Manifiesto Sindical en defensa de los Servicios Públicos y del Empleo Público

Canarias vive una situación de extrema gravedad social y laboral, caracterizada por un desempleo que se acerca al 32% y sobrepasa las 340.000 personas y una tasa de temporalidad superior el 30% de los contratos. El 15,5% de hogares canarios tiene todos sus miembros en el desempleo. El paro juvenil es del 51% y, respecto a la media del estado español la clase trabajadora de Canarias se haya a la cola de los salarios (con un diferencial de 450 €) de los incrementos salariales; de las pensiones y de las percepciones por desempleo. Los sucesivos ataques a los servicios públicos perpetrados por los diferentes gobiernos, que los empleados hemos sufrido a lo largo de los últimos decenios, nos han llevado a estar en la cola de muchos indicadores del estado de salud de nuestro estado del bienestar. En Canarias tenemos el mayor índices de fracaso escolar y de abandono de los estudios; la más prolongada lista de espera para atención médica; la cesta de la compra más cara; con la Justicia más lenta; es la comunidad con menor aplicación de la Ley de Dependencia; nuestra población recibe de los presupuestos estatales 275 euros/persona menos que la media del Estado; la tercera parte de la población vive, en la actualidad, bajo el umbral de la pobreza y depende mayoritariamente de la prestación de los servicios públicos que recibe.

Las actuales políticas privatizadores restan recursos a los servicios públicos que recibe la ciudadanía en favor de los beneficios empresariales de unos pocos que, junto con los recortes presupuestarios experimentados en los últimos tres años y el ataque frontal a los empleados y empleadas públicos, han debilitado los servicios públicos que recibe la ciudadanía y han puesto en riesgo el mantenimiento y la continuidad de los servicios esenciales, que hasta ahora habían definido el estado del bienestar, y quiebran el marco de derechos democráticos y laborales.

El escenario de la crisis está siendo utilizado por el Gobierno de Canarias, desvergonzadamente, como la excusa perfecta para sustraer recursos de los servicios esenciales justamente cuando, desde esa situación de crisis, que castiga con el paro y la exclusión social