EL GOBIERNO DE "LA GENTE" NIEGA LAS AYUDAS DE SUBSISTENCIA
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| Ines Rojas, Consejera |
Según los datos suministrados por
la Encuesta de condiciones de vida (ECV), publicada por el Instituto Nacional
de Estadística, a finales del pasado año 2011 más de un tercio de los
ciudadanos del Archipiélago se encontraba a punto de caer en la pobreza. Los escalofriantes
registros ofrecidos por el INE alertaban de que alrededor de 660.000 de los 2.118.519 habitantes de las islas sufría el
riesgo de caer en la exclusión
social.
Desde aquellas fechas hasta el
momento presente la situación socioeconómica de Canarias no ha dejado de
empeorar. Durante el pasado mes de abril las Islas se consolidaban como la
segunda comunidad en incremento del paro
de todo el Estado español, con un total de
362.300 desempleados.
El Instituto Nacional de
Estadística sitúa también a las Islas como la tercera comunidad autónoma con la
mayor tasa de riesgo de pobreza, detrás de Extremadura y Ceuta. Es posible
afirmar con propiedad, pues, que la sociedad canaria - caracterizada ya antes
del estallido de la crisis capitalista por sus enormes desigualdades sociales -
está sufriendo en la actualidad un proceso de polarización extrema que afecta
sectores cada vez más amplios de la población.
Sin perspectivas reales de
recuperación económica, los cientos de miles de canarios empujados hacia la
precariedad y la exclusión sólo parecen poder contar hoy con una certeza. El
Ejecutivo autonómico de CC y PSOE no moverá un dedo siquiera para
paliar sus necesidades más extremas. Así lo indica la política de rechazo
sistemático de las "ayudas para subsistir" impuesta por el Gobierno
regional.
Según se conocía este mismo lunes 7
de mayo, La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda
rechazó el año pasado siete de cada diez solicitudes para percibir la
Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Una ayuda para subsistir destinada a personas que se encuentran en
situación de exclusión social, sin trabajo ni prestaciones de cualquier otro
tipo, sin familiares que les puedan ayudar o con hijos a su cargo y sin acceso
a la sanidad o a la educación.
En el transcurso del pasado
ejercicio se registraron 4.284 peticiones, de las que 3.166 (74%) fueron
rechazadas y solo 1.118 (26%) consiguieron la prestación.
El Gobierno de Canarias ha justificado los rechazos aduciendo que "no
todas las personas que piden este subsidio tienen el derecho a
percibirlo". Las estadísticas de los principales organismos oficiales
indican, sin embargo, que las peticiones son efectuadas solamente por un
pequeño porcentaje de quienes necesitarían realmente dicha prestación. La Red Canaria en Defensa del
Sistema Público de Servicios Sociales, de la que forma parte el Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social, ha denunciado el "incumplimiento" de
la PCI, informando de que están
terminando de confeccionar un estudio que lo demuestra.
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