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| Funcionarios murcianos se manifiestan por las calles del centro de la capital, el pasado día 12, en protesta por los recortes. A la protesta se unieron todos los sindicatos de la región.- PEDRO VALEROS |
Nada hacía presagiar el 22 de diciembre pasado que Murcia iba a estallar en conflicto. Mucho menos en medio de las navidades. Era el día de la lotería de Navidad. No había caído en la región, pero esa noche el presidente Ramón Valcárcel debía recoger en la Cámara de Comercio de la capital el premio al político del año concedido por la cadena SER. Era uno más de tantos reconocimientos para quien se vanagloriaba de ser un plusmarquista de la política nacional a fuerza de superar, elección tras elección, sus resultados electorales. Valcárcel había gobernado Murcia bajo una paz social que duraba 15 años a fuerza de firmar numerosos acuerdos con los sindicatos. Pero aquella noche, a las afueras de la Cámara de Comercio, cientos de personas se manifestaron espontáneamente con la intención de aguarle la fiesta. Era la primera vez que sucedía algo así.
No fue un episodio aislado. Cinco manifestaciones se sucedieron desde entonces, una tras otra, cada vez más numerosas, hasta llegar a alcanzar las 40.000 personas. Hubo manifestantes que llegaron a lanzar huevos a la fachada del edificio donde reside Valcárcel, hubo zarandeos con algún consejero y altos cargos en otros puntos de la ciudad. Portavoces de los sindicatos reconocen haberse visto sorprendidos por la magnitud del movimiento durante estas semanas, máxime teniendo en cuenta que los protagonistas eran funcionarios autonómicos, el colectivo más favorecido por la paz social de Valcárcel. Casi cada día, se registran asambleas o pequeños actos de protesta en hospitales y colegios de la región. Detrás de esta tensión que afecta a los funcionarios hay un paquete de medidas aprobado sin discusión en el parlamento regional que afecta a sus salarios y derechos laborales, pero también una realidad económica muy severa. La burbuja murciana ha estallado. Y lo ha hecho con más virulencia que en otras partes del país. Como dice un sindicalista: "A más ladrillo, más crisis". Y Murcia era el paradigma del ladrillo. Eso es lo que ha pasado.
La economía murciana se ha desplomado. Los récords electorales de Valcárcel han ido paralelos a los datos de crecimiento económico de la región, que se acercó a una situación de pleno empleo técnico en el año 2008, una realidad muy diferente del 23,6% de paro con el que Valcárcel había comenzado su mandato allá por 1996. Murcia ha crecido más que ninguna otra región de España a una media del 3,9% entre 2000 y 2005. Ha sido una locomotora cuyo motor estaba impulsado por un crecimiento exponencial de la actividad inmobiliaria: 300 convenios urbanísticos se han firmado en Murcia en los años dorados, con una previsión de viviendas para 800.000 personas. Murcia aspiraba a ser la Florida europea, siguiendo el guión marcado por la empresa que mejor simbolizaba este impulso, Polaris World: viviendas con campo de golf bajo el sol del Mediterráneo. Y el agua, tan escasa siempre, no iba a ser un problema.
Con este horizonte de ensueño, Valcárcel firmó el 24 de julio de 2006 con la patronal y los sindicatos un plan estratégico denominado Horizonte 2007-2013, cuyo preámbulo anunciaba textualmente que "los cambios que va a experimentar la Región de Murcia durante los próximos años -digamos que durante los próximos veinte- previsiblemente van a ser mayores que los que se han vivido durante los últimos ochenta". El plan, redactado en un tono triunfalista, aseguraba que la región contaría "con un modelo de desarrollo económico que proporcionará empleo de calidad para todos; empleo estable y con unas adecuadas remuneraciones; empleo cualificado, que ofrecerá oportunidades de progreso y que facilita a trabajadores y trabajadoras mantener sus cualificaciones actualizadas a lo largo de toda su vida laboral". Una nota de prensa posterior significaba que el Consejo Económico y Social nacional "alabó nuestro plan estratégico, nombrándolo en su memoria anual de 2007 como una de las pocas hojas de ruta de una región en España".
