domingo, 8 de julio de 2012

El saqueo de BANKIA

Un repaso rápido a las biografías y los méritos profesionales de los 33 responsables de Bankia que la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UPyD, ha decidido imputar bajo la gravísima acusación de falsificar las cuentas y estafar a los pequeños accionistas de esta arruinada entidad, entre otros presuntos delitos.
1- Rodrigo Rato (PP). Sueldo en 2011: 2.436.000 euros.
Expresidente de Bankia, exdirector gerente del FMI, exvicepresidente del Gobierno y el hombre que pudo ser Rajoy en el lugar de Rajoy (de no ser porque el dedo de Aznar no se acabó de fiar de él).

2- José Luis Olivas (PP). 1.764.000 euros.
Expresidente de Bancaja y del también quebrado Banco de Valencia. Expresidente de la Generalitat Valenciana entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

3- Francisco Verdú Pons. 1.570.000 euros.
Consejero delegado de Bankia hasta hace apenas unas horas. Fue antes vicepresidente de la Banca March. Rato lo fichó como su número dos y Goirigolzarri lo mantuvo en su posición. Fue el único de todo el anterior consejo que continuó.

4- José Manuel Fernández Norniella (PP). 676.000 euros.
Exdiputado y hombre de confianza de Rato, que lo nombró presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ha sido presidente de Azucarera Ebro, vicepresidente de la CEOE y vicepresidente de Caja Madrid, entre otros cargos.

5- Carmen Cavero Mestre (PP). 173.000 euros.
Cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

6- Arturo Fernández Álvarez. 278.000 euros.
Presidente de la patronal madrileña. Cuñado de Gerardo Díaz Ferrán.

7- Alberto Ibáñez González. 142.000 euros.
Expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers.

8- Javier López Madrid. 310.000 euros.
Comenzó su carrera en Goldman Sachs. Está casado con la hija de Juan Miguel Villar Mir, presidente y propietario del Grupo Villar Mir. Es consejero delegado del grupo y llegó a Bankia a propuesta de la patronal madrileña CEIM.

9- Juan Llopart Pérez. 367.000 euros.
Presidente de la comisión ejecutiva de Zeta, a propuesta de La Caixa, principal acreedor de este grupo editorial. Muy cercano al presidente de La Caixa, Isidro Fainé, fue fichado por Rato como consejero independiente.

10- Araceli Mora Enguídanos. 125.000 euros.
Catedrática en Economía de la Universidad de Valencia.

11- José Antonio Moral Santín (IU). 522.000 euros.
Exdiputado en la Asamblea de Madrid, militante del Partido Comunista desde los años 60 y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Su propio partido pidió su dimisión.

12- Francisco Juan Ros García. 124.000 euros. Consejero delegado del grupo Ros Casares, Consejero de Thyssen Ros Casares, Vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Nacional y presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Levante.
13- José Manuel Serra Peris (PP). 387.000 euros. Exsecretario de Estado de Industria y Energía con Aznar, un dato biográfico nada menor que, curiosamente, no aparece en su currículum oficial que difunde Bankia en su web. Ha sido consejero de la SEPI, de Endesa y de Red Eléctrica Española. Fue uno de los acompañantes del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en aquel polémico viaje a Colombia donde González fue espiado.
14- Atilano Soto (PP). 128.000 euros.
En el auto el juez le llama “Milano”, en vez de Atilano, pero no hay duda de quién es. Presidente de la Caja de Segovia desde 1997. Durante años compatibilizó el puesto con el de presidente de la Diputación de Segovia (1991-2003), presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, presidente del Patronato Provincial de Turismo, consejero delegado de la empresa Segovia 21 y unos cuantos cargos más hasta superar la decena.

15- Antonio Tirado Jiménez. 409.000 euros.
El más veterano de los consejeros de Bancaja, donde llevaba casi 20 años. Fue alcalde de Castellón por el PSOE, partido que abandonó el 1994. La mayor parte de su carrera en la caja la ha hecho con el apoyo del PP, que le nombró presidente de Bancaja tras la salida de Olivas, hace dos meses.

16- Francisco Pons Alcoy. Empresario valenciano, presidente de la cooperativa Consum, presidente de Caixa Popular y vicepresidente de Eroski.
17- Ángel Acebes Paniagua (PP). 163.000 euros.
Exministro de Justicia, de Interior y de Administraciones Públicas. Exalcalde de Ávila. Exsecretario general del PP. Dejó el Congreso hace poco más de un año, después de una legislatura en la que compaginó el escaño con sus negocios particulares.

18- Francisco Baquero Noriega (CCOO). 317.000 euros.
Miembro durante años de la Ejecutiva de Comfia, la federación de servicios financieros de Comisiones Obreras. Está casado con María Jesús Paredes, también empleada de banca y exdirigente de Comfia. La pareja tiene numerosos negocios empresariales y un gran patrimonio immobiliario.

19- Pedro Bedia Pérez. 308.000 euros.
Consejero a propuesta de Comisiones Obreras.

20- Luis Blasco Bosqued. 178.000 euros.
Vocal en el consejo a propuesta del PP. Es presidente de Telefónica de Argentina y vocal en la junta directiva del Real Madrid. Antes pasó por el consejo de Sogecable y de la constructora OHL.

21- Rafael Ferrando Giner. 307.000 euros.
Empresario valenciano, expresidente de la patronal valenciana y exvicepresidente de la CEOE.

22- José Rafael García-Fuster (PP). 265.000 euros.
Ha sido senador, concejal en el Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Cortes Valencianas.

23- Jorge Gómez Moreno (PSOE). 339.000 euros. Fue diputado en la Asamblea de Madrid y concejal en el ayuntamiento de la capital.
24- Agustín González González (PP). 214.000 euros.
El político de los trece cargos: presidente de Caja Ávila, alcalde de El Barco de Ávila, presidente de la Diputación de Ávila, presidente de ASIDER –la asociación que gestiona los fondos europeos en la zona–, presidente de la mancomunidad de servicios de Barco y Piedrahita, presidente de la Fundación Cultural de Santa Teresa, consejero de la corporación Madrigal… Milita en la derecha desde 1983, con AP. Aseguró en una entrevista que su único sueldo era el de la Diputación, olvidando el dinero que cobró de Bankia.

