El futuro está en juego

Toni Ferrer *

“Defendemos que esta reforma laboral es un fracaso anticipado y anunciado (…) El decreto del Gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir, y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino la contratación”.

¿Les suena? Podría ser la valoración de la oposición parlamentaria a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, se trata de la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso cuando era portavoz del Grupo Popular, allá por junio del 2010, en su discurso de oposición a la reforma laboral de Zapatero, que provocó la convocatoria de la Huelga General del 29 de septiembre de ese mismo año.

Ahora, casi dos años después y ya en el Gobierno, el Partido Popular ha impuesto su reforma. Un “decretazo” que ha sido elaborado a espaldas de las organizaciones sindicales, que no ha contado con ningún proceso de Diálogo Social Tripartito, que tantos y tan buenos acuerdos ha dado en democracia, y que tampoco ha respetado los pactos entre los sindicatos y la patronal en materia de negociación colectiva y flexibilidad negociada, como el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado dos semanas antes.

Rajoy contesta con un simple acuse de recibo tan solo a una de las dos cartas enviadas por las organizaciones sindicales, cartas que contienen alternativas concretas y creíbles para esta situación de dificultad económica y en las que se le instaba a entablar una negociación necesaria e inaplazable que corrija esta norma. Un Real Decreto Ley que dice estar pensado para los jóvenes y los cinco millones de parados de nuestro país y que pretende abanderar la eliminación de la precariedad laboral. Pero no es cierto.

La realidad es que es una reforma injusta con los trabajadores, tanto del sector privado como del público, es ineficaz para la economía e inútil para el empleo. Hace que el despido sea más fácil, más barato y más rápido para el empresario, y se instaura en las Administraciones Públicas; acentúa las desigualdades entre hombres y mujeres; introduce una mayor precariedad para los jóvenes; y desatiende y discrimina a las personas en desempleo.

Agravará la situación de los trabajadores en paro y provocará un aumento del desempleo. El propio presidente del Gobierno ha reconocido ya que esta reforma no va a crear empleo. De hecho, ha previsto una pérdida de 630.000 puestos de trabajo para este año.

Y todo por agachar la cabeza ante los mercados. Nuestro país está en recesión porque el Gobierno y las autoridades europeas se niegan a aceptar que sus políticas son equivocadas e injustas.

Con sus previsiones para los PGE 2012, el Ejecutivo se comporta como si nuestro país estuviese intervenido, y en lugar de abordar el necesario cambio de modelo productivo, una reforma transparente y urgente del sistema financiero (que es el que nos ha llevado a esta situación y cuyo estado real nadie conoce), y una búsqueda de la suficiencia en las cuentas públicas a través de una reforma fiscal integral y justa, impone la mayor agresión a los derechos de los trabajadores en democracia, que nos empobrece y nos deja a merced de las decisiones empresariales. Y así lo reconoce ya la mayoría de la población.

En cualquier caso, las consecuencias las vamos a pagar los ciudadanos de este país. El futuro de nuestra sociedad está en juego y la situación exige el esfuerzo de todos.

Éstas son, entre otras cuestiones, las razones de la Huelga General del 29-M. Una huelga justa, necesaria e inevitable ante las políticas del Gobierno de ajuste y de recorte de los derechos sociales y laborales. El Ejecutivo tiene en su mano revertir esta situación si se aviene a negociar con las organizaciones sindicales unas alternativas creíbles y equilibradas que corrijan esta reforma. Si no, se encontrará con una huelga que debe ser una contribución democrática para el cambio de rumbo de las políticas europeas y de nuestro país, que tanto daño están produciendo, y en la que exigiremos el impulso de medidas de reactivación de la economía, del empleo y en la defensa del bienestar social y los servicios públicos.
(*) Toni Ferrer es secretario de Acción Sindical de UGT.

Publicado en: http://www.cuartopoder.es/tribuna/el-futuro-esta-en-juego/2436

Democracia y privilegio

Antonio García Santesmases (*)

Ante la convocatoria de la  próxima huelga general se ha suscitado un debate acerca del lugar de los sindicatos en nuestra sociedad, un debate, sin duda, importante pero que amenaza con velar el auténtico problema de fondo: el modelo social que configura la reforma laboral que propone el gobierno. Por ello propongo al lector deslindar, desde el principio, los dos temas. Una cosa es la función de los sindicatos y otra la importancia del Derecho del trabajo a la hora de conformar una sociedad democrática.

Comencemos con el primer asunto. Los sindicatos convocan una huelga general que ni es la primera ni será la última. Una huelga general que tiene, sin embargo, unas características especiales. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 se realizó en plena hegemonía del socialismo y marcó la  ruptura dentro de la entonces llamada familia socialista, una ruptura que marcaría para siempre las relaciones personales entre Felipe González y Nicolás Redondo. Estábamos en una época en la que el Partido Popular estaba bajo mínimos y en la cual, muchos medios conservadores, atribuían  al sindicalismo el papel de auténtica oposición ya que era capaz de  recoger las  demandas de la calle, olvidadas por la soberbia económica y política de una elite político-económica dispuesta a ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles.

Aquélla fue la huelga más relevante de los años de gobierno de Felipe González, una huelga que se saldó, tras una negociación posterior,  con un gran éxito para los sindicatos; habían logrado parar el país, habían conmocionado a la opinión pública y fueron capaces de recoger el sentido de aquellas movilizaciones en un conjunto de conquistas para trabajadores, funcionarios y pensionistas.

