JUSTO ANTES DE ENTRAR EN VIGOR LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA CRISIS DE 2010

Sanidad gastó 662.000 euros en pluses de productividad sin el respaldo del Gobierno

Cargos del PP en el Servicio Canario de Salud no elevaron al Consejo para su aprobación incentivos arbitrarios por productividad.

Lourdes Quesada, secretaria
general del SCS.

La Consejería de Sanidad, por medio del Servicio Canario de Salud (SCS), gastó entre los meses de agosto y diciembre de 2010 más de 600.000 euros en complementos de productividad destinados a decenas de funcionarios y laborales de su departamento, justo antes de que el 3 de noviembre pasado se publicara en el BOC las medidas extraordinarias para reducir el gasto en la Comunidad Autónoma, que suspenden los criterios de distribución de complementos de productividad variable ligados a objetivos del SCS desde el 1 de enero.

Según han confirmado a CANARIAS AHORA fuentes internas, los pluses de productividad nunca fueron remitidos al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y más cuando el Ejecutivo preparaba desde la primavera anterior las medidas para contener el gasto en la administración autonómica, anunciadas y ejecutadas finalmente por la Consejería de Economía y Hacienda del ex vicepresidente José Manuel Soria (PP).

En paralelo, la consejería de Sanidad de Mercedes Roldós (PP), daba vía libre para que la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada, autorizara bajo su criterio la distribución de 662.841,43 euros correspondientes a la financiación de un convenio entre la Comunidad y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Seguridad Social (INSS), con el fin de controlar las bajas laborales en toda Canarias.

El programa específico tenía por objeto el estudio del comportamiento de los procesos por incapacidad laboral (IT), derivados de ciertas patologías y el desarrollo de determinadas estrategias para mejorar la gestión de esta prestación. Es decir, la comprobación efectiva de que los trabajadores de las Islas, tanto del sector público como de las empresas privadas, de baja por enfermedad lo estuvieran realmente.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran, además, que no sólo se distribuyó esa cantidad de dinero a espaldas de un Consejo de Gobierno que ya trabajaba para suprimir los pluses de productividad, sino que el reparto, correspondiente a ejercicios de 2009 y de 2010, se hizo aprisa y corriendo, entre agosto y diciembre de 2010, y de manera arbitraria, ya que no sólo percibieron complementos inspectores médicos del Servicio de Salud Laboral destinados a tal fin, sino incluso auxialiares administrativos o letrados que nada tuvieron que ver con el programa específico acordado con el Ministerio de Trabajo.

De este modo, de los 662.000 euros distribuidos como incentivos -en otros años, el Ministerio determinaba destinar esas partidas a inversiones o necesidades- el Servicio de Salud Laboral se llevó la mayor parte, en dos tandas de 61.819,50 y 140.756 euros, a través de diferentes resoluciones firmadas por la secretaria general del Servicio Canario de Salud, pero también recibieron pluses funcionarios de los Servicios Centrales adscritos a direcciones generales como Recursos Humanos o Recursos Económicos.

En este caso, Quesada autorizó el pago de complementos a personal de su Secretaría General "que colabora" con Salud Laboral, en cantidades que alcanzaron los 29.950, 55 euros, correspondientes a 2009, y los 61.300 euros, de 2010, que desde agosto de ese mismo año se daba ya por alcanzados los objetivos y por tanto se procedía a premiar a los supuestos participantes en el programa específico contra el fraude de las bajas.

En cantidades mucho menores, los pluses de productividad alcanzaron a personal específico de las Áreas de Salud de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma, cuyas cuantías globales superan los 43.000 euros, distribuidos en pequeñas cantidades entre 800 y 1.500 euros según el destinatario del premio.

Por contra, personal de las direcciones generales de Recursos Económicos y de Recursos Humanos, en teoría ajenos a las labores de inspectores médicos de Salud Laboral -como el propio personal de la Secretaría General- percibieron en total unos 75.000 euros.

Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/170444/

Cartas sesgadas para peor proveer

SUÁREZ GIL HA DECIDIDO LIBRAR SU BATALLA EN LAS PÁGINAS DE SUCESOS

Cuentan los cronistas especializados en el histórico movimiento plateado, que el ex presidente de la Cámara de Comercio ha decidido interponer una querella contra su esposa, Josefina Navarrete, por un presunto delito de extorsión, al parecer derivado de una carta que la letrada envió a un socio del empresario, de nombre Armando, que comparte con el Zorro Plateado la titularidad de la empresa Unifruti. ¿O la compartía? No lo sabemos a ciencia cierta, porque de la lectura completa de esa carta, cuyo contenido íntegro ha sido hurtado a los lectores que siguen el culebrón en la sección de sucesos de los periódicos impresos, se deduce que antes de que estallara la guerra marital Suárez Gil había decidido vender sus acciones en la compañía al hijo de su socio, conocido familiarmente por Armandito. Hasta aquí nada que objetar. Lo que ya empieza a sonar a cantos celestiales es el precio presuntamente abonado por esas acciones, y decimos presuntamente porque es más que probable que no se pagara nada, que todo respondiera a una estrategia muy plateada de quitarse de en medio para mejor proveer. Pero, peor aún, en el caso de haberse satisfecho el importe, la transacción no fue declarada a Hacienda, que es lo que la señora Navarrete viene a prevenir al socio de su marido, don Armando, no vaya a venírsele encima una deuda fiscal que la letrada tasa en 240.000 euros, más la sanción correspondiente de seis veces la cifra defraudada. A esa advertencia, el abogado de Suárez Gil le ha puesto el nombre de extorsión.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14037/

