Las AMPA's de Tenerife denuncian ante la UE

Las AMPA's de Tenerife denuncian ante la UE la "vulneración" del derecho a la educación en Canarias

Las asociaciones de padres y madres de alumnos Coordinadas de Tenerife (ACTF) desde la Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública Canaria (IDEPC) ha anunciado este lunes que presentará una queja "por la vulneración del derecho a la educación ante el presidente del Parlamento Europeo.

Asimismo remitirán el documento además a la Defensora del Pueblo de España, el Defensor del Pueblo Europeo y el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Además la plataforma ha anunciado que se convoca para a toda la ciudadanía, y en particular a la comunidad educativa del archipiélago a una manifestación "por una educación pública de calidad", que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife el jueves 12 de mayo de 2011 a las 18.00 horas, comenzando en la Plaza Weyler.

Según determinan en un comunicado, la situación de la enseñanza pública canaria en el tercer trimestre de este curso 2010-2011 "no es mejor que en los trimestres precedentes". "La escuela pública sufre los efectos de los recortes del presupuesto para educación efectuado por el Gobierno de Canarias en 2010 y 2011", ha señalado.

"Posiblemente quien más está sufriendo esos efectos sea el alumnado, como consecuencia de la nefasta política de sustituciones que ha desarrollado y sigue desarrollando la Consejería de Educación", sentencia la ACTF que recuerda que ya ha promovido la presentación en el Parlamento de Canarias de una Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Canaria de Educación en febrero de 2011.

Las AMPAS además plantean que ahora es tiempo de "seguir denunciando la política cicatera de la Consejería de Educación respecto a la escuela pública". "Cualquier despliegue de frases en defensa de la educación pública por su parte será incapaz de esconder los hechos: los dos últimos años el presupuesto dedicado por el Gobierno de Canarias a educación ha sufrido recortes nunca vistos en la historia de la Comunidad; la política de cobertura de bajas supone un atentado contra el derecho a la educación de todo el alumnado, aparte de los desmanes cometidos, entre otros ámbitos, en la Formación Profesional, en la enseñanza oficial de idiomas o en la formación musical superior (Conservatorio Superior)", argumenta.

FALTA DE RESPETO

Por otra parte, expone la plataforma que las actitudes que han desplegado los responsables políticas de la Consejería de Educación evidencian una "falta de respeto" a los miembros de la comunidad educativa, "tratando a las familias como si fuéramos ignorantes de la responsabilidad de la Administración educativa autonómica sobre la escuela pública, culpabilizando al profesorado --como si quienes solicitan bajas fueran absentistas-- y descargando indebidamente en el mismo la responsabilidad que a la administración pública (Gobierno de Canarias y Consejería de Educación) corresponde, esto es, cubrir las bajas de profesorado que cae enfermo".
Publicado en http://www.canariassocial.com/educacion/item/12468-las-ampas-de-tenerife-denuncian-ante-la-ue-la-vulneración-del-derecho-a-la-educación-en-canarias

"Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar".

Intersindical denuncia la presentación del primer ERE en una empresa pública canaria

La empresa Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) ha anunciado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo que supondría la extinción de 71 contratos de trabajo.

Los Comités de Empresa, Delegados de Personal y los sindicatos CC.OO., USO, IC y SIC con representación en Gestión del Medio Rural de Canarias, informan a la opinión pública en un comunicado:

• Que la empresa ha anunciado la presentación de un ERE extintivo por motivos económicos, que afectaría a 65 contratos indefinidos y 6 eventuales.

• Estos 71 despidos del ERE sumados a los 22 despidos que se produjeron en Enero suponen el 28,8% de la plantilla de la empresa y afectan a trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, y de diferentes categorías profesionales. (administrativos, comerciales, capataces, biólogos/as, técnicos agrícolas, veterinarios/as, informáticos, etc.

• Las medidas propuestas por la empresa, además de afectar a casi el 30% de plantilla, afectan de manera importante a los servicios y encomiendas que GMR presta a Agricultores y Ganaderos en materia de Comercialización de Frutas y Hortalizas, y Proyectos de asesoramiento, desarrollo e investigación en Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Durante 2010 y 2011 ya se han producido importantes recorte de gastos y SALARIOS de los trabajadores/as en la empresa para ajustar el presupuesto de la empresa a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

• Gestión del Medio Rural es Sociedad Anónima Unipersonal, 100% perteneciente a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias cuyo Consejero es a su vez Presidente del Consejo de Administración.