Todo el que recuerda estos hechos  se asombra cuando escucha que las huelgas no tienen ninguna repercusión positiva, son inútiles, son ineficaces y no conducen a nada. Por recordar otra huelga con éxito no hay sino que pensar en lo ocurrido con el gobierno de Jose María Aznar y el destino que tuvieron los ministros Aparicio y Cabanillas tras el éxito de los sindicatos en la primavera del 2002.

Es igualmente cierto, sin embargo, que hay momentos en que las huelgas  no cambian los designios de los gobiernos. Pensemos en la huelga contra la reforma laboral de enero del 94 o en la huelga del 29 de septiembre del 2010. Se fueron aprobando reformas laborales que nos han llevado a la situación actual. La situación se puede resumir en algo que los sociólogos nos llevan advirtiendo durante años: no estamos asistiendo a un aburguesamiento del  proletariado, estamos ante una proletarización de sectores importantes de las clases medias. Este es el quid de la cuestión.

Estamos ante un  asunto de tal gravedad  que no es extraño  que se incrementen los miedos, las angustias, los agravios, y que se propicie  un caldo de cultivo donde se busca desesperadamente un responsable de todo lo que ocurre. Hay que decir que la búsqueda ha sido fructífera, parece que se ha hallado un chivo expiatorio: los auténticos responsables de lo que ocurre son los sindicatos. Es hora de ponerlos en su sitio, de demostrar a la opinión pública quien manda, y de no ceder ante sus reivindicaciones. Es el momento de ser firmes, de utilizar, si es menester, los aparatos policiales y de controlar los medios de comunicación estatales. Nadie es invencible. Sólo hay que tener determinación. Margaret Thatcher lo entendió así y supo encarar el combate con decisión reduciendo el poder de los sindicatos británicos. Mariano Rajoy no debe ser menos. Si es preciso debe llamar a lo  ciudadanos corrientes  a manifestarse para apoyar al gobierno y mostrar que la calle es de los que ganaron las ultimas elecciones generales.

Todo este conjunto de iniciativas muestran que estamos ante una huelga muy distinta a las anteriores. Aquellas huelgas marcaron puntos de inflexión en el 88 y en el 2002; ahora estamos ante el inicio de un conflicto social que nadie sabe como se va a desarrollar. Por el momento la derecha conservadora tiene un gran control de los medios de comunicación y sólo está preocupada por limpiar Televisión española de lo que denomina restos del zapaterismo. Con ese fuerte control ideológico nos encontramos con una opinión pública de izquierda que se tiene que refugiar en los medios digitales para poder contrarrestar la avalancha ideológica que trata de culpabilizar a las organizaciones sindicales de todo lo que ocurre. Para conseguir ese objetivo es imprescindible ganar la batalla ideológica y transformar el sentido de  las categorías que utilizamos para entender la realidad social.

Por utilizar una sola de esas categorías, que hay que recomponer para transformar su significado, recomiendo al lector que observe como se utiliza la categoría de privilegio. Durante decenios el privilegio se entendía como  el poder que emana de una herencia aristocrática y que permite a  los detentadores de ese  poder perpetuar su riqueza sin esfuerzo laboral alguno. Distinto es el privilegio de la clase burguesa que permite acumular  un capital industrial o financiero; este privilegio se asienta en una desigualdad que hay que ganar día a día a través de la lucha de clases.

Ese mundo de la aristocracia del antiguo régimen y de la burguesía capitalista fue  combatido por el movimiento obrero desde mitad del siglo XIX. A través de una lucha denodada por conquistar el sufragio universal en lo político y por asentar organizaciones sindicales en lo social, se fue consiguiendo que los sectores privilegiados se vieran forzados a pactar las condiciones laborales, el régimen salarial y la duración de la jornada laboral. Esa fue la gran aportación del Derecho del Trabajo. Se fue así fraguando un modelo de Estado en el que los derechos económico-sociales se extendieron al conjunto de la población y las oportunidades de vida se abrieron para todos. Para alcanzar ese modelo social hubo  que soportar dos guerras mundiales, vivir la experiencia del Fascismo y del Nazismo, hasta llegar a construir  un modelo de democracia que fuera atractivo para  los trabajadores ante la experiencia alternativa de los países del Este. El sistema se legitimaba afirmando que no era necesaria la revolución para poder alcanzar la dignidad en el mundo del trabajo y la igualdad de oportunidades para  el conjunto de la sociedad.

Desde hace años todo este universo comenzó a cambiar y los sectores conservadores se dieron cuenta de que el privilegio hoy sólo es posible para unos pocos, cada vez para menos y que los derechos no se pueden mantener. Había  que cambiar la lógica del debate social. Había  que oponer a los pobres con los nuevos pobres, a los excluidos con los trabajadores en activo, a los parados con los sindicalistas, a los padres con empleo con los hijos abocados al precariado. Una pieza esencial en este combate era mostrar que los derechos que tienen los que están dentro del sistema son “privilegios” que no se pueden mantener. No son derechos que ha costado mucho conseguir y que hay que preservar. No se trata pues  de incluir al que está fuera sino de lanzar al abismo al que está dentro.