Cosas del Zorro Plateado que nadie cuenta

UN ATOLONDRADO ABOGADO METE PRESIÓN DONDE TENDRÍA QUE HABER SOSIEGO

Media Canarias asiste atónita al culebrón que desde el pasado 4 de enero protagonizan dos personajes muy singulares, el empresario y muñidor empresarial José Miguel Suárez Gil y la que todavía es su esposa, la abogada Josefina Navarrete. Conviene, antes de seguir, hacer una drástica separación entre dos vertientes bien diferenciadas que se nos presentan ante esta sucesión de episodios morbosos, de un lado, la agria trifulca económica que se libra en despachos de notarios, juzgados y medios de comunicación, y de otro, los desgraciados sucesos de la mansión de Tafira Baja, donde presuntamente el Zorro Plateado amenazó a su esposa, pistola en mano y puro en la otra, con levantarle la tapa de los sesos por un despecho que puede haberse motivado por el dinero y/o por la vergüenza social de un hombre de éxito en el ocaso de su frenética carrera. Porque mientras puede considerarse lícito que cada uno luche por su patrimonio y su hacienda con los procedimientos legales a su alcance, pretender solapar o explicar en base al terror a la ruina las amenazas con pistola cargada y piernas en jarras no tiene el menor pase. Fijados los antecedentes, entremos en materia.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14036/

Cosas que Trillo nunca debió haber hecho

EL CAPITÁN TAN DEL PP TRABAJA DURAMENTE PARA ANULAR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Trillo, Soria y María Dolores
de Conspirar. Qué trío.

No se asusten, que no vamos a hablarles de ese Federico Trillo vestido de almirante de la mar océana, oteando el horizonte desde el puente de mando del Príncipe de Asturias al frente de una armada invencible rumbo al islote de Perejil. Ni de aquel otro Federico Trillo vestido de siniestro enterrador turco ordenando a sus subordinados que despacharan aquellos 62 cadáveres de mala manera y sin dejar pistas en el escenario del crimen. Les vamos a hablar precisamente de esto último, del Federico Trillo vestido de capitán Tan, jefe del CSI del PP, experto en la contraprueba, en la búsqueda de testigos vulnerables que pudieran o pudiesen cambiar su declaración para echar abajo las investigaciones por corrupción en las que está envuelto el Partido Popular. Y no les vamos a hablar de suposiciones, sino de actuaciones concretas del capitán Tan encaminadas, en aplicación de la doctrina del árbol podrido, a encontrar el origen de las especias para espolvorearlas sobre los más apestosos sumarios para que cojan color.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14025/

Sí entraron en el fondo

EL CGPJ RESALTA DOS ASPECTOS DE LA DENUNCIA DE SORIA

Es falso lo que sostienen Soria y sus acólitos cuando afirman que la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial no entró en el fondo de la queja del majadero este y que archivó por prescripción sin más. Las normas obligaban a esto último, pero al solicitar la magistrada Rosell que hubiera algún pronunciamiento sobre las falacias del presidente del PP, el órgano hizo dos alusiones muy concretas: que en el comunicado firmado por la juez sobre la crisis de la Justicia no se hacía referencia expresa al caso salmón y que la denuncia de 2008 presentada por Carlos Sosa contra José Manuel Soria es muy similar a la que en 2006 presentó Ben Magec en formato querella. Ya sabemos que a todos los bufones que ríen la gracia a los de la conspiranoica les hubiera gustado que no fuera así, pero habrán de tragarse este marrón nuevamente y concluir que a) nunca hubo caso Rosell porque todo fue un engendro de la factoría Soriagate; b) el caso salmón existió y en él quedó probado que el señor Soria cometió el mismo delito que Francisco Camps; c) lo que realmente irrita a Soria es que escapara de ese asunto por prescripción, pero su caso no es aplicable al resto del mundo, y mucho menos a la gente honrada.

Publicado http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14033/

2-0: el TSJC archiva la machangada del comunicado2-0: el TSJC archiva la machangada del comunicado

SORIA REACCIONÓ ACUSANDO A CASTRO FELICIANO DE CORPORATIVISTA

El segundo revolcón a los intentos de Soria de socavar el prestigio de la magistrada Rosell se produjo recientemente, el 25 de enero pasado, cuando el TSJC archivó la denuncia de este mismo personajillo por una perreta referida a un comunicado de Jueces para la Democracia. En esta ocasión, el patético líder del PP canario se empeñó en que tal comunicado había sido redactado por el director de CANARIAS AHORA, como si éste no tuviera otra cosa que hacer o como si los jueces que forman parte de ese colectivo no supieran redactar solitos, como hacen con sus autos y sentencias. La reacción de Soria fue nuevamente de rabia indisimulable: echando espumarajos por la boca llegó a acusar al presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, de haber actuado movido por corporativismo. Este miércoles le llegó la tercera derrota en forma de archivo de su queja ante el CGPJ en la que acusaba a la misma juez de haber redactado la denuncia del caso salmón y de haber firmado un comunicado criticando precisamente el archivo de esa causa en la que Soria fue investigado por un delito de cohecho impropio.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14032/

