Los 1.336 euros de Olarte

EL EX PRESIDENTE SE CONFIESA ANTE EDUARDO LUIS GAROZ EN CANARIAS AHORA RADIO

Les recomendamos fervientemente que escuchen el podcast de la entrevista que este miércoles le hizo en La Buena Tarde Eduardo Luis Garoz a Lorenzo Olarte. El ex presidente del Gobierno, cada vez más entregado al verbo, se confesó ante los micrófonos de CANARIAS AHORA RADIO y mostró todas las debilidades que a esas edades, y habiendo visto lo que ha visto, se puede uno permitir. Por ejemplo, cuando hubo que hablar de las dignidades de los ex presidentes, el honorable letrado gallego confesó que sus actuales ingresos procedentes del Estado se reducen a unos exiguos 1.336 euros que cobra cada día 26 en una oficina de La Caja. Es una cantidad que, dadas sus necesidades, retira en su totalidad el mismo día en que se hace efectiva, según relató con detalle. Sus querencias políticas se inclinan en estos momentos por el Partido Popular, sin abandonar ni un solo instante sus recuerdos de su etapa centrista-centralista y su muy fructífero paso por el nacionalismo, con el que aún mantiene débiles vínculos.

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Soria le subvencionaba con 36.000 euros al año

NO LE ALCANZA NI PARA PAGAR A LA SECRETARIA Y LOS ALQUILERES

Lorenzo Olarte no desperdicia ni un minuto de sus intervenciones radiofónicas para alcanzar su propósito de esta temporada de poner a caer de un burro a José Luis Rodríguez Zapatero, en ocasiones con datos datos bien argumentados y en otras hablando de oídas. Le pareció muy mal que el presidente no saliera a explicar la declaración del estado de alerta o que estuviera fuera de España cuando aterrizó en suelo patrio, gallego por más señas, el Papa de Roma. El ex presidente sólo tiene palabras de elogio para un político en activo, José Manuel Soria, del que confiesa de inmediato que es el único que le ha subvencionado sus idas y venidas a la China, país que visita media docena de veces al año. La subvención, ahora mismo en punto muerto tras la salida del PP del Gobierno, ascendió el último año a 36.000 euros, cantidad que a su juicio no alcanza para pagar secretaria y alquileres, y mucho menos sus viajes al gigante rojo, que realiza en clase turista. Siendo las cosas tan simples como son y aparentan, muy poco se tarda en Canarias en comprender los comportamientos del paisanaje. Y los dictámenes tan encendidos que se elaboran
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Grandes fastos satauteños

CONCEJALES QUE SALTAN DE PARTIDO Y LOS SIGUEN VOTANDO

Santa Brígida va camino de arrebatar a la isla de Lanzarote el dudoso privilegio de ser un banco de pruebas para experiencias políticas sin parangón. Cierto es que fue en esa villa grancanaria donde se estrenó aquello del time sharing, o calentamiento de poltrona compartida, con aquel invento de Salvar Santa Brígida que, finalmente, no salvó ni a los que lo emprendieron. Luego Lanzarote les arrebató todos los registros de contorsionismo político, pero sospechamos que el primer lugar del ranking regresa a este hermoso municipio de las medianías grancanarias. Ya resultó llamativo en 2007 que se unieran Los Verdes con el PP para que los primeros quedaran absolutamente disueltos en las políticas conservadoras del Niño Bravo, el alcalde más echado pa'lante a este lado del río Pecos. Pero los acontecimientos ocurridos a continuación han mejorado mucho cualquier expectativa. Así, mientras los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz, pasean por la isla la sentencia que les ha absuelto de la denuncia que les interpuso hace un montón el concejal verde, antes socialista, Toñín Ramírez, otro militante del PSOE, Manuel Ramos, abandona su acta de concejal por lo que llama entreguismo de su partido el alcalde Lucas, que a su vez trata de captar a otro verde de pasado socialista, Emilio Ventura, ordenando a los funcionarios que compren los folios y las grapas en la tienda que tiene en la calle Tenderete el hijo del pretendido edil.
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El concejal de los cuatro carnés

ARMANDO UMPIÉRREZ HA MILITADO EN LA UCD, EL PSOE, CC Y EL PP

Mientras Lucas Bravo de Laguna trata de someter a los concejales de Los Verdes, la líder de esta agrupación y concejala de Urbanismo en este mandato, Amalia Bosch, pone pies en polvorosa y se marcha a las listas del Cabildo con el inconfesable secreto de no salir elegida para evitar una nueva tentación de volver a pactar con el PP. Porque el experimento verde ha fracasado en Santa Brígida y se ha llevado por delante a medio PSOE, de donde se nutrió el equipo de la señora Bosch. Pero no son los únicos partidos perjudicados por ese extraño estreptococo que afecta a las neuronas políticas satauteñas, porque el PP tiene ahora mismo tres concejales dignos de un estudio multidisciplinar: Felipe Baeza tuvo carné de ese partido, se presentó en las listas de Carmelo Vega y ahora es concejal del grupo de gobierno, del PP auténtico. Guadalupe del Río, que se marchó del PP a mitad de mandato tras un quítame allá esos machismos del Niño Bravo, acaba de entregar su acta y ha constituido Cambio por Sataute, en plan corresponsalía de Nardy Barrios. Pero el campeón mundial del destape en la villa es Armando Umpiérrez, el concejal que arrancó una señal de tráfico para demostrar a una policía local que allí sí se podía aparcar. Umpiérrez, ahora con el PP, ha sido concejal con la UCD, con el PSOE y con Coalición Canaria. Si alguien puede superar esta marca, que nos lo diga, que lo contamos con gusto.