Durante mucho tiempo se hablaba de la capacidad del capitalismo para integrar al proletariado a través del consumo de masas. Los proletarios de la sociedad industrial avanzada sí tenían algo que perder. No estaban abocados a la pauperización. Eran ciudadanos y consumidores; y por ello se  iban aburguesando paulatinamente ya que ellos mismos se vivían como clase media.

Hoy todo ha cambiado. Ya nada es seguro. Nadie sabe si el esfuerzo educativo conduce al empleo, si las pensiones están garantizadas, si se podrá mantener el sistema sanitario, si nuestros hijos vivirán como nosotros. Ante tal incertidumbre, ante tal angustia  los sectores conservadores han logrado  difundir la idea de  que los auténticos responsables de lo que ocurre son los cancerberos del mercado laboral, los responsables son  unos sindicalistas  que sólo tratan de defender sus privilegios y a los que los trabajadores reales  poco o nada importan.

Hay que decir que la difusión de esta idea puede acabar por imponerse y esta es una de las cosas que se juega en la próxima huelga general; mientras no se logre  mostrar a la opinión pública quienes son los auténticos privilegiados la batalla está perdida. Recomiendo al lector para empezar este trabajo que rescate una imagen reciente: en unas jornadas económicas  el  propietario de un gran medio de comunicación recibe obsequioso al presidente del Gobierno, acompañado por el presidente de una gran caja de ahorros. La imagen es inigualable. Juntos Bankia (Rato) y el grupo Prisa (Cebrián) acompañados por el cerebro económico de la CEOE (Iranzo) arropando a Rajoy.  Eran la viva imagen del privilegio económico influyendo en las decisiones del poder político.

Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Juan Luis Cebrián
y Juan Emilio Iranzo (de izquierda a derecha),
el pasado 6 de marzo, antes de participar en el
Encuentro Financiero Internacional. / bankia.com

Han pasado días desde aquella foto y observo, con asombro, que nadie habla de los auténticos privilegiados, que la catarata mediática sigue centrada en intentar convencernos de que los auténticos privilegiados son los  sindicalistas, esos sindicalistas que quieren mantener unos privilegios que de una vez por todas hay que erradicar. La operación es clara: blindemos a la minoría auténticamente privilegiada y echemos a pelear a todos los demás.

(*) Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la UNED.

Publicado en :http://www.cuartopoder.es/tribuna/democracia-y-privilegio/2467

PP de Canarias, S.A.

Jorge Rodríguez y Miguel Concepción, a las puertas del Ministerio de Fomento.

 

JORGE RODRÍGUEZ INTERCEDE ANTE
FOMENTO POR EL DUEÑO
DE ISLAS AIRWAYS

Viernes 16 de marzo de 2012. A la misma hora que José Manuel Soria se partía la cara por Repsol en el Consejo de Ministros, una de las personas de su máxima confianza política hacía lo propio por el dueño de Islas Airways, Miguel Concepción, ante el Ministerio de Fomento. Soria defiende un negocio colosal de la multinacional española con la excusa de que en tiempos de crisis no se puede desaprovechar ninguna oportunidad para explotar recursos naturales propios e ingresar impuestos en las arcas del Estado. Rodríguez intenta desbloquear el pago de unos 15 millones de euros que Fomento tiene retenidos al empresario tinerfeño tras abrirle un expediente por un presunto fraude millonario en la gestión de los descuentos aéreos a residentes en las Islas Canarias. Sólo dos días antes, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que compartió con Soria y Rodríguez el primer mandato del PP en 1995, comparecía ante un juez para explicar por qué aquel equipo de gobierno municipal permitió que un particular se embolsara nueve millones de euros en un pelotazo urbanístico gracias a un convenio y unas sobrevaloraciones que nadie es capaz de explicar con tino.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16521/

DE LAS COSAS QUE SE ENTERA UNO DE REPENTE

La foto de campaña de Águeda Montelongo.

Foto de campaña con fondos públicos

Hablando de Águeda Montelongo, la presidenta del PP de Fuerteventura tiene ante sí algunos retos verdaderamente complejos. Y no nos referimos a dar la cara ante sus votantes y militantes por la decisión de Soria de imponer el petróleo en las costas canarias, ante lo que tampoco le arrendamos las ganancias, sino en cómo acometer el congreso insular que vendrá después del regional. El partido hace aguas por todas partes porque, junto a Cristina Tavío y más recientemente Astrid Pérez, no se nota que la alegre y dicharachera mayoría absoluta haya llegado a esas islas. Salvo contados casos, la tropa se ha quedado sin tocar poder justo cuando más poder teórico había para repartir. Sumen a eso que, en el caso de Aguedita, el marqués le sigue pisando los talones amenazantemente, y ya tienen un panorama verdaderamente preocupante. Ella, sin embargo, no pierde la sonrisa, como la que presentaba en la fotografía que la noche del jueves la Televisión Canaria presentó en el programa El Envite. Una foto muy profesional que, miren qué cosas, fue pagada con fondos del Patronato de Turismo de Fuerteventura, de donde salieron los dineros para vacaciones a dirigentes regionales y nacionales del PP. Esa foto la utilizó nuestra heroína en campaña electoral, y que sepamos nadie denunció ese atropello.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16524/