Nueva derrota de Soria

AUNQUE ÉL Y SUS BUFONES TRATAN DE PRESENTARLA COMO VICTORIA

Habrá que comprarse una pizarra más grande para anotar las derrotas que va acumulando Soria en su particular cruzada contra esa parte del mundo que se ha puesto en su contra. Este jueves se dio a conocer la resolución del Consejo General del Poder Judicial archivando su penúltima pendejada, la queja que, a sabiendas de su pírrico recorrido, presentó contra la magistrada Victoria Rosell. En el tanteador particular de Soria contra esta juez que le resulta tan incómoda ya contabilizamos un sonoro tres a cero, porque ya van tres intentos de apartarla de la carrera judicial que han acabado como este. Si hacen un poco de memoria y se remontan al mes de febrero del año pasado, el órgano de gobierno de los jueces archivaba entonces la primera majadería de José Manuel Soria contra la magistrada, que por aquellas fechas se atrevió a opinar sobre el caso Tebeto, ese escándalo ensolerado en la consejería de Luis Soria que, de no ser por el Supremo, habría costado a todos los canarios 103 millones de euros, justo la tasación que hizo un tío de los hermanos Soria y que el tal José Manuel quería pagar con mucha ligereza. El Gobierno, a petición de Soria y con Ruano aplaudiendo con las orejas, se quejó ante el Poder Judicial, que archivó alegando que la magistrada había actuado dentro de la legalidad y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El cabreo de Soria fue monumental, como todos los suyos de él. Y tratándose de libertad de expresión, más todavía.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14031/

Persiste el colapso en las urgencias de los dos hospitales

Imagen facilitada por Intersindical
Canaria de este fin de semana. /DA

Segun denuncia de Intersindical
Los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria acusan desde hace varias semanas una peligrosa saturación que lleva a la necesidad de ocupar los pasillos de ambos servicios en los que los pacientes se hacinan dificultando sobremanera las actividades asistenciales del personal sanitario. Así lo ha denunciado Intersindical Canarias, que a través de un comunicado ha asegurado que esta saturación "impide a los pacientes el reposo y la más elemental privacidad, incrementando su elevando estado de ansiedad". "Como agravante de la situación", añade la central sindical, "los recortes impuestos por el Gobierno a la sanidad pública, restringen la dotación de personal médico y de enfermería necesario, dándose todas las circunstancias para elevar el riesgo de fracasos asistenciales por la sobrecarga laboral del personal".

"El proceso de drenaje deseable, queda interrumpido no sólo por el elevado número de personas que necesitan acceder a las Urgencias, sino principalmente y sobre todo, por la escasa dotación de camas existentes en las áreas de hospitalización que obliga a mantener varios días a los pacientes “almacenados” en espacios de tránsito sin habilitación para la asistencia".

Para Intersindical, esta situación tiene otros efectos colaterales como "la suspensión de las intervenciones quirúrgicas programadas", al ser ocupadas por los pacientes de urgencias las camas inicialmente reservadas para ingresos quirúrgicos que finalmente tienen que ser suspendidos y pospuestos.

"Como parches", ha añadido, "en el HUC la dirección ideó un proyecto para habilitar un espacio anexo en la antiguas consultas externas, pero esta opción ha venido tropezando con las limitaciones presupuestarias impuestas a la sanidad pública". En el Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, han optado por crear otro apéndice al Servicio, derivando los pacientes a una planta habitualmente cerrada (la Baja norte) y la número 32 del Tórax.

Al contrario de la búsqueda de soluciones efectivas que hagan realidad el teórico principio de derecho a la atención sanitaria con las suficientes garantías, "la Consejería contesta a golpe de falsas encuestas sobre el alto grado de satisfacción ciudadana del servicio que recibe", ha lamentado el sindicato, "o cínicamente insiste que los recortes presupuestarios no van a ser percibidos por los ciudadanos".

Asimismo, Intersindical Canarias ha opinado que los reiterados retrasos y engaños del Gobierno para ultimar la construcción de los Hospitales del Sur y Norte de la Isla, vitales para reducir sensiblemente la presión asistencial que sufren actualmente los dos centros de referencia, unido a "la drástica rebaja de inversiones realizada por el gobierno durante dos años consecutivos", representan "el pesado lastre que continúan teniendo como resultado la prestación de un servicio indigno e inaceptable en las urgencias hospitalarias de los dos hospitales de la Isla y en la mayoría del sistema público sanitario".

Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/8021/

SOMOS MAS denuncia ante la Fiscalía un pago de 2,2 millones de euros realizado por el Organismo de Fiestas de Santa Cruz