25- Mercedes de la Merced (PP). 376.000 euros.
Entre otros cargos, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eurodiputada. Aznar dudó entre apostar por ella o por Esperanza Aguirre como candidata de la derecha en Madrid.

26- Jesús Pedroche Nieto (PP). 204.000 euros.
Fue consejero en el gobierno autonómico de Madrid con Gallardón y presidente de la Asamblea de Madrid. Dimitió como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 2003 tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el despido de su secretaria personal, a la que mandó al paro pocos días después de saber que estaba embarazada.

27- Remigio Pellicer. 302.000 euros.
Empresario valenciano. Consejero en Bancaja a propuesta del PSOE.

28- José María de la Riva Ámez (PSOE). 202.000 euros.
Exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid.

29- Estanislao Rodríguez-Ponga (PP). 355.000 euros.
Exsecretario de Estado de Hacienda del Gobierno de Aznar, bajo las órdenes de Cristóbal Montoro. Fue vicepresidente de Caja Madrid con Miguel Blesa, en el año 2006, y con Rato tuvo también un papel importante en la caja. Estuvo en el consejo de administración de Cibeles –la corporación industrial de Caja Madrid– y formó parte del núcleo duro de Rato en la toma de decisiones de la entidad financiera hoy quebrada.

30- Mercedes Rojo-Izquierdo (PP). 374.000 euros.
Exasesora de Esperanza Aguirre.

31- Ricardo Romero de Tejada (PP). 270.000 euros.
Fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP en la Comunidad de Madrid. Hombre de Rodrigo Rato, su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones ligado al Tamayazo. Mientras era el número dos del partido en Madrid, estuvo en nómina en una empresa de fotocopias, propiedad de dos constructores muy vinculados con el PP.

32- Juan Manuel Suárez del Toro. 235.000 euros.
Ingeniero industrial. Presidente de Caja Insular de Canarias y, al mismo tiempo, presidente de Cruz Roja Española desde 1994.

33- Ángel Villanueva Pareja. 307.000 euros.
Ha sido Secretario del Consejo de Administración de Bancaja. Ha presidido la inmobiliaria de la entidad, Bancaja Habitat, S.L, y ha sido secretario de su fundación.

La crisis y los “economistas”

Muchos millones de españoles cada vez que vemos y oímos a un “economista” proponer soluciones para la salida de la crisis como por ejemplo aumentar el IVA, reducir el sueldo de los funcionarios, “adelgazar” el sector público, hacer más recortes en sanidad y educación y similares, pensamos: ¿en este país no existe entre el 22% y el 25% del PIB de economía sumergida? ¿No es cierto que a las empresas se les ha reducido el IAE del 30% al 10% en los últimos 10 años? ¿No somos el país del con IVA o sin IVA de muchos profesionales? ¿Cuánto cotizan los profesionales y autónomos? (muchos si es por módulos prácticamente nada). ¿Y las grandes fortunas de las sicavs? (un vergonzoso 1%) ¿Por qué se eliminó el impuesto de sucesiones y casi el del patrimonio?
En definitiva, ¿por qué tenemos que ser los trabajadores, empleados públicos, jubilados, etcétera, los que paguemos la crisis que en ningún caso hemos creado?— Manuel Morán Rodríguez.

El empeoramiento se agrava con trampas

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA El PP tiene suficientes militantes y simpatizantes para dirigir con rigor profesional la televisión pública. No hay que ser un descerebrado para no tener el cerebro contaminado. Periodistas de derechas los hay muy buenos, que mantienen su independencia frente a amigos y correligionarios con mando en el BOE.

También, claro, hay jueces y magistrados que no aceptan que la ideología, y hasta el partido al que votan, le digan lo que tienen que hacer en el plano del ámbito jurisdiccional. Sus sentencias son de ellos y solo a ellos atañe. En España ha habido, y sigue habiendo, ejemplos demoledores para la cultura del paniaguado y el palanganero. En Estados Unidos el presidente del Tribunal Supremo, conservador, rompió el desempate en las deliberaciones sobre la reforma sanitaria de Obama votando a favor del presidente con los progresistas. Pasará a la historia como un gran jurista que ha cumplido con su deber. Lo que la Constitución le reclama es que sea fiel a su conciencia y honor, desde cualquier ángulo religioso o ideológico.

Se echa de menos en la España actual. Es estúpido, porque las evidencias son como los globos que se inflan debajo del agua, que saltan con fuerza a la superficie, que se ignore el esfuerzo por promover la independencia con sus secuelas de pluralismo y objetividad en RTVE del presidente Zapatero; sería, además, ridículo, porque todo el mundo ahí fuera reconoce que a la BBC le ha salido un competidor aquí. El instrumento fundamental fue la exigencia de una mayoría parlamentaria reforzada para el nombramiento del responsable del Ente... pero en cuanto Rajoy ganó las elecciones volvió aquel consejo de Aznar de "gobernar sin complejos". Se prescindió del consenso, para poder dinamitar el modelo profesional: el nuevo jefe de informativos, aparte de proceder de Telemadrid, más conocida como 'Tele-Espe', ha sido asesor del PP. Vuelven a las andadas. Ni las formas se guardan.

Esperanza Aguirre quiere Eurovegas como sea; para ello está dispuesta a maniobrar para conseguir unas excepciones a la norma general, en materia urbanística y de salud, como que en el califato del juego no rijan las leyes que prohíben fumar. Ya puestos, podrían considerarse otros paréntesis sobre el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el tráfico, los derechos de los consumidores... Mutatis mutandis se burlan de la Constitución, y se quedan tan panchos y tan panchas.

