lunes, 5 de marzo de 2012

Los sindicatos y la izquierda ante el 23F laboral del PP

Antonio Mora Plaza-Economista 
 
La llamada reforma laboral de febrero (RD-L 3/2012) del Gobierno del PP supone dinamitar todo el derecho laboral acumulado a lo largo de dos siglos de lucha de los trabajadores, de los asalariados. Todo ha sido laminado: la negociación colectiva desaparece, la destrucción de derechos sobre salarios, condiciones de trabajo, lugar de trabajo, quedan al albur de los llamados empresarios, que se convertirán en meros capataces; los costes de despido de 45 días por año trabajado pasa en la práctica a 20 para los nuevos contratos y para los viejos una mezcla con hasta 12 meses de máximo –esto no se ha destacado lo suficiente-; los ERES sin autorización previa; los llamados cínicamente contratos indefinidos para emprendedores –no se dice qué es un emprendedor- con ¡un año de prueba sin derecho a indemnización! Nada han respetado estos golpistas de lo laboral del Gobierno del PP. Es muy posible que haya aspectos anticonstitucionales porque los golpistas no miran la Constitución para sus fechorías. Todo esto es lamentable, pero exige una reflexión sobre el próximo pasado de sindicatos y partidos de izquierda que representan –o debieran representar- la izquierda sociológica. Todo lo justifica el Gobierno del PP porque creen –la derecha siempre con la creencia en lugar de la ciencia- que se va a crear empleo. Y sin embargo nuestra historia y la de la mayor parte de los países dice que el empleo con derechos se crea cuando crece la economía. Al menos eso ocurre al 80% de la responsabilidad del crecimiento. Incluso cuando se pone el ejemplo de Alemania, se omite que hay casi 5 millones de empleos –los famosos minijobs- que lo son sin derechos laborales o con discriminación de derechos respecto al resto. Con la lógica neoliberal del PP y de la derecha europea no me cabe duda que si llegáramos a la esclavitud no habría paro. Pero para iniciar o detener al menos la espiral contractiva en la que nos internamos deberían cambiarse ideas y personas, economistas y políticos zoquetes que gobiernan las instituciones clave europeas, ya que no se pueden cambiar –eso sólo lo hacen los fascismos- a las clases populares conservadoras que votan a estos cenutrios empeñados en reducir el gasto público para que les cuadren las cuentas públicas. Si todos los países se olvidaran de sus déficits y se propusieran como primera meta para el año 2012 que la demanda agregada no fuera inferior a la del 2011, los llamados mercados no les quedaría más remedio que seguir apostando en Europa porque eso aumentaría la solvencia de sus deudores –los Estados-, aunque perdieran liquidez a corto. Están en medio del dilema del prisionero, son también prisioneros de su estulticia cuando se creen sus guardianes. Volviendo a la reforma-destrucción del derecho laboral de febrero del Gobierno del PP, la cosa queda de tal manera que debe obligar a una reflexión de más hondo calado a los sindicatos, tanto sobre su papel en el pasado como en el próximo futuro; también la izquierda política. Veamos algunos cambios y reflexiones obligadas ante el tsunami de destrucción masiva del PP.

1) Las medidas del PP obligan a pensar que durante demasiado tiempo el binomio, los dos railes de la negociación-presión de la que hablaba Marcelino Camacho, quedó sesgada hacia la negociación. Apenas unas semanas antes de la destrucción del derecho laboral español de febrero, los sindicatos y las patronales habían firmado un acuerdo de moderación salarial. Yo lo consideré un error porque, además de que la contraparte, es decir, la de las ganancias, no puede controlarse ni moderarse, ello suponía una disminución de la demanda agregada porque las rentas salariales son el componente más estable de esta demanda. Ahora ese acuerdo es papel mojado, un guijarro que se ha llevado la ola golpista laboral del PP. Que el PP se haya atrevido a tanto demuestra el poco miedo y respeto que tiene al mundo del trabajo, especialmente al asalariado. En mi opinión los dos sindicatos mayoritarios deben pensar y rectificar esa estrategia que pone en pie de igualdad, en equidistancia, la negociación y la presión sindical, de tal forma que ha de ocurrir en el futuro que
la causa de la negociación sea siempre la lucha por las mejoras de las condiciones laborales y de vida -¡también de vida!- de los asalariados. Negociación sin lucha previa es visitar el matadero. No debe importar que la derecha mediática, los órganos de expresión del PP como el ABC o El Mundo, algunas televisiones autonómicas, se vuelquen contra los sindicatos. Eso hay que darlo por descontado y por bienvenido. La derecha debe temer a los sindicatos, tanto si están en el momento de la negociación como en el de la lucha, pero esto ocurrirá si la primera es efecto de la segunda.