• Con fecha de hoy 9 marzo, la Representación de los Trabajadores ha solicitado por escrito, una reunión con D. Domingo Berriel, Consejero de Agricultura y Presidente del Consejo de Administración, para plantearle sus propuestas y soluciones con el fin de evitar este ERE y sus graves consecuencias para el empleo y el sector primario de Canarias.

• Con los resultados de esta entrevista la R.L.T, celebrará asambleas de trabajadores en todos los centros de trabajo para explicar la situación y evaluar con el conjunto de plantilla las salidas al ERE.

• Por otro lado contrasta la presentación de este ERE con despidos, con las manifestaciones públicas y en sede parlamentaria del Consejero de Hacienda. Jorge Rodríguez, sobre que NO habría despidos ni EREs en las Empresas Públicas, como mínimo hasta que se evaluara en su conjunto los Planes de Viabilidad de las diferentes EE.PP. del Gobierno.
Publicado en http://www.canariassocial.com/trabajadores/item/11901-intersindical-denuncia-la-presentación-del-primer-ere-en-una-empresa-pública-canaria

por "razones económicas"

El Gobierno canario anula el concurso de hemodiálisis

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Fernando Bañolas (CC), ha anunciado este miércoles la anulación del concurso de hemodiálisis de los hospitales Doctor José Molina Orosa (Lanzarote) y Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Durante una comparecencia ante los medios celebrada en la sede de la Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, el máximo responsable del área de Sanidad explicó que la anulación se debe a razones económicas.

"Se había tomado la decisión, a raíz de un recurso, de retrotraer el expediente [del concurso] al inicio de esa decisión y hoy anuncio que vamos a anular dicho expediente. Los momentos que vivimos son difíciles económicamente y hay que ajustar el presupuesto", manifestó el consejero.

De esta manera, agregó que existe una instrucción del Gobierno canario en la que se pide que se ajusten los contratos y los convenios. "Es decir --matizó--, se nos pide que miremos por el dinero".

"En este caso, el peso específico de la cuantía económica de este concurso es sólo un 10 por ciento. Entendemos que con esta cuantía no salvaguardamos los intereses públicos respecto a la posibilidad de contribución del importe de este concurso", dijo mientras señaló que ha dado una nueva instrucción para que cualquier concurso de la Consejería de Sanidad tenga un 70 por ciento de parte objetiva y un 30 de parte subjetiva.

Expuso que dentro de este 70 por ciento, "un 30 por ciento tiene que ver con la cuantía económica de cada uno de los concursos", entendiendo que las empresas que suministran servicios al Ejecutivo también tienen que adaptarse a los nuevos tiempos.

"En estos momentos --continuó-- todos tenemos que apretarnos el cinturón y con el concurso actual no garantizamos esa posibilidad según la instrucción que nos ha dado el Gobierno; por eso hoy saldrá la resolución en la que se anula dicho concurso y saldrá la instrucción con los contenidos a partir de ahora de los nuevos concursos e iniciaremos de nuevo el expediente de contratación del concurso de Hemodiálisis".

Bañolas negó que esta actuación tenga relación con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la semana pasada, en el que, pese a acordar el sobreseimiento de parte del concurso, vio indicios de varios delitos.

INDICIOS DE DELITO

Así, la autoridad judicial continuará la instrucción de la causa principal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros delitos contra la Administración Pública sobre prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación.

Al respecto, la semana pasada el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria acordó archivar de forma provisional y parcial parte de la investigación sobre el concurso de hemodiálisis de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, hechos que se habrían producido estando al frente de la misma la 'popular' Mercedes Roldós.

En este sentido, se acordó el sobreseimiento provisional y parcial en relación al presunto delito de cohecho que denunció la doctora Leocadia Palop sobre concursos públicos en el ámbito de la Consejería de Sanidad y relacionados con la hemodiálisis.
Publicado en http://www.canariassocial.com/canarias/sanidad/item/11898-el-gobierno-canario-anula-el-concurso-de-hemodiálisis

Mas pobreza en Canarias con el Gobierno de las personas

Canarias, segunda Comunidad Autónoma con mayor índice de miseria

El boletín 'Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT' correspondiente al mes de marzo, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), indica que Canarias, tras Andalucía, es la Comunidad Autónoma con mayor índice de miseria (30,61%), muy por encima de la media estatal, (22,9%). El índice de miseria es la suma de las tasas de paro e inflación. Con ello se puede conocer el alcance de la crisis, en función del deterioro de los niveles de vida de los ciudadanos.

Canarias es la región donde más se ha incrementado este índice desde finales de 2007 (15,7 puntos porcentuales en Canarias frente a los 10 de media nacional).

