sábado, 17 de marzo de 2012

Un frente de 16 sindicatos canarios apoya la huelga general

Frente de Accion Sindical contra la Reforma Laboral 

Un frente de 16 organizaciones sindicales canarias convoca a los trabajadores de las islas a la huelga general del próximo 29 de marzo para exigir la retirada de la reforma laboral, que no haya recortes en los servicios básicos en los Presupuestos Generales del Estado, que se apliquen "medidas concretas" contra el paro, la precariedad y exclusión social, y se acaben las "políticas de privatización" del Gobierno de Canarias.
Estas organizaciones han suscrito un manifiesto leído este viernes en Tenerife en rueda de prensa por el periodista Julián Ayala en el que se alerta de que Canarias cuenta con 340.000 personas en paro, un paro juvenil del 51 por ciento, una tercera parte de la población por debajo del umbral de la pobreza y un salario medio un 15,3 por ciento inferior al de la media española.

Este frente sindical, donde se encuentran entre otros UGT, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, critica también la política de ajustes de la Unión Europa y los "recortes antisociales" que durante tres años ha practicado el Gobierno de Canarias.

Los sindicatos se han mostrado muy críticos con la reforma laboral porque generará "más paro, menos consumo y más recesión económica", porque generará menos ingresos para la administración, y afirman que también afecta a la clase trabajadora "porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato".

El manifiesto clama contra los "brutales ajustes económicos" y advierte del ataque contra la "negociación colectiva" ya que se elimina la protección de derechos.

En opinión de los sindicatos, es "urgente" incrementar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal que permita obtenerlos "de los que más tienen" y de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, aparte de insistir en la necesidad de "desbloquear" el crédito.
UNIDAD DE ACCIÓN

"La crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral", señalan

Ignacio Rodríguez, de Intersindical Canaria, ha dicho que es la "primera vez" que se unen los sindicatos en las islas para una reivindicación de esta naturaleza dada la "gravedad" de la reforma, y se ha coincidido en la "voluntad de resistir".

"Hemos buscado la confluencia desinteresada y generosa, y eso ha abierto un proceso de convergencia en la unidad de acción muy importante. Esta unidad es un capital que habría que mantener más allá del día 29 porque tememos que nos sobrarán motivos y razones para mantener esta unidad de criterio", ha explicado.
MANIFIESTO CONJUNTO HUELGA GENERAL 29 DE MARZO 2012, BAJO EL LEMA: NO A LA REFORMA LABORAL. NO A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE EUROPEAS. ANTE LAS AGRESIONES, MOVILIZACIÓN”



Las organizaciones sindicales abajo firmantes presentaron el “Manifiesto conjunto Huelga General 29 de marzo 2012, bajo el lema: No a la reforma laboral. No a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización”.

Los autores del Manifiesto acordaron que los intelectuales, Julián Ayala y Francisco Morote, asumieran la presentación pública de dicha proclama que tuvo lugar en las sedes sindicales de Primero de Mayo, en Gran Canaria y Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife.


Canarias, situación límite.

La actual crisis del sistema económico capitalista se manifiesta en Canarias con especial dureza. Más de 340.000 personas en paro. Un 51 % de desempleo juvenil. La tercera parte de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza con escasos o ningún recurso. Más de un 50% de quienes tienen empleo son trabajadores temporales, sometidos a la inseguridad y permanente entrada y salida del mercado de trabajo. El salario medio de Canarias es un 15,3 % inferior a la media del Estado. Se produce un continuo retroceso en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, en tanto que la economía sumergida avanza y se sitúa en el entorno del 30% del Producto Interior Bruto de las islas. Las políticas privatizadoras y los recortes presupuestarios experimentados en los últimos tres años debilitan los servicios públicos esenciales: mayores listas de espera para la atención médica, aumenta el fracaso escolar y abandono de los estudios, retraso en la atención a las personas dependientes etc. Siendo especialmente escandalosa la falta de recursos públicos en los presupuestos canarios para atender la exclusión social a los más débiles.


Esta realidad tiene que ver también con el modelo económico de Canarias basado en el turismo y la construcción, fuertemente dependiente del exterior y dominado en las últimas décadas por una actividad empresarial e inversora muy especulativa, que sólo ha buscado el mayor beneficio en el menor espacio de tiempo, sin preocuparse de la economía productiva generadora de tejido industrial y de valor añadido. Además, se ha desatado en la Unión Europea una feroz y agresiva actuación del poder económico y financiero para hacer pagar la factura de su crisis a la clase trabajadora, a quienes trabajan como autónomos, y a muchas pequeñas y medianas empresas.