2) Los sindicatos y los sindicalistas deben ser ejemplares en su comportamiento. No me refiero al privado, mejor dicho, al familiar, sino al sindical. Un punto problemático ha sido el de los liberados. Aquí se han cometido errores que la derecha mediática, que tanto añora el franquismo, lo ha aprovechado. Los sindicalistas no debieran formar parte de Consejos de Administración de ningún tipo y menos cobrar por ello. Cuando hubiera aquí –como ocurre en Alemania- cogestión en la empresa, sí sería aceptable e, incluso, necesaria, pero con sueldos o dietas modestas y justificadas por su dedicación. En todo caso los líderes sindicales deberían estar fuera de todo esto y si se viera la conveniencia porque la ley lo permitiera de la presencia sindical en la gestión –no sólo en los “consejos”- de empresa privadas y públicas, debería darse a técnicos dependientes de los sindicatos, con conciencia de que su labor ha de ser sesgada hacia lo social y con la obligación de dar cuenta a los sindicatos que les han nombrado. La mujer del Cesar, además de ser fiel, ha de parecerlo. No importa –al contrario- que los golpistas laborales del PP y sus corifeos mediáticos ataquen a los sindicatos con mentiras, siempre que sean mentiras en su totalidad.

3) Un punto descuidado absolutamente –es mi impresión- es la sociología electoral de la derecha. Una parte del voto del PP es un voto obrero, de asalariados, es decir, es un voto pleno de estulticia, como ahora se ha podido comprobar. Los asalariados que han votado al PP se han pegado un tiro en los pies –por no decir en los huevos, dado que es una expresión machista-, es un voto
contra sus intereses. Los sindicatos deben poner en evidencia esa estupidez, sobre todo ahora que ya se ha demostrado que lo es. Creo que hay que ir más allá y precisar cuál es el sujeto sociológico que sustenta a los sindicatos. Dice el refrán que quien mucho abarca poco aprieta. Los sindicatos deben contar con quien demuestra que quieren cobijarse bajo el amparo de su acción sindical, incluso aunque no compartan sus ideas y postulados en su totalidad. Es decir, lo contrario de lo que pareciera dictar el sentido común. Los sindicatos debieran buscar en las organizaciones de autónomos, pensionistas, parados, jóvenes que aún no han tenido su primer empleo debiera, sus aliados, pero desde la autonomía de las partes, sin intentar engullirlos, porque los intereses de todos ellos –incluidos los de los asalariados- no son exactamente los mismos; tratar de buscar lo que les une para la acción común. No se trata de volver a un mero obrerismo, sino de reconocer que ideas e intereses de todos ellos no son conjuntos disjuntos, pero tampoco son coincidentes al 100%, no son el mismo conjunto. Más vale unas buenas alianzas que una unidad insulsa. Aunque no lo crean muchos sindicalistas, son casi mayoría de autónomos, pensionistas y parte de los asalariados que les gustaría ver desaparecer a los sindicatos, y aquellos no son la burguesía precisamente.

4) Más difícil lo tiene el partido que representa la izquierda sociológica mayoritaria del país, es decir, el PSOE. Las medidas de mayor del 2010 y posteriores le han hecho perder varios millones de votos, aunque no sean todos los 4.300.000 votos perdidos de las últimas elecciones generales. El PSOE de Zapatero ha dado importantes avances de los derechos llamados civiles como la ley del aborto según plazos, el matrimonio homosexual, o que afectan al Estado de Bienestar como la ley Dependencia, pero se quedó ahí. Además, cuando sobrevino la crisis, la Merkel y los mercados, no supo enfrentarse a ellos y lo que hizo fue dejarse llevar por esa corriente. Las medidas de mayo del 2010 y posteriores fueron la puntilla, aunque tuviera el aliento de los llamados
mercados en el cogote. Ni siquiera fue capaz de escenificar su discrepancia, suponiendo que la tuviera. Pero la cosa tiene más calado. En España están muchas cosas por hacer. En primer lugar España está a casi 10 puntos de media de participación del gasto público de la media comunitaria y a más si hablamos de gasto social, y sin dinero no se puede avanzar ni cambiar nada; en segundo lugar, España tiene un problema con la memoria histórica, con los herederos de los franquistas y falangistas que asesinaron a unos 200.000 españoles ¡con la guerra acabada! y durante más de un decenio. Lo del juez Garzón es un reflejo del poder de los herederos del franquismo en las instituciones. El PP es en sí mismo un gigantesco rescoldo del franquismo que, no sólo no se apaga, sino que gana elecciones. La izquierda en general debe tomar el toro por los cuernos de las reparaciones históricas, de la condena de los franquistas, de sus herederos y de sus justificadores, de la anulación de los juicios durante la in-civil guerra y durante los 40 años que gobernó el genocida gallego. No se hizo con el carlismo y aún tuvo su Montejurra con Fraga como ministro después de más de siglo y medio desde su nacimiento. El tercer problema: conversión del PSOE de un partido socioliberal o meramente neoliberal en lo económico a un partido socialdemócrata -¡qué menos!-. Ello supone un compromiso en y con la defensa del Estado de Bienestar desde lo público, sin concesiones a lo privado, sin privatizaciones, ni siquiera de la gestión, es decir, una verdadera alternativa a lo que están haciendo el Más en Cataluña, la Espe en Madrid o la Cospe en Castilla-La Mancha con la sanidad pública (hasta ahora) y la educación. Debe hacer creíble el PSOE que es una alternativa. Y lo tiene difícil porque el nuevo líder oficial del socialismo español debe hacer en algunos casos lo contrario de lo que hicieron los gobiernos en los que participó. Cuarto problema milenario: la influencia de la iglesia católica en los ámbitos civiles y públicos. La izquierda -y específicamente el PSOE- deben tomar el miura de la enseñanza concertada de curas y monjas y pasarla a la pública, para que haya sólo dos tipos de enseñanza: la privada –hasta cierto punto inevitable- y la pública, al igual que en el resto del mundo. Los curas a las iglesias y a los púlpitos y sólo a ellos. El que quiera religión que vaya a las iglesias o centros de culto y que se la pague. Ahora ya no podrán ser colaboradores necesarios de los golpistas del 36 donde, si tienen razón con lo del Infierno, ahí estarán quemándose eternamente. Un quinto problema: colocar la ciencia y la cultura españolas hasta el máximo de sus posibilidades. Es también un fracaso secular. El PSOE ha dado muchos avances –casi todos- pero falta presupuesto y ahora el PP lo ha recortado y más que lo va a hacer. La ciencia es el mejor antídoto de la creencia, el conocimiento y la cultura frente a las religiones, sus interpretes y supporters ; aún son más en España los que rezan que los que piensan. Un sexto problema es el de hacer compatible el Estado de las Autonomías con una sanidad pública y una educación pública universal, gratuita y no discriminatoria según territorios. No tenemos ya un Sanidad Pública de estas características, sino 17 sistemas de salud públicos, con la particularidad de que algunos están en tránsito hacia lo privado. Es hora de repensar lo de las competencias entre la Administración Central del Estado y las Autonomías.
Hay más problemas, pero con estos ya tienen tajo sindicatos y partidos de izquierda para el próximo quinquenio.

