Hay números que nadie quiere hacer, pero que vienen impuestos por la
crisis y el desorbitado peso de una Administración pública que el año
pasado gastó casi 123.000 millones de euros en pagar las nóminas a sus
2,7 millones de asalariados.
Gráfico: Una radiografía de las Administraciones Públicas
Por
eso, en el Gobierno ya andan echando las cuentas de los empleados
públicos que sobran y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a
exigir a las autonomías que le remitan información sobre retribuciones,
plantillas y tipos de personal.
Y es que, aunque nadie asegura una cifra exacta, distintas fuentes consultadas por elEconomista
apuntan a que habría hasta 900.000 empleos públicos redundantes,
fundamentalmente en las comunidades autónomas y entidades locales, con
su corolario de empresas y chiringuitos creados en la época de vacas
gordas, y también en plena crisis.
Como recuerda el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, "del total de empleados públicos que hay en España, sólo la mitad son funcionarios, y esos no sobran.
Los que sobran son la otra mitad, el personal contratado en los
incontables entes y fundaciones". El presidente de Freemarket es
contundente: "Quitar la paga de Navidad no resuelve nada, lo que hay que
hacer es despedir a los no funcionarios".
El primero en sugerir la cifra de 900.000 puestos públicos
prescindibles fue el presidente de CEOE, Juan Rosell, y era la
resultante de la diferencia entre las 820.000 personas que traspasó la
Administración central a las comunidades y los 1.744.000 en nómina de
las regiones, muestra de la gran duplicidad.
Otros expertos son más cautos, aunque, como afirma José Ramón Pin
Arboledas, hay consenso en "los 220.000 puestos creados durante la
crisis y que no corresponden a la realidad del país, ya que mientras se
destruía empleo privado y se perdían autónomos, las plantillas públicas
aumentaban". Precisamente, a la luz de esas 427.000 personas que han
engordado en diez años las administraciones periféricas, el profesor del
IESE ve la señal de cómo "los gobiernos abusan del empleo público para
frenar el paro". Por lo que, "si se reforma la Administración para
evitar duplicidades", sobrarían en torno a 500.000 empleos.
Los expertos son unánimes en el sobredimensionamiento de las
plantillas periféricas. Ya lo decía la semana pasada Rafael Pampillón,
catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU: "Queda mucho
por hacer en las administraciones autonómicas y locales, un gran campo
de recortes".
Y es que en España tocamos a un empleado público por cada 18
habitantes, menos que Francia o Bélgica (1 por cada 12) y parecido a
Italia y Alemania. En relación a la población activa, 1 de cada 7
empleos tiene que ver con las administraciones públicas, y casi la mitad
(43 por ciento) en educación y sanidad.
Pero, mientras que la Administración General del Estado ha reducido
desde 2001 su personal el 22 por ciento (163.880 personas), las
autonomías lo han subido el 44 por ciento (409.569) y las entidades
locales el 39 por ciento (181.031 más). Es decir, el alza de casi 427.000 personas (20 por ciento más) es culpa de autonomías y ayuntamientos.
Cataluña afronta el recorte
En
Cataluña el sector público lo forman 230.182 personas, según las cifras
que se recogen en los presupuestos de la Generalitat para 2012. De
ellas, 322 personas son altos cargos y personal directivo, 167.965 son
funcionarios con plaza fija, 52.072 laborales fijos, 9.622 laborales
temporales y 201 eventuales. La cifra se mantiene estable con ligera
tendencia a la baja desde hace unos años pese al aumento de la plantilla
de los Mossos d'Esquadra cuyo despliegue aún no ha concluido.
El plan de recortes que está aplicando la Generalitat para este año,
presupuestado en 625 millones, ha alcanzado en junio ya un ahorro de 729
millones de euros gracias a la reducción de vacantes, eliminación de
días de libre disposición, la no cobertura de bajas temporales y los
ajustes salariales ya realizados. Las estimaciones no oficiales de la
Generalitat auguran una rebaja de la plantilla del sector público de
"varios miles de personas".
Una parte sustancial de al reducción se llevará a cabo en sociedades
mercantiles públicas, consorcios y fundaciones, donde el número de
empleados públicos se sitúa sobre las 37.000 personas.
Andalucía: 22.000 en la diana
El
Gobierno andaluz lleva años empeñado en mantener en nómina a 266.000
empleados , y la reforma del sector público de 2010 no fue sino un
trágala para incluir en la Junta a 22.000 trabajadores (20.000 sin haber
pasado ninguna selección). El plan de reequilibrio financiero aprobado
en junio recoge, no obstante, un ahorro de personal de 777 millones en
2012-13. El ajuste sobre el global de las cuentas públicas es de 3.800
millones (11,8 por ciento del total).
Ese paquete de ahorro de 777 millones en nóminas no incluye despidos,
sino rebaja de jornada y sueldo a interinos y reducción media del 5 por
ciento en el sueldo del resto de funcionarios y personal laboral a
tiempo completo.
En la picota están 22.000 empleados del sector público empresarial,
adscrito a empresas y entes instrumentales que han pasado en teoría a
depender de nuevas agencias públicas integradas en la Administración
General de la Junta. Sin embargo, sindicatos independientes de
funcionarios como Safja (mayoritario) y CSIF han paralizado en los
tribunales el traspaso de casi la mitad de esos trabajadores.
Y el Tribunal Superior andaluz ha reiterado que ese traspaso se hizo
"con desprecio al Estado de Derecho", al ignorar los criterios de
concurrencia competitiva y equidad. Se da la circunstancia de que esos
22.000 puestos laborales están ocupados por afiliados al PSOE o a sus
sindicatos afines.
Valencia y Euskadi: paradojas
En la
Comunidad Valenciana, la plantilla de la Generalitat bajó en 1.500
personas en 2010, a 130.342, dándose la paradoja de que a fin de año
había casi 10.000 empleados más que puestos de trabajo (120.817),
irregularidad destacada por la Sindicatura de Cuentas. De 2011 y 2012,
la Conselleria de Hacienda sólo tiene información de la Administración
General, donde ha reducido la plantilla en 1.200 personas en año y medio
(12,6 por ciento), con amortización de plazas. No tiene datos de
Sanidad, Educación y Justicia, el 90 por ciento de la plantilla.
En cuanto a empresas y fundaciones públicas, trabajan casi 10.000
personas, de las que la Generalitat despedirá al 40-50 por ciento en
tres meses. Ya se ha presentado el ERE de 1.295 personas en RTVV.
Por lo que respecta al País Vasco, el sector público da empleo
directo a 116.001 personas, incluyendo a funcionarios, contratados
laborales y personal adscrito a organismos autónomos, sociedades
públicas y fundaciones. La cifra global es mayor, pues además del
personal dependiente de las Administraciones vascas (Gobierno,
diputaciones y ayuntamientos), hay otros 14.200 que dependen del Estado.
En plena crisis, las plantillas vascas crecieron el 9,5 por ciento,
de 105.898 personas en 2007 a 116.001 en 2010. En este aumento hay un
efecto estadístico, pues hasta 2010 no contabilizaba como personal
público los trabajadores de fundaciones; al hacerlo arroja 1.718 empleos
en 2010. Euskadi tiene la peculiaridad de que sus gastos no se
financian con los Presupuestos del Estado sino por Concierto Económico.
Información elaborada por Javier Alfonso, Carmen Larrakoetxea, Pepa Montero, Carlos Pizá y Jordi Sacristán.