Por prevaricación y malversación de fondos El movimiento político y social SOMOS MAS Frente Amplio ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un pago de 2,2 millones de euros realizado por el Organismo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz pese a la existencia de un informe en contra de la Intervención municipal. En ese momento, el Organismo estaba presidido por Maribel Oñate (PP). Las irregularidades denunciadas suponen la transgresión de las más elementales normas que disciplinan la actividad presupuestaria y de contratación públicas, aparte de significar un consciente y deliberado desprecio hacia los básicos conceptos jurídicos que rigen la materia. Según el texto de la denuncia, “por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, OAFAR), se tramitó expediente administrativo conducente al reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de dos millones doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y seis euros con veinticuatro céntimos (2.219.556,24 €)”. “Dicho expediente administrativo comportaba el reconocimiento extrajudicial y extrapresupuestario de créditos incorporados a 19 facturas giradas todas ellas por la mercantil Producciones Rolo S.L. La Intervención municipal, en ejercicio de sus facultades de fiscalización interna, emitió Informe 21 de diciembre de 2009 por el que NO prestó su conformidad al mismo, al tiempo que advertía de forma clara y directa de las graves ilegalidades cometidas, así como de las responsabilidades jurídicas de toda índole en que se podía incurrir”. Comentarios al Informe del Interventor Del Informe del Interventor, se destacan las siguientes y flagrantes ilegalidades: 1º) No consta, ni resulta mínimamente acreditado, que los servicios facturados sean los realmente prestados. Es decir, no se sabe, ni se justifica la efectividad de los servicios cuya facturación ha sido girada. 2º) No consta debidamente justificado los precios unitarios de los servicios facturados, ni tampoco queda constancia de que dichos precios aplicados sean los de mercado. 3º) Por la Presidenta del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, Maribel Oñate, se prestó conformidad a dichas facturas. Ello se desprende del Informe de 20 de noviembre de 2009, emitido por la Gerencia del OAFAR. 4º) Se ha conculcado de forma flagrante, grosera, pertinaz  y reiterada la legislación vigente en materia de contratación pública. La práctica totalidad de las 19 facturas giradas superan individualmente consideradas el límite cuantitativo legal que permitiría la adjudicación negociada sin publicidad (adjudicación directa). De modo que se ha prescindido total y absolutamente de los procedimientos de licitación que rigen la contratación pública vulnerándose los principios de buena administración y de trasparencia en la contratación, en perjuicio de otras empresas del sector susceptibles de haber concurrido competitivamente en un proceso licitatorio en condiciones económicas más favorables para la administración contratante y para el erario público. Así resulta del punto séptimo del Informe de fiscalización. 5º) Dicho reconocimiento extrajudicial de créditos no constituye un acto puntual sino que, antes al contrario, representa la excepción hecha norma (teniendo en cuenta el importe de las Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto a 31/12/2009, ello supone un 112 % sobre el total de los créditos iniciales del presupuesto de gastos del OAFAR, hasta 7.605.436,85 euros). Por último, reiterar una vez más que denuncias como la presente se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción: caso Las Teresitas (con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el Alcalde, varios concejales, funcionarios, técnicos y empresarios favorecidos), caso Forum Filatélico en su trama canaria (con imputación del Alcalde por supuestamente haber podido recibir un soborno de 3 millones de euros destinado a la financiación ilegal de Coalición Canaria), caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno, caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), caso Lerena,  o en proceso de investigación como caso García Cabrera (con una afectación al erario público de unos 6 millones de euros); o más recientemente, caso Facturas (justificación fraudulenta con facturas falsas de las cuentas municipales del Partido Popular durante el mandato 2003-2007) y la denuncia presentada contra la concejala Ángela Mena. No es de extrañar, por tanto, que el alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de esa Fiscalía Provincial así como de la Delegada de la Fiscalía Anticorrupción.

Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/32009/1/

Irregularidades en Centro de Menores

USO y UGT anuncian que llevarán ante la Fiscalía Anticorrupción las "irregularidades" de los centros de menores de La Montañeta y Valle Tabares

Los sindicatos USO y UGT-Canarias se han propuesto llegar ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar las "gravísimas" irregularidades que, en materia de seguridad, se están cometiendo desde 2009 en los centros de menores de Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria, donde los internos son sometidos en ocasiones hasta una veintena de cacheos, y las imágenes de las cámaras de seguridad son de libre acceso para todo el personal de la empresa pública Ideo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Así lo han advertido en el transcurso de una rueda de prensa Basilio Alberto Febles, secretario de Organización y Finanzas de USO-Canarias, y Sixto Rodríguez, asesor de la Federación de Servicios Públicos de UGT en materia de menores, educación e intervención social.

Las denuncias de ambos sindicatos están dirigidas hacia la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y presidenta de la Fundación Ideo, Inés Rojas; Marcos Cohen Simancas, director de Seguridad de la Fundación Ideo; Pedro Marrero, coordinador de Seguridad de Valle Tabares; Orlando del Toro y Salvador Arana, abogados de la Fundación Ideo; y Orlando Umpierrez, gerente de dicha Fundación.

Tal y como ha detallado Sixto Rodríguez, las irregularidades comenzaron en abril de 2009, fecha en la que Marcos Cohen fue nombrado director de Valle Tabares y, posteriormente, director de Seguridad de la Fundación Ideo sin haberse creado previamente el correspondiente Departamento de Seguridad.

A partir de esa fecha y hasta abril de 2010, a raíz de una normativa redactada por el propio Cohen, se realizaron cacheos y registros tanto a menores como a sus habitaciones de tres formas distintas, lo que provocó, según Rodríguez, que los propios trabajadores de Valle Tabares --incluido los profesionales de seguridad-- "no supieran cómo proceder ni en los registros ni en los cacheos a los menores o jóvenes que cumplen medidas judiciales".

Asimismo, agregó Rodríguez, el nombramiento de Marcos Cohen como director de Seguridad contravenía la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento, la cual dispone que "no puede existir un director de Seguridad sin Departamento de Seguridad". Además, éste debe estar físicamente en el lugar, es decir, en Valle Tabares o en cualquier otro centro de menores, de tal manera que no puede ejercer como director de Seguridad de todos los centros de la Fundación Ideo, remarcó.