No a las políticas de ajuste europeas.

Desde ese poder dominante en Europa se impone a los gobiernos la adopción de medidas que recorten el déficit público para situarlo en el límite del 3% en el año 2013, a costa de lo que sea, de los servicios públicos, del crecimiento económico y del empleo. El Gobierno de Canarias ha apostado también, sin ninguna objeción, por esta política, aprobando en los últimos tres años unos Presupuestos antisociales que se caracterizan por el recorte de la inversión pública, el recorte del gasto público en sanidad, educación, empleo, políticas sociales y por la creciente privatización de los servicios públicos.


Estas políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales que llevan impulsando desde hace más de dos años las instituciones europeas bajo la batuta de los gobiernos alemán y francés en Canarias están teniendo unos efectos devastadores; eliminación de estímulos al crecimiento económico desde el sector público, índice de paro insoportable, casi 30.000 familias desahuciadas de sus viviendas, recorte brutal de los servicios y prestaciones públicas justo en el momento en el que son más necesarias para la ciudadanía canaria. A esta situación inducida por las políticas europeas de recorte a cualquier precio del déficit público se suma la traducción al conjunto del Estado de las políticas europeas de recorte de los derechos laborales con una reforma laboral que facilita y abarata el despido, extremadamente lesiva contra la clase trabajadora, ineficaz para la economía, e inútil para el empleo, que tendrá efectos especialmente traumáticos en Canarias.


No a la reforma Laboral.

Porque es una reforma contra las personas en paro, porque la única forma de crear empleo es con crecimiento económico y esta reforma laboral, en una espiral suicida, va a generar más paro, menos consumo, más recesión económica, menos ingresos para la Administración y menos servicios públicos. Es una reforma discriminatoria, especialmente con las personas en paro de larga duración porque concede privilegios económicos a las empresas que contraten a personas desempleadas con prestación por desempleo.

Es una reforma laboral contra la clase trabajadora que convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato. Se generaliza despido libre y gratuito en los nuevos contratos para empresas de menos de 50 trabajadores, la mayoría, y se generaliza el despido con solo 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades para el resto de las personas independientemente de su tipo de contrato y antigüedad. Es una reforma contra las condiciones de trabajo, ya que salarios, horarios, puestos, movilidad geográfica y cualquier otra circunstancia laboral dependerá ahora de la voluntad del empresario eliminando las opciones de negociación de las plantillas a través de sus representantes legales.

Esta reforma contra la clase trabajadora dificulta la negociación colectiva eliminando la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios colectivos sectoriales, individualizando las relaciones laborales, imponiendo laudos obligatorios, y fijando un plazo para que finalice definitivamente la vigencia de todos los derechos alcanzados en convenio colectivo, desregulando, desvirtuando, y desmantelando los fundamentos básicos del derecho al trabajo.

Es una reforma contra los jóvenes porque no generará empleo y, por tanto, no servirá para reducir la tasa de empleo juvenil que en canarias ya alcanza el 51%. Es una reforma contra las mujeres porque la eliminación de derechos y protecciones aumentará las desigualdades retributivas, la infravaloración y el trabajo en precario.

Es una reforma contra el crecimiento económico y la cohesión social que generará más paro en Canarias, el territorio del Estado con mayor nivel de desempleo, y reducirá los salarios de las personas con empleo, no actuará a favor de la justicia social, contribuirá a incrementar las desigualdades y el número de personas bajo el umbral de la pobreza incrementando la situación de alarma social de Canarias.


Es una reforma contra la calidad de los servicios públicos autorizando a las administraciones públicas los expedientes de regulación de empleo, aportando soporte político al Gobierno de Canarias que ya se había adelantado a esta reforma laboral autorizando el expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Galdar.