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Aviso a mareantes de Josefina Navarrete

LA EX ESPOSA DE SUÁREZ GIL EMITE UN COMUNICADO FRENTE A LAS CONTRAVERSIONES PATRIMONIALES

Freno al culebrón de Tafira Baja, nuestro Falcon Crest macaronésico. La abogada Josefina Navarrete, harta de la ristra de insensateces que está lanzando José Miguel Suárez Gil, su ex esposo, y su corte de estrafalarios letrados, ha decidido lanzar un interesante aviso a mareantes: Déjense de decir tonterías (ella las llama "informaciones inexactas en el mejor de los casos y absolutamente inciertas en la mayoría de ellos") que me reservo el derecho a ejercitar "las acciones judiciales que por tales informaciones inveraces pudiera emprender". En un comunicado que este jueves publicará la prensa impresa en espacio de pago, la letrada recuerda que el insigne Zorro Plateado está siendo investigado por los delitos de coacciones, amenazas graves y tenencia ilícita de amas, y que desde que salió de prisión el imputado no ha hecho otra cosa que intentar "excusar públicamente un comportamiento injustificable, con explicaciones de diversa índole", referidas en su mayor parte a aspectos de carácter puramente patrimonial. De este modo nos hemos enterado de que, en versión muy plateada, el culebrón contiene, además de los delitos descritos, lingotes de oro, monedas del mismo noble metal, altas cantidades en metálico guardadas en una caja fuerte y cuentas cuasi secretas en Madeira. Todo ello ha encrespado notablemente a la víctima de los sucesos acaecidos el 4 de enero en el chalet que el matrimonio compartía en la carretera de El Fondillo

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Se eclipsa la gravedad de los hechos

NO NOS OLVIDEMOS DE POR QUÉ FUE DETENIDO EL ZORRO PLATEADO
Dicen algunas personas que al día siguiente de salir de prisión vieron al Zorro Plateado pasear orgulloso su cuerpo serrano por la calle de Triana, saludando a diestro y siniestro, respirando a pulmón henchido su recuperada libertad. A los pocos días lo volvieron a ver en igual grandiosa actitud en compañía de alguno de sus brillantes letrados por la calle Domingo J. Navarro, seguramente ajeno al estrepitoso descrédito social en el que ha caído tras saberse lo ocurrido en la mansión tafireña y el método de estrategia pública que ha emprendido para tratar de convertirlo todo en una guerra material. De ahí que nos solidaricemos con Josefina Navarrete cuando dice en su comunicado que espera que "esta lamentable reacción, y lo que pueda venir en el futuro, no desanime a otras víctimas a presentar sus denuncias y distanciarse de sus agresores". Navarrete dice comprender "ahora mejor que nunca que esta lacra social no desaparecerá mientras continúen existiendo, además de los maltratadores, quienes aprueban estos comportamientos, tanto con un silencio cómplice como con un apoyo explícito, amparándose en supuestas razones, sean de tipo patrimonial o de cualquier otro orden, que nunca podrán desvirtuar la realidad de los hechos". Y un remate ciertamente escalofriante: "Salvar la vida y poder compartirla con quienes realmente respetan a otros seres humanos es, sin duda, una recompensa suficiente, incomparable con cualquier campaña de desprestigio que puedan emprender quienes aún creen que pueden disponer de la vida ajena o lograr sus fines mediante amenazas y coacciones". Pues eso, a ver con qué nos sale ahora el otro.
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en peligro la estabilidad de los interinos y sustitutos

STEC-IC denuncia que la administración da por cerrada la negociación del ‘decretazo’ poniendo en peligro la estabilidad del profesorado

El sindicato afirma que pone en peligro la estabilidad de los interinos y sustitutos

Desde el STEC-IC manifestamos, una vez más, nuestra oposición al decreto 74/2010 para la constitución de listas de empleo, así como a su desarrollo a través de la orden objeto de negociación en los últimos días, en consonancia con lo expresado por el colectivo del profesorado interino y sustituto a través de sus asambleas. Reiteramos nuevamente que el STEC-IC nunca ha defendido el actual modelo de oposiciones por considerarlo injusto y por entender –entre otras consideraciones- que no permite valorar adecuadamente la experiencia profesional de los aspirantes. En este sentido, desde nuestra organización siempre hemos defendido un sistema de acceso diferenciado en las oposiciones, que permita conjugar adecuadamente la estabilidad laboral del profesorado interino y sustituto con el acceso a la docencia de nuevos compañeros/as sin experiencia laboral.

Sin embargo, la tozudez de la administración y el desprecio hacia la acreditada experiencia del profesorado interino y sustituto de Canarias, con el apoyo de algunas organizaciones sindicales, ha generado la aprobación y posterior desarrollo de un nuevo sistema para la conformación de las listas de empleo que pondrá en peligro, como reiteradamente hemos informado, la estabilidad laboral de miles de docentes.

Asumiendo su responsabilidad como organización mayoritaria, en el ámbito de la docencia canaria y de acuerdo con lo acordado por las asambleas del profesorado interino y sustituto convocadas al efecto, se han presentado ante la Administración Educativa múltiples propuestas para intentar garantizar la máxima estabilidad laboral posible para el colectivo. Además, y en aras a la transparencia que siempre ha caracterizado a nuestra organización, hemos hecho públicas estas propuestas para conocimiento general.

Visto el resultado de la negociación, seguimos insistiendo en que la experiencia es un valor incuestionable que debe ser baremado en el máximo legal posible, respecto a la conformación de las nuevas listas de empleo. Igualmente y en referencia al ‘Informe sobre la evaluación de la práctica docente’, consideramos que –aún no siendo un sistema del agrado de esta organización- que es necesario ampliarlo a todo el colectivo interino y sustituto con tiempo de servicio, evitando la enorme limitación que pretende imponer la administración para acceder a puntuación mediante el mismo, (sólo para los “activos” durante todo el curso de la celebración de oposiciones). Asimismo, con el desarrollo de este decreto se da vía libre para que se produzca una avalancha de opositores de todo el Estado que vendrán a las islas a competir con el profesorado de nuestra tierra, accediendo a las listas en igualdad de condiciones que los docentes canarios que llevan años como interinos/as. Por otro lado, hemos manifestado reiteradamente nuestra oposición al establecimiento de un “periodo de prácticas” para los nuevos interinos y sustitutos así como a los mecanismos de “exclusión de listas” que la administración pretende regular mediante la orden en cuestión.