Silencian sueldos, bienes e intereses

MANUEL FERNÁNDEZ (Y OTROS) FRENAN EN EL PARLAMENTO LA LLEGADA DE LA TRANSPARENCIA

De fondo, la sordina que diputados como Manuel Fernández, secretario general del PP canario, quiere poner a la publicación de los sueldos, los bienes y los intereses de los diputados. De los suyos, de sus intereses particulares y empresariales, ya supimos cuando el caso salmón. Mientras su jefe volaba a pescar salmón con el empresario de las 7.000 camas, él defendía como asesor con contrato los intereses del mismo amo. Es el PP de Canarias, S.A., ahora más crecido por el poder absoluto otorgado por los ciudadanos para hacer lo que hay que hacer que ellos saben que hay que hacer. Pero no se vayan a creer que es Fernández el único que frena la llegada de la transparencia a las cuentas del Parlamento. Es natural pensar que a algunas de las señorías que conforman la Mesa de la Cámara, en la que también se encuentra Águeda Montelongo, la agente de viajes del PP nacional, no quieran que se sepa lo que perciben en concepto de dietas. Por ejemplo, que sepamos que cada vez que asisten a una procesión o a un acto fuera de Tenerife o de su circunscripción electoral, cobran entre 80 y 100 euros, lo que sumado al sueldo del diputado de la puritita base, 2.700 euros líquidos, se convierte en un pastón a final de mes.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16523/

Tres noticias, tres negocios

SIEMPRE EL INTERÉS EMPRESARIAL SOBRE EL GENERAL

Tres noticias, tres personajes, tres negocios. Los tres con una trayectoria que refuerza esa entrega al interés empresarial. A Soria le toca ahora defender a Repsol con sus prospecciones, aún a costa de la inmensa mayoría de las instituciones canarias, que temen que se ponga en serio peligro la industria turística, la espina dorsal de la economía canaria, la que ha impedido que la crisis económica sea aún más brutal de lo que está siendo. Ya defendió en el pasado otros proyectos empresariales con tanto ahínco que se tuvo que sentar ante una magistrada para explicar su connivencia con un empresario al que terminó autorizando 7.000 camas turísticas en plena moratoria. Jorge Rodríguez, que tiene concedida por el Parlamento de Canarias una compatibilidad para ejercer como abogado, está pendiente de sentarse en el banquillo para responder a una acusación por un delito de tráfico de influencias. En 2006, cuando su partido gobernaba en la ciudad de Telde, intercedió por una empresa a la que le amañaban los concursos para hacer viviendas sociales. No aprendió aquella lección y, lejos de ejercer como abogado como dijo a la Cámara de la que es parlamentario, sigue actuando como componedor ante instituciones regidas por su partido. Su condición de aforado ha obligado a la Justicia a hacerle una pieza separada y mandarlo a juicio en el Tribunal Superior de Justicia, porque hasta esos gastos extras nos provocan estos diligentes intermediarios empresariales.

Publicado en: http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16522/

¿ Que Esconde ? La reforma Laboral

 La Reforma Laboral

 

Al presidente de la CEOE HUELGA GENERAL

El presidente de la patronal pide que se regule el derecho de huelga a partir del 29-M

“No se puede permitir que un grupito pueda paralizar un país, sus aeropuertos, transportes…”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, cree que después del 29-M "habría que regular el derecho de huelga" para mejorar la situación legal que permita preservar los servicios públicos. "No se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, sus transportes...", ha precisado Rosell.

 

Muy risueños y subidos estan estos dos pollos

 

 

 

En una entrevista publicada en el suplemento Empresas del diario ABC, el presidente de la CEOE defiende que se lleve a cabo esa reforma en la regulación del derecho de huelga para que se preserven los servicios públicos esenciales. Sin embargo, a continuación, señala que no se debe “dramatizar” sobre la convocatoria de huelga general, porque piensa que los sindicatos han hecho “lo que creían oportuno”, y por ello defiende que se pase lo mejor posible la jornada, y a partir del día 30 “empezar a funcionar de nuevo”, informa EFE.

Una huelga política sería ilegal
Sobre la consideración que puede tener de “política” esa convocatoria, el presidente de la CEOE muestra su confianza en que “no lo sea”, porque las huelgas políticas “son ilegales”.

Se ha negociado con los sindicatos “todo el tiempo del mundo”
En el caso de que se deba o no negociar la reforma laboral como reclaman CCOO y UGT, el máximo representante de los empresarios indica que ya se ha negociado “todo el tiempo del mundo” desde la patronal, y que “nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos”. No obstante, mantiene la idea de “seguir negociando”, aunque opina que ya ha pasado el tiempo en el que el protagonismo lo tenían los agentes sociales, y que debe de ser ahora el Parlamento quien decida sobre el final de la reforma laboral.

Las bondades de la reforma laboral del Gobierno
El presidente de la patronal considera que la reforma del Gobierno ha permitido a los empresarios “perder el miedo a contratar”, porque hasta ahora “no se atrevían”, ya que “no veían el futuro claro, y ahora se abre la posibilidad de si hay un error poder dar marcha atrás. Este miedo se ha perdido porque han disminuido los costes por despido, ya que en España “eran muy altos”, y pone como ejemplo de los cambios el que la consideración de despido improcedente (45 días) va a pasar a ser una excepción, “que es lo que tiene que ser”.

