UGT denuncia que el recorte en dependencia deja sin atención a 256.000 personas
El sindicato UGT ha denunciado que el recorte del
Gobierno de 283 millones de euros para el nivel acordado de la Ley de
Dependencia deja a 256.000 personas sin recibir ayuda en 2012.
La organización califica de "histórico" este recorte en Dependencia en
el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y
alerta de que reduce "a cero" la aportación había comprometido hasta la
plena implantación de la Ley de Dependencia en 2015. "Más recortes, más desprotección social y menos atención a los que más lo necesitan", lamenta.
A
juicio de UGT, existe una "clara vulneración" en la aplicación de la
Ley de Dependencia, en cuya memoria económica figuraba el compromiso del
Estado, al menos hasta que la norma fuera implantada en su totalidad, a
través de la aportación del nivel acordado, una cantidad anual que pasa de 283 millones de euros a cero.
Por otro lado, el sindicato afirma que llama "poderosamente la
atención" que las cifras para la atención a la dependencia bajen de
forma importante respecto al año pasado, "incluso el número de
beneficiarios presupuestados". En este sentido, UGT alerta de que si
bien el año pasado los beneficiarios con derecho a prestación "se
estimaron en 1.092.872", para este año "se ha presupuestado en 790.000 beneficiarios".
Renuncia del Gobierno
Por
su parte, Comisiones Obreras afirma que el recorte supone romper el
modelo de financiación actual, por el que el Estado aporta una cantidad y
las comunidades autónomas el resto, e implica "la renuncia" del
gobierno a exigir que las autonomías pongan su parte.
Según el sindicato, este recorte significará la "desaparición del incentivo que actualmente tienen las comunidades autónomas
para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de
dependencia", ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en
cuenta el número de personas efectivamente atendidas. Por eso, CCOO
considera probable que se incremente el limbo de la dependencia, es
decir, el número de personas que con derecho reconocido a prestación, no
la reciben.
"Hace escasamente dos meses, la ministra de
Sanidad, Ana Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales y desde
entonces, su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que
fue consensuada social y políticamente, que además, ha permitido ampliar
la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación
de dependencia y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años", ha denunciado la secretaria confederal de Política Social de CCOO, Rosana Costa.
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