Desde el STEC-IC, como sindicato mayoritario en la docencia Canaria, solicitamos a la Administración que tenga en cuenta, junto con las anteriores, las múltiples propuestas realizadas por nuestra organización, al tiempo que exigimos la convocatoria de una nueva mesa de negociación para conocer y negociar el texto final de la orden antes de su publicación en el BOC.

Finalmente, hacemos un llamamiento a la responsabilidad al resto de organizaciones sindicales, incluso a aquellas que legitimaron con su apoyo y firma este grave atentado contra la estabilidad miles de trabajadores, a fin de buscar puntos de consenso que permitan hacer un frente común ante la administración educativa.

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Las administraciones deberán reservar un 7% de sus plazas a personas discapacitadas

El cupo de interinos y reservas pasa del 3 al 7%

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, en Consejo de Gobierno, el Proyecto de Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ACN Press / Santa Cruz de Tenerife

El objetivo de este cuerpo normativo es promover las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, a los puestos de trabajo y a la formación, en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes o empleados públicos.

Entre las novedades más significativas de este Proyecto, presentado por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad y de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, hay que destacar el aumento en el porcentaje de la reserva mínima para cubrir un empleo público por personas discapacitadas, que pasa del 5 por ciento actual al 7, en relación al número total de plazas anuales ofertadas.

De éste último porcentaje, se reserva un mínimo del 5 por ciento para cubrir por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica que no tenga su origen en un retraso mental, y una reserva máxima del 2 por ciento para cubrir por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, convocándose para ello pruebas separadas con bases diferenciadas.

En el caso de listas de reserva y personal interino o laboral temporal, el cupo de reserva pasa del 3 al 5 por ciento.

El Proyecto de Decreto establece, además, que el acceso a estos puestos por parte de personas con discapacidad se somete a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas, al tiempo que advierte que las especiales condiciones de accesibilidad no podrán modificar los requisitos de titulación exigidos por la Ley.

El ejecutivo destaca también que se prevén expresamente adaptaciones a las pruebas y los puestos de trabajo asignados, por lo que, en el caso de los discapacitados intelectuales se permite la asistencia de una persona de tutoría o apoyo que facilite su adaptación al puesto de trabajo que le haya correspondido.

Otro de los cambios más significativos en relación al anterior Decreto, es que el nuevo texto apuesta por promover la participación de personas con discapacidad como miembros de Los Tribunales y Órganos de selección de convocatorias con turno para personas con discapacidad y, en el caso de empleo temporal, todos los aspirantes (también los discapacitados), con independencia del turno por el que hayan participado, serán integrados en una única lista de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral temporal. En caso de empate, se dará preferencia al aspirante discapacitado.

Se prevén además acciones específicas de formación, tanto para facilitar la integración de la persona discapacitada en el puesto de trabajo adjudicado, como para facilitar su posterior promoción profesional. Para ello, se desarrollarán políticas activas que facilitarán el acceso al empleo público de estas personas, estableciéndose igualmente su preferencia para la admisión en cursos del Plan General de Formación.

Por último, cabe destacar también la creación de la Comisión de Seguimiento para la Integración Laboral de las personas con discapacidad, adscrita a la Viceconsejería de Administración Pública, cuya labor será la de velar por el cumplimiento de los objetivos que se establecen en el texto. Este proyecto de Decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias

Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11358

Informa SEPCA 26-01-2011

En el Boletín Oficial de Canarias de fecha 25 de enero de 2011, se publica una modificación parcial del Acuerdo para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración de la Comunidad Autónoma. La citada modificación afecta al horario de apertura y cierre de los edificios administrativos.

Como recordarán, en el Acuerdo inicial, se establecía que los edificios administrativos se abrirían a las 7,30 horas y se cerrarían a las 16,00, excepto en los meses de verano que se cerrarían a las 15,00. Se obligaba entonces a que los funcionarios con jornada especial debían prorratearla a lo largo de los cinco días de la semana, lo que dejaba escaso margen para compensación de posible déficit horario y, por tanto, quitaba toda razón de ser a lo que se había llamado horario flexible.

Tras las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales, ya que estas medidas atentaban además contra el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, el Gobierno ha comprendido la legitimidad de la protesta y ha modificado los horarios antedichos.

Según se establece en la modificación publicada, los edificios administrativos se abrirán a las 7,30 horas y se cerrarán a las 17,00 horas, salvo en los meses de verano en los que el horario de cierre será a las 16,00 horas. Habrá que seguir prorrateando la jornada especial a lo largo de la semana, pero con esta modificación ya hay más margen para, además, hacer efectivo el horario flexible al que tenemos derecho

Un mal día lo tiene cualquiera

A SORIA LE CRUJEN LAS CUADERNAS POR TODAS PARTES

Portada del informe jurídico gallego.

Qué poco dura la alegría en casa del amargado. José Manuel Soria acababa de llegar este lunes de darse un chute de euforia y de triunfo del cónclave del PP en Sevilla cuando se topó de bruces con la dura realidad, con su dura realidad canaria: la del presidente de un partido que tampoco esta vez va a ganar las elecciones autonómicas, aún con un enorme tsunami a su favor. Su liderazgo político continúa fuertemente marcado por un temperamento incompatible con la democracia, y sus actos, presididos por una soberbia sin límites, le conducen permanentemente al más grotesco de los ridículos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicaba este martes urbi et orbi que procedía al archivo de la última pendejada del presidente del PP canario, consistente en denunciar a la asociación Jueces para la Democracia y al director de CANARIAS AHORA, acta notarial en mano, por considerar al segundo autor de un comunicado de los primeros. Hasta mucho tardó el alto tribunal canario en dar carpetazo a una denuncia que desde el primer momento apestaba a uso perverso y pervertido del ordenamiento jurídico con el único objeto de hacer un ruido dañino que perjudicara a los jueces a los que Soria quiere descalificar profesional y socialmente. Y de paso, mezclar a este periódico en su psicótica manía de la conspiranoica.
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Una mala estrategia con malos resultados