Es una reforma laboral basada en brutales ajustes económicos, injustos socialmente, regresivos laboralmente y nacidos únicamente para satisfacer a unos poderes financieros a los que nadie reconoce como depositarios de la soberanía democrática, que nos arroja hacia un presente y un futuro de paro y precariedad con menos servicios públicos y menos protección social, algo que las organizaciones sindicales de Canarias no estamos dispuestas a aceptar porque

Existen otras alternativas

Es urgente aumentar los ingresos públicos a través de una profunda reforma fiscal que permita obtenerlos de quienes más tienen, y de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Es necesaria una profunda reforma del sistema financiero que contemple la intervención pública para garantizar el desbloqueo del crédito hacia las personas y las pequeñas empresas, así como no descartar la creación de entidades financieras públicas que garanticen el objeto social de esta actividad. Es necesario que los gobiernos electos dirijan la economía sin ingerencias de los mercados, y que el necesario control del déficit público no se confunda, como ocurre en la actualidad, con la satanización de un instrumento necesario para luchar contra la crisis desde lo público. La crisis económica debe ser una oportunidad para poner en evidencia los principios ultraliberales que nos condujeron hasta la caótica situación en la que nos encontramos, y para poner en práctica otros principios más humanos, cuya prioridad se dirija a satisfacer las necesidades de las personas y no los intereses antisociales y antidemocráticos de los poderes económicos.

Movilización.

Ante estas agresiones del ultraliberalismo, las organizaciones sindicales canarias decimos que la crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido, ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral. Para que la crisis la paguen quienes la han generado y no la clase trabajadora, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, llamamos a la movilización con arreglo al siguiente calendario:


Día 23 de marzo: Asambleas de delegadas/os conjuntas de los sindicatos que suscriben y de todas aquellas organizaciones sindicales que decidan adherirse al presente manifiesto.


DIA 29 de marzo: Huelga General de 24 horas con las siguientes reivindicaciones:


    Retirada de la Reforma Laboral aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de febrero de 2012.

    Retirada de cualquier Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que suponga merma de los servicios esenciales a la ciudadanía.

    Políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento de empleo.

    Cese inmediato de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad. Así como aumento de los presupuestos del gobierno de Canarias en sanidad, educación y servicios sociales.

Organizaciones firmantes:

Comisiones Obreras Canarias (CCOO Canarias). Unión General de Trabajadores Canarias (UGT Canarias). Confederación Intersindical Canaria. Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC). Unión Sindical Obrera Canarias (USO Canarias). Comisiones de Base (COBAS). Convergencia Sindical Canaria (CSC). SITOCAN. Sindicato Independiente Canario (SIC). Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA). Docentes de Canarias-INSUCAN. Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias). OCESP. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC). Sindicato de Trabajadores Unidos (STU). Colectivo Independiente de Guaguas.

Historica Unidad Sindical ante la Huelga General

La reforma laboral une por primera vez en su historia a los sindicatos

El escritor y periodista Julián Ayala leyó
ayer el manifiesto conjunto de las entidades
sindicales. | FRAN PALLERO
Las principales centrales sindicales de Canarias iniciaron ayer la cuenta atrás para la huelga general del 29 de marzo y, por primera vez en la historia, se han unido para crear un frente común contra la reforma laboral. Las organizaciones dieron a conocer un manifiesto conjunto en el que explican los motivos de la movilización y que fue leído por el escritor y periodista, Julio Ayala.
Entre los sindicatos firmantes se encuentran: CC.OO, UGT, Confederación Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC); Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones de Base (CoBas), Convergencia Sindical Canaria (CSC), y Sindicato Independiente Canario (SIC). Al texto también se adhirieron el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Docentes de Canarias, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias), Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canarias (STEC-IC), Sindicato de Trabajadores Unidos (STU) y Colectivo Independiente de Guaguas.
El manifiesto hace alusión a la actual situación económica de Canarias. Recuerda los datos del paro en Canarias (340.000 personas), la tasa de desempleo juvenil (51%) y el salario medio de las Islas (inferior en un 15,3% a la media del Estado). El texto también critica el modelo de crecimiento del Archipiélago, “basado en el turismo y en la construcción”, y las políticas de ajuste de la Unión Europea (UE).
En el escrito, los sindicatos dicen no a la reforma laboral porque es un decreto “discriminatorio”, especialmente “con las personas en paro”. “Es una reforma laboral contra la clase trabajadora”, indica el manifiesto, porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato”, además de dificultar “la negociación colectiva”.
En definitiva, el texto critica el decreto porque se basa en “brutales ajustes económicos, injustos socialmente, regresivos laboralmente y nacidos únicamente para satisfacer a los poderes financieros”.
Ante esta situación, el manifiesto propone otras alternativas entre las que cita: “aumentar los ingresos públicos a través de una profunda reforma fiscal; luchar contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida; y una reforma del sistema financiero que contemple la intervención pública para garantizar el desbloqueo del crédito hacia las personas y las pymes”.
El texto acaba haciendo un llamamiento a la movilización el próximo 29 de marzo “para que la crisis la paguen quienes la han generado y no la clase trabajadora, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas”.
El escrito reivindica además la retirada de la reforma laboral, “así como de todos los proyectos de presupuestos generales del Estado que supongan una merma de los servicios esenciales a la ciudadanía”. Al mismo tiempo, solicita el cese “inmediato” de las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, “especialmente, en sanidad y educación”.

