El Gobierno prevé nuevos recortes si empeora la situación económica
Rivero señaló,
en una entrevista a Radio Nacional de España en las Islas, que Canarias
ya ha acometido decisiones “durísimas”, pero reconoció que, si la
situación empeora y hay menos recursos, habrá que acometer nuevos
ajustes. “No nos engañemos”, apuntó.
Estas decisiones “durísimas” son la rebaja salarial del 5%, los recortes en servicios esenciales y la subida tributaria, que se recogen en el proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno para hacer frente al recorte de 800 millones de fondos estatales. El texto legislativo entró ayer en ola Cámara y se tramitará por procedimiento más corto existente para que sea aprobado en el pleno del próximo 21 de junio.
De manera previa, el próximo día 15 de junio se debatirá en pleno la enmienda a la totalidad que presentará la oposición del Partido Popular.
De manera previa, el próximo día 15 de junio se debatirá en pleno la enmienda a la totalidad que presentará la oposición del Partido Popular.
El presidente del grupo
popular, Asier Antona, argumentó que estas medidas “condenan” a la
economía canaria ya que suponen más crisis, paro y menos actividad.
Afirmó que se trata
de un “asalto fiscal sin precedentes” que la economía no está en
condiciones de “digerir”. Antona dijo que, con esta subida, se pasa la “factura completa” de la crisis a familias y empresas.
Asier Antona reiteró que, antes de ir por “el camino más corto” de la presión fiscal, el Ejecutivo canario debería acometer primero la reforma de la Administración pública y ponerla a “estricta dieta”.
La portavoz del grupo,
María Australia Navarro, añadió que este proyecto carece de
justificación, de un informe sobre su impacto económico y que hay dudas
legales “razonables” sobre algunas de las iniciativas que contempla. Señaló que el Archipiélago podría encontrarse, a corto plazo, ante una “amenaza seria de inseguridad jurídica”, lo que podría conllevar recursos ante el Tribunal Constitucional, como ocurre en otras comunidades, y posibles sanciones.
Uno de estos nuevos impuestos sobre los que ha surgido incertidumbre constitucional es el aplicado a las grandes superficies. El dictamen del Consejo Consultivo apuntó algunas reticencias sobre este tributo, del que pidió mayor argumentación y justificación en algunos de sus puntos, como en los supuestos exentos para evitar cualquier tipo de discriminación y la utilización de la dimensión del establecimiento como parámetro en la fijación de la base imponible.
A pesar de las reticencias legales, tanto del Consultivo como de los servicios jurídicos del Gobierno canario, el proyecto de ley mantiene este impuesto aunque introduce cambios en base a las sugerencias del órgano parlamentario. El texto modifica así la redacción de la naturaleza del impuesto, elimina el punto dedicado a los supuestos
no sujetos a este gravamen e incluye una explicación mucho más
detallada respecto a las grandes superficies y la cuota tributaria. Se añade un nuevo punto en el que se contempla una deducción por inversiones relacionadas con la protección medioambiental. También se incluye otro punto nuevo en el que se recoge que la recaudación de este tributo se utilizará, preferentemente, en la financiación de la protección del medio urbano y natural.
El proyecto introduce también cambios en la redacción del impuesto de la Comunidad Autónoma sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades, para evitar posibles conflictos competenciales.
Respecto al nuevo tributo sobre los depósitos en las entidades financieras, el Consejo Consultivo comparte las observaciones de los servicios jurídicos, que apuntaron a un posible conflicto constitucional. El impuesto se mantiene en el proyecto de ley con apenas cambios en su redacción.
Respecto al nuevo tributo sobre los depósitos en las entidades financieras, el Consejo Consultivo comparte las observaciones de los servicios jurídicos, que apuntaron a un posible conflicto constitucional. El impuesto se mantiene en el proyecto de ley con apenas cambios en su redacción.
El texto legislativo continúa su tramitación con la inclusión también de la rebaja salarial del 5% en los mismos términos, así como en relación al alza de los tipos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
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