AÑOS DE IRREGULARIDADES

En cuanto a las irregularidades cometidas bajo la dirección de Marcos Cohen, el asesor de UGT ha destacado la inexistencia de protocolos de seguridad y evacuación en Valle Tabares; la interferencia en el trabajo diario de los profesionales de seguridad; la remisión de informes a la Dirección General de Protección al Menor y la Familia achacando ciertas irregularidades a la empresa de seguridad Dialse; y la asistencia al centro junto a personas que no pudieron ser identificadas y que supuestamente eran escoltas suyos.

No obstante, los sindicatos han considerado aún más grave el visionado y la manipulación de las cámaras de seguridad de Valle Tabares por parte de personas que no pueden tener acceso a las mismas según la Ley de Protección de Datos, habida cuenta de que, según los sindicatos, Marcos Cohen "remitió una normativa por la que cualquier persona de la Fundación Ideo podía acceder al visionado de las cámaras".

Es más, las organizaciones sindicales han denunciado el uso de las imágenes de las cámaras de seguridad para la incoación de expedientes disciplinarios a los trabajadores del Centro de Menores, a uno de los cuales, incluso, se le llegó a registrar su taquilla sin su presencia, lo que provocó que la Inspección de Trabajo impusiera una multa de 6.000 euros a la Fundación.

En consecuencia, y fruto de las denuncias interpuestas por las organizaciones sindicales, el pasado 4 de febrero se tomó declaración a Marcos Cohen por dos integrantes de la unidad central de seguridad privada en el Centro de Menores de Valle Tabares con respecto a los cacheos y los registros. De hecho, según Sixto Rodríguez, atendiendo a la Ley de Seguridad Privada podrían ser multados con cantidades no inferiores a 30.000 euros la Fundación Ideo, el director de Seguridad de la Fundación, y el coordinador de Seguridad de Valle Tabares.

SEGURIDAD PRIVADA

Por otro lado, Basilio Alberto Febles, secretario de Organización y Finanzas de USO-Canarias, también ha querido hacer públicas las presuntas irregularidades que se están cometiendo en el Centro de Menores de Valle Tabares en materia de seguridad privada desde el año 2009, fecha en la que el sindicato interpuso ante la Subdelegación del Gobierno una demanda contra la Fundación Ideo por carecer de Departamento de Seguridad, el cual aún no ha sido creado.

Debido a la inexistencia de este Departamento, explicó Febles, no existe una persona cualificada que pueda dar por escrito las órdenes pertinentes al personal de seguridad que desarrolla su labor en los centros de menores; en contra, hay coordinadores de Seguridad, que son los que les dan las órdenes a los vigilantes.

Al mismo tiempo, de las 157 cámaras de seguridad que están instaladas en Valle Tabares sólo funcionan una treintena; de forma preventiva se hacen cuatro cacheos a los menores, pero de forma extraordinaria hay días en los que se realizan más de veinte, incluso dentro de las propias habitaciones. En consecuencia, la Subdelegación del Gobierno ha interpuesto tres sanciones de una cuantía que puede oscilar entre 30.000 y 60.000 euros.

Publicado en http://www.canariassocial.com/canarias/item/11707-uso-y-ugt-anuncian-que-llevarán-ante-la-fiscalía-anticorrupción-las-irregularidades-de-los-centros-de-menores-de-la-montañeta-y-valle-tabares

2011-02-15 Informa SEPCA

El pasado 27 de enero y 1 de febrero de 2011, tuvo lugar en Sta. Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria respectivamente, reunión del Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública y de la Comisión Territorial de Formación Continua, en las que se aprobaron el Plan de Formación 2011 del Instituto Canario de Administración Pública, de la ESSSCAN y de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, cuyas convocatorias se efectuarán a lo largo de este año. En las mismas se determinarán como en años anteriores las fechas de celebración de los cursos. Está previsto que se publique la primera en el mes de marzo, así como que los últimos cursos se celebren antes de finales de noviembre.
Entre los distintos puntos abordados en estas reuniones cabe destacar los siguientes:
-         Distribución fondos transferidos INAP.
El crédito del que dispone el ICAP se ha visto disminuido de forma considerable respecto al de 2010, dichos fondos, que ascienden a la cantidad de 1.032.130,00,  se articulan en tres ejes de actuación:
1.- Formación general y específica para los empleados públicos de la C.A.C.
2.- Plan Interadministrativo, para los empleados de todas las Administraciones en Canarias. Dentro de este punto es necesario hacer hincapié en que hasta ahora, el Instituto Canario de Administraciones Públicas recibía una subvención para impartir estos cursos, destinados entre otros a los empleados de la Administración Local Canaria y al de la Administración del Estado con sede en Canarias; sin embargo, a partir de ahora, en la cuantía recibida -vía transferencia- vienen incluidos los fondos para el Plan Interadministrativo.
3.- Formación de acceso para funcionarios en prácticas (personal de nuevo ingreso). Se organizarán cursos de formación para los cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Auxilio  Judicial,   derivados   de   las   respectivas  oposiciones   que  se  convocaron  en  el transcurso del 2010. Igualmente también se establecerán otros para otras oposiciones que celebre la Función Pública Canaria.
-         Sistema de selección alumnados.
En este año se limitará a 20 el número de cursos a solicitar por cada alumno/a, penalizándose a aquéllos que no asistan a los mismos sin justificación ninguna. Se mantienen los mismos criterios de selección de los participantes:
El criterio primordial en los cursos de perfeccionamiento general será el de antigüedad y dentro de éste, la preferencia será para los que han realizado menos cursos.  En los de perfeccionamiento especial, primará la relación de las funciones desarrolladas con las materias objeto de los cursos y entre los solicitantes en los que se cumpla este criterio, dirimirá la antigüedad y el haber realizado menos cursos..
-         Incremento de la modalidad formativa de teleformación. Las actividades de formación on-line aumentan significativamente.
Se priorizarán las actividades formativas que permitan directamente o indirectamente avanzar en la administración electrónica. Se incrementa el crédito (195.800€) para la formación online con el fin de atender, entre otras cuestiones, a las necesidades formativas de todas las islas. Todo ello lleva implícito la disminución de actividades de formación presencial.
-         Incremento del número de cursos a celebrar en las islas periféricas: online, presencial y semi presencial.
-         Disminución del crédito para la formación específica o sectorial.
Formación dirigida a formar a un grupo de empleados del mismo departamento para que obtengan unos conocimientos específicos de su área de trabajo: Justicia, Economía y Hacienda, Bienestar Social…). La selección del alumnado/a se realizará por el propio Centro Directivo, cuya asistencia será obligatoria, no como en el resto de la formación donde la acción formativa es de uso general, afectando por tanto a todos los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Canarias a 14 de febrero 2011