Mas tasas para pagar el coste de los abogados de oficio (y no iban a subir los impuestos)

Gallardón pretende sacar con más tasas judiciales el coste de los abogados de oficio

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este lunes en el Senado que su departamento tiene casi a punto la revisión de las tasas judiciales vigentes, de modo que la recaudación de los depósitos se destine a la justicia gratuita.

Según Ruiz-Gallardón, que hizo estas manifestaciones durante su comparecencia en el Senado, la propia doctrina del Tribunal Constitucional establece que las tasas judiciales "no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva", por lo que la aprobación de un nuevo sistema en este sentido no presenta problema alguno.

A lo largo de su intervención,
el titular de Justicia puso fecha a algunas de las reformas que ya anunció hace unas semanas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y fijó en el próximo otoño la mayoría de los anteproyectos.

Así, señaló una reforma de la Ley Orgánica d
el Poder Judicial que contemplará, entre otras, la reforma para que los 12 miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial (LOPJ) sean elegidos por los propios jueces, cuyo Anteproyecto estará listo en octubre de este año, para su aplicación en la próxima renovación, que debe producirse en 2013.

También se ha comprometido a tener redactado el Estatuto de la Víctima y de la Ley del Menor para el próximo mes de junio; así como un nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para "la vuelta del verano". También para el otoño fijó el proyecto de nuevo Código Mercantil y de los primeros borradores de la Ley de Demarcación y Planta, La Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley del Aborto.