16 ORGANIZACIONES PRESENTAN UN MANIFIESTO

 Unión sindical en las Islas de cara a la huelga general

Bajo el lema 'No a la Reforma Laboral, no a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización', exigen la retirada del Real Decreto.

Un total de 16 sindicatos canarios presentaron este viernes un manifiesto conjunto para exigir la retirada de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP y llamar a los trabajadores a la huelga general que se celebrará el próximo 29 de marzo.
Bajo el lema No a la Reforma Laboral, no a las políticas de ajuste europeas. Ante las agresiones, movilización, el frente sindical incide en que la reforma generará "más paro, menos consumo y más recesión, menos ingresos para la Administración y menos servicios públicos", al tiempo que convierte el despido "en un recurso fácil, rápido y barato" y elimina "la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios colectivos sectoriales, individualizando las relaciones laborales, imponiendo laudos obligatorios".
"Ante las agresiones del ultraliberalismo, las organizaciones sindicales canarias decimos que la crisis capitalista no ha surgido por el coste del despido, ni por los salarios, las pensiones, los convenios colectivos, ni por una supuesta rigidez de la legislación laboral", aseveran en el manifiesto.
Los sindicatos subrayan que existen "otras alternativas" que pasan por aumentar los ingresos públicos "a través de una profunda reforma fiscal que permita obtenerlos de quienes más tienen, y de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida".
En el calendario previsto de movilizaciones, los sindicatos han fijado el 23 de marzo para las asambleas de delegados conjuntas de las centrales que suscriben el manifiesto y de todas aquellas organizaciones que decidan adherirse a él.
Para la huelga general del 29 de marzo reivindican la retirada de la reforma laboral, de cualquier proyecto de Presupuestos Generales del Estado "que suponga merma de los servicios esenciales a la ciudadanía", políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento de empleo y el cese inmediato de "las políticas de privatización del Gobierno de Canarias en los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios a la comunidad", así como aumento de los presupuestos del gobierno regional para estas partidas.
Las organizaciones firmantes son Comisiones Obreras Canarias (CCOO Canarias). Unión General de Trabajadores Canarias (UGT Canarias). Confederación Intersindical Canaria. Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC). Unión Sindical Obrera Canarias (USO Canarias). Comisiones de Base (COBAS). Convergencia Sindical Canaria (CSC). SITOCAN. Sindicato Independiente Canario (SIC). Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA). Docentes de Canarias-INSUCAN. Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Asamblearios de Canarias (EA-Canarias). OCESP. Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria (STEC-IC). Sindicato de Trabajadores Unidos (STU). Colectivo Independiente de Guaguas.

jueves, 15 de marzo de 2012

Jueces para la Democracia apoya la Huelga General

 Jueces para la Democracia apoya la convocatoria de huelga general

La asociación Jueces para la Democracia ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada por CC.OO. y UGT para el próximo 29 de marzo en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero, según informa la asociación en un comunicado.