La ministra de Sanidad dice que lo de que los jóvenes de más de 27 años que no hayan cotizado por estudios o por estar sin trabajo no tienen derecho a la sanidad pública es un error de interpretación; pero cada vez son más los chicos a los que se les niega la tarjeta sanitaria. Tampoco es verdad, aseguran ministerialmente, que los ancianos tengan problemas para hacerse con sus medicinas, pero el hecho cierto es que día a día hay más ancianos que en el mostrador de la farmacias o en las consultas de sus médicos de cabecera muestran la verdad verdadera.

Los recortes no iban a afectar a la calidad, decían, y siguen diciendo, los bustos parlantes populares. Pero las listas de espera han subido un 17,5% en un santiamén. Ser operados en un mes o en seis es una diferencia cuantitativa y cualitativa. La diferencia entre vivir y morir. ¿O no? Hay dinero para los bancos, pero no para asegurar la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Estos esfuerzos son necesarios, claman desde el Poder. Pero Hollande deja tranquilas a las rentas bajas y medias y al bienestar galo y aplica el principio de igualdad y solidaridad a las grandes fortunas.

La crisis es una cosa, y otra es la utilización de la crisis como excusa para cargarse las reglas del juego. Eso es trampa, fullería. Como la filtración por la propia ministra Báñez de datos confidenciales de la petición de 'eres', conocidos por su cargo. O el timo de la estampita de las 'preferentes'. O las facilidades serviles para legitimar el fraude fiscal, que ha indignado a los inspectores de Hacienda. Quizás por eso se apuesta por los casinos en lugar de por las leyes, y quizás igualmente por eso se busquen crupieres y no servidores del interés general.

Ojo a los refranes. Tanto va el cántaro a la fuente...

Pero, ¿qué democracia es ésta?

JOAQUÍN RÁBAGO Uno que ha seguido durante años, por razón de su profesión, el funcionamiento de la sociedad y de la cosa política en diversos países de nuestro entorno no sale de su asombro al ver el desdén absoluto con el que el presidente del Gobierno parece tratar día sí y otro también a quienes representan al pueblo español.

Pero, ¿qué democracia es ésta? Ya sabemos que nuestra democracia se construyó en circunstancias muy difíciles, que el dictador había muerto totalmente entubado en la cama y que lo que salió de allí fue fruto de un trabajado compromiso.

Pero, con todos sus condicionantes y con sus múltiples imperfecciones , que habrá que corregir un día -desigual representación de los partidos en el Parlamento, listas cerradas y bloqueadas, férrea disciplina de voto-, el sistema había venido funcionado con sus más y sus menos.

Sin embargo, en vista de lo está ocurriendo de un tiempo a esta parte, no tiene uno más remedio que exclamar, como hizo en su día Ortega y Gasset en muy distintas circunstancias: "No es esto, no es esto".

Mariano Rajoy fue aupado al poder por un electorado que parecía no querer soportar más el intolerable nivel de desempleo de este país y que se encontraba además en estado de pánico por la crisis que se nos venía de pronto encima, una crisis que el anterior Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, en su ingenuidad o su ceguera, ambas igualmente reprobables, no supo ver a tiempo.

La maquinaria propagandística del Partido Popular quiso hacer creer que la llegada de su líder a la Moncloa supondría un súbito alivio para los mercados y sería algo así como mano de santo para una economía que los manirrotos e irresponsables socialistas habían dejado hecha unos zorros. Sin saber alemán, Don Mariano trató de mostrarse como el primero de la clase de la canciller Angela Merkel, pensando en que ésta iba a agradecérselo.

Nuestro presidente empezó a recortar derechos por aquí y por allá, y a incumplir sin el menor rubor -porque, según él, no había alternativa- todo lo prometido en campaña. Y, sin embargo, no hubo nada. Los famosos mercados habían olido sangre y no iban a soltar fácilmente su presa.

Mientras tanto, los españoles veían cómo Rajoy, cada vez más debilitado fuera pese a esa mayoría absoluta de la que tanto se jactaba, aceptaba todo tipo de imposiciones de fuera, imposiciones que de paso les servían para cumplir, aunque en circunstancias mucho más dramáticas de lo que le hubiese gustado, su programa ideológico: el abaratamiento del despido y la paulatina invasión del sector privado en los servicios públicos. Con sus inevitables secuelas: privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas.

Tenía la mayoría absoluta para ello, y ya se ha visto que en este país, como en otros, las mayorías absolutas pueden resultar nefastas. Y, a diferencia del italiano Mario Monti, que no tenía detrás la fuerza de las urnas, nuestro presidente consideró que no necesitaba explicar nada de lo que hacía a aquéllos a quienes exigía, sin embargo, diarios sacrificios.

Bastaba con dar las explicaciones fuera, si es que realmente las daba, pues cabe ser escépticos a juzgar por las reacciones que algunas de sus declaraciones provocaban luego en otras capitales, más habituadas a la transparencia, mientras hurtaba la información a los de dentro, que eran quienes le habían elegido.

A la vista de todo ello, uno no puede sino sentir auténtica envidia de prácticas como las del Parlamento británico, donde el Primer Ministro se somete semanalmente a las preguntas del jefe de la oposición y de otros "honorables" miembros de los Comunes, preguntas que, si bien en unos casos han sido previamente registradas por escrito, en otros pueden ser espontáneas y a las que aquél debe responder sin que se le permita en ningún caso escurrir el bulto.

Es una vieja convención constitucional que habla muy bien de la salud de esa democracia y en la que se ponen de manifiesto, entre otras cosas, la rapidez de respuesta, la capacidad de improvisación y el conocimiento de los temas de los gobernantes británicos, que tanto contrastan con los discursos aburridos, llenos de latiguillos y de frases hechas de muchos de nuestros políticos.

No se entiende en ningún caso, desde una óptica democrática, la negativa del presidente del Gobierno de un régimen parlamentario como el nuestro a comparecer en el plazo más breve en el Congreso para dar explicaciones de las decisiones adoptadas por él en los foros europeos. La mayoría absoluta no es, que se sepa, una patente de corso para que el gobernante pueda hacer durante los cuatro años de la legislatura lo que le venga en gana.

