprime derechos sindicales al “cancelarse todos los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales”. En total son doce disposiciones adicionales, entre la 19 y la 38, que “eliminan derechos relacionados con los derechos sindicales, los liberados institucionales, conceptos retributivos o la organización del trabajo”.

El secretario de UGT explicó que la disposición 19 recoge el complemento a la prestación económica por incapacidad temporal; el 20, sobre permisos retribuidos para la realización de actividades sindicales; el 21, retribuciones del profesorado sustituto del Sistema Educativo Público canario; el 22, días complementarios de vacaciones del personal estatutario, funcionario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de Salud; el 26, sobre la ropa de trabajo; el 27, racionalización y distribución de efectivos; el 28, suspensión de pactos y acuerdos sindicales y de artículos del convenio colectivo; el 34, inspección médica; el 35, sobre la carrera profesional del personal del Servicio Canario de Salud; o el 36, permisos para la formación profesional del personal.

Con el escrito presentado el viernes exigen el inicio del procedimiento por parte del Gobierno español, y la suspensión cautelar de las normas hasta que se resuelva”.
Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=249309