El PP falsifica gastos de su 'número dos' con dinero público

MONTELONGO ENDOSÓ AL PATRONATO DE TURISMO EL ALQUILER DE UN COCHE PARA MANUEL FERNÁNDEZ. Fue utilizado por el secretario regional en el Congreso Insular de 2009 - Se justificó en el Patronato como promoción de un touroperador danés.

Manuel Fernández, secretario
general del PP de Canarias.

Finales de noviembre de 2009. El PP de Fuerteventura se dispone a entronizar a Águeda Montelongo en su presidencia. El Congreso Insular que debía cerrar la grave crisis de los populares majoreros contó con la presencia de altos dirigentes, tanto de Canarias como de España. Y uno de ellos, el secretario general del PP canario, Manuel Fernández, disfrutó durante todo un fin de semana de un coche de alquiler a costa del erario público.

Fue la propia presidenta electa, consejera de Turismo del Cabildo majorero, quien endosó el gasto de 92,82 euros al Patronato cuya vicepresidencia ostenta. Pero lo hizo, además, con la aparente falsificación del expediente justificativo del alquiler del vehículo.

El gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, firmó el 16 de abril de 2010 un informe, con el visto bueno de la vicepresidenta, Águeda Montelongo, en el que el concepto del gasto es el alquiler del coche a un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague por su visita a la isla del 24 al 27 de enero de 2010. Y el motivo, "la promoción de la isla y sus excelencias mediante estos grupos de periodistas que luego serán los que promocionará la isla a través de sus reportajes pàra incrementar la llegada de turistas".

Sin embargo, nada de ello se corresponde con la realidad de la factura Y-64713 / 002 de fecha 13 de enero de 2010, emitida por Cicar SL en concepto de alquiler de coche. En el original de la misma figura la matrícula del vehículo y el periodo facturable entre las 19:56 horas del día 26 y las 19:16 horas del 29 de noviembre de 2009. El cliente que recoge el vehículo es Manuel Fernández González, secretario general del PP de Canarias, que plasma en el documento tanto su número de permiso de conducir como su domicilio.

Según ese documento, Manuel Fernández utilizó el vehículo durante el largo fin de semana del jueves 26 al domingo 29 de noviembre. Recorrió 537 kilómetros en un Opel Astra de color gris con matrícula 0624 FJD y nada más se supo de él, porque acto seguido, la documental que remite el rent a car al Patronato de Turismo de Fuerteventura el 13 de enero de 2010 cambia el nombre del cliente pero mantiene el mismo número de factura y el mismo periodo facturable con un cargo de 92,82 euros. 

El PP de Fuerteventura procede así a camuflar un gasto del partido como si fuera una promoción turística de la isla. Y lo hace dejando un rastro evidente: si en la factura figura el fin de semana de noviembre durante el que se celebró el Congreso Insular de 2009, en el informe se asegura que la utilización del vehículo fue dos meses después.

Es el propio gerente del Patronato, con el visto bueno de Águeda Montelongo, quien justifica el gasto del partido conservador como subvencionable, ya que "corresponde a la naturaleza de la actividad objeto de la transferencia concedia en virtud de la Orden de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias número 56 de fecha 10 de marzo de 2010 por la que se concede una transferencia al Patronato de Turismo de Fuerteventura, para promoción de la isla de Fuerteventura por importe de 257.306, 00 euros".