Esa hoja de ruta ya no sirve. El pleno empleo desapareció y la tasa de paro amenaza con superar el 25% (23,95% en el tercer trimestre de 2010). Murcia ha pasado de liderar las alzas a liderar las caídas en el crecimiento del PIB. En números redondos, Murcia ha vivido el trance de contar con 100 nuevos parados cada día. Y su tasa de abandono escolar en el año 2009 (37,3%) superaba con creces la media española (31,2%). En dos años, Murcia se ha convertido en el espejo de la crisis. Y en el paradigma también de las consecuencias de una economía excesivamente dependiente del ladrillo: hay más de 35.000 viviendas sin vender. Según el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, se iniciaron 43.776 viviendas en 2004 y solo 4.931 en 2009. El lado oscuro del urbanismo tiene otra estadística: 23 de los 45 municipios murcianos han sufrido casos de corrupción.
"Es la primera vez que veo que la crisis es grave de verdad", afirma el abogado laboralista Antonio Checa, uno de los más reputados de la región. También de los más experimentados. "Tenga en cuenta que ya sufrí la crisis de 1982, la de los años noventa. Ahora mismo, no veo empresas de verdad. Casi no quedan trabajadores por despedir. No hay alternativas al empleo, lo que mejor ha funcionado ha sido el sector agroalimentario, pero a costa de esperar a que haga frío en Europa para que se puedan exportar más lechugas y hortalizas. La construcción se llevó todo. Apenas quedan cuatro empresas emblemáticas en Murcia". Un conjunto de profesionales desencantados de la izquierda oficial y agrupados en una asociación denominada Foro Ciudadano acaba de editar un libro titulado El otro estado de la región, cuya principal conclusión es la de que el boom económico ha empobrecido la política regional y no ha conseguido hacer despegar a Murcia de la cola del desarrollo humano en España.
El causante de este varapalo es la excesiva exposición al sector inmobiliario. Y en ello coinciden las fuentes consultadas entre sindicatos y empresarios, a excepción de los políticos del Gobierno regional, que no han accedido a ser entrevistados. No es un fenómeno único en España, pero sí relevante, del cual nadie quiere sentirse responsable, por mucho que portavoces sindicales y empresariales manifiesten que lo avisaron en su tiempo. Las patronales y las centrales sindicales firmaron pacto tras pacto con Valcárcel. Hubo convenios con resultados frustrantes. Cuando Repsol se propuso hacer una gran inversión en su planta de Cartagena se citó la cifra mágica de 5.000 nuevos empleos. "Nos encontramos", reconoce un portavoz sindical, "con que como consecuencia del fracaso escolar y la baja calidad del empleo en la construcción, no teníamos jóvenes suficientemente formados para satisfacer esa demanda de empleo". Se improvisaron cursos de formación, auspiciados por el Gobierno. Resultado final: más de 500 trabajadores portugueses fueron contratados para la planta.
"No se diversificó el crecimiento", dice un alto cargo de una organización empresarial. "Ni siquiera se apostó decididamente por una agricultura especializada". De hecho, algunos empresarios agrícolas terminaron cayendo en la tentación de diversificar sus negocios y acudir también al sector inmobiliario, y esas decisiones les están costando ahora el cierre. "El problema", continúa este dirigente, "es que el sector inmobiliario ocupó todos los cauces, tentó al sector político y tomó posesión del poder económico. Si miramos a los presidentes de las tres Cámaras de Comercio que hay en Murcia (Murcia, Cartagena y Lorca) todos proceden del sector de la construcción. Lo mismo sucede en la patronal. De tal manera que no se escucharon otras voces. Esa estructura dificultó que se emprendiera el cambio de modelo productivo. Y así, cuando se ha planteado la posibilidad de invertir en parques tecnológicos, o cuando se habla de otros proyectos como palacios de congresos, observamos cómo el interés de algunos se limita simplemente a la construcción del parque, no a lo que tiene que venir después".