Las provocaciones del PP

Mojo con morera 
 
Las provocaciones del Partido Popular siguen en aumento a medida que pasan los días desde que Mariano Rajoy entró en La Moncloa. De forma pareja los periodistas y la prensa de derecha también se dedican a fomentar la tensión. Como contrapartida, si un periodista critico al PP adopta una posición de firmeza y de dureza, es un irresponsable y un antisistema. Y para colmo de males, la poca prensa progresista que existe en España malvive y malpaga a sus periodistas, o como en el caso de “Público”, tiene que cerrar su edición impresa, y vamos a ver que pasa con la digital.
Periodistas de extrema derecha insultan a diestro y siniestro, amenazan a siniestra, y no hay un juez que les tosa. Periodistas críticos sin embargo se ven normalmente querellados y denunciados, incluso como en el caso de Carlos Sosa con una petición de cárcel por parte de José Manuel Soria, que afortunadamente perdió en este caso el político y ganó el periodista. Pero las provocaciones del Partido Popular y su cohorte mediática no tienen fin. No les voy a recordar las perlas terroríficas de Federico Jiménez Losantos (he dicho terroríficas, no terroristas para que no se me querelle) porque son de sobras conocidas. Les voy a contar brevemente los exabruptos de otros colegas de Jiménez Losantos, como por ejemplo una perla de César Vidal, locutor de una televisión y un periódico digital que recientemente dijo sin anestesia que “hay profesores de Valencia que ofrecen aprobados a los alumnos que en lugar de ir a clase se dedican a manifestarse contra el Gobierno del PP”.
Otra andanada de Pablo Molina, colega de Vidal, refiriéndose a los estudiantes de Valencia, es todo un ejemplo de moderación al afirmar que “a menos que se cree la asignatura en perroflautismo, las arrocerías de la costa valenciana van a tener exceso de mano de obra en los próximos veranos”, refiriéndose, claro, a los estudiantes valencianos, que protestan por los recortes y ajustes, incluido el gasoil para las calefacciones de los colegios e institutos, en donde los chicos tienen que ir a clase con mantas. El mismo Pablo Molina largo otro cañonazo a los estudiantes afirmando que “las universidades públicas parecen un campamento de Sendero Luminoso”, en una defensa clara de la privatización de los estudios universitarios, y ya llegará también a los institutos y colegios.
Como comprenderán, no les voy a relatar todas las barbaridades expresadas por mis colegas de extrema derecha porque seguro que ustedes amables lectores pasarían de llegar al final del artículo, añadir brevemente los calificativos de “enemigos” a los estudiantes del instituto Lluis Vives, de Valencia, por parte del Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, que me hizo recordar para tomármelo a broma al chiste de Gila, “oigan, es el enemigo, a ver si ustedes tienen la amabilidad de atacar por la tarde, si es después del partido de fútbol, mejor, muchas gracias”. De las barbaridades iniciales, sin llegar a los 100 días de gobierno por parte de políticos del Partido Popular, les recordaré la reforma laboral, que todavía no ha terminado y puede que termine como el rosario de la aurora, y otras perlas conservadoras como la revocación de la asignatura de Educación Ciudadana, por parte del ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, así como las acusaciones al Partido Socialista que está detrás de las algaradas de los incontrolados que asisten a las manifestaciones públicas, y que son por desgracia inevitables tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, como en Paris, Atenas y Londres, recuerden al barrio de Tottenham hace sólo unos meses, o a la incendiada capital griega hace una semanas. Sin embargo del ministro de Educación, que lo es también de Cultura y Deportes, no dijo una palabra en el Congreso de los Diputados en defensa de los estudiantes apaleados. No creo que las declaraciones de dirigentes del PP, como también por ejemplo las de Esperanza Aguirre, pongan serenidad a la situación difícil en la cual Mariano Rajoy ha colocado a España, y lo que viene según todos los expertos después de las elecciones de Andalucía y Asturias del 25 de marzo.

De otras barrabasadas (con perdón) dichas por políticos del PP, resalta la de Ana Botella, que ha insultados a los sindicatos por poner una jornada de reflexión/acción el 11 de marzo, que no está bien según la Botella por coincidir con la fecha del atentado del 11-M, manda trillos, que cuando estaban en la oposición utilizaban la fecha aciaga del terrorismo islamista para insultar a Rodríguez Zapatero. La penúltima de la prensa mediática de extrema derecha es la gamberrada de La Razón en criticar a la “dictadura de los mercados” por el acoso que le está haciendo al Gobierno de Mariano Rajoy. Antes la culpa de todo era de Zapatero, ahora es de la crisis económica mundial. Bueno, me tendré que moderar para no decir alguna burrada.
Publicado en:http://www.canariasahora.es/opinion/7821/

Del Guindos se cayo y hablo con sus coleguitas

El documento privado que De Guindos muestra a sus colegas europeos reconoce que el fin último es abaratar el despido
El Gobierno reconoce que su objetivo es extender los ERE con 20 días de indemnización
Está escrito solo en inglés. Tiene 31 páginas. Está fechado el 14 de febrero de 2012 y es el documento base que lleva bajo el brazo el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando explica a sus colegas europeos y a los analistas extranjeros los objetivos de las reformas emprendidas por el nuevo Gobierno. Uno de ellos, no disimulado, es acabar con los despidos caros, que según este papel son el principal problema del mercado laboral español.