POR SI ALGUIEN NO LE TENÍA COGIDA LA MATRÍCULA

La estrategia de Soria de desgastar la imagen de los jueces que puedan no tener miedo a investigarlo a él o a su partido es tan evidente como retorcida. Consiste en lanzar infundios a sabiendas de que lo son, quedándose simplemente en la queja orgánica y administrativa, en la insinuación de un comportamiento pretendidamente más grave, pero siempre plantándose en el límite mismo del delito para no volver a comprometer a los magistrados o fiscales del TSJC que le archivaron sus andanzas en el salmón, en las mentiras eólicas y en el chalet de la familia Esquivel. Sabe que ya le tienen cogida la matrícula de sobra, que miente como un poseso y que utiliza los mecanismos de la justicia y del Poder Judicial exclusivamente para fines espurios. Pero en primera instancia alcanza los objetivos pretendidos: que la tinta de calamar que lanza lo enturbie todo, que determinados estamentos de la sociedad y del Foro se asombren ante lo que denuncia con tanta solemnidad y aparato mediático. Para, llegado el momento, poder recusar a los jueces que él mismo atacó infundadamente alegando para entonces que existe una manifiesta enemistad que los contaminaría para investigarle o juzgarle. Porque sabe perfectamente que más pronto que tarde la Justicia terminará dando buena cuenta de toda una sucesión de comportamientos indecentes que ha protagonizado este que ahora quiere ser ministro con Rajoy. Y tenemos una prueba documental que nos avala por completo: el dictamen jurídico en el que se basó para denunciar a la juez Victoria Rosell.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13839/

Un dictamen muy gallego

ESTÁ FECHADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y LE RECOMIENTA IR CONTRA DOS JUECES

Efectivamente, José Manuel Soria maneja desde el 9 de septiembre de 2009 un extensísimo dictamen jurídico de 103 folios que fue encabezado con este título tan perspicaz: "Informe jurídico sobre la nota suscrita por los jueces don Miguel Ángel Parramón y doña Victoria Rosell Aguilar y publicada el día 6 de agosto de 2009 en el periódico La Provincia en unión de otros letrados más, conteniéndose una crítica muy dura de la Administración de Justicia en Canarias en relación en especial con el famoso "caso salmón". Aunque gallego el autor, comprobamos en el frontispicio del informe que no escatimó el hombre en descripciones para orientar al lector hacia el resultado final del folio 103, cifra que se corresponde (fitetú qué cosas) con la cantidad de dinero que Soria estuvo a punto de soltarle a Bittini en Tebeto por una metedura de pata de su hermano Luis. Ni que decir tiene que el dictamen de tan insigne letrado concluye que era necesario interponer ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra esos dos magistrados tan atrevidos por la comisión de "dos faltas graves", pero la noticia está en las recomendaciones que el firmante, cuya identidad de momento vamos a soslayar, hace al destinatario de sus desvelos profesionales
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13840/

Desde entonces sabía que prescribían

EL ILUSTRE LETRADO SE LO RECUERDA A SORIA

Las conclusiones del dictamen gallego del que hoy les avanzamos algunos retazos no tienen desperdicio alguno. Porque hay referencias a las circunstancias personales de los dos magistrados para los que se recomienda la queja ante el órgano de gobierno de los jueces, pero también se advierte al destinatario del informe, José Manuel Soria, que debe andar espabilado con los plazos: "Téngase muy en cuenta lo atinente a la prescripción de las faltas cometidas por los jueces y magistrados, ya que en tal sentido es necesario recordar (...) que las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves en el plazo previsto para la prescripción de las faltas". Teniendo en cuenta que el informe lo tiene Soria en su poder desde septiembre de 2009, un mes después del famoso comunicado de La Justicia en crisis, cabe concluir que el presidente del PP canario sabía perfectamente en diciembre de 2010 que la queja que presentaba con fanfarria, Trillo y Cospedal (y no necesariamente por ese orden) se refería a unas infracciones "graves" ya prescritas desde agosto del año pasado. Entonces, ¿por qué la presentó a sabiendas de que, en el mejor de los casos, va a archivarse por prescripción? Sólo interesaba el ruido mediático, la revoltura, la infamia.

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Abonando el terreno para la recusación

EL GALLEGO NO SE CORTÓ UN PELO

La perversión del autor del dictamen jurídico sobre el comportamiento de dos jueces sólo es equiparable a la del cliente para el que fue confeccionado. Porque son recurrentes las menciones a la posibilidad de que "en su día" pudiera recusarse a los dos magistrados: "Cabría la recusación de cualquiera de los jueces denunciados si fuesen condenados incluso por una falta leve y entendieran de cualquier cuestión civil, penal o contencioso-administrativa en que sea parte cualquiera de los que fueron, en su día, denunciantes ante el Consejo General del Poder Judicial". Es decir, que la mera presentación de la queja ante el CGPJ, sea cual sea la resolución de ese órgano, bastaría, a juicio del letrado gallego, para poder recusar a la juez Victoria Rosell ante cualquier causa en la que tuvieran que ver José Manuel Soria y "el Partido Popular de España", que son los que aparecen firmando la queja que finalmente sólo se interpuso contra la titular de Instrucción 8 poco después de que empezase a investigar comportamientos relacionados con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias durante la etapa en la que estaba a cargo de ese mismo partido. Como las casualidades no son posibles estando Soria por medio, ya pueden ustedes ir llegando a las conclusiones más elocuentes.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13842/

La prueba de los párrafos calcados

SORIA REPRODUCE ANTE EL PODER JUDICIAL UN ARGUMENTO QUE LE OFRECE EL GALLEGO

José Manuel Soria (o quien le redactara la queja que interpuso ante el Poder Judicial) tuvo muy en cuenta algunos de los consejos formulados en septiembre de 2009 por el ilustre gallego, canario de adopción, que le elevó tan prolijo dictamen a un coste que terminaremos por conocer. Se saltó las advertencias a los plazos de prescripción, como hemos visto, pero sí tuvo especial mimo a la hora de plasmar pasajes completos de este informe, especialmente los que recogían los apasionados artículos de Lorenzo Olarte y de Eligio Hernández sobre "los jueces estrella", o las circunstancias personales de los magistrados analizados. Y, como no podía ser de otro modo, aparece el director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, como "conocido periodista, famoso por su implacable campaña de descrédito de don José Manuel Soria, singularmente en el medio de comunicación digital CANARIAS AHORA, de gran lectura, del que es máximo responsable por lo cual ha habido diversos procedimientos penales seguidos recíprocamente entre ambos". Cierto es que esos mismos ataques mediáticos los atribuye el letrado asesor al periódico La Provincia, desde donde "se ha seguido desde hace años ininterrumpidamente una campaña de descrédito contra José Manuel Soria que últimamente ha arreciado con motivo del llamado caso salmón, campaña que sin la menor duda, es la que jamás se ha seguido en estas islas, y probablemente en España, contra un político". El gallego data este informe en Madrid, pero ya sabemos que lo hizo para despistar, porque tanto conocimiento de la idiosincrasia, de los prestigiosos juristas articulistas y el peloteo a Soria lo delatan desde el ensortijado encabezamiento.