Publicado en http://www.elplural.com/2012/03/18/no-se-puede-permitir-que-un-grupito-pueda-llegar-a-paralizar-un-pais-sus-aeropuertos-sus-transportes/

Un frente de 16 sindicatos canarios apoya la huelga general

Frente de Accion Sindical contra la Reforma Laboral 

 Audio de la rueda de prensa

Un frente de 16 organizaciones sindicales canarias convoca a los trabajadores de las islas a la huelga general del próximo 29 de marzo para exigir la retirada de la reforma laboral, que no haya recortes en los servicios básicos en los Presupuestos Generales del Estado, que se apliquen "medidas concretas" contra el paro, la precariedad y exclusión social, y se acaben las "políticas de privatización" del Gobierno de Canarias.

Estas organizaciones han suscrito un manifiesto leído este viernes en Tenerife en rueda de prensa por el periodista Julián Ayala en el que se alerta de que Canarias cuenta con 340.000 personas en paro, un paro juvenil del 51 por ciento, una tercera parte de la población por debajo del umbral de la pobreza y un salario medio un 15,3 por ciento inferior al de la media española.

Este frente sindical, donde se encuentran entre otros UGT, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, critica también la política de ajustes de la Unión Europa y los "recortes antisociales" que durante tres años ha practicado el Gobierno de Canarias.

Los sindicatos se han mostrado muy críticos con la reforma laboral porque generará "más paro, menos consumo y más recesión económica", porque generará menos ingresos para la administración, y afirman que también afecta a la clase trabajadora "porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato".

El manifiesto clama contra los "brutales ajustes económicos" y advierte del ataque contra la "negociación colectiva" ya que se elimina la protección de derechos.

En opinión de los sindicatos, es "urgente" incrementar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal que permita obtenerlos "de los que más tienen" y de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, aparte de insistir en la necesidad de "desbloquear" el crédito.

UNIDAD DE ACCIÓN

"La crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral", señalan

Ignacio Rodríguez, de Intersindical Canaria, ha dicho que es la "primera vez" que se unen los sindicatos en las islas para una reivindicación de esta naturaleza dada la "gravedad" de la reforma, y se ha coincidido en la "voluntad de resistir".

"Hemos buscado la confluencia desinteresada y generosa, y eso ha abierto un proceso de convergencia en la unidad de acción muy importante. Esta unidad es un capital que habría que mantener más allá del día 29 porque tememos que nos sobrarán motivos y razones para mantener esta unidad de criterio", ha explicado.

MANIFIESTO CONJUNTO HUELGA GENERAL 29 DE MARZO 2012, BAJO EL LEMA: NO A LA REFORMA LABORAL. NO A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE EUROPEAS. ANTE LAS AGRESIONES, MOVILIZACIÓN”



Las organizaciones sindicales abajo firmantes presentaron el “Manifiesto conjunto Huelga General 29 de marzo 2012, bajo el lema: No a la reforma laboral. No a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización”.

Los autores del Manifiesto acordaron que los intelectuales, Julián Ayala y Francisco Morote, asumieran la presentación pública de dicha proclama que tuvo lugar en las sedes sindicales de Primero de Mayo, en Gran Canaria y Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife.


Canarias, situación límite.

La actual crisis del sistema económico capitalista se manifiesta en Canarias con especial dureza. Más de 340.000 personas en paro. Un 51 % de desempleo juvenil. La tercera parte de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza con escasos o ningún recurso. Más de un 50% de quienes tienen empleo son trabajadores temporales, sometidos a la inseguridad y permanente entrada y salida del mercado de trabajo. El salario medio de Canarias es un 15,3 % inferior a la media del Estado. Se produce un continuo retroceso en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, en tanto que la economía sumergida avanza y se sitúa en el entorno del 30% del Producto Interior Bruto de las islas. Las políticas privatizadoras y los recortes presupuestarios experimentados en los últimos tres años debilitan los servicios públicos esenciales: mayores listas de espera para la atención médica, aumenta el fracaso escolar y abandono de los estudios, retraso en la atención a las personas dependientes etc. Siendo especialmente escandalosa la falta de recursos públicos en los presupuestos canarios para atender la exclusión social a los más débiles.


Esta realidad tiene que ver también con el modelo económico de Canarias basado en el turismo y la construcción, fuertemente dependiente del exterior y dominado en las últimas décadas por una actividad empresarial e inversora muy especulativa, que sólo ha buscado el mayor beneficio en el menor espacio de tiempo, sin preocuparse de la economía productiva generadora de tejido industrial y de valor añadido. Además, se ha desatado en la Unión Europea una feroz y agresiva actuación del poder económico y financiero para hacer pagar la factura de su crisis a la clase trabajadora, a quienes trabajan como autónomos, y a muchas pequeñas y medianas empresas.


No a las políticas de ajuste europeas.

Desde ese poder dominante en Europa se impone a los gobiernos la adopción de medidas que recorten el déficit público para situarlo en el límite del 3% en el año 2013, a costa de lo que sea, de los servicios públicos, del crecimiento económico y del empleo. El Gobierno de Canarias ha apostado también, sin ninguna objeción, por esta política, aprobando en los últimos tres años unos Presupuestos antisociales que se caracterizan por el recorte de la inversión pública, el recorte del gasto público en sanidad, educación, empleo, políticas sociales y por la creciente privatización de los servicios públicos.