El ministro de Economía, Luis de Guindos tras 
la reunión del Consejo de Ministros. EFE
De puertas para adentro, aquí en España, el Gobierno mantiene que los sindicatos no entienden que la reforma está hecha para crear empleo. Pero, ¿qué vende De Guindos fuera de nuestras fronteras? El primer objetivo de la reforma laboral es, según dice textualmente el documento que va repartiendo entre analistas y ministros es “Improve efficiency and reduce labor market duality by decreasing dismissal costs”. En castellano esto significa aumentar la eficiencia y reducir la dualidad del mercado laboral mediante una rebaja en el coste del despido.
Todos procedentes
Reconocido que el abaratamiento de los despidos es el medio para lograr el fin de la reforma laboral, el documento es mucho más contundente una página después cuando analiza cuáles serán los efectos de la reforma. Tras exponer que la dualidad del mercado laboral se arregla por esa vía, el papel del ministro de Economía termina con una línea mas que significativa. El objetivo último es, en inglés, “fair dismissal to be the main channel to end the contract as oppose to now”. O lo que es lo mismo, hacer del despido procedente lo normal para rescindir contraltos, lo contrario que ahora.
Menor protección judicial
La cosa empeora en la página siguiente, en la que el documento habla ya sin ambages de lo bueno que es despedir más barato. El título de la hoja, la número 23, dedicada a la segunda parte de la reducción de los costes del despido para reconducir la dualidad del mercado laboral español, se dedica a la “reforma de los despidos colectivos y objetivos para reducir la incertidumbre legal y sus altos costes”. Aquí ya está clara la intención. Se trata de dejar a los trabajadores con menor protección judicial y a los empresarios con menos costes por despedir a parte de sus plantillas.
Otra vez el despido barato
Las soluciones son eliminar la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE), la reforma de la revisión judicial de los despidos objetivos y que este tipo de rupturas de contrato sean posibles también para el personal contratado por las administraciones públicas. El objetivo que se persigue, y está por escrito, es “increased and widespread use of collective fair dismissal (compensation of 20 days per year worked)”. Traducido, “incrementar y extender el uso del despido colectivo procedente (con 20 días por año trabajado de indemnización).
Y después, solo descripciones
En las páginas siguientes del documento se describen las nuevas formas de contratación para las pequeñas y medianas empresas, las bonificaciones a los contratos fijos y los planes para modificar la formación, pero en ninguna de ellas se fijan objetivos concretos. El único que figura pues de forma explícita es el del abaratamiento del despido, que es una de las cinco cosas que le han pedido los organismos internacionales al Gobierno para la reforma laboral, pero que ha quedado convertida en el eje principal de la aprobada por el Consejo de Ministros y que esta semana inicia su andadura parlamentaria con su convalidación por el Congreso.

15.000 Millones de recortes y dos piedras

Rajoy se muestra inflexible con el recorte autonómico de 15.000 millones

España es un Estado, el jefe del Ejecutivo es el responsable último de todo, y el todo que importa ahora son las cuentas de las Administraciones públicas, comunidades y Ayuntamientos.  Mariano Rajoy se ha dirigido hoy a los Gobiernos autónomos después de su reunión con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, para mostrarse inflexible con los recortes y con su objetivo de déficit.

Las comunidades tendrán que hacer "un esfuerzo importante", ha asegurado el presidente en  vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana y en el que, por ejemplo, Cataluña y Andalucía, exigirán relajar el déficit. El recorte de 15.600 millones de euros que tendrán que asumir no variará, y no habrá por tanto flexibilización del déficit, ya que el Gobierno ya revisó esa cifra, ampliándola del 1,3% al 1,5%.

Rajoy ha repasado el calendario de cumplimientos del Ejecutivo ante la Unión Europea y los mercados y ha defendido como una decisión "de sentido común" el anuncio que hizo el viernes al situar en el 5,8% el objetivo para 2012.

La nueva previsión está muy por encima del 4,4% que se barajaba inicialmente, aunque Rajoy ha asegurado que no había asumido al respecto ningún compromiso con Bruselas. "No tengo por qué pactar", ha afirmado antes de agregar: "Hacemos lo que nos parece lógico y razonable y seremos evaluados en abril. Ahí hablaremos con la Comisión y haremos cosas sensatas y razonables".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy a este propósito que a ninguna comunidad autónoma "le conviene"  pedir una flexibilización del déficit, lo cual supone, a su juicio, "un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores", informa Efe.

El titular de Hacienda se ha mostrado "seguro" de que en esa reunión ninguna autonomía va a pedir que se relaje el objetivo de déficit "porque ni le conviene a esa comunidad, ni al conjunto de España". Montoro responde así a José 
Antonio Griñán y Artur Mas, que aseguraron que mantendrán esa exigencia, y a algunos barones del Partido Popular que también ha empezado a piden. Estos últimos lo hacen de forma discreta, la mayoría de las veces en privado y a la espera de las elecciones del 25-M, aunque no por eso dejan de plantear sus reivindicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy. Esto es, sugerir una flexibilización del objetivo de déficit y pedir una contrapartida política por los recortes exigidos.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien la semana pasada ya apuntó a una revisión del Estado de las autonomías, ha asegurado hoy en la cadena SER que "todo lo que se sea flexibilizar es discutible y puede ser bueno", antes de pedir "corresponsabilidad" de las autonomías que, "en una situación similar a Cantabria, han sido causantes del déficit del Estado". A Cantabria, en concreto, le corresponde hacer una reducción del 2,5% este año.
Diego, que ha afirmado que el objetivo de todas las comunidades debe ser no "gastar más de lo que teníamos autorizado" y por ello hacer un ejercicio de "reducción de gastos", comparece esta tarde, a petición propia, en el  el Parlamento autónomo para explicar su plan de ajuste ante la celebración, mañana, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

"El riesgo de colapso es tan real como la vida misma", ha señalado el presidente cántabro antes de poner un ejemplo: "Una familia que gasta una cuarta parte de su sueldo de más durante cuatro años seguidos, ¿a dónde va a parar? a la ruina, y ésa es la situación de Cantabria".
Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, ha mostrado una postura muy parecida a la de Diego a su salida de la reunión mantenida esta mañana con Rajoy. La dirigente popular ha insistido en la idea de la corresponsabilidad de las comunidades en las cuentas del Estado y ha asegurado que Aragón cumplirá con el déficit para este año 2012, pese al que su Gobierno tuvo que gestionar, ha asegurado, un gasto de "facturas en los cajones" que representa el 9% del presupuesto.