Publicado en http://www.fuerteventuraahora.com/noticia/397/

Un sospechoso: Sacristán Iglesias

PUEDE SER UNO DE LOS QUE COGIÓ UN CARTUCHO CON DINERO PARA CIUCA

No se pueden imaginar cómo se ha puesto el capitán de uno de AFV-Ciuca, Guillermo Reyes, tras leer este lunes en CANARIAS AHORA que fue denunciado en su día como presunto beneficiario de un soborno propiciado en 2003 desde el Ayuntamiento de Telde. "Me voy a querellaaaaaar", gritaba el concejal de la oposición, de Urbanismo y más cosas en aquellos oscuros años del caso Faycán, del caso Doramas y del caso que le hicieron. Está en su perfecto derecho de hacerlo, que para eso tiene contratado en plan fijo discontinuo al despacho del ilustrísimo señor don José Mateo, donde trabaja su hijo de él. Nosotros no nos retractamos ni un milímetro, entre otras cosas porque hay pruebas y testimonios que nos avalan suficientemente, aunque haya fallecido el abogado que lo contó todo con pelos y señales a la Policía. Por cierto, ¿quiénes fueron los dos personajes que recogieron los veinte millones de pesetas del soborno? ¿Acaso uno se llama José Sacristán Iglesias? ¿Colabora para algún medio de comunicación del grupo Reyes el tal Sacristán, alternando peligrosamente esas colaboraciones con la abogacía? ¿Es ese su nombre real o utiliza seudónimo para esconderse de la legalidad vigente? Le estaremos esperando tranquilamente.
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Vergüenza colectiva en Lanzarote

UNA PARTE DE LA PRENSA CONEJERA SALE EN DEFENSA DE LA CORRUPCIÓN

Como si fuera un hecho novedoso, la sociedad lanzaroteña se conmovió nuevamente este domingo al leer en el diario El País un durísimo reportaje sobre los manejos de una parte de sus políticos. Aportó interesantes novedades la pieza, sin duda, pero en esencia venía a ser un magnífico resumen de lo que casi todos los medios de comunicación canarios hemos venido publicando desde que estalló el caso Unión, un escándalo de proporciones hasta ahora desconocidas en las Islas. La reacción no se hizo esperar: este mismo lunes, sin dejar enfriar la tinta de la edición nacional de El País, una parte muy cualitativa de la prensa conejera saltó como un reguilete a matar el mensajero, a quejarse amargamente de la penosa imagen que la isla transmite al mundo por culpa de reportajes como el que nos ocupa. Lancelot Digital, por ejemplo, titulaba su editorial de una manera directa y elocuente: "Otro brutal e indecente ataque de El País". Las principales quejas del semanario vinculado por la vía televisiva al empresario Juan Francisco Rosa, imputado por el caso Jable, hijuela de Unión, iban referidas a las generalizaciones vertidas en el reportaje y a la exigencia de sentencias firmes, como si lo oído y leído hasta ahora no fuera suficiente como para considerar que en esa isla sobran unos cuantos ladrones. Dicho sea sin ánimo de señalar a ninguno en concreto.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14001/

Un Becerra que habla por los codos

'EL PAÍS' RESALTA CÓMO HACE NEGOCIOS POLÍTICOS ESA FAMILIA

Para muchos de los que leyeron El País este domingo, lo más relevante fue, sin duda, el extenso pasaje dedicado a reflejar de manera prolija cómo se hacen los negocios sucios. O al menos cómo dice Fernando Becerra, destacado militante del PP conejero, que han de gestionarse los dineros opacos que se obtienen a partir de beneficios obtenidos por la tramitación corrupta de un Plan General, por poner un ejemplo. "Si lo agarras tú", dice Becerra al socialista Carlos Espino, que le estaba grabando, "entonces ya te puedes retirar diez veces, te retiras diez veces en una legislatura (...) Cantidades que ni te imaginas con el Plan General de Arrecife". Y luego vienen los detalles: "Tú después te tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante. Pides al banco diez o doce millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero claro, tú tienes ahí 400 kilos para blanquear, y ahí los blanqueamos, pum, pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal..." Fernando Becerra ya había sido retratado por este periódico a finales de 2009, cuando se alzó el secreto del caso Unión, pero hemos de confesar que esta parte de las conversaciones con Carlos Espino se nos escapó por completo. Y todavía quiere Lancelot que esperemos por una sentencia firme para calificar estos comportamientos. Hágan el favor.
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La ''parte extraoficial''

FERNANDO DEJA CON EL CULO AL AIRE A SU HERMANO JUAN CARLOS

Ya sabemos, ya, que el electorado no tiene la sana costumbre de castigar con el desprecio y el olvido a los políticos corruptos, y ya sabemos que incluso hay partidos que los promocionan porque deben creer que sus idas y venidas a los juzgados o a las primeras páginas de los diarios le dan una notoriedad muy rentable. Pero nuestra obligación es insistir en que determinados comportamientos requieren una limpieza profunda, y en Lanzarote esa limpieza tienen que ejercerla los partidos, los votantes y los medios de comunicación. Porque no se puede amparar ni siquiera una parte de esa asquerosa corrupción con editoriales en los que se trata de rebajar la gravedad de los hechos o descalificar al periodista por afirmar que sólo el menor de los hijos de Juan Francisco Reyes no está imputado precisamente por ser menor de edad. Una verdad incuestionable porque el resto de la familia está empapelada. Y hablando de familia, ya puede Juan Carlos Becerra emitir un comunicado desmintiendo lo que su hermano Fernando ha dicho de él: "Mi hermano jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...) La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum. Así es como se hacen las cosas". O lo desmiente o dice quién era esa persona extraoficial, que también puede resultar muy interesante. Así es como se hacen las cosas. Qué barbaridad.
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Plan General, Arrecife, PP...