Como tampoco se entiende la resistencia, cuando no pura negativa, a crear comisiones de investigación de los escándalos mayúsculos de los últimos años o la persistencia en ciertos Parlamentos autonómicos de imputados por corrupción sin que a sus propios partidos se le caiga la cara de vergüenza. ¿Será que se ha perdido totalmente? 

Cuando la corrupción controla el poder, destruye las instituciones y se auto-reparten los bienes públicos

Hace ya como unos cuarenta años que se inició el giro hacia una desinstitucio-nalización de los derechos sociales, vinculados al Estado del Bienestar que la sociedad había venido fraguando fatigosamente desde finales del siglo XIX. La conquista de esos derechos no es algo que haya caído del cielo, sino que ha supuesto una lucha para superar todas aquellas situaciones de alienación y opresión que humillaban, esclavizaban marginaban o discriminaban al ser humano.

Existía una conciencia, más que una formulación jurídica, que afirmaba la igual dignidad de todo ser humano y esa conciencia nos llevaba a protestar por indignas situaciones concretas. Eran situaciones contra la dignidad humana. En Occidente, el tema de los derechos humanos no tiene sentido si lo desvinculamos de la dignidad de la persona humana.

Lo preocupante del tiempo que vivimos, desde los años setenta al presente, es que, quizás sin advertirlo o sin quererlo admitir realmente, estamos asistiendo a un ensañamiento descarado por parte del neoliberalismo, para derrotar esos derechos y descontruir las políticas del Estado del bienestar. Hubo un tiempo en que las desigualdades y los desequilibrios sociales eran admitidos por el mismo neoliberalismo como un mal y consideraba ético aplicar compensaciones contra esas desigualdades, que hicieran menos dolorosa la vida de los más pobres y desfavorecidos.

Hoy no. Hinkelammert dice que hemos pasado del liberalismo “utópico” al liberalismo “cínico”. Dicho llanamente: la globalización neoliberal ha emprendido directamente, como objetivo prioritario, la deconstrucción y reformulación de la idea de la dignidad humana. Esto significa que determinadas élites económicas, culturales y políticas, para allanar el camino hacia una acumulación ilimitada del capital, han pasado a hacer una guerra contra todo lo que sea límites jurídicos y políticos del Estado del bienestar.

Este capitalismo cínico no tolera que todos hayamos de asumir cargas sociales para la protección de los débiles, perdedores y extraños a la comunidad, para lo cual se propone eliminar los consensos anteriores sobre la dignidad humana y derechos sociales y eliminar la misión del Estado del bienestar, que ven como amenaza eminente para su libre mercado.

Pues bien, el capitalismo cínico afirma ser el único régimen válido y posible, con fallos estructurales muy graves ciertamente, pero que son límites de la realidad misma, por lo que no cabe más que aceptarlos, ya que no hay otras alternativas.

Este capitalismo anuncia sin rebozo la verdad del sistema, no hace falsas promesas, anuncia que lo que ocurre es intrínseco a su propio sistema. Las desigualdades, las injusticias, la cantidad de gente sobrante con problemas y carencias irremediables, son cosas consustanciales, que no se pueden compensar con sistemas de protección social. Todo es consecuencia del valor guía del modelo neoliberal: la competitividad.

Como muy bien escribe el profesor Juan Antonio Senent, “En las última décadas, se han sustituido las referencias al interés general y las promesas de una sociedad para todos, por el anuncio y celebración de un modelo de sociedad en el cual el valor guía es la competitividad…  El hecho de que se produzca desempleo, pobreza y exclusión para los perdedores prueba que el régimen funciona correctamente; pues tendrá como correlato el éxito profesional, la opulencia y el poder de los que se alzan triunfantes sobre el fracaso de los débiles. Para el capitalismo, no todos los seres humanos son dignos o valiosos, sino que esto se mide por su propio éxito, o “mérito”, y por tanto no todos serían merecedores de igual respeto y consideración…

En consecuencia, por más que ideólogos neoliberales reafirmen como sacrosanta la institución de la democracia liberal y el respeto de los derechos humanos, en los países occidentales la globalización neoliberal ha instaurado el “mercado libre”, como usurpador tanto de la soberanía política de las sociedades democráticamente constituidas como de la garantía de los derechos humanos”

La “libertad de mercado” es la regla suprema, que detentan e interpretan a su arbitrio los empresarios. Ellos, en caso de conflicto, determinan qué derechos humanos deben ser sacrificados.

El “mercadocentrismo” aparece, pues, en la modernidad neoliberal, en opinión de Hinkelammert, como institución suprema frente a la cual los seres humanos aparecen como piezas subalternas de la misma. El derecho a operar en el mercado es el que se sobrepone a todos los demás derechos, sean civiles, sociales o políticos. Sobreposición e imposición gradual, pero inapelable, de un “imperialismo económico” que no espera de los ciudadanos, más respuesta que la de un sometimiento ciego.
La justicia, en este enfoque neoliberal, coincide con el cumplimiento de la legalidad, que viene dictada por la sociedad de mercado, en ella son objeto de obediencia las leyes del mercado, el derecho de propiedad y la libertad contractual, no hay “otras reglas morales”. “Lo que se hace en el mercado y se produce desde él, es justo por sí mismo. Por ello no es posible una crítica del mismo en nombre de sus resultados, aunque genere condiciones de muerte para muchos seres humanos y para la propia naturaleza”.