Jueces para la Democracia considera que la reforma del mercado laboral constituye "uno de los mayores ataques" al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y que materializa una reforma "ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta".
   En este sentido, la asociación advierte de que la reforma introduce los elementos necesarios para modificar "sustancialmente" los contratos de trabajo en el sector privado y público, consistentes en dotar al empresario de facultades para alterar el salario, jornada, horario, movilidad funcional y geográfica pactados en el contrato individual.
   Asimismo, los jueces critican las nuevas posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, ya que afecta a la totalidad de la negociación pactada entre sindicatos y empresarios. Esto también debilitará la tutela judicial de los jueces de la jurisdicción social, ya no podrán valorar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa.
   La nueva regulación limita las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentiva el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales, según explica la asociación.
   Además, Jueces para la Democracia advierte de que la "degradación" de la causalidad en el despido es contraria al el artículo 35 de la Constitución Española, que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que sitúa a España al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
   Por último, la asociación recuerda que su obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario.
 

miércoles, 14 de marzo de 2012

Nuevos protectorados

Ignacio Ramonet

El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.
Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie” (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).
Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.
El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.
Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?
(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

Adoración Guamán - Análisis de la Reforma Laboral


Entrevista a Adoración Guamán, en el marco de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular (PP) español el pasado 10 de febrero, endureciendo aún más las condiciones de los trabajadores luego de las reformas de 2010 y 2011 que llevó a cabo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Julio Anguita, habla del CLUB BILDERBERG

Julio Anguita, habla del CLUB BILDERBERG

Todo un ejemplo a seguir

Un parado pide que le descuenten un día de prestación para ejercer su derecho a huelga
 

Escrito presentado por Paco H. Mora en la oficina de empleo.


Un joven tinerfeño en paro presentó hoy un escrito en una oficina de empleo pidiendo que se le descuente un día de su prestación, en concreto, los 15 euros correspondientes del 29 de marzo, para así ejercer su derecho a huelga.

“Quise ser consecuente con mis ideas. Me parecía un deber moral”. Paco H. Mora, de 31 años, vive en Icod de Los Vinos, en el Norte de Tenerife y según explica, la decisión que tomó vino tras la siguiente reflexión: “Básicamente pensé, ¿cómo puedo hacer para que a mi se me contabilice? Así que decidí descontarme mi propio dinero y que se lo den a alguien que lo necesite más que yo”, cuenta. “Me enteré de que a los funcionarios del Estado no le van a descontar el sueldo ese día, para que las cifras de seguimiento del 29M sean más bajas, pero por lo menos con mi acción la Administración tendrá en cuenta que al menos un parado sí que fue a la huelga”.
Así que hoy se dirigió a la oficina de empleo y explicó a los funcionarios sus intenciones. “Al principio se quedaron asustados. No lo entendían, no les entraba en la cabeza”, cuenta entre risas recordando las caras de los trabajadores. “Fueron pasándose el escrito unos a otros, preguntando a su superior de grado en grado, hasta que llegó al director de la oficina, que terminó diciendo que si quería presentarlo que lo presentara”, explica Paco.

Pero el joven se sintió arropado por la reacción posterior de los funcionarios. “Al terminar, me quedé fuera esperando a que mi mujer me fuera a buscar y podía escuchar a los funcionarios leyendo mi escrito en alto, y comentando que hoy habían llamado desde la oficina central de Santa Cruz pidiendo una lista de los trabajadores que fueran a ir a la huelga, cosa ilegal, y que se iban a negar”, continúa Paco. “Si por lo menos he conseguido que se cree ese debate, me alegro”.
En el escrito presentado, Pacho H. Mora explica que se siente indefenso con la nueva reforma electoral, “que quiere que mis servicios voluntarios se conviertan en obligatorios para pagarme por ello un dinero que es mío”, y por ello pide sentirse “la mitad de tonto” y, como “trabajador de ustedes”, renunciar a un día de sueldo por el 29M.
“Por favor, después de los detestables recortes sociales que han llevado a cabo y que parece seguirán en aumento, no se queden con este dinero y dónenlo a obras sociales”, afirma Paco, que pide que estos 15 euros se den, por ejemplo, a casas de acogida para las personas que “por su culpa” se encuentran sin hogar y sin poder ir a un comedor social.
Este parado con conciencia social finaliza el escrito afirmando que “ya que apenas me dejan algún derecho más al que acogerme, les ruego encarecidamente poder hacer uso, pagando de mi bolsillo, de derecho a la huelga general”.

Despidos masivos de funcionarios y recorte de las prestaciones de desempleo

Soraya Rodríguez: "Bruselas ha estrangulado un poquito más la economía española y Rajoy lo ha aceptado" 
 
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha afirmado que "ayer Bruselas estranguló un poquito más la economía española " con su imposición de rebajar el objetivo de déficit para este año del 5,8 por ciento anunciado Mariano Rajoy al 5,3. “Y Rajoy lo ha aceptado”.