En cualquier caso, Rudi ha prometido que cumplirá a no ser que ocurra una "hecatombe" en los ingresos y ha señalado que hay que ser "muy conscientes" de que todos los que gestionan administraciones públicas son responsables del déficit.

En la reunión de mañana, el primero que se celebra después de que Rajoy anunciara el objetivo de déficit para 2012, el Gobierno planteará a las comunidades autónomas un objetivo global del 1,5% del PIB para poder cumplir con los nuevos planes de consolidación fiscal, que marcan ahora un  5,8%, casi un punto y medio más que lo pactado inicialmente con Bruselas.

Esto no evita que algunos de los barones más influyentes del PP, como Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre o Ramón Luis Valcárcel, plantean al Ejecutivo cambiar algunas leyes para, por ejemplo, permitir cobrar el coste total de algunos servicios a partir de una cierta renta. El argumento de los barones es simple: no se puede exigir recortes y mantener leyes, en ocasiones de los años ochenta, que les obligan a gastos fijos enormes.
Cataluña y Andalucía, las dos principales autonomías por presupuesto y población, exigirán al Gobierno que abra la mano y flexibilice el ajuste que pretende imponer a las comunidades: El Gobierno andaluz pone el acento en que las comunidades son las que soportan el mayor gasto social (educación, sanidad) y que debe haber un acuerdo nacional para decidir en qué se recorta de los 37.500 millones de euros cifrados por el ministro de Economía, Luis de Guindos central para contener el déficit en el 5,8%.

La Generalitat ha recordado que Cataluña lleva justo llevando a cabo ajustes para adaptarse a las exigencias europeas y ha alertado de que la flexibilización del déficit no puede quedar solo a nivel del Estado, sino que hay que hacer partícipes también a las autonomías

domingo, 4 de marzo de 2012

La reforma del despido en el RDL 3/2012

Una Reforma Laboral para la liquidación del sistema económico

Los motivos para despedir y los motivos para suspender los contratos o para dejar de aplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, son declarados equivalentes, de modo que corresponde a la empresa, en exclusiva, elegir entre una medida meramente temporal, o bien proceder al despido de los trabajadores

El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral incorpora toda una diversidad de medidas sobre las instituciones laborales básicas. Las más relevantes son las que abordan los mecanismos de extinción del contrato de trabajo a través de las distintas modalidades de despido que viene regulando el ET, todas las cuales tienen un elemento común denominador: ofrecen mecanismos para llevar a cabo un profundo ajuste de plantillas, tanto en el ámbito del sector privado como en el sector público, rebajando de forma sustancial y cualificada los costes que tienen que asumir tanto las empresas privadas como las administraciones para despedir al personal, y al mismo tiempo, eliminando los controles administrativos y judiciales que limitan la adopción de tales decisiones.
La flexibilización del despido se efectúan por las siguientes vías:

E
n primer lugar, la supresión de los salarios de tramitación, y la rebaja de la indemnización por despido injustificado, son dos factores que flexibilizan y abaratan el despido sin causa, sin motivación ni justificación legal alguna. Es el mecanismo de la flexibilidad basada en la mera discrecionalidad empresarial para despedir. Cabe destacar que es una medida que afecta, sobre todo, al conjunto de trabajadores fijos que actualmente vienen prestando servicios y mantienen una relación laboral en vigor, y en modo alguno es una medida que sólo comprenda a los nuevos contratos. A estos trabajadores, no sólo se les suprime el abono de salarios de tramitación, lo que ya hizo el "decretazo" del año 2002 ya fue declarada inconstitucional por no ser susceptible de tratamiento en un Real Decreto Ley, sino que además se les congela para el futuro el importe de la indemnización por despido improcedente, de modo que si ya han prestado servicios durante más de 16 años, ya no generan derechos económicos a efectos de despido improcedente o sin causa.

Si embargo, el principal efecto práctico de la Reforma se concreta en legalizar precisamente las extinciones que hasta ahora eran resultado de la mera discrecionalidad empresarial, sin una justificación objetiva que impusiera el despido como medida necesaria para mantener la viabilidad de la empresa. Ello se hace modificando profundamente el despido colectivo y el despido objetivo. Se amplía la causa para el despido justificado, incluyendo la mera reducción de ventas o de facturación de la empresa en un tiempo inferior a un ejercicio económico, al exigir exclusivamente la reducción de ventas o ingresos durante nueve meses, lo que nada tiene que ver con la existencia de pérdidas. Además se elimina la necesidad empresarial de justificar que el despido es una medida necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la empresa, y se configura la decisión de despedir como una materia ajena al control judicial.