Es sorprendente que una persona del espectáculo, salga públicamente a cantarle las cuarenta a un gobierno de buitres carroñeros, mientras los dirigentes de "izquierda y sindicales"  callan como conejos.

jueves, 5 de julio de 2012

Archivan el caso de la funcionaria expedientada por una ´peineta´ a Rivero

La trabajadora estaba expedientada por vulnerar los principios de lealtad y respeto a los superiores

El Gobierno de Canarias ha archivado el expediente disciplinario que había abierto contra una funcionaria de la comunidad autónoma por desconsideración grave contra un superior; en concreto, por haber hecho una "peineta" a una foto de su presidente, Paulino Rivero, durante una protesta laboral.
Esta funcionaria estaba acusada de una falta grave por haber aparecido una foto suya en la edición del 30 de mayo de 2012 del periódico "El Día" en la que hacía un gesto supuestamente despectivo a una foto del presidente de la comunidad autónoma.
El instructor de ese expediente planteaba, en principio, que esa trabajadora podía haber vulnerado los principios de lealtad y respeto a los superiores que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público en el capítulo de los deberes de un funcionario.
Sin embargo, la resolución definitiva, difundida hoy por el sindicato de empleados públicos Sepca, recoge que la funcionaria explicó en su descargo que ella no hizo ningún gesto despectivo contra nadie, sino que fue fotografiada mientras imitaba con los dedos una tijera (los hechos ocurrieron en una protesta laboral contra los recortes en los servicios públicos).
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias reconoce ahora que no hay en el expediente pruebas para contradecir esa versión, sino solo una fotografía de prensa que, para estos efectos, resulta ser "una instantánea aislada, descontextualizada y estática, con las limitaciones de credibilidad que ello conlleva".
"El gesto de imitar con los dedos de las manos unas tijeras que se abren y se cierran puede producir el efecto óptico que recoge la fotografía al coincidir los dedos corazón e índice, por azar, en el momento de captación de la imagen, ofreciéndose, consecuentemente, una secuencia distorsionada que perjudica a la persona retratada", se argumenta en la resolución de archivo del expediente.
El Gobierno canario admite así que "no hay elementos probatorios suficientes en el expediente disciplinario" para sostener la acusación formulada contra esa funcionaria, por lo que prima el principio de presunción de inocencia.

El PP pide prudencia con los imputados de Bankia

Los partidos de la oposición, por su parte, solicitan una comisión de investigación en el Congreso

Tres ministros y varios cargos destacados del PP han pedido hoy que se respete la presunción de inocencia de los imputados por la Audiencia Nacional por el caso Bankia, entre ellos su compañero de partido y extitular de Economía Rodrigo Rato.
Mientras tanto los grupos de la oposición, algunos de ellos también con miembros imputados -como PSOE e IU, aunque en ambos casos se ha pedido la suspensión temporal de afiliación- han redoblado la presión para establecer una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera.
Dicha posibilidad parece improbable, ya que el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha opinado que aunque "empieza a llegar el momento de conocer" en la Cámara Baja lo que ha ocurrido con el sistema financiero español, no deberá ser a través de una comisión de investigación.
Es una de las reacciones políticas destacadas un día después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a 31 exconsejeros más del grupo y su matriz, BFA, entre ellos representantes de varios partidos políticos y sindicatos.
La acción judicial se produce al admitirse una querella de UPyD por las presuntas irregularidades en la citada entidad financiera.
Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado que el partido querellante "tiene muchos intereses en este tema".
Además, como jurista, el ministro ha dicho tener "algunas reservas" sobre la oportunidad de llevar a cabo una "citación indiscriminada".
Ha asegurado que al citar como imputados "sólo en base a querellas que muchas veces tienen una base meramente periodística" se hace un "juicio anticipado" que luego puede derivar "en poca cosa".
"Pero el perjuicio a las personas es espectacular -ha añadido- sobre todo en esta querella, donde hay muchísimas personas que yo conozco que son absolutamente honorables", palabras que le han valido la recriminación del diputado socialista Jesús Caldera, para quien el ministro "debería ser prudente" en sus declaraciones.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado estar "entristecido" por la situación de Rato, pero ha subrayado que le alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos.
"Desde un punto de vista ciudadano, me alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos, en el que la Justicia se imparte por jueces independientes y en un procedimiento imparcial, y en un Estado en el que la presunción de inocencia es la ley hasta que haya una condena".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha considerado que el juez ha imputado a todos los exconsejeros de Bankia y su sociedad matriz porque intenta deslindar responsabilidades.
Wert ha explicado que con la información facilitada por UPyD, el juez no tiene elementos para discernir entre distintos grados de responsabilidad entre los miembros del consejo de BFA y de Bankia.
De ahí que haya decidido imputar a todos los exconsejeros para que se les tome declaración "con asistencia letrada".
En su opinión, esto es el resultado de una "sobreinterpretación" del significado material de la imputación, aunque ha incidido en que eso "no es para nada incompatible con la presunción de inocencia de que deben seguir gozando".
Ésta ha sido también la impresión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha afirmado que imputar "no es una condena" sino asegurar la defensa de los acusados.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha confiado por su parte en que la imputación, "que no procesamiento", no se convierta en un "juicio político", mientras que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia.
En nombre del PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, ha afirmado que su grupo parlamentario exigirá de nuevo que se abra una comisión de investigación en el Congreso.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha expresado hoy su apoyo a la decisión de la Audiencia Nacional y ha pedido que "quien la haga, que la pague".
Izquierda Unida, junto a varias asociaciones y sindicatos ha presentado un manifiesto en el que defienden la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras.
CCOO ha señalado que asumirá las responsabilidades que le correspondan al haber propuesto el nombramiento de dos miembros del consejo de administración del Banco Financiero de Ahorros (BFA) ahora imputados, aunque ha subrayado su confianza en su labor, como cree que confirmará el procedimiento iniciado.

Empresas públicas en peligro

El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas, sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas, por eso en las comunidades autónomas tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la Administración central   El Gobierno viene anunciando hace meses un gran recorte de las empresas públicas autonómicas, pero los planes van retrasándole y ahora Sáenz de Santamaria mete más presión mientras el Gobierno prepara una nueva oleada de recortes que probablemente dará a conocer la próxima semana.

Sáenz de Santamaría también ha recordado que el Gobierno cambiará la ley para fijar el sueldo de los alcaldes -no será hasta 2014-, que se reducirá el número de concejales y se eliminarán o reformarán muchos órganos administrativos intermedios, y ha ofrecido algunos datos de ahorros que ya se están logrando, aunque con cifras muy pequeñas para el volumen total del enorme recorte de hasta 60.000 millones de euros que España debe hacer en dos años. La vicepresidenta ha señalado que gracias a la reordenación del patrimonio inmobiliario del Estado que su departamento ha promovido ya se han ahorrado, en solo cuatro meses, 17,5 millones de euros en alquileres. Además, ha anunciado la creación de una central de compras única para toda la Administración que también generará mucho ahorro.