La portavoz socialista ha reclamado a “Rajoy y al Gobierno que no lo acepten y se dejen la piel” en negociar una flexibilización del objetivo y del calendario de déficit. En esta tarea, “el PSOE va a estar hombro con hombro con el Gobierno”, ha asegurado.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Rodríguez ha anunciado la posición contraria del PSOE a la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria y ha reclamado al Gobierno que, “si acepta la imposición del eurogrupo de rebajar el objetivo de déficit del 5,8 al 5,3 por ciento”, modifiquen en Consejo de Ministros extraordinario el objetivo de estabilidad presupuestaria, antes de su convalidación esta tarde en el Pleno del Congreso. “Si no, asistiremos a un debate falso, sobre objetivos de techo de gasto y de reparto que no se van a cumplir”, ha afirmado. Asimismo, ha insistido en que “los Presupuestos Generales del Estado debe presentarse ya, sin la más mínima dilación”.

Además, la portavoz socialista ha advertido de que, para cumplir los objetivos de déficit, el Gobierno contemplará una subida del IVA para aumentar los ingresos, el despido de entre 200.000 y 300.000 empleados públicos para disminuir el gasto de las administraciones públicas, y un “recorte brutal” de las prestaciones por desempleo, para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Un “programa oculto” del PP, que no se materializará hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas. Junto a ello, si no se reparte equitativamente la reducción del déficit, los socialistas temen que el mayor esfuerzo salga de los servicios públicos básicos que prestan las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Moratoria en el pago de las hipotecas y dación en pago

Por otro lado, Soraya Rodríguez ha considerado insuficiente el código de conducta voluntario por parte de la banca para la dación en pago aprobado por el Gobierno, que tendrá un alcance muy limitado –aseguró-.

Los socialistas creen que ha de encararse “una modificación legal que establezca obligaciones legales, no voluntarias” y, por ello, propondrán una Ley completa que prevea el sobreendeudamiento, establezca una moratoria de pago de dos años entre el fallido y el deshaucio a los hipotecados con insuficiencia financiera sobrevenida que tengan que destinar más del 60% de sus ingresos al pago de la hipoteca, de modo que solo paguen la mitad de los intereses, y, en caso de situación persistente, aborde una reestructuración para que con la dación de la vivienda pueda extinguirse la deuda.

Reforma laboral: comparecencia de sindicatos y empresarios 

Respecto a la tramitación de la reforma laboral, la portavoz socialista ha señalado que “el PSOE va a seguir dando la batalla parlamentaria” con su oposición frontal a esta reforma y la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo.

En este sentido, los socialistas han solicitado la comparecencia en la Comisión de Empleo de los sindicatos UGT y CCOO y de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. “Ya que el Gobierno ha decidido no escuchar a algunas partes en la tramitación de la reforma laboral, vamos a facilitar que se pueda producir este debate en el Congreso y se pueda escuchar a los agentes sociales”, ha asegurado.

“No vamos a parar de pedir al Gobierno que se abra una vía de negociación y diálogo con los sindicatos y que esa decisión pueda desconvocar la huelga general prevista para el 29 de marzo”, ha confiado. “El Gobierno tiene la pelota en su tejado y es él quien puede desconvocar esta huelga”, recalcó.
   

Rajoy se gasta más de 7 millones de euros en falsa propaganda

Soraya Rodríguez denuncia que el Gobierno ha gastado más de siete millones de euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones 
 
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha denunciado hoy que el Gobierno ha gastado más de siete millones de euros en falsa propaganda sobre la subida de las pensiones y ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno sobre ese gasto “a cargo del presupuesto publico”.

Soraya Rodríguez se ha referido a las dos cartas enviadas por el Ministerio de Empleo a los pensionistas, “una para anunciar la subida de las pensiones con alegaciones propias de un panfleto del PP”; otra, firmada por la Directora General, “afirmando que la subida de impuestos hace que la pensión baje”. “Esto ha costado siete millones de euros. Cuatrocientos cincuenta mil euros en papelería y 36 céntimos de euro por el envío de cada carta”, ha asegurado.

Durante la pregunta a la vicepresidenta del Gobierno en la sesión de control, la portavoz socialista ha criticado que, “en apenas 80 días, el Gobierno ha tomado algunas decisiones que responden a grupos de intereses, pero no a los intereses generales de los españoles”.