Las Palmas es la provincia canaria con un mayor índice (33,28%), mientras que Santa Cruz de Tenerife muestra un Índice de Miseria del 27,8.

CONJUNTO DEL ESTADO

El Índice de Miseria en España se sitúa en el 22,9% en diciembre de 2010 y aumenta en 10,6 puntos porcentuales (p.p.) desde diciembre de 2007.

Andalucía es la CCAA con un mayor Índice de Miseria (31,08%), seguida de Canarias (30,61%); por su parte, País Vasco (13,33%) y Navarra (13,95%) son las mejor posicionadas

España es el país de la UE-27 con un mayor Índice de Miseria (23,9%), muy por encima de la media comunitaria (12,8%), según datos Eurostat de enero de 2011

Las previsiones de paro e inflación apuntan a nuevos aumentos en el Índice de Miseria español

Publicado en http://www.canariassocial.com/canarias/economia/item/11909-canarias-segunda-comunidad-autónoma-con-mayor-índice-de-miseria

Irregularidades en Centro de Menores

USO y UGT anuncian que llevarán ante la Fiscalía Anticorrupción las "irregularidades" de los centros de menores de La Montañeta y Valle Tabares

Los sindicatos USO y UGT-Canarias se han propuesto llegar ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar las "gravísimas" irregularidades que, en materia de seguridad, se están cometiendo desde 2009 en los centros de menores de Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria, donde los internos son sometidos en ocasiones hasta una veintena de cacheos, y las imágenes de las cámaras de seguridad son de libre acceso para todo el personal de la empresa pública Ideo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Así lo han advertido en el transcurso de una rueda de prensa Basilio Alberto Febles, secretario de Organización y Finanzas de USO-Canarias, y Sixto Rodríguez, asesor de la Federación de Servicios Públicos de UGT en materia de menores, educación e intervención social.

Las denuncias de ambos sindicatos están dirigidas hacia la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y presidenta de la Fundación Ideo, Inés Rojas; Marcos Cohen Simancas, director de Seguridad de la Fundación Ideo; Pedro Marrero, coordinador de Seguridad de Valle Tabares; Orlando del Toro y Salvador Arana, abogados de la Fundación Ideo; y Orlando Umpierrez, gerente de dicha Fundación.

Tal y como ha detallado Sixto Rodríguez, las irregularidades comenzaron en abril de 2009, fecha en la que Marcos Cohen fue nombrado director de Valle Tabares y, posteriormente, director de Seguridad de la Fundación Ideo sin haberse creado previamente el correspondiente Departamento de Seguridad.

A partir de esa fecha y hasta abril de 2010, a raíz de una normativa redactada por el propio Cohen, se realizaron cacheos y registros tanto a menores como a sus habitaciones de tres formas distintas, lo que provocó, según Rodríguez, que los propios trabajadores de Valle Tabares --incluido los profesionales de seguridad-- "no supieran cómo proceder ni en los registros ni en los cacheos a los menores o jóvenes que cumplen medidas judiciales".

Asimismo, agregó Rodríguez, el nombramiento de Marcos Cohen como director de Seguridad contravenía la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento, la cual dispone que "no puede existir un director de Seguridad sin Departamento de Seguridad". Además, éste debe estar físicamente en el lugar, es decir, en Valle Tabares o en cualquier otro centro de menores, de tal manera que no puede ejercer como director de Seguridad de todos los centros de la Fundación Ideo, remarcó.

AÑOS DE IRREGULARIDADES

En cuanto a las irregularidades cometidas bajo la dirección de Marcos Cohen, el asesor de UGT ha destacado la inexistencia de protocolos de seguridad y evacuación en Valle Tabares; la interferencia en el trabajo diario de los profesionales de seguridad; la remisión de informes a la Dirección General de Protección al Menor y la Familia achacando ciertas irregularidades a la empresa de seguridad Dialse; y la asistencia al centro junto a personas que no pudieron ser identificadas y que supuestamente eran escoltas suyos.

No obstante, los sindicatos han considerado aún más grave el visionado y la manipulación de las cámaras de seguridad de Valle Tabares por parte de personas que no pueden tener acceso a las mismas según la Ley de Protección de Datos, habida cuenta de que, según los sindicatos, Marcos Cohen "remitió una normativa por la que cualquier persona de la Fundación Ideo podía acceder al visionado de las cámaras".