El mensaje a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos para que ahorren más se ha repetido varias veces en su discurso, en el que ha señalado que España debe enfrentarse ahora a cambios profundos. "Tenemos el ejemplo de 1996, debemos hacer como entonces, con José María Aznar al frente, de la necesidad virtud", ha asegurado. campus FAES, donde le acompañaba el expresidente José María Aznar. "Las Administraciones tienen que hacer más con menos. El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas, sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas, por eso en las comunidades autónomas tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la Administración central", ha dicho la vicepresidenta. El Gobierno viene anunciando hace meses un gran recorte de las empresas públicas autonómicas, pero los planes van retrasándole y ahora Sáenz de Santamaria mete más presión . Santamaría no ha dicho ni una palabra sobre la imputación de Rodrigo Rato, que llegó a la presidencia de Bankia por decisión de Mariano Rajoy
Publicado en:http://www.tribunaforum.com/Article2455.phtml

"El PP protege a los delincuentes"

 
La diputada de Esquerra Unida en las Corts Valencianas Esther López Barceló denuncia la Ley de amnistía fiscal patrocinada por el PP, como instrumento para perdonar a los defraudadores: "Esta amnistía fiscal es una ayuda directa a los delincuentes. Porque los defraudadores son delincuentes, y de los más peligrosos porque sus crímenes afectan a la seguridad de los ciudadanos. Porque sus crímenes dejan a los ciudadanos con una sanidad y una educación peor. Y su gobierno les protege".

miércoles, 4 de julio de 2012

¿ Quien gobierna en España ?

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, insta a "cortar" hasta donde "parece imposible" y no se ha hecho "nunca"
 
La patronal indica a Rajoy hacia dónde tiene que acelerar los ajustes: prestaciones por desempleo, funcionarios, IVA…

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó el lunes la resaca de la victoria de la Eurocopa para anunciar que era el momento de "pisar el acelerador" de los ajustes, aunque como es habitual no concretó. La CEOE ya le apunta la dirección en la que debe ir y, apelando a los criterios de Bruselas, instan a subir el IVA, a reducir las prestaciones por desempleo, y a "poner sobre la mesa" la posibilidad de prescindir de funcionarios o reducir sus sueldos
El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha señalado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que tomar medidas “complicadas” y “difíciles” porque “no le queda otra opción” que cumplir con los objetivos de déficit acordados con Bruselas.
Los funcionarios en el punto de mira…
Durante la presentación del informe “Libertad económica en el mundo” patrocinado por el diario El Economista, Rosell ha indicado que España no puede seguir por la vía del endeudamiento, que le llevaría “al abismo”, y ha subrayado que otros países como Italia ya han planteado la rebaja del sueldo de los funcionarios e incluso la reducción de su número. El Gobierno español se ha comprometido a cumplir este año un objetivo de déficit del 5,3 % del PIB tras cerrar el ejercicio de 2011 en el 8,9%, aunque la oposición insta a flexibilizar los plazos de los ajustes para no seguir alimentando la caída del PIB.
… y la “cuantía” y “duración” de las prestaciones por desempleo
Según Rosell, la economía española no puede soportar más años con un déficit de dos cifras, por lo que hay que tomar medidas duras “aunque haya que cortar algo que parece imposible de cortar y que no se ha cortado nunca”. Sobre las prestaciones por desempleo ha asegurado que estas deben ligarse “obligatoriamente” a la formación y ha pedido que se analice la cuantía y la duración de las prestaciones tomando como referencia lo que están haciendo otros países europeos, aludiendo a su reducción.
Apoyo a la subida del IVA
En cuanto a una posible subida del IVA, ha afirmado que la organización que preside “cree en lo que dice Europa” -donde instan a incrementar el impuesto con rapidez-. Ha recordado asimismo que entre las recomendaciones que llegan desde Bruselas también se encuentra la rebaja de las cotizaciones sociales, que podría compensar el incremento de este impuesto directo. “Ojalá sea así, pero también sabemos que los números hay que cuadrarlos”, ha dicho al respecto. También ha resaltado que en España las personas físicas y jurídicas no pagan lo mismo, algo que, a su juicio, habrá que cambiar en el futuro para que personas físicas y jurídicas sean “prácticamente lo mismo”, una de las tendencias en la Unión Europea, según ha asegurado.
Caída de la recaudación del impuesto de sociedades
Rosell ha calculado que más del 60 % de las empresas con trabajadores, que en total son aproximadamente 1.200.000, tendrán pérdidas este año, por lo que la recaudación del impuesto de sociedades rondará los 15.000 millones de euros, un tercio de lo recaudado en 2007, ha indicado. Durante su discurso, ha insistido en varias ocasiones en que la legislación española es excesiva, “no se conoce y no se cumple”, algo que perjudica a la economía, ya que “España es un auténtico galimatías legal”.

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Y NI SIQUIERA HEMOS PUESTO IMÁGENES DE LAS MÚLTIPLES CONCENTRACIONES EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA...

Por eso decimos que
NO SÓLO SOMOS MÁS,
SINO QUE SOMOS MUCHOS MÁS
Y SU GRAN PROBLEMA ES
QUE CADA DIA VAMOS A MÁS.
ASÍ QUE CUIDADO CON LOS QUE TE VENGAN CON MENSAJES DERROTISTAS, PIENSA QUE ELLOS TAMBIÉN TIENEN SU ESTRATEGIA Y SUS COLABORADORES Y QUE NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE.


Gracias, ministro

JUAN JOSÉ MILLÁS
 
Estos son, desnudos de palabrería, los hechos: el PP, con lo que venimos denominando "amnistía fiscal", decidió, de un lado, premiar a los evasores de impuestos y legalizar, de otro, el dinero obtenido con actividades perseguidas por la ley. A ello respondió el PSOE con un recurso de inconstitucionalidad para que fuera el alto tribunal quien decidiera algo tan complicado, y para lo que se requieren tantos estudios, como si se puede o no se puede colaborar desde el Gobierno en operaciones de blanqueo de capitales.