En primer lugar, ha señalado, “la reforma laboral atiende, sin ningún equilibrio a los intereses de las organizaciones empresariales”, mientras llevan a cabo “una campaña de descalificación de los sindicatos y de intoxicación contra todos aquellos que estamos en contra de la reforma”.

Por otro lado, ha continuado desgranando, “tras una aparente negociación con las compañías eléctricas parece que éstas les han ganado el pulso y que el déficit tarifario lo van a pagar sólo los consumidores” a través de una anunciada subida de la luz, después de las elecciones andaluzas y asturianas.

Sobre la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, ha dicho que “responde exclusivamente a los intereses de un sector de la Iglesia Católica que pretende imponer por Ley su moral y sus creencias religiosas”.

También se ha referido a otras decisiones que “responden únicamente a la propaganda gubernamental”, como el código de buenas prácticas “voluntario para la banca y restrictivo para el colectivo beneficiario”.

“Para los bancos, un código voluntario de buenas prácticas; para las mujeres otro código bien distinto, el Código Penal”, le ha reprochado a la vicepresidenta.

IU se siente comodo apoyando las cuentas falsas del PP

Escobar (IU) se siente cómodo apoyando las cuentas falseadas del PP y descarta una moción de censura en Extremadura

El coordinador regional de IU, Pedro Escobar, se ha tomado su tiempo, exactamente cuatro días, para contestar a las graves denuncias efectuadas por su socio electoral SIEX sobre la presunta manipulación de las cuentas públicas realizada por el Gobierno del PP. Y ha respondido en su línea habitual: prestando su necesaria colaboración para que la derecha siga en el Gobierno. Ni hablar de una moción de censura.

Según Pedro Escobar, la presentación de una moción de censura    que acabase con la política de recortes del PP en la región, "no se ha discutido" en los órganos del partido. Y por si quedaba alguna duda, o cualquier ingenuo izquierdista pensase en problemas de calendario para abordar su elaboración, Escobar ha remachado que tampoco "está en la agenda de manera inmediata".
 El Presidente de SIEX, José Antonio Jiménez, al denunciar las trampas contables que su formación había detectado en el cierre del ejercicio de 2011 por parte de la derecha, para fabricarse una coartada que arropase los hachazos a los derechos y prestaciones que está ejecutando en la región, había solicitado a IU que rectificase su actual apoyo al Gobierno del PP e instaba, tanto a IU como a PSOE, a presentar inmediatamente una moción de censura.
Para camuflar su “luna de miel” con la derecha, Escobar se ampara en la relativa insignificancia de su grupo político, ya que sólo cuenta con 3 diputados en la Asamblea, y hacen falta un “mínimo de nueve” para presentar la moción de censura. Se le olvida a Escobar, en su brillante ejercicio aritmético, que sus tres peones son imprescindibles para que las torres de la izquierda puedan cercar a la reina de la derecha, ya que son la llave, en este caso el parapeto, para desalojar o proteger a la derecha en Extremadura.
Por otra parte, Escobar ha declarado a los periodistas una –otra-inexactitud, ya que declara que como SIEX ha roto relaciones con IU, él no tiene noticia ninguna de esas peticiones, y no admite recados a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la formación SIEX, con quien ha roto relaciones, hartos, por cierto, de sus falsedades en público y en privado, es con Escobar y con la camarilla de cuadros que le apoyan, ya que el resto de la dirección regional de IU ya dimitió en desacuerdo por su gestión.
En este sentido, fuentes de SIEX siempre han recordado que los canales de comunicación –y de petición de explicaciones. Siguen abiertos con la organización federal de IU, y con buena parte de las bases de IU en Extremadura, tan estupefactas como sus socios electorales con el comportamiento de los diputados regionales de IU.

martes, 13 de marzo de 2012

Vamos a la Huelga





A todos aquellos descontentos con la gestión de UGT-CCOO con todos los motivos del mundo les digo que esta HUELGA no es de los sindicatos ¡¡ es de nosotros/as los TRABAJADORES/AS Pero ellos son los únicos con poder de convocatoria legal, asi que o defendemos esta masacre de derechos ahora, o no podremos hacerlo nunca pues el PP también quiere eliminar el derecho a la Huelga