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Ahora, a esperar por el amigo Ruano

SORIA TAMBIÉN SE PERSONÓ EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Como les decíamos al principio, el TSJC ni se ha molestado en abrir diligencias para investigar la denuncia de José Manuel Soria por la majadería de que el periodista Carlos Sosa redacta los comunicados de Jueces para la Democracia (JpD). Bastó al alto tribunal consultar con los directivos de esa asociación judicial para dar carpetazo a esta nueva pendejada del presidente del PP. Una pendejada que tuvo también su secuela en la mascarada que montó el mismo personaje ante la Consejería de Presidencia y Justicia, a la que instó a que investigara si desde un ordenador instalado en los juzgados, alguien llamado Carlos (Sosa Báez, a mayor abundamiento) había escrito un comunicado de JpD. Suponemos que ante la contundencia del archivo promovido por el TSJC y la evidencia de que Soria es un acreditado mentiroso compulsivo, José Miguel Ruano y esos fabulosos servicios jurídicos que tiene a su cargo (los mismos que patinaron estrepitosamente ante la declaración de interés general del partido de fútbol del domingo) hagan lo propio y se pongan a trabajar en cosas serias. Que ya está bien de hacerle el juego a las machangadas de Soria, muy celebradas permanentemente por el consejero Ruano.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13844/

Anticorrupción investiga si hubo cohecho en el concurso de hemodiálisis

MADRID ASUME LAS PESQUISAS POR LA PRESENCIA DE LA ESPOSA DEL FISCAL JEFE PROVINCIAL

 Los denunciantes señalan en el centro de la trama al empresario Javier Artiles, ex asesor de Roldós.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde Madrid hasta cinco presuntos delitos cometidos en la Consejería de Sanidad durante la etapa de Mercedes Roldós (PP), en la adjudicación provisional a la mercantil Lifeblood del concurso del servicio de hemodiálisis para los hospitales Doctor Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote.

Admitida a trámite la denuncia presentada en diciembre pasado, en la misma se detallan la mayoría de hechos conocidos del caso y se considera que podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de cohecho, revelación de información reservada, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Anticorrupción ha decidido que las pesquisas las asuma un fiscal de Madrid para evitar contaminaciones desde Gran Canaria, como interesaba en la denuncia los firmantes dada la relación de una de las personas implicadas, Lourdes Quesada, secretaria general del Servicio Canario de Salud y esposa del Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.

Además de a Lourdes Quesada, el escrito a la Fiscalía Anticorrupción señala al abogado y empresario Francisco Javier Artiles Camacho -ex asesor de Mercedes Roldós y presunto socio de Lifeblood-, al empresario Francisco Javier Jorcano -administrador único de Lifeblood, relacionado con el caso Canódromo-, a la jefa del Servicio de Nefrología, Leocadia Palop y al empresario, consejero de La Caja y destacado militante del PP, Mario Romero Mur, como las personas presuntamente implicadas en la trama.

La información aportada a la Fiscalía centra el caso en la modificación del borrador de las bases administrativas del concurso suprimiendo la exigencia de experiencia y reduciendo al máximo la de solvencia económica y la existencia de un borrador previo eleborado por técnicos que presuntamente modifica la secretaria general técnica de la Consejería.

Además, se detalla la mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica -10 puntos sobre 100-, un "porcentaje inusual que hace que gane la oferta que pujaba por el precio total de la licitación", y el hecho de que existiera una valoración esencial a favor de Lifeblood de la propuesta de apertura de un tercer centro de hemodiálisis en las cercanías del Hospital Doctor Negrín, que sin embargo no aparecía en las bases del concurso.

Esta presunta información privilegiada a favor de Lifeblood se une también en el escrito a la Fiscalía al hecho de otorgarse una máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos -49 en el primer caso y 51 en el segundo- y entienden los denunciantes que si hubiese sido al revés, la ley obligaba a la convocatoria de un Comité de Expertos con tres miembros ajenos a la Consejería y a la Mesa de Contratación para realizar un informe motivando las decisiones a tomar, por ser criterios sujetos a juicios de valor y mucho más proclives a la arbitrariedad.

La denuncia centra la trama en la presencia en la misma del abogado Javier Artiles, asesor jurídico de una empresa pública vinculada a la Consejería de Sanidad, al negociar presuntamente Artiles todo en nombre de Lifeblood, tanto en su relación a la hora de negociar con La Caja, a través de su concuño Mario Romero Mur, el aval necesario para la adjudicación definitiva del concurso, como su relación con el gerente de Inprocansa, Francisco Javier Jorcano, a la sazón administrador único de Lifeblood, que enlaza directamente con el caso Canódromo.

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/166994/

María del Mar Julios, pidió este martes a UGT y CCOO "un esfuerzo de austeridad"

En todo caso, recordó que "el Gobierno canario está haciendo un tremendo esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y los servicios públicos esenciales"

Julios respondió, así, ante las declaraciones de los secretarios generales de UGT y CCOO en Canarias, Gustavo Santa y Juan Jesús Arteaga, respectivamente, que han instado al Gobierno central para interponer un conflicto de competencias porque consideran que la Ley de Presupuestos de Canarias de 2011 "atenta" contra derechos sindicales. En todo caso, recordó que "el Gobierno canario está haciendo un tremendo esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y los servicios públicos esenciales", al tiempo que cree que "en este momento todos los ciudadanos piden de los responsables políticos, empresariales y sindicales un esfuerzo de austeridad y de corresponsabilidad".