Estas políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales que llevan impulsando desde hace más de dos años las instituciones europeas bajo la batuta de los gobiernos alemán y francés en Canarias están teniendo unos efectos devastadores; eliminación de estímulos al crecimiento económico desde el sector público, índice de paro insoportable, casi 30.000 familias desahuciadas de sus viviendas, recorte brutal de los servicios y prestaciones públicas justo en el momento en el que son más necesarias para la ciudadanía canaria. A esta situación inducida por las políticas europeas de recorte a cualquier precio del déficit público se suma la traducción al conjunto del Estado de las políticas europeas de recorte de los derechos laborales con una reforma laboral que facilita y abarata el despido, extremadamente lesiva contra la clase trabajadora, ineficaz para la economía, e inútil para el empleo, que tendrá efectos especialmente traumáticos en Canarias.


No a la reforma Laboral.

Porque es una reforma contra las personas en paro, porque la única forma de crear empleo es con crecimiento económico y esta reforma laboral, en una espiral suicida, va a generar más paro, menos consumo, más recesión económica, menos ingresos para la Administración y menos servicios públicos. Es una reforma discriminatoria, especialmente con las personas en paro de larga duración porque concede privilegios económicos a las empresas que contraten a personas desempleadas con prestación por desempleo.

Es una reforma laboral contra la clase trabajadora que convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato. Se generaliza despido libre y gratuito en los nuevos contratos para empresas de menos de 50 trabajadores, la mayoría, y se generaliza el despido con solo 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades para el resto de las personas independientemente de su tipo de contrato y antigüedad. Es una reforma contra las condiciones de trabajo, ya que salarios, horarios, puestos, movilidad geográfica y cualquier otra circunstancia laboral dependerá ahora de la voluntad del empresario eliminando las opciones de negociación de las plantillas a través de sus representantes legales.

Esta reforma contra la clase trabajadora dificulta la negociación colectiva eliminando la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios colectivos sectoriales, individualizando las relaciones laborales, imponiendo laudos obligatorios, y fijando un plazo para que finalice definitivamente la vigencia de todos los derechos alcanzados en convenio colectivo, desregulando, desvirtuando, y desmantelando los fundamentos básicos del derecho al trabajo.

Es una reforma contra los jóvenes porque no generará empleo y, por tanto, no servirá para reducir la tasa de empleo juvenil que en canarias ya alcanza el 51%. Es una reforma contra las mujeres porque la eliminación de derechos y protecciones aumentará las desigualdades retributivas, la infravaloración y el trabajo en precario.

Es una reforma contra el crecimiento económico y la cohesión social que generará más paro en Canarias, el territorio del Estado con mayor nivel de desempleo, y reducirá los salarios de las personas con empleo, no actuará a favor de la justicia social, contribuirá a incrementar las desigualdades y el número de personas bajo el umbral de la pobreza incrementando la situación de alarma social de Canarias.


Es una reforma contra la calidad de los servicios públicos autorizando a las administraciones públicas los expedientes de regulación de empleo, aportando soporte político al Gobierno de Canarias que ya se había adelantado a esta reforma laboral autorizando el expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Galdar.

Es una reforma laboral basada en brutales ajustes económicos, injustos socialmente, regresivos laboralmente y nacidos únicamente para satisfacer a unos poderes financieros a los que nadie reconoce como depositarios de la soberanía democrática, que nos arroja hacia un presente y un futuro de paro y precariedad con menos servicios públicos y menos protección social, algo que las organizaciones sindicales de Canarias no estamos dispuestas a aceptar porque

Existen otras alternativas

Es urgente aumentar los ingresos públicos a través de una profunda reforma fiscal que permita obtenerlos de quienes más tienen, y de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Es necesaria una profunda reforma del sistema financiero que contemple la intervención pública para garantizar el desbloqueo del crédito hacia las personas y las pequeñas empresas, así como no descartar la creación de entidades financieras públicas que garanticen el objeto social de esta actividad. Es necesario que los gobiernos electos dirijan la economía sin ingerencias de los mercados, y que el necesario control del déficit público no se confunda, como ocurre en la actualidad, con la satanización de un instrumento necesario para luchar contra la crisis desde lo público. La crisis económica debe ser una oportunidad para poner en evidencia los principios ultraliberales que nos condujeron hasta la caótica situación en la que nos encontramos, y para poner en práctica otros principios más humanos, cuya prioridad se dirija a satisfacer las necesidades de las personas y no los intereses antisociales y antidemocráticos de los poderes económicos.

Movilización.

Ante estas agresiones del ultraliberalismo, las organizaciones sindicales canarias decimos que la crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido, ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral. Para que la crisis la paguen quienes la han generado y no la clase trabajadora, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, llamamos a la movilización con arreglo al siguiente calendario:


Día 23 de marzo: Asambleas de delegadas/os conjuntas de los sindicatos que suscriben y de todas aquellas organizaciones sindicales que decidan adherirse al presente manifiesto.


DIA 29 de marzo: Huelga General de 24 horas con las siguientes reivindicaciones:


    Retirada de la Reforma Laboral aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de febrero de 2012.

    Retirada de cualquier Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que suponga merma de los servicios esenciales a la ciudadanía.

    Políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento de empleo.

    Cese inmediato de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad. Así como aumento de los presupuestos del gobierno de Canarias en sanidad, educación y servicios sociales.