Yo voy a la Huelga General


¿Saben ustedes que si voy a la huelga el próximo 29 de Marzo perderé unos euros de mi nomina? Y con lo que me cobra el dentista, con el comienzo del curso escolar, con la hipoteca, con los asuntos inesperados….
Por eso yo, al igual que muchos compañeros trabajadores, nos planteamos este serio dilema, ¿voy o no voy?.
Pues después de darle vueltas al asunto, creo que las cosas son así: Si voy pierdo unos € +o- (recuperables con un apretoncito), si no voy y todo el mundo hace lo mismo, no sólo no será un fracaso la Huelga, si no que se abre la puerta a que Gobierno y Patronal hagan lo que les de la gana con los trabajadores, y de un estado de bienestar, pasemos a un estado-tipo-Asia, donde los no titulados cobran dos perras y los titulados se ven solos ante el peligro negociando individualmente sus contratos.
En estos últimos años estamos asistiendo a un ataque sistemático a los Sindicatos de clase, se quiere que los propios trabajadores les den de lado para eliminar tantos derechos que se han conseguido en los últimos tiempos. Véase Prevención de Riesgos Laborales, Leyes de Igualdad, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, los permisos de paternidad, y tantas cosas en los Convenios Colectivos que no han surgido gracias al Espíritu Santo, si no a muchos sindicalistas “liberados” que trabajan por sus compañeros.
Lo tengo claro, el Sindicato es imprescindible, quizás deban cambiar algunas cosas, pero aún así el patrón no nos va a coaccionar ni amedrentar.
El día 29, ¡HUELGA GENERAL! ¡YO SI VOY!

"ERE encubierto" en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El sindicato advierte de que "en el horizonte se atisba despidos en los servicios de la Concejalía de la Mujer, el Programa de Infancia y Familia y el de Atención Temprana de Menores y Discapacidad”

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha denunciado que la Administración local está realizando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” al despedir a varios trabajadores que desempeñaban sus funciones en diferentes servicios sociales.
UGT señala que los primeros despidos se centraron el servicio de atención a enfermos de cáncer y sus familiares, Tecum, y que después el Ayuntamiento rescindió el convenio de colaboración, que prestaba el servicio de la acogida de menores, con el Cabildo de Gran Canaria, del cual el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, es consejero.

Posteriormente eliminó la Oficina de Atención a las Victimas del Delito que, entre otros aspectos, atendía a las mujeres que sufren violencia de genero, recuerda el sindicato. Asimismo, reivindica que “como antepenúltimo paso”, la corporación municipal ha despedido a varios empleados del servicio de atención a la drogodependencia. Según advierte, “en el horizonte se atisba despidos en los servicios de la Concejalía de la Mujer, el Programa de Infancia y Familia y el de Atención Temprana de Menores y Discapacidad”.

Para los sindicalistas, dicho “ERE encubierto” muestra el “verdadero rostro” del gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana, que “vulnera el derecho de información y consulta que le asiste a los sindicatos, y disfraza de forma torticera la estrategia de los despidos colectivos, que conlleva otro procedimiento administrativo diferente”. La sección sindical asegura que el Ayuntamiento “está esperando el momento oportuno para aplicar la nueva reforma laboral de la cual se denota la identidad y la complicidad ideológica, aunque intenten de forma reiterada decir lo contrario confundiendo sus siglas políticas”.

Manifiesta que “el desmantelamiento de los servicios sociales conllevará a un empobrecimiento cada vez mayor de los ciudadanos del municipio”, que con la aplicación de otros aspectos de la reforma laboral “podría introducir por ejemplo, que los desempleados que estén cobrando una prestación pasen a cubrir las vacantes dejadas por estos despidos, obligados a rendir un servicio a la comunidad”, apostilla.

El sindicato anuncia que comenzará una campaña de información a todos los trabajadores municipales, visitando los diferentes departamentos, y convocando una asamblea informativa la próxima semana. Además, dice haber realizado la pertinente denuncia en la Inspección de Trabajo y hace un llamamiento a todos los trabajadores de la administración para mostrar un “rechazo contundente a estas políticas” el próximo 29 de marzo, día en que se ha convocado una huelga general. “Creemos que la unidad y la solidaridad de todos los trabajadores son fundamentales para ponerle freno a estos despidos, que tiene como fin último cargarse nuestro sistema publico de protección social, devaluando y destruyendo el factor empleo”, concluye.
Publicado en:  http://www.sanborondon.info/content/view/41970/1/