Ese panorama crítico no tuvo su reflejo en las calles. Murcia podía estar en crisis, pero la paz social seguía vigente. De hecho, la convocatoria de huelga general el pasado 29 de septiembre apenas tuvo incidencia en la región. Meses después, el 21 de diciembre pasado, Valcárcel presentó los presupuestos de la región para el año 2011 en plena calma y con los sindicatos en silencio a pesar de anunciar un recorte de 300 millones de euros. Pero ese mismo día, el Partido Popular presentaba en el registro de la Asamblea una proposición de ley de medidas extraordinarias que suponía un nuevo recorte presupuestario que afectaba a determinadas partidas, pero sobre todo a los funcionarios: se les aumentaba su horario de trabajo, se les recortaban las horas extra y se les quitaba de un plumazo el complemento del 25% para bajas por enfermedad, de tal manera que quien causara baja solo percibiría el 75% de su remuneración bruta. Fuera las 35 horas semanales y todos los acuerdos firmados con los sindicatos, a quienes no se les comunicó esta medida, al igual que a los restantes partidos. Valcárcel no estuvo presente en ese pleno. "Se ha tenido que ir en contra de su voluntad", explicó un portavoz, "porque tiene una reunión en Madrid para defender el tomate de la Región de Murcia. Ha intentado cambiar la reunión, pero no se lo ha consentido la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar".
Entonces, saltó la chispa.
El primer aviso llegó al día siguiente, la noche del 22 de diciembre, cuando se le iba a entregar a Valcárcel el premio de la cadena SER. Cientos de funcionarios le esperaban con malas caras. "Nadie sabe muy bien cómo se fraguó aquella respuesta", reconoce José Antonio Pujante, coordinador de Izquierda Unida-Los Verdes en la Región de Murcia. "Hay que tener en cuenta que el funcionariado es un colectivo generalmente bien informado y tiene una capacidad más alta que otros para moverse en redes sociales. Los sindicatos eran ajenos a esta movilización. Todos nos vimos sorprendidos". Tres días después, cuando la proposición de ley iba ser votaba en la asamblea regional, que tiene su sede en Cartagena, se produjo otra movilización. Un portavoz de CC OO reconoce que avisó, vía sms, "a nuestros afiliados, principalmente a los liberados". "Pensábamos", reconoce, "que acudirían no más de 100 personas para hacer algo de ruido". Fue más de un millar.
Así hasta sumar seis manifestaciones en apenas tres semanas, algo nunca visto en Murcia. Con la tensión en aumento, la noche del sábado, Alberto Cruz, el consejero de Cultura, sufrió una agresión cerca de su domicilio que le obligó a ser hospitalizado con un fuerte golpe en el rostro. Aquella agresión provocó una escalada de tensión que afectó a la cúpula del Partido Popular en Madrid. Se relacionó la agresión con las manifestaciones, con los partidos de izquierda, con los antisistema... Valcárcel llegó a manifestar en un canal de televisión que su hija sería "la próxima víctima". Se acusó al Gobierno socialista de no haber garantizado la seguridad de los altos cargos murcianos. La verdad de aquel suceso no se conoce todavía. La investigación policial sigue su curso, un detenido ha salido en libertad, y las últimas hipótesis se centran en el entorno privado del consejero.
El consejero, un hombre controvertido muy dado a organizar grandes eventos, había sido coprotagonista de un proyecto que podía a sacar a Murcia de la crisis. Dado que el plan estratégico parecía haber quedado definitivamente obsoleto, dado que el Gobierno de Murcia solo podía presentar medidas de austeridad, Valcárcel, como otros gobernantes en otros tiempos, no se resistió a la tentación de sacar de la chistera una solución milagrosa que sacara a Murcia de la crisis económica.