Es más, las organizaciones sindicales han denunciado el uso de las imágenes de las cámaras de seguridad para la incoación de expedientes disciplinarios a los trabajadores del Centro de Menores, a uno de los cuales, incluso, se le llegó a registrar su taquilla sin su presencia, lo que provocó que la Inspección de Trabajo impusiera una multa de 6.000 euros a la Fundación.

En consecuencia, y fruto de las denuncias interpuestas por las organizaciones sindicales, el pasado 4 de febrero se tomó declaración a Marcos Cohen por dos integrantes de la unidad central de seguridad privada en el Centro de Menores de Valle Tabares con respecto a los cacheos y los registros. De hecho, según Sixto Rodríguez, atendiendo a la Ley de Seguridad Privada podrían ser multados con cantidades no inferiores a 30.000 euros la Fundación Ideo, el director de Seguridad de la Fundación, y el coordinador de Seguridad de Valle Tabares.

SEGURIDAD PRIVADA

Por otro lado, Basilio Alberto Febles, secretario de Organización y Finanzas de USO-Canarias, también ha querido hacer públicas las presuntas irregularidades que se están cometiendo en el Centro de Menores de Valle Tabares en materia de seguridad privada desde el año 2009, fecha en la que el sindicato interpuso ante la Subdelegación del Gobierno una demanda contra la Fundación Ideo por carecer de Departamento de Seguridad, el cual aún no ha sido creado.

Debido a la inexistencia de este Departamento, explicó Febles, no existe una persona cualificada que pueda dar por escrito las órdenes pertinentes al personal de seguridad que desarrolla su labor en los centros de menores; en contra, hay coordinadores de Seguridad, que son los que les dan las órdenes a los vigilantes.

Al mismo tiempo, de las 157 cámaras de seguridad que están instaladas en Valle Tabares sólo funcionan una treintena; de forma preventiva se hacen cuatro cacheos a los menores, pero de forma extraordinaria hay días en los que se realizan más de veinte, incluso dentro de las propias habitaciones. En consecuencia, la Subdelegación del Gobierno ha interpuesto tres sanciones de una cuantía que puede oscilar entre 30.000 y 60.000 euros.

Publicado en http://www.canariassocial.com/canarias/item/11707-uso-y-ugt-anuncian-que-llevarán-ante-la-fiscalía-anticorrupción-las-irregularidades-de-los-centros-de-menores-de-la-montañeta-y-valle-tabares

El Gobierno canario anula el concurso de hemodiálisis adjudicado a Lifeblood

el informe de adjudicación no estaba "suficientemente valorado"

El Gobierno de Canarias ha decidido retrotraer el expediente de adjudicación a la empresa Lifeblood del servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín de Gran Canaria y José Molina Orosa de Lanzarote, hasta la mesa de contratación, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Fernando Bañolas.

El consejero ha explicado que el informe de adjudicación a Lifeblood no estaba "lo suficientemente valorado". Además ha agregado que ninguna de las empresas que participaron en el concurso ha recurrido el pliego de condiciones, de manera que éste sigue en vigor.

Bañolas no ha aclarado cuándo se volverá a producir la adjudicación, pero sí ha informado de que la cuantía del concurso será la misma y de que podrán participar las cuatro empresas finalistas. El consejero ha insistido en que el expediente es "complejo y de cierta envergadura técnica" y ha recordado que "por orden de la anterior consejera de Sanidad se adjudicó provisionalmente el servicio de hemodiálisis a Lifeblood".

Una de las licitadoras, la UTE conformada por las empresas RTS Servicios de Diálisis y Diaverum Servicios Renales presentó recurso de reposición contra la citada Orden de adjudicación provisional con fecha de 18 de Noviembre de 2010. En esta tesitura, según Bañolas, "por parte de la Consejería y de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias se ha realizado un esfuerzo por no sobrepasar los plazos que fija la Ley de Procedimiento Administrativo". El plazo marcado es de un mes, que "hemos intentado cumplir".

Una vez presentado el recurso se le notifica y se le remite a las demás partes el mismo y sus alegaciones, para que en el plazo de 10 días hábiles se formulen las observaciones y consideraciones que estimen convenientes frente a lo alegado por el recurrente. Recibidas las diferentes alegaciones y previo estudio y contraste de las mismas, ha agregado el consejero, "se elabora una propuesta de resolución del recurso, lo suficientemente motivada y razonada para su remisión a los Servicios Jurídicos del Gobierno para su preceptivo estudio e informe, dentro del plazo de 10 días hábiles".

La Orden de resolución del recurso que ha firmado Bañolas "va desgranando las alegaciones e impugnaciones que la parte recurrente va dirigiendo contra la Orden de adjudicación provisional, a la luz de la normativa de aplicación, la Ley de Contratos Públicos y Pliegos".