Teniendo en cuenta que el lavado de dinero negro es un delito tipificado en el código penal y cuya persecución se encomienda al ministerio del Interior, a la fiscalía y a los jueces, ¿no habría sido más razonable acudir al juzgado de guardia y denunciar directamente a Rajoy o a Montoro o al mismo Consejo de Ministros por un presunto delito de prevaricación? Claro que, si hiciéramos esto, las cosas quedarían más o menos claras, cuando de lo que se trata es de que los ciudadanos renunciemos a entender nada de nada (estamos en ello, no se apuren).

Repitamos la secuencia para comprenderla en toda su magnitud: el Gobierno proporciona a la delincuencia grande una ventanilla especial para que legalice los beneficios no declarados al fisco, procedan estos de actividades criminales o no. Esta cobertura conlleva además un agravante comparativo al darse la circunstancia de que el malhechor recibe un trato fiscal mucho más ventajoso que el ciudadano que ha cumplido en tiempo y forma con Hacienda.

El Gobierno, si todo lo que se ha dicho hasta esta línea es cierto, y parece que sí, ha dictado por tanto una resolución a todas luces impresentable a sabiendas de que era impresentable. ¿No se llama a eso prevaricación? Sí, se llama prevaricación. Pero por si el galimatías fuera pequeño, llega Montoro y califica el recurso presentado por el PSOE de radical, de extremista. Viene a decir que extrañarse de que los poderes públicos colaboren con las mafias en la comisión de un delito significa adoptar una actitud antisistema.

El sistema, en consecuencia, es gansteril. Gracias por la aclaración, ministro, pero veníamos sospechándolo desde hace algún tiempo.

Algunos titulares de prensa publicados hoy


RAJOY: No hablaré de la herencia recibida

MENTIROSOS

 

Los 33 de Bankia

Entre los 33 imputados por la Audiencia por el caso Bankia hay políticos del PP, PSOE e IU. Cobraron más de 14 millones en 2011. 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el partido político UPyD contra los máximos responsables del grupo BFA-Bankia, al considerar que cometieron, al menos, cinco delitos durante el proceso de salida a Bolsa de Bankia. El partido que lidera Rosa Díez observa presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Entre los querellados se encuentran políticos del PP, PSOE e IU. Entre los consejeros de Bankia  están Rodrigo Rato Figaredo (exministro de Economia en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (expresidente de Bancaja, expresidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), Francisco Verdú (consejero delegado de Bankia fichado por Rato de Banca March), José Manuel Fernández Norniella (expresidente del Consejo Superior de Cámaras), Carmen Cavero (Exresponsable de la gestora del Banco Santander y directora de desarrollo del banco de inversión Morgan Stanley), Arturo Fernández (presidente de la patronal madrileña), Alberto Ibañez (senior advisor de Royal Bank of Scotland (RBS) en España y expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers. Es vocal de Colonial), Javier López Madrid (consejero a propuesta de la CEIM, trabaja en el grupo Villar Mir), Juan Llopart (consejero independiente y consejero también de NH Hoteles y SOS, y exmiembro del consejo del Banco Santander), Araceli Mora (Consejera independiente, catedrática de Economía Financiera y profesora de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Valencia), José Antonio Moral Santín (vinculado a IU), Francisco Juan Ros (consejero delegado del Ros Casares, y miembro de la patronal valenciana), José Manuel Serra (consejero de Bancaja, también figura como independiente. Fue secretario de Estado de Industria y Energía durante el Gobierno de José María Aznar), Atilano Soto (consejero de Caja Segovia) y Antonio Tirado (consejero de Bancaja a propuesta del PP y exalcalde de Castellón por el PSOE).
Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) están además de Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella, que compartían consejos, otros representantes de las siete cajas fusionadas como Francisco Pons (expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, vinculado al PP), Ángel Acebes (exministro de Justicia con Aznar y ex secretario general del PP), Francisco Baquero (CC OO), Pedro Bedía (CC OO), Luis Blasco (consejero independiente vinculado al PP), Rafael Ferrando Giner (presidente de la patronal autonómica de la Comunidad Valenciana Cierval y actual vicepresidente de Bancaja), José Rafael García-Fuster (exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y senador territorial de la Comunidad Valenciana por el PP), Jorge Gómez Moreno (consejero en representación de los socialistas de Madrid PSM-PSOE), Agustín González González, Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP), Jesús Pedroche (PP, expresidente de la Asamblea de Madrid), Remigio Pellicer (empresario del mueble y vicepresidente del Instituto Tecnológico del Mueble, consejero de Bancaja a propuesta del PSOE), José María de la Riva (consejero en representación de los socialistas de Madrid PSM-PSOE), Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar), Mercedes Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid), Juan Manuel Suárez del Toro (consejero en representación de Caja Insular de Canarias),y Ángel Villanueva Pareja (secretario del consejo de Bancaja, organizó la Asociación de Impositores para competir en la asamblea de la caja valenciana con la representación de la Unión de Consumidores, que el Gobierno autonómico del PP consideraba afín a los socialistas).
Los 33 imputados por el caso Bankia cobraron en 2011 más de 14 millones de euros. Los sueldos de los consejeros del grupo Bankia-BFA en 2011 (en miles de euros) son los siguientes.
1 Rodrigo Rato Figaredo 2.436
2 José Luis Olivas 1.764
3 Francisco Verdú 1.570
4 José Manuel Fernández Norniella 676
5 Carmen Cavero 173
6 Arturo Fernández 278
7 Alberto Ibañez 142
8 Javier López Madrid 310
9 Juan Llopart 367
10 Araceli Mora 125
11 José Antonio Moral Santín 522
12 Francisco Juan Ros 124
13 José Manuel Serra 387
14 Atilano Soto 128
15 Francisco Pons -
16 Ángel Acebes 163
17 Francisco Baquero 317
18 Pedro Bedía 308
19 Luis Blasco 178
20 Rafael Ferrando Giner 307
21 José Rafael García-Fuster 265
22 Jorge Gómez Moreno 339
23 Agustín González González 214
24 Mercedes de la Merced 376
25 Jesús Pedroche 204
26 Remigio Pellicer 302
27 José María de la Riva 202
28 Estanislao Rodríguez Ponga 355
29 Mercedes Rojo-Izquierdo 374
30 Ricardo Romero de Tejada 270
31 Juan Manuel Suárez del Toro 235
32 Antonio Tirado Jiménez 409
33 Ángel Villanueva Pareja 307
 TOTAL 14.127

El Gobierno ultima otro ajuste de 30.000 millones para bajar el déficit

Fuerte debate interno en el Ejecutivo respecto a las medidas a adoptar. Un ala del Ejecutivo apuesta por tocar pensiones y sueldo funcionarios. También está en estudio la subida del IVA.