Organizaciones firmantes:

Comisiones Obreras Canarias (CCOO Canarias). Unión General de Trabajadores Canarias (UGT Canarias). Confederación Intersindical Canaria. Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC). Unión Sindical Obrera Canarias (USO Canarias). Comisiones de Base (COBAS). Convergencia Sindical Canaria (CSC). SITOCAN. Sindicato Independiente Canario (SIC). Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA). Docentes de Canarias-INSUCAN. Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias). OCESP. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC). Sindicato de Trabajadores Unidos (STU). Colectivo Independiente de Guaguas.

 Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/42083/1/

Historica Unidad Sindical ante la Huelga General

La reforma laboral une por primera vez en su historia a los sindicatos

El escritor y periodista Julián Ayala leyó
ayer el manifiesto conjunto de las entidades
sindicales. | FRAN PALLERO

Las principales centrales sindicales de Canarias iniciaron ayer la cuenta atrás para la huelga general del 29 de marzo y, por primera vez en la historia, se han unido para crear un frente común contra la reforma laboral. Las organizaciones dieron a conocer un manifiesto conjunto en el que explican los motivos de la movilización y que fue leído por el escritor y periodista, Julio Ayala.

Entre los sindicatos firmantes se encuentran: CC.OO, UGT, Confederación Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC); Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones de Base (CoBas), Convergencia Sindical Canaria (CSC), y Sindicato Independiente Canario (SIC). Al texto también se adhirieron el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Docentes de Canarias, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias), Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canarias (STEC-IC), Sindicato de Trabajadores Unidos (STU) y Colectivo Independiente de Guaguas.

El manifiesto hace alusión a la actual situación económica de Canarias. Recuerda los datos del paro en Canarias (340.000 personas), la tasa de desempleo juvenil (51%) y el salario medio de las Islas (inferior en un 15,3% a la media del Estado). El texto también critica el modelo de crecimiento del Archipiélago, “basado en el turismo y en la construcción”, y las políticas de ajuste de la Unión Europea (UE).

En el escrito, los sindicatos dicen no a la reforma laboral porque es un decreto “discriminatorio”, especialmente “con las personas en paro”. “Es una reforma laboral contra la clase trabajadora”, indica el manifiesto, porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato”, además de dificultar “la negociación colectiva”.

En definitiva, el texto critica el decreto porque se basa en “brutales ajustes económicos, injustos socialmente, regresivos laboralmente y nacidos únicamente para satisfacer a los poderes financieros”.

Ante esta situación, el manifiesto propone otras alternativas entre las que cita: “aumentar los ingresos públicos a través de una profunda reforma fiscal; luchar contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida; y una reforma del sistema financiero que contemple la intervención pública para garantizar el desbloqueo del crédito hacia las personas y las pymes”.

El texto acaba haciendo un llamamiento a la movilización el próximo 29 de marzo “para que la crisis la paguen quienes la han generado y no la clase trabajadora, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas”.

El escrito reivindica además la retirada de la reforma laboral, “así como de todos los proyectos de presupuestos generales del Estado que supongan una merma de los servicios esenciales a la ciudadanía”. Al mismo tiempo, solicita el cese “inmediato” de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, “especialmente, en sanidad y educación”.

Publicado en: http://www.diariodeavisos.com/2012/03/16/actualidad/la-reforma-laboral-une-por-primera-vez-en-su-historia-a-los-sindicatos/

16 ORGANIZACIONES PRESENTAN UN MANIFIESTO

 Unión sindical en las Islas de cara a la huelga general

Bajo el lema 'No a la Reforma Laboral, no a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización', exigen la retirada del Real Decreto.

Un total de 16 sindicatos canarios presentaron este viernes un manifiesto conjunto para exigir la retirada de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP y llamar a los trabajadores a la huelga general que se celebrará el próximo 29 de marzo.
Bajo el lema No a la Reforma Laboral, no a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización, el frente sindical incide en que la reforma generará "más paro, menos consumo y más recesión, menos ingresos para la Administración y menos servicios públicos", al tiempo que convierte el despido "en un recurso fácil, rápido y barato" y elimina "la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios colectivos sectoriales, individualizando las relaciones laborales, imponiendo laudos obligatorios".
"Ante las agresiones del ultraliberalismo, las organizaciones sindicales canarias decimos que la crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido, ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral", aseveran en el manifiesto.
Los sindicatos subrayan que existen "otras alternativas" que pasan por aumentar los ingresos públicos "a través de una profunda reforma fiscal que permita obtenerlos de quienes más tienen, y de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida".
En el calendario previsto de movilizaciones, los sindicatos han fijado el 23 de marzo para las asambleas de delegados conjuntas de las centrales que suscriben el manifiesto y de todas aquellas organizaciones que decidan adherirse a él.
Para la huelga general del 29 de marzo reivindican la retirada de la reforma laboral, de cualquier proyecto de Presupuestos Generales del Estado "que suponga merma de los servicios esenciales a la ciudadanía", políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento de empleo y el cese inmediato de "las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad", así como aumento de los presupuestos del gobierno regional para estas partidas.
Las organizaciones firmantes son Comisiones Obreras Canarias (CCOO Canarias). Unión General de Trabajadores Canarias (UGT Canarias). Confederación Intersindical Canaria. Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC). Unión Sindical Obrera Canarias (USO Canarias). Comisiones de Base (COBAS). Convergencia Sindical Canaria (CSC). SITOCAN. Sindicato Independiente Canario (SIC). Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA). Docentes de Canarias-INSUCAN. Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias). OCESP. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC). Sindicato de Trabajadores Unidos (STU). Colectivo Independiente de Guaguas.

