Las asociaciones de discapacitados de la provincia tinerfeña han dicho basta. Los recortes presupuestarios y, sobre todo, la incertidumbre de no saber todavía en qué situación quedarán las ONG y entidades que gestionan los centros, han situado al borde del colapso estos servicios, muchos de los cuales se verán obligados a cerrar en las próximas semanas si el Gobierno de Canarias no lo remedia con premura.
De hecho, las más de 35 asociaciones que componen la plataforma Tenerife Discapacidad pidieron ayer por escrito la dimisión de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, por su “manifiesta incapacidad política” en la gestión de los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad en el Archipiélago.
En dicho escrito, que fue enviado ayer a la propia Inés Rojas, al presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, y a la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, esas entidades aseguran que en caso de no tener los convenios antes del viernes, en las condiciones pactadas a primeros de año -que, dicho sea de paso, eran las mismas que tuvieron en los dos últimos ejercicios-, procederán al “cierre indefinido” de los centros y residencias, e iniciarán movilizaciones y acciones de protesta.
Según explicó a este periódico uno de los portavoces de la plataforma, Raúl Cordero, “después de agotar todos los plazos dados en las negociaciones -que se iniciaron en marzo-, aún no tenemos el convenio firmado con los cabildos, y estos a su vez tampoco con las entidades gestoras de los recursos, lo que genera incertidumbre, retrasos en los salarios y pagos a la Seguridad Social, agotamiento de las pólizas de crédito…, lo que hace que la situación sea insostenible”.
Y es que, según expuso Cordero, las asociaciones sólo han recibido de los diferentes cabildos un adelanto del primer trimestre, por debajo del coste-plaza pactado, lo que en algunos casos sólo se corresponde con el 10% del montante anual que deben percibir”.
“Desde la Consejería nos comunicaron la semana pasada que están pendientes de una reunión de los subsecretarios de Servicios Sociales, y que nos llamarían para decirnos si los aprueban, pero siguen sin explicarnos cómo va a quedar el coste-plaza de los servicios ni las condiciones técnicas de los mismos”, reiteró Raúl Cordero, que se lamentó de que las gestiones se estén haciendo “de prisa y corriendo y con absoluta falta de transparencia”.
“Desde hace dos años estamos haciendo un gran esfuerzo, porque no hemos podido ampliar el número de plazas ni servicios, aunque la demanda no ha dejado de crecer; y ahora, encima, tenemos problemas para pagar a los trabajadores y proveedores, porque cada vez se retrasan más los pagos comprometidos por la Administración pública”, concluyó Cordero.
Recortes en dependencia
Entre los recortes previstos por el Gobierno de Canarias para reequilibrar el presupuesto autonómico para el presente ejercicio, que serán aprobados la próxima semana en el Parlamento regional, se incluye una anulación de crédito de 224.000 euros para el sistema de información sobre la dependencia. Dicho recorte se suma al tijeretazo realizado en ayudas y subvenciones de interés social, más de 111.000 euros, lo que ha dejado a muchas ONG y entidades prestadoras de servicios sociales al borde del cierre. Además, según los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, Canarias cuenta con el 56% de los demandantes con derecho reconocido oficialmente a recibir atención de dependencia, pero sin que este se haga efectivo, de tal forma que son más de 10.000 personas las que permanecen a la espera de que las ayudas se hagan efectivas. Por si esto fuera poco, el recorte estatal de 283 millones de euros supone para el Archipiélago una reducción de unos ocho millones menos en este concepto, por lo que, según aseguran las ONG, “las Islas lo van a tener complicado para mantener unos servicios que los usuarios están recibiendo con dinero de la Comunidad Autónoma”.
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