Según Julios, "los liberados sindicales son la mayoría del sector del servicio público y tienen que estar siendo sustituidos por otras personas para poder dar esa prestación". De ahí que remarcó que la administración está "haciendo un planteamiento de mantener los derechos sindicales y a su vez mantener la política de austeridad que como Gobierno tiene la obligación de mantener, precisamente para poder mantener los puestos de trabajo y los servicios públicos". Así pues, invitó a los sindicatos a estar "codo con codo defendiendo los servicios públicos", que en otras comunidades autónomas están sufriendo "recortes que han generado pérdida de puestos de trabajo", una situación que espera que "no ocurra en Canarias".
Publicado en http://tribunadecanarias.es/Article21472.phtml

Murcia entra en erupción

Los recortes a funcionarios provocan manifestaciones nunca vistas en la región. Una economía basada en el ladrillo se ha desplomado: del pleno empleo en 2008 al 24% de paro en tiempo récord. Valcárcel contraataca con una fórmula milagrosa: viene la Paramount

Funcionarios murcianos se manifiestan por las
calles del centro de la capital, el pasado día 12,
en protesta por los recortes. A la protesta se unieron
todos los sindicatos de la región.- PEDRO VALEROS



Nada hacía presagiar el 22 de diciembre pasado que Murcia iba a estallar en conflicto. Mucho menos en medio de las navidades. Era el día de la lotería de Navidad. No había caído en la región, pero esa noche el presidente Ramón Valcárcel debía recoger en la Cámara de Comercio de la capital el premio al político del año concedido por la cadena SER. Era uno más de tantos reconocimientos para quien se vanagloriaba de ser un plusmarquista de la política nacional a fuerza de superar, elección tras elección, sus resultados electorales. Valcárcel había gobernado Murcia bajo una paz social que duraba 15 años a fuerza de firmar numerosos acuerdos con los sindicatos. Pero aquella noche, a las afueras de la Cámara de Comercio, cientos de personas se manifestaron espontáneamente con la intención de aguarle la fiesta. Era la primera vez que sucedía algo así.

No fue un episodio aislado. Cinco manifestaciones se sucedieron desde entonces, una tras otra, cada vez más numerosas, hasta llegar a alcanzar las 40.000 personas. Hubo manifestantes que llegaron a lanzar huevos a la fachada del edificio donde reside Valcárcel, hubo zarandeos con algún consejero y altos cargos en otros puntos de la ciudad. Portavoces de los sindicatos reconocen haberse visto sorprendidos por la magnitud del movimiento durante estas semanas, máxime teniendo en cuenta que los protagonistas eran funcionarios autonómicos, el colectivo más favorecido por la paz social de Valcárcel. Casi cada día, se registran asambleas o pequeños actos de protesta en hospitales y colegios de la región. Detrás de esta tensión que afecta a los funcionarios hay un paquete de medidas aprobado sin discusión en el parlamento regional que afecta a sus salarios y derechos laborales, pero también una realidad económica muy severa. La burbuja murciana ha estallado. Y lo ha hecho con más virulencia que en otras partes del país. Como dice un sindicalista: "A más ladrillo, más crisis". Y Murcia era el paradigma del ladrillo. Eso es lo que ha pasado.

La economía murciana se ha desplomado. Los récords electorales de Valcárcel han ido paralelos a los datos de crecimiento económico de la región, que se acercó a una situación de pleno empleo técnico en el año 2008, una realidad muy diferente del 23,6% de paro con el que Valcárcel había comenzado su mandato allá por 1996. Murcia ha crecido más que ninguna otra región de España a una media del 3,9% entre 2000 y 2005. Ha sido una locomotora cuyo motor estaba impulsado por un crecimiento exponencial de la actividad inmobiliaria: 300 convenios urbanísticos se han firmado en Murcia en los años dorados, con una previsión de viviendas para 800.000 personas. Murcia aspiraba a ser la Florida europea, siguiendo el guión marcado por la empresa que mejor simbolizaba este impulso, Polaris World: viviendas con campo de golf bajo el sol del Mediterráneo. Y el agua, tan escasa siempre, no iba a ser un problema.

Con este horizonte de ensueño, Valcárcel firmó el 24 de julio de 2006 con la patronal y los sindicatos un plan estratégico denominado Horizonte 2007-2013, cuyo preámbulo anunciaba textualmente que "los cambios que va a experimentar la Región de Murcia durante los próximos años -digamos que durante los próximos veinte- previsiblemente van a ser mayores que los que se han vivido durante los últimos ochenta". El plan, redactado en un tono triunfalista, aseguraba que la región contaría "con un modelo de desarrollo económico que proporcionará empleo de calidad para todos; empleo estable y con unas adecuadas remuneraciones; empleo cualificado, que ofrecerá oportunidades de progreso y que facilita a trabajadores y trabajadoras mantener sus cualificaciones actualizadas a lo largo de toda su vida laboral". Una nota de prensa posterior significaba que el Consejo Económico y Social nacional "alabó nuestro plan estratégico, nombrándolo en su memoria anual de 2007 como una de las pocas hojas de ruta de una región en España".

Esa hoja de ruta ya no sirve. El pleno empleo desapareció y la tasa de paro amenaza con superar el 25% (23,95% en el tercer trimestre de 2010). Murcia ha pasado de liderar las alzas a liderar las caídas en el crecimiento del PIB. En números redondos, Murcia ha vivido el trance de contar con 100 nuevos parados cada día. Y su tasa de abandono escolar en el año 2009 (37,3%) superaba con creces la media española (31,2%). En dos años, Murcia se ha convertido en el espejo de la crisis. Y en el paradigma también de las consecuencias de una economía excesivamente dependiente del ladrillo: hay más de 35.000 viviendas sin vender. Según el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, se iniciaron 43.776 viviendas en 2004 y solo 4.931 en 2009. El lado oscuro del urbanismo tiene otra estadística: 23 de los 45 municipios murcianos han sufrido casos de corrupción.