Y sobre todo, se elimina la principal garantía de que la decisión empresarial está justificada en datos objetivos, como es la necesaria autorización administrativa, tanto para despedir como para suspender los contratos o reducir la jornada de los trabajadores. Con la reforma, la empresa no tiene que o qué tener ningún tipo de autorización, con independencia del número de trabajadores afectados por un despido colectivo. Además, los motivos para despedir y los motivos para suspender los contratos o para dejar de aplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, son declarados equivalentes, de modo que corresponde a la empresa, en exclusiva, elegir entre una medida meramente temporal, o bien proceder al despido de los trabajadores.

E
ste mecanismo extintivo sólo genera para los trabajadores el abono de una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo, y esto es importante, de 12 mensualidades, de tal forma que se abre la posibilidad generalizada de que en la pequeña, mediana y sobre todo en la gran empresa, se procedan a despidos masivos, sin control administrativo, y sin tampoco un control judicial efectivo, en los cuales la empresa únicamente asuma el abono de la indemnización indicada.

Lo anterior se complementa en la nueva regulación, extendiendo a las administraciones públicas, y al conjunto del sector público la posibilidad de utilizar dicho mecanismo extintivo para despedir al conjunto de los trabajadores fijos, es decir, los que han accedido al empleo público mediante los mecanismos de oposición o concurso-oposición, ante la mera existencia de dificultades financieras de la administración o entidad de la que dependen. Y se anuncia una nueva regulación de redimensionamiento del sector público, en la que cabe incluir medidas del mismo calado respecto del personal funcionario de carrera, lo que por otra parte determinaría que las posibilidades de ajuste de personal en las administraciones no recaiga, en exclusiva, respecto del personal vinculado con una contratación laboral, extendiéndolo al personal con nombramiento de carácter funcional o personal estatutario.

Igualmente se incluyen otras medidas que sólo tienen como finalidad la facilitación efectiva del despido. Se amplían los supuestos para que opere el llamado despido por absentismo, que afecta a los trabajadores y trabajadoras que incurren en IT por contingencias comunes. Y se implanta una nueva modalidad contractual, que bajo el nombre de contrato indefinido de apoyo a emprendedores, en realidad tiene la virtualidad de suplantar todos los contratos conocidos, fijos y temporales, al no precisar más requisito que la empresa tenga menos de 50 trabajadores, y permitir el despido libre del trabajador durante un año.

Dejando al margen la justificación, absolutamente insincera, ofrecida por la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 3/2012, así como la que vienen propugnando sus autores, que no dudan en insistir que estamos ante una reforma para que el despido sea la "ultima medida" para superar la crisis de la empresa, cabe plantear cuáles son las finalidades que persigue el conjunto de medidas relacionadas con la potenciación del despido como elemento de gestión del personal.

Por ello podemos decir que la reforma laboral que nos hemos encontrado en el Boletín Oficial del Estado, responde a la línea estratégica de ofrecer mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto al sector privado y al sector público. Los efectos de la crisis no se representan como agotados, sino todo lo contrario, se diseñan recursos para que las empresas y las administraciones aborden la situación económica actual utilizando como mecanismo de ajuste, la medida del despido masivo, rebajando los costes, eliminando el control de la autoridad laboral y la garantía judicial para adoptar tales decisiones. Se ha dado carta de naturaleza a una nueva dimensión del
Derecho del Trabajo, como es el Derecho para la liquidación del sistema económico.

Francisco J. Gualda Alcalá
| Gabinete Estudios Jurídicos CCOO

Publicado en:http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/2012-02-29/la-reforma-del-despido/2012022918013400928.html

La Iglesia Católica española vive en un paraíso fiscal

 “Ilegítimo e ilegal”, denuncia Europa Laica que exige que el Estado haga un censo de inmuebles rústicos y urbanos y del patrimonio muerto o mal conservado, propiedad de la Iglesia. Esta organicación acusa a la Conferencia Episcopal de "mentir" por "al mezclar Cáritas de forma torticera para desviar la atención de la ciudadanía".

