Alrededor de 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza y
exclusión social en España, lo que supone un 27 por ciento de la
población, según se desprende del II Informe ’Impactos de la crisis’
elaborado en España por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN,
por sus siglas en inglés). Por comunidades autónomas, el estudio
detalla que las comunidades del norte peninsular mantienen tasas menores
de pobreza y/o exclusión social que las del sur. Así, Navarra, País
Vasco, Asturias, Madrid y Aragón tienen tasas inferiores al 20 por
ciento frente a Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía,
con tasas superiores al 35 por ciento.
El documento constata ”un aumento constante y elevado” del número de
personas en esta situación ya que, entre 2009 y 2010 el número aumentó
en 1,4 millones de personas y, el año pasado, en otras 751.071 personas
por lo que, en tres años de crisis, la cifra ha aumentado en 2,1
millones de personas más.
Para medir el riesgo de pobreza y exclusión, se ha utilizado el
indicador AROPE, que mide la pobreza y la exclusión en su conjunto. Este
método implica que las personas que están en situación de pobreza están
contabilizadas aunque no sean pobres, al combinar elementos de renta,
posibilidades de consumo y empleo, y tener en cuenta la población que
hay bajo el umbral de la pobreza, la que sufre privación material severa
–como pagar una hipoteca o afrontar pagos imprevistos– o con baja
intensidad de trabajo por hogar.
En términos generales, el factor más importante es la pobreza, que ha
aumentado durante los años de la crisis unos 2,3 puntos porcentuales;
el de baja intensidad de empleo en los hogares se ha elevado 4,2 puntos
porcentuales y el de privación material severa se ha incrementado en 0,4
puntos porcentuales.
El informe precisa que, a partir de 2008, la clase media y los grupos
más pobres de la población española han sufrido ”un proceso
creciente” de devaluación de su calidad de vida, un hecho que no ha sido
contrarrestado “eficazmente” por las políticas sociales y otras medidas
de lucha contra la crisis, y se refleja en la evolución reciente de la
tasa de pobreza y exclusión social. En este periodo, el indicador AROPE
ha crecido 4,1 puntos porcentuales, lo que significa que 2,3 millones de
personas han pasado a estar en pobreza y exclusión social cuando antes
no lo estaban.
En términos absolutos, en el año 2009 había 9,1 millones de pobres,
cifra que ha crecido en los tres últimos años en 1,1 millones personas
hasta llegar a los 10,2 millones de personas pobres en el conjunto del
territorio nacional. Sin embargo, la evolución de la pobreza ha sido
diferente en función del sexo y del grupo de edad. De este modo, la
población masculina ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de
la crisis, así como los jóvenes, cuya tasa de pobreza ha aumentado 6,4
puntos porcentuales entre la población de 16 a 29 años y 3,4 puntos
porcentuales en el grupo de los menores desde 2009.
Por otro lado, la privación material severa alcanzaba al 3,5 por
ciento de la población en 2009, al 3,9 por ciento en 2010 y al 3,9 por
ciento en 2011, por lo que ha crecido de manera moderada inicialmente y
se ha mantenido constante en el último año. A modo de ejemplo, el
estudio señala que el 40 por ciento de la población no puede permitirse
una semana de vacaciones al año y más de una de cada tres personas no
tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Por último, la población que vive en hogares con baja intensidad de
trabajo prácticamente se ha doblado en tres años y alcanza a 4,4
millones de personas en 2011, el 9,5 por ciento de la población total,
con especial repercusión sobre la población más joven y el sector de la
construcción.
Finalmente, aunque no forma parte del indicador AROPE, el informe
muestra que algo más de una de cada cuatro personas tuvo dificultad o
mucha dificultad para llegar a fin de mes el año pasado. Además, otro 30
por ciento tuvo ”ciertas dificultades” para llegar a fin de mes.
Autonomías
En el caso de la pobreza, en 2011, las tasas más altas están en
Canarias,Extremadura, Andalucía, y Castilla La Mancha –todas por encima
del 31 por ciento– y las más bajas en Navarra y Asturias, ambas por
debajo del 10 por ciento. En cuanto a la población en privación material
severa, esta cifra ha aumentado en casi 200.000 personas entre 2009 y
2010. En 2011, las tasas más elevadas están en Ceuta (9%), Baleares
(7,4%), Andalucía (5,8%) y Cataluña (5,8%) y las más bajas en Asturias,
Aragón, Cantabria y Castilla y León, todas con tasas inferiores al 2 por
ciento.
Por otro lado, el numero de personas que viven en hogares con baja
intensidad de empleo ha subido en todas las comunidades autónomas
durante los últimos tres años, excepto en Navarra, en el que
prácticamente se ha mantenido constante. En el año 2011, Canarias,
Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia, además de
Ceuta y Melilla, tienen más de un 10 por ciento de su población
viviendo en hogares de este tipo.
El estudio también hace alusión al crecimiento de la desigualdad en
relación con la renta del 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más
pobre de la población. Así, entre 2004 y 2007, la renta del porcentaje
más rico era unas cinco veces superior a la del más pobre; sin embargo,
desde el comienzo de la crisis (año 2008) el porcentaje más rico gana
unas siete veces más que lo el más pobre.
Estas cifras, según EAPN, ”están lejos” de cumplir del objetivo
fijado por España de reducir el número de personas en situación o riesgo
de pobreza y exclusión social entre los 1,4 y los 1,5 millones en el
período 2009-2019. Cada uno de los países miembros de la UE, recuerda la
ONG, se ha comprometido a alcanzar cifras concretas para que, en el
conjunto de la Unión, se disminuya a los 20 millones de personas en la
década de 2010-2020.
A la vista de estos datos, EAPN ha hecho un llamamiento ”a la urgente
necesidad de reformular” las medidas de protección a la ciudadanía, al
tiempo que ha pedido que la inclusión social se sitúe en el centro de la
agenda política y que las estrategias de lucha contra la pobreza sean
transversales e incorporen medidas diseñadas para garantizar la cohesión
social y territorial.
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