"Es la primera vez que veo que la crisis es grave de verdad", afirma el abogado laboralista Antonio Checa, uno de los más reputados de la región. También de los más experimentados. "Tenga en cuenta que ya sufrí la crisis de 1982, la de los años noventa. Ahora mismo, no veo empresas de verdad. Casi no quedan trabajadores por despedir. No hay alternativas al empleo, lo que mejor ha funcionado ha sido el sector agroalimentario, pero a costa de esperar a que haga frío en Europa para que se puedan exportar más lechugas y hortalizas. La construcción se llevó todo. Apenas quedan cuatro empresas emblemáticas en Murcia". Un conjunto de profesionales desencantados de la izquierda oficial y agrupados en una asociación denominada Foro Ciudadano acaba de editar un libro titulado El otro estado de la región, cuya principal conclusión es la de que el boom económico ha empobrecido la política regional y no ha conseguido hacer despegar a Murcia de la cola del desarrollo humano en España.

El causante de este varapalo es la excesiva exposición al sector inmobiliario. Y en ello coinciden las fuentes consultadas entre sindicatos y empresarios, a excepción de los políticos del Gobierno regional, que no han accedido a ser entrevistados. No es un fenómeno único en España, pero sí relevante, del cual nadie quiere sentirse responsable, por mucho que portavoces sindicales y empresariales manifiesten que lo avisaron en su tiempo. Las patronales y las centrales sindicales firmaron pacto tras pacto con Valcárcel. Hubo convenios con resultados frustrantes. Cuando Repsol se propuso hacer una gran inversión en su planta de Cartagena se citó la cifra mágica de 5.000 nuevos empleos. "Nos encontramos", reconoce un portavoz sindical, "con que como consecuencia del fracaso escolar y la baja calidad del empleo en la construcción, no teníamos jóvenes suficientemente formados para satisfacer esa demanda de empleo". Se improvisaron cursos de formación, auspiciados por el Gobierno. Resultado final: más de 500 trabajadores portugueses fueron contratados para la planta.

"No se diversificó el crecimiento", dice un alto cargo de una organización empresarial. "Ni siquiera se apostó decididamente por una agricultura especializada". De hecho, algunos empresarios agrícolas terminaron cayendo en la tentación de diversificar sus negocios y acudir también al sector inmobiliario, y esas decisiones les están costando ahora el cierre. "El problema", continúa este dirigente, "es que el sector inmobiliario ocupó todos los cauces, tentó al sector político y tomó posesión del poder económico. Si miramos a los presidentes de las tres Cámaras de Comercio que hay en Murcia (Murcia, Cartagena y Lorca) todos proceden del sector de la construcción. Lo mismo sucede en la patronal. De tal manera que no se escucharon otras voces. Esa estructura dificultó que se emprendiera el cambio de modelo productivo. Y así, cuando se ha planteado la posibilidad de invertir en parques tecnológicos, o cuando se habla de otros proyectos como palacios de congresos, observamos cómo el interés de algunos se limita simplemente a la construcción del parque, no a lo que tiene que venir después".

Ese panorama crítico no tuvo su reflejo en las calles. Murcia podía estar en crisis, pero la paz social seguía vigente. De hecho, la convocatoria de huelga general el pasado 29 de septiembre apenas tuvo incidencia en la región. Meses después, el 21 de diciembre pasado, Valcárcel presentó los presupuestos de la región para el año 2011 en plena calma y con los sindicatos en silencio a pesar de anunciar un recorte de 300 millones de euros. Pero ese mismo día, el Partido Popular presentaba en el registro de la Asamblea una proposición de ley de medidas extraordinarias que suponía un nuevo recorte presupuestario que afectaba a determinadas partidas, pero sobre todo a los funcionarios: se les aumentaba su horario de trabajo, se les recortaban las horas extra y se les quitaba de un plumazo el complemento del 25% para bajas por enfermedad, de tal manera que quien causara baja solo percibiría el 75% de su remuneración bruta. Fuera las 35 horas semanales y todos los acuerdos firmados con los sindicatos, a quienes no se les comunicó esta medida, al igual que a los restantes partidos. Valcárcel no estuvo presente en ese pleno. "Se ha tenido que ir en contra de su voluntad", explicó un portavoz, "porque tiene una reunión en Madrid para defender el tomate de la Región de Murcia. Ha intentado cambiar la reunión, pero no se lo ha consentido la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar".

Entonces, saltó la chispa.

El primer aviso llegó al día siguiente, la noche del 22 de diciembre, cuando se le iba a entregar a Valcárcel el premio de la cadena SER. Cientos de funcionarios le esperaban con malas caras. "Nadie sabe muy bien cómo se fraguó aquella respuesta", reconoce José Antonio Pujante, coordinador de Izquierda Unida-Los Verdes en la Región de Murcia. "Hay que tener en cuenta que el funcionariado es un colectivo generalmente bien informado y tiene una capacidad más alta que otros para moverse en redes sociales. Los sindicatos eran ajenos a esta movilización. Todos nos vimos sorprendidos". Tres días después, cuando la proposición de ley iba ser votaba en la asamblea regional, que tiene su sede en Cartagena, se produjo otra movilización. Un portavoz de CC OO reconoce que avisó, vía sms, "a nuestros afiliados, principalmente a los liberados". "Pensábamos", reconoce, "que acudirían no más de 100 personas para hacer algo de ruido". Fue más de un millar.

Así hasta sumar seis manifestaciones en apenas tres semanas, algo nunca visto en Murcia. Con la tensión en aumento, la noche del sábado, Alberto Cruz, el consejero de Cultura, sufrió una agresión cerca de su domicilio que le obligó a ser hospitalizado con un fuerte golpe en el rostro. Aquella agresión provocó una escalada de tensión que afectó a la cúpula del Partido Popular en Madrid. Se relacionó la agresión con las manifestaciones, con los partidos de izquierda, con los antisistema... Valcárcel llegó a manifestar en un canal de televisión que su hija sería "la próxima víctima". Se acusó al Gobierno socialista de no haber garantizado la seguridad de los altos cargos murcianos. La verdad de aquel suceso no se conoce todavía. La investigación policial sigue su curso, un detenido ha salido en libertad, y las últimas hipótesis se centran en el entorno privado del consejero.