Publicado en: http://www.canariasahora.es/noticia/216195/

Jueces para la Democracia apoya la Huelga General

 Jueces para la Democracia apoya la convocatoria de huelga general

La asociación Jueces para la Democracia ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada por CC.OO. y UGT para el próximo 29 de marzo en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero, según informa la asociación en un comunicado.

Jueces para la Democracia considera que la reforma del mercado laboral constituye "uno de los mayores ataques" al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y que materializa una reforma "ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta".

   En este sentido, la asociación advierte de que la reforma introduce los elementos necesarios para modificar "sustancialmente" los contratos de trabajo en el sector privado y público, consistentes en dotar al empresario de facultades para alterar el salario, jornada, horario, movilidad funcional y geográfica pactados en el contrato individual.

   Asimismo, los jueces critican las nuevas posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, ya que afecta a la totalidad de la negociación pactada entre sindicatos y empresarios. Esto también debilitará la tutela judicial de los jueces de la jurisdicción social, ya no podrán valorar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa.

   La nueva regulación limita las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentiva el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales, según explica la asociación.

   Además, Jueces para la Democracia advierte de que la "degradación" de la causalidad en el despido es contraria al el artículo 35 de la Constitución Española, que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que sitúa a España al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

   Por último, la asociación recuerda que su obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario.

Publicado en: http://www.diarioprogresista.es/jueces-para-la-democracia-apoya-la-convocatoria-de-huelga-general--10352.htm

 

Nuevos protectorados

Ignacio Ramonet

El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.
Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie” (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).
Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.
Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

Publicado en: http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=d3f06206-8441-4337-ad5d-dca370eb1f89

Adoración Guamán - Análisis de la Reforma Laboral

Entrevista a Adoración Guamán, en el marco de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular (PP) español el pasado 10 de febrero, endureciendo aún más las condiciones de los trabajadores luego de las reformas de 2010 y 2011 que llevó a cabo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Julio Anguita, habla del CLUB BILDERBERG

Todo un ejemplo a seguir

Un parado pide que le descuenten un día de prestación para ejercer su derecho a huelga

 

Escrito presentado por Paco H. Mora en la oficina de empleo.

Un joven tinerfeño en paro presentó hoy un escrito en una oficina de empleo pidiendo que se le descuente un día de su prestación, en concreto, los 15 euros correspondientes del 29 de marzo, para así ejercer su derecho a huelga.

“Quise ser consecuente con mis ideas. Me parecía un deber moral”. Paco H. Mora, de 31 años, vive en Icod de Los Vinos, en el Norte de Tenerife y según explica, la decisión que tomó vino tras la siguiente reflexión: “Básicamente pensé, ¿cómo puedo hacer para que a mi se me contabilice? Así que decidí descontarme mi propio dinero y que se lo den a alguien que lo necesite más que yo”, cuenta. “Me enteré de que a los funcionarios del Estado no le van a descontar el sueldo ese día, para que las cifras de seguimiento del 29M sean más bajas, pero por lo menos con mi acción la Administración tendrá en cuenta que al menos un parado sí que fue a la huelga”.

Así que hoy se dirigió a la oficina de empleo y explicó a los funcionarios sus intenciones. “Al principio se quedaron asustados. No lo entendían, no les entraba en la cabeza”, cuenta entre risas recordando las caras de los trabajadores. “Fueron pasándose el escrito unos a otros, preguntando a su superior de grado en grado, hasta que llegó al director de la oficina, que terminó diciendo que si quería presentarlo que lo presentara”, explica Paco.

Pero el joven se sintió arropado por la reacción posterior de los funcionarios. “Al terminar, me quedé fuera esperando a que mi mujer me fuera a buscar y podía escuchar a los funcionarios leyendo mi escrito en alto, y comentando que hoy habían llamado desde la oficina central de Santa Cruz pidiendo una lista de los trabajadores que fueran a ir a la huelga, cosa ilegal, y que se iban a negar”, continúa Paco. “Si por lo menos he conseguido que se cree ese debate, me alegro”.

En el escrito presentado, Pacho H. Mora explica que se siente indefenso con la nueva reforma electoral, “que quiere que mis servicios voluntarios se conviertan en obligatorios para pagarme por ello un dinero que es mío”, y por ello pide sentirse “la mitad de tonto” y, como “trabajador de ustedes”, renunciar a un día de sueldo por el 29M.

“Por favor, después de los detestables recortes sociales que han llevado a cabo y que parece seguirán en aumento, no se queden con este dinero y dónenlo a obras sociales”, afirma Paco, que pide que estos 15 euros se den, por ejemplo, a casas de acogida para las personas que “por su culpa” se encuentran sin hogar y sin poder ir a un comedor social.

Este parado con conciencia social finaliza el escrito afirmando que “ya que apenas me dejan algún derecho más al que acogerme, les ruego encarecidamente poder hacer uso, pagando de mi bolsillo, de derecho a la huelga general”.

“Son los 15 euros mejor empleados de mi vida”, finaliza Paco.

Publicado en: http://www.diariodeavisos.com/2012/03/14/actualidad/un-parado-pide-que-le-descuenten-un-dia-de-prestacion-para-ejercer-su-derecho-a-huelga/