APARECE EL INFORME QUE DEJA A PEDRO DE ARMAS COMO UN MENTIROSO

Sitúense en el momento en que Fernando Becerra trata de engatusar al secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, justo cuando la alcaldía de Arrecife la lleva un socialista, Enrique Pérez Parrilla, y la Concejalía de Urbanismo Ubaldo Becerra, hermano de este bocazas que se escarranchaba de modo tan comprometedor ante el denunciante de la trama del caso Unión. El Plan General de la ciudad estaba y sigue estando en el aire, con un montón de promotores y especuladores revoloteando por los alrededores. Fernando Becerra quería sobornar a Carlos Espino para que allanara el camino, pero todo se frustró al denunciar los hechos e intervenir el juez Pamparacuatro. Pero, ¿qué ocurrió a continuación? Pues que poco después de que el PSOE destituyera a todos los corruptos y a los concejales del PIL, el partido de Fernando Becerra, el PP, se hizo con la alcaldía apoyándose precisamente en los destituidos y sus corruptos. Por eso no es baladí que destaquemos comportamientos tan sospechosos como los del actual concejal de Urbanismo, Pedro de Armas, del PNL, el partido de Juan Carlos Becerra, especialmente en el pelotazo del Islote del Francés. Les proporcionamos para su deleite los documentos que prueban que De Armas mintió en Canal 9 Televisión cuando dijo que esa codiciada pieza de suelo vale 117 millones de euros.
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Zerolo como referente

DOCTRINA DE LA NIÑA TAVÍO: ''NADIE ESTÁ CONDENADO PORQUE ESTÉ IMPUTADO''

Lanzarote es un mal ejemplo para la buena política, como lo son otros puntos muy localizados del Archipiélago como Telde, Mogán, Arona o Santa Cruz de Tenerife, por poner sólo algunos casos. En esta última capital nos centramos ahora para analizar todo lo profundo que podamos las sesudas declaraciones sobre corrupción y elecciones que hizo este lunes la doble candidata del PP a la alcaldía, Cristina Tavío. "Yo creo que en Santa Cruz de Tenerife ha habido imputaciones y estas personas se han presentado a las elecciones y después han sacado unos buenos resultados. Yo creo que esto no es nuevo. No es incompatible, absolutamente. Nadie está condenado porque esté imputado", sentenció la niña Tavío. Se refería, claro está, a Miguel Zerolo, al que su partido puso de chorizo para arriba en la campaña electoral de 2007 para acabar pactando con él con besos de tornillo incluidos. Luego vinieron los desencuentros y de nuevo los revolcones... Pero poner ahora a Miguel Zerolo como ejemplo del efecto efecto purificador que ejercen las urnas sobre los políticos con graves imputaciones por corrupción no es otra cosa que alimentar el sentimiento de alejamiento de los ciudadanos hacia esa actividad tan digna. Aún ejerciéndola como la ejerce la señora Tavío.
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De acuerdo con Rita (Barberá)

LA ALCALDESA DE VALENCIA PROTESTA POR LO MAL QUE LA JUSTICIA TRATA AL PP

Tiene toda la razón del mundo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al reclamar un debate en profundidad en torno a la Justicia, ese poder que, a juicio de tan estentórea regidora municipal, no ha experimentado los sanadores y democratizadores efectos de la transición. Lo malo es que, estando de acuerdo en la necesidad del debate, no lo estamos en los motivos que conducen a la señora Barberá a reclamarlo. Porque mientras que una gran parte de la ciudadanía comparte que la justicia real funciona decentemente en España, la que esta aún acartonada por el almidón y por las influencias de las alturas, por la que hemos dado en llamar la contaminación del canapé, anda sumida aún en una visión más cercana a los privilegios de los dintiguidos que a la proclamada e irrenunciable igualdad de todos los justiciables ante la Ley. No puede ser que alguien del PP en la Comunidad Valenciana tenga el cuajo de salir a la opinión pública a hablar de que alguien utiliza a la Justicia en contra de ese candoroso partido. Porque cualquiera que conozca lo que históricamente ha pasado en esa autonomía con los casos del PP sabe que más bien siempre ha sido al contrario. Analicemos un par de casos, para que ustedes se hagan una idea y, de paso, apliquen las correspondientes translaciones.

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De Naseiro a Nules

DE CUANDO EL SUPREMO ANULÓ AQUELLAS PORNOGRÁFICAS CONVERSACIONES DE POLÍTICOS DEL PP

Muy poco ha cambiado en el Partido Popular español entre 1989 y 2011 si nos ceñimos al contenido de las investigaciones judiciales que ha sufrido a lo largo de esa veintena larga de años. Los sospechosos de la trama de Gürtel siguen conduciéndose con el mismo descaro y las mismas artes mafiosas que aquellos noveles Zaplana, Sanchís o Palop del caso Naseiro, descubierto por un diligente juez de instrucción que perseguía a unos narcotraficantes y que, de improviso, se tropezó con una banda de saqueadores que intentaba enriquecerse y financiar al PP del recién llegado José María Aznar. Al juez lo persiguieron por tierra, mar y aire, indignados ante su osadía, y el Supremo anuló aquellas pornográficas invertenciones telefónicas porque fueron obtenidas mientras se buscaba otra cosa. Pero han quedado para la posteridad unas muy chandaleras conversaciones de Zaplana, que llegó a ministro del Reino, hablando con el tal Salvador Palop de solares, de comisiones, de un Opel Vectra de 16 válvulas y de su ansiedad por ganar dinero con la política. Desde entonces hasta ahora, el PP valenciano ha tenido sometida a la Justicia de una manera francamente despreciable (y perdón por lo de francamente). El ejemplo más palmario lo encontramos en lo ocurrido con Carlos Fabra y el juzgado de Nules

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