Europa Laica, presidida por elexdiputado Francisco Delgado, viene denunciando, desde hace años, los privilegios fiscales, entre otros muchos (simbólicos, económicos jurídicos, políticos…), de los que disfruta la Iglesia Católica, "al recibir un trato privilegiado que el Estado le concede, consecuencia, por un lado, de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pero también por un trato de favor político, que va mucho más allá, vulnerando principios constitucionales básicos".
La IC en España, es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.) de un enorme patrimonio, consistente en bienes inmobiliarios rústicos y urbanos (de uso para el culto o para otros muchos menesteres), entre ellos un incalculable número de pisos alquilados a terceros, todo este patrimonio, en todos los ámbitos, está exento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de otros, como obras, sociedades, etc, explican.
Europa Laica tenía calculado, en su informe anual sobre financiación de la IC que se hizo público en abril de 2011 (en estos días en revisión, de cara a la próxima Campaña sobre el IRPF) que, de los datos conocidos, los Ayuntamientos españoles dejaban de ingresar algo más de mil millones de euros, al año. Pero hay otros datos que están conociéndose estos días, que se cifran entre los 700 y los casi 3.000 millones de euros, hecho lógico dada la opacidad de la Iglesia Católica.
Por ello, "reiteramos, una vez más, nuestra exigencia de que el Estado haga un censo de inmuebles rústicos y urbanos propiedad de la Iglesia católica en España", subrayan.
También Europa Laica propone revisar qué entidades, fundaciones, etc. están exentas de este impuesto en cada ayuntamiento, no ya sólo por las exenciones que prevé la actual Ley de haciendas locales, sino -también- a través de la compleja maraña de normas y disposiciones que se han ido produciendo en estos últimos años y que restan ingresos por valor de miles de euros, a los Ayuntamientos, en estos momentos de profunda crisis y que puede estar vulnerando el principio de igualdad que exige la Constitución española.
Europa Laica denuncia que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, "miente y demuestra su analfabetismo social y normativo, al mezclar Cáritas, de forma torticera, para desviar la atención de la ciudadanía".
La Iglesia Católica percibe (puntual y religiosamente) para la financiación del culto, el clero, la publicidad y el proselitismo religioso, casi 250 millones/año y para asociaciones religiosas de interés social más de 100 millones de €, procedentes del IRPF de todos los contribuyentes. Europa Laica está preparando la Campaña del IRPF de 2011, para exigir que desaparezca la casilla del impreso de la renta y la asignación a la IC por esta vía. La IC recibe del Estado directamente o por la vía de las exenciones de impuestos, más de diez mil millones de €, al año.

Cospedal compara las hermandades con el Gobierno y dice que los cofrades (ciudadanos) deben callar y sacrificarse

Reivindica también el papel catequista de la Semana Santa en la calle

“Para que una hermandad pueda hacer su estación de penitencia es necesario que los hermanos mayores tomen decisiones y que los cofrades hagan su labor callada, constante y muchas veces sacrificada”. Palabras pronunciadas por la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general el PP, María Dolores Cospedal, en el transcurso de la presentación del cartel de la Semana Santa de Ciudad Real, en un intento metafórico de comparar al Gobierno con las hermandades y a los ciudadanos con los cofrades.

No lo dice ELPLURAL.COM. No. Lo recoge la propia página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y es que su presidenta, María Dolores de Cospedal, no ha dudado en comparar a Mariano Rajoy y a sus ministros con “los hermanos mayores” que en ocasiones tienen que “tomar decisiones” para que la procesión discurra con normalidad, si bien los cofrades, esto es, los ciudadanos, deben acatar esas decisiones y realizar una “labor callada y sacrificada”.

Metáfora semanasantera

Una interpretación respaldada por el propio departamento de comunicación de la Junta de Comunidades que, entre otras apreciaciones, recoge lo siguiente: La presidenta Cospedal ha realizado una metáfora (sic) entre la Semana Santa y la propia sociedad: “Para que una hermandad pueda hacer su estación de penitencia es necesario que los hermanos mayores tomen decisiones y que los cofrades hagan su labor callada, constante y muchas veces sacrificada”. Declaración íntegra recogida en el citado portal gubernamental castellano-manchego.

Rajoy y sus doce apóstoles

O lo que es lo mismo, Cospedal vino a decir, en el acto de presentación del cartel de la Semana Santa de Ciudad Real, que las decisiones del Gobierno deben ser acatadas con resignación por los ciudadanos porque por algo Rajoy y sus doce apóstoles (ministros) son los hermanos mayores de esa cofradía llamada España, que debe desfilar con rectitud y obediencia debida. Solo le faltó señalar a los sindicatos como los actuales fariseos.

Creer en tiempo de crisis

Lo que sí reconoció en su místico y metafórico discurso fueron las vivencias y la introspección de la Semana Santa, ya que, según la secretaria general del PP, pueden ser muy útiles (al tiempo que se contemplan las imágenes de los pasos procesionales) para salir adelante en momentos de serios problemas tanto en el plano económico como en el social.

“Revivir el amor de Jesucristo”

Palabras que sorprendieron a muchos de los asistentes, ya que nadie conocía la faceta mística, teresiana y semanasantera exhibida por la presidenta de Castilla-La Mancha, máxime cuando reconoció su “cariño sincero” por la Semana Santa y su papel de catequesis en la calle, exhortando a los asistentes a no recordar “con tristeza” lo que Jesucristo padeció, “sino a revivir su amor y entrega a nosotros y su resurrección, que es la primicia que tendremos después todos nosotros”, concluyó diciendo ante el asombro de los ciudadanos o cofrades, que no daban crédito a lo que estaban escuchando. Amén