En concreto, según explicaron ayer desde Intersindical Canaria (IC), se está elaborando un recurso de anticonstitucionalidad que se presentará este mes al Defensor del Pueblo. Además, se ha presentado ya una demanda en los juzgados de lo contencioso contra la resolución de la secretaría general técnica de Presidencia, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del 4 de noviembre pasado.
Dicha resolución, explicó Carlos Barrios, responsable de Acción Sindical de Administraciones Públicas de IC, "supone una clara vulneración de derechos fundamentales, ya que las disposiciones adicionales de la ley de presupuestos suspenden artículos y acuerdos suscritos".
No en vano, en juego está el futuro de varios centenares de liberados sindicales, que de no mediar un acuerdo, deberían incorporarse a sus puestos de trabajo. Ello, por ende, significaría además el despido de personal laboral, que ahora ocupa los puestos de estos liberados.
Para el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Fernando Escrich, el Gobierno ha realizado "una serie de recortes sin negociar; ha puesto en marcha un paquete de medidas sin llegar a ningún acuerdo, y además algunas no se ajustan a la ley", como son la supresión del artículo 54 del convenio colectivo, el acuerdo sobre la Mesa General de Empleados Públicos, los acuerdos de concertación y los referidos al crédito de horario sindical. Ello, por ejemplo, dejará a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sin seis liberados de la administración pública y más de una veintena de personas de áreas como Educación o Sanidad. "Todo se va tener que judicializar", afirmó Javier Galván, quien deja claro que "no nos vamos a convertir en corresponsables de unos recortes que nos vienen impuestos".
En la misma línea se manifestó Carlos Barrios (IC), cuyo sindicato perdería dos liberados por los pactos de derechos sindicales; dos más que establece el convenio colectivo; y cerca de una treintena entre los derivados de las mesas sectoriales y aquellos que perderán las horas que establecen los acuerdos de crédito horario sindical. "Las propuestas que está haciendo el Gobierno de Canarias carecen de cuantificación", aseveró Barrios, quien considera que "la negociación colectiva es un derecho".
Más comedido que sus compañeros de IC, SEPCA y CSIF se mostró el secretario general en Canarias de Comisiones Obreras (CC.OO), Juan Jesús Arteaga, quien confía en que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Con ese objetivo se volverá a reunir este viernes la comisión técnica que explora las opciones de "atenuar el impacto de la ley de presupuestos".
Pérdida de derechos
Para Arteaga, "dependerá de la voluntad del Ejecutivo regional que se puedan alcanzar otros acuerdos, como establece la propia ley aprobada el pasado mes de diciembre. En cualquier caso, el máximo responsable de CC.OO. en el Archipiélago reconoció que su organización está estudiando jurídicamente el tema. "Hay que profundizar en la pérdida de derechos de los empleados públicos y garantizar los empleos", manifestó Arteaga, cuyo sindicato perdería 20 liberados por los acuerdos de concertación y un centenar de las distintas federaciones.
En la misma situación se encuentra UGT, cuyo proceso interno de renovación ha provocado que sus nuevos dirigentes no se manifiesten al respecto, a pesar de que también será uno de los sindicatos más afectados por la eliminación de los liberados y la supresión de los convenios laborales.
Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/3928/
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