El Gobierno español está ultimando un nuevo paquete de medidas de ajuste con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas de déficit público de 2012, aunque esperará para tomar una decisión firme al resultado del Eurogrupo del próximo lunes, donde todo apunta a que habrá una relajación en la senda marcada por Bruselas. El tamaño del ajuste, aún por definir, podría ascender una cifra de hasta 30.000 millones de euros (3% del PIB), según una fuente conocedora del plan del Gobierno. No obstante, otras fuentes señalan que la cuantía final podría ser considerablemente menor.
Tras haber cerrado 2011 con una cifra de déficit muy lejana a los objetivos de Bruselas (el 8,9% aún pendiente de revisión por las cuentas de los ayuntamientos, frente al 6% previsto), el Ejecutivo confía en presentar a Bruselas un plan creíble que permita que los socios europeos relajen la senda de reducción del déficit público, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto. Se espera que la Unión Europea dé a España un año más, hasta 2014, para reducir su déficit hasta el límite máximo del 3% establecido en la normativa comunitaria. Para este año, el objetivo de déficit español es de un 5,3% del PIB.

"La idea es recortar el coste de los funcionarios para las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también una bajada al coste de las prestaciones por desempleo, cerrar las televisiones públicas", dijo la fuente. También se contempola la subida del IVA. Sin embargo, dentro del Gobierno existe un fuerte debate interno respecto a las partes políticamente más sensibles de un ajuste de este tipo, como las pensiones o los funcionarios. "No hay ninguna decisión tomada. Lo único que hay son cálculos técnicos, cuánto se podría ahorrar con esto, cuánto se podría ingresar con lo otro. Pero puede ser parte, todo o nada", dijo otra fuente.
Como viene siendo habitual en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, coexisten distintas ideas a la hora de las medidas necesarias para solucionar la crisis y mejorar la economía. En un lado se encontraría el ala más liberal del Ejecutivo, compuesta por los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de Guindos, y en el otro extremo se sitúa el argumentario del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más cercano a la sensibilidad del Partido Popular.
En todo caso, no parece probable que se conozcan las nuevas medidas hasta que no se haya celebrado la reunión del Eurogrupo, aunque desde el Gobierno alaban el cambio de rumbo tomado por Bruselas durante la cumbre de la pasada semana. "Toda vez que ni siquiera los escenarios del déficit de Bruselas están cerrados, habrá que esperar al Eurogrupo de la próxima semana. Europa ha demostrado voluntad de ayudar la semana pasada, ahora España tiene que demostrar voluntad de ajuste, queremos ser los primeros de la clase en Europa", dijo una de las fuentes.
Algunas de las medidas podrían reservarse para la presentación los Presupuestos Generales del Estado de 2013, momento en el que, según afirmó Montoro recientemente, está previsto que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal a 2014, en línea con lo que piden Bruselas y el FMI.

El Consejo Europeo acordó la semana pasada varias medidas de apoyo a España e Italia, entre ellas la posibilidad de que el fondo de rescate europeo (MEDE) compre deuda soberana de países europeos, que la ayuda europea a la banca española pueda realizarse de manera directa para evitar aumentar la deuda pública española y que el MEDE no tenga categoría preferente respecto a los tenedores de títulos del Tesoro.

Objetivo, cumplir con las recomendaciones de Bruselas y del FMI

En los últimos tiempos, tanto el FMI como la Comisión Europea han instado a España a acelerar las reformas para poder cumplir con la meta de déficit, con medidas como la eliminación de la desgravación por vivienda habitual y la rebaja del sueldo a los funcionarios.

Hasta el momento, altos cargos del Gobierno han reconocido públicamente que se estudia eliminar la desgravación por la compra de vivienda (una medida que el propio PP recuperó en diciembre) e instaurar el conocido como 'céntimo verde', un impuesto sobre los hidrocarburos, aunque también existe debate interno sobre si dicha imposición debería utilizarse para pagar déficit público o para el déficit del sector eléctrico.Con todo, la aplicación de nuevos ajustes, ya sea vía impuestos o recortes de gasto público, implica serios riesgos para una economía en proceso de caída libre según no pocos analistas.
Tanto la Comisión Europea como el FMI han dicho que España no debería apresurarse a recortar el déficit en un país que atraviesa la segunda recesión en tres años y sufre una tasa de paro del 24 por ciento.En su último informe sobre España, el FMI recomienda que se suavice el ritmo de consolidación fiscal, aunque al mismo tiempo insta a bajar salarios públicos, subir el IVA cuanto antes, acelerar las privatizaciones y eliminar la deducción por compra de vivienda.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que el Gobierno se dispone a "pisar el acelerador" de las reformas y prepara nuevas medidas económicas "difíciles", en una intervención en la que dijo que las Comunidades Autónomas -uno de los principales escollos para reconducir el déficit- tenían que aumentar los esfuerzos fiscales.Hasta el momento el conjunto de las administraciones públicas ha puesto en marcha ajustes por 48.500 millones de euros (27.300 millones de euros del Estado, 18.100 millones de las regiones y 3.060 millones de los Ayuntamientos), incluyendo recortes impopulares en Sanidad y Educación, así como el alza del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y una amnistía fiscal.