El consejero, un hombre controvertido muy dado a organizar grandes eventos, había sido coprotagonista de un proyecto que podía a sacar a Murcia de la crisis. Dado que el plan estratégico parecía haber quedado definitivamente obsoleto, dado que el Gobierno de Murcia solo podía presentar medidas de austeridad, Valcárcel, como otros gobernantes en otros tiempos, no se resistió a la tentación de sacar de la chistera una solución milagrosa que sacara a Murcia de la crisis económica.

En el mes de febrero hizo un viaje a Dubai acompañado de Alberto Cruz. Y a su regreso ambos anunciaron que se había alcanzado un acuerdo según el cual la Paramount instalaría un parque y unos estudios cinematográficos en Murcia. Cruz ejerció de maestro de ceremonias del producto y no se cortó un pelo. "Este acuerdo permitirá", dijo, "que Murcia salga de golpe de la crisis económica, casi como un avance de 15 años en el crecimiento económico nacional". "Habrá películas", insistió Cruz, "que se rodarán íntegramente en estos estudios y cuyo estreno tendrá lugar en Murcia". Cruz apuntó algún detalle más de lo que estaba por venir: "Habrá una recreación del hundimiento del Titanic". Para reforzar este anuncio en medio del hundimiento de Murcia, no se ahorró cifras: tres millones de turistas, 20.000 puestos de trabajo directos. Cruz se daba un plazo de un año para firmar los contratos.

El efecto Paramount duró un tiempo. En septiembre de 2010, un comunicado de la oficina de esta compañía en Madrid anunciaba que "la compañía no participará en la inversión". Sin embargo, ni Cruz ni Valcárcel estaban dispuestos a dejar que se hundiera el proyecto.

Una mañana, Valcárcel citó en su despacho a los dos líderes de la oposición, Pedro Saura (PSOE) y José Antonio Pujante (IU). Les pidió que no se opusieran al proyecto y que no especularan sobre el mismo para evitar que, a su vez, no hubiera desaprensivos que quisieran hacer su agosto con la venta de los terrenos donde se iba a ubicar el parque temático.

Durante este tiempo, nadie ha criticado el proyecto. Se supo que la Paramount aceptaba la realización del parque, pero en calidad de asesoramiento y licencias (es decir, lejos de invertir, cobraría por ello), y se formaba una sociedad conjunta entre el Gobierno de Murcia y la empresa Santa Mónica Financial Services para comprar los terrenos y buscar inversores. Tampoco hubo críticas por el hecho de que Jesús Samper, el presidente de Santa Mónica, fuera imputado el pasado mes en la Operación Umbra, un nuevo caso de corrupción urbanística. No parecía el mejor compañero de viaje para esta aventura.

"Nadie se cree el proyecto, pero nadie se atreve a criticarlo", sostiene un empresario. Y el proyecto Paramount sigue su curso hasta el punto de que el lugar elegido para su futura ubicación estará en la localidad de Alhama. No es casualidad esta ubicación porque Alhama es probablemente el municipio con más millones de metros cuadrados recalificados. Alhama fue protagonista en 2006 de un hecho que atrajo la atención nacional: una joven concejala del PP, Teresa Gutiérrez, se rebeló y votó en contra de una enorme recalificación de terrenos (más de cuatro millones de metros cuadrados) que favorecía a Polaris World para edificar un macroproyecto.

Teresa fue expulsada del partido. La recalificación se hizo, pero buena parte de los terrenos se los quedaron los bancos porque Polaris World atraviesa dificultades. En Alhama gobiernan PSOE y PP, que se reparten la alcaldía cada dos años. Y Teresa se presentó como cabeza de lista en un nuevo partido (Unión Centrista Liberal) a las elecciones de 2007. Obtuvo 195 votos. Hoy rechaza hacer entrevistas y manifiesta haber sufrido una pesadilla que no ha terminado. Alhama es otra representación de lo que está pasando en Murcia.

El proyecto Paramount sigue su curso sin discusión. El jueves estaba prevista una demostración en Madrid, durante la feria del turismo (Fitur). Por razones no explicadas, no se produjo. En Murcia, mientras tanto, se prepara la manifestación del próximo día 26: los asistentes irán de negro y con velas. Pero Valcárcel presiona para que cambien el itinerario y la protesta no circule por enfrente de su casa, en la Gran Vía.

Publicado en http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Murcia/entra/erupcion/elpepusocdmg/20110123elpdmgrep_6/Tes

Esa viga que Soria tiene en casa

¿CÓMO ERA AQUELLO DE LA PAJA EN OJO AJENO?

María del Carmen Benítez,
procuradora y esposa de Soria

Empieza la semana y con ella las consecuencias de una noticia que traerá muchas derivaciones políticas y judiciales, la asunción por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia de varios representantes sindicales y vecinales por el caso Roldós. Una de las personas más inquietas con esa noticia es nuestro admirado José Manuel Soria, que pretendió bloquear la investigación judicial sobre la hemodiálisis inventando las más sonadas y disparatadas acusaciones contra la juez que instruye la causa. Como recordarán, el presidente del PP canario, en compañía de la señora Cospedal y el señor Trillo, se constituyó en diciembre ante el Consejo General del Poder Judicial dando alaridos de defensa de la democracia y acusando a la juez Victoria Rosell de haber redactado la denuncia del salmón. Desmentida reiteradamente esa extravagancia, orientada a intentar desacreditar a la magistrada que pretende investigar la penúltima corruptela del PP, hoy nos presentamos ante nuestros lectores para desgranar cómo son las actuaciones documentadas de su señora esposa de él en asuntos de la vida pública que tienen mucho que ver con él. De modo y manera que todos podamos calibrar con la mayor exactitud el tamaño de la paja que Soria ve en el prójimo y las proporciones de la viga que tiene en casa. ¡Hola, hola! Taca-taca-taca.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13821/