Según ha explicado el consejero "se estima parcialmente el recurso de reposición y se revoca el procedimiento de adjudicación al momento anterior de la formulación de la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, con el fin de que, por ésta, se solicite un mayor asesoramiento que justifique y motive las decisiones que adopte".

Publicado en http://www.canariassocial.com/canarias/sanidad/item/11309-el-gobierno-canario-anula-el-concurso-de-hemodiálisis-adjudicado-a-lifeblood

Admitido a trámite el recurso de UGT por el "recorte de derechos" del Gobierno de Canarias a los funcionarios

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha admitido a trámite el procedimiento especial de amparo judicial presentado el pasado mes de noviembre por UGT contra la Resolución del Gobierno de Canarias "que recorta unilateralmente derechos fundamentales y consolidados de los trabajadores de la Comunidad Autónoma", según ha informado el sindicato en un comunicado.

EUROPA PRESS/Gran Canaria

El sindicato anuncia que "no renunciará" a la vía judicial para intentar paralizar la norma con la que el Ejecutivo suspende "ilegítimamente" varios artículos del III Convenio Colectivo del Personal Laboral, a pesar de las negociaciones que se desarrollarán hasta el próximo 4 de febrero para intentar cerrar acuerdos que atenúen los recortes, también incluidos en la Ley de Presupuestos de Canarias para 2011. Los representantes de FETE-UGT se muestran "pesimistas" en cuanto a los posibles resultados de dichas reuniones, que se mantienen en comisión técnica entre los sindicatos y la Administración.

FETE-UGT confía más en que "será la Justicia quien impida al Gobierno de Canarias imponer dichas medidas, pues se trata de una vulneración clara del artículo 37.1 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios. Dicho artículo se desarrolla para los empleados públicos a través de la Ley Orgánica del Estatuto Básico, que obliga a la negociación colectiva en el caso de modificaciones de lo establecido en los convenios colectivos sobre condiciones de trabajo, retribuciones de los funcionarios, calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, planes de Previsión Social Complementaria, criterios generales de los planes y fondos para la formación, y derechos sindicales, entre otros asuntos".

Argumenta UGT que "la Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno sobre medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, implanta, sin ningún tipo de negociación colectiva, modificaciones en todos esos ámbitos y en muchos más".

Concretamente y según recoge el propio texto, incluye la "suspensión de acuerdos y pactos de la negociación colectiva, en lo referente a las jornadas de trabajo, la formación del empleado público, la convocatoria de acción social, la aportación que se realiza al Plan de Pensiones --que forma parte integrante de la retribución anual--, la cobertura del 100 por ciento de las retribuciones en caso de baja laboral y la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales", entre otros derechos consolidados en el Convenio vigente.

"Más particularmente, el Gobierno ha decidido unilateralmente incumplir los artículos del convenio que establecen que la Comunidad Autónoma debe complementar la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad laboral temporal hasta el 100 por ciento de sus haberes por todos los conceptos (art. 39); que compensan con un día de permiso los festivos no trabajados coincidentes con el descanso semanal (art. 18) --derogando, de paso, el Estatuto de los Trabajadores ( Art.37.2)-- , los que obligan a las convocatorias de acción social (incluidas las ayudas médicas, ayudas por estudios, premios de jubilación y permanencia), así como las actividades socio-culturales, que cuentan con un fondo específico (art. 32); elimina la posibilidad --antes obligatoria-- de asistencia de los trabajadores a actividades formativas, con cargo a la Administración (art.38); y el artículo 54, referente a la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales", continúa.

Con respecto a éste último, el Convenio, según UGT, establece el derecho de las organizaciones sindicales a la dispensa total de asistencia al trabajo de un número, como máximo, de 15 trabajadores, en proporción a los resultados de las elecciones sindicales. La resolución del Gobierno se salta dicho acuerdo y se remite al régimen jurídico dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público --aún por desarrollar a nivel autonómico--, que establece únicamente una escala de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo en función del número de trabajadores representados, cuyo tope fija en 40.

FETE-UGT recuerda que el Tribunal Supremo ha solicitado informe al Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la reducción de los sueldos de los empleados públicos. A este respecto, la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público impide la "disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor".

Publicado en http://www.canariassocial.com/trabajadores/item/11495-admitido-a-trámite-el-recurso-de-ugt-por-el-recorte-de-derechos-del-gobierno-de-canarias-a-los-funcionarios