En el mes de febrero hizo un viaje a Dubai acompañado de Alberto Cruz. Y a su regreso ambos anunciaron que se había alcanzado un acuerdo según el cual la Paramount instalaría un parque y unos estudios cinematográficos en Murcia. Cruz ejerció de maestro de ceremonias del producto y no se cortó un pelo. "Este acuerdo permitirá", dijo, "que Murcia salga de golpe de la crisis económica, casi como un avance de 15 años en el crecimiento económico nacional". "Habrá películas", insistió Cruz, "que se rodarán íntegramente en estos estudios y cuyo estreno tendrá lugar en Murcia". Cruz apuntó algún detalle más de lo que estaba por venir: "Habrá una recreación del hundimiento del Titanic". Para reforzar este anuncio en medio del hundimiento de Murcia, no se ahorró cifras: tres millones de turistas, 20.000 puestos de trabajo directos. Cruz se daba un plazo de un año para firmar los contratos.
El efecto Paramount duró un tiempo. En septiembre de 2010, un comunicado de la oficina de esta compañía en Madrid anunciaba que "la compañía no participará en la inversión". Sin embargo, ni Cruz ni Valcárcel estaban dispuestos a dejar que se hundiera el proyecto.
Una mañana, Valcárcel citó en su despacho a los dos líderes de la oposición, Pedro Saura (PSOE) y José Antonio Pujante (IU). Les pidió que no se opusieran al proyecto y que no especularan sobre el mismo para evitar que, a su vez, no hubiera desaprensivos que quisieran hacer su agosto con la venta de los terrenos donde se iba a ubicar el parque temático.
Durante este tiempo, nadie ha criticado el proyecto. Se supo que la Paramount aceptaba la realización del parque, pero en calidad de asesoramiento y licencias (es decir, lejos de invertir, cobraría por ello), y se formaba una sociedad conjunta entre el Gobierno de Murcia y la empresa Santa Mónica Financial Services para comprar los terrenos y buscar inversores. Tampoco hubo críticas por el hecho de que Jesús Samper, el presidente de Santa Mónica, fuera imputado el pasado mes en la Operación Umbra, un nuevo caso de corrupción urbanística. No parecía el mejor compañero de viaje para esta aventura.
"Nadie se cree el proyecto, pero nadie se atreve a criticarlo", sostiene un empresario. Y el proyecto Paramount sigue su curso hasta el punto de que el lugar elegido para su futura ubicación estará en la localidad de Alhama. No es casualidad esta ubicación porque Alhama es probablemente el municipio con más millones de metros cuadrados recalificados. Alhama fue protagonista en 2006 de un hecho que atrajo la atención nacional: una joven concejala del PP, Teresa Gutiérrez, se rebeló y votó en contra de una enorme recalificación de terrenos (más de cuatro millones de metros cuadrados) que favorecía a Polaris World para edificar un macroproyecto.
Teresa fue expulsada del partido. La recalificación se hizo, pero buena parte de los terrenos se los quedaron los bancos porque Polaris World atraviesa dificultades. En Alhama gobiernan PSOE y PP, que se reparten la alcaldía cada dos años. Y Teresa se presentó como cabeza de lista en un nuevo partido (Unión Centrista Liberal) a las elecciones de 2007. Obtuvo 195 votos. Hoy rechaza hacer entrevistas y manifiesta haber sufrido una pesadilla que no ha terminado. Alhama es otra representación de lo que está pasando en Murcia.
El proyecto Paramount sigue su curso sin discusión. El jueves estaba prevista una demostración en Madrid, durante la feria del turismo (Fitur). Por razones no explicadas, no se produjo. En Murcia, mientras tanto, se prepara la manifestación del próximo día 26: los asistentes irán de negro y con velas. Pero Valcárcel presiona para que cambien el itinerario y la protesta no circule por enfrente de su casa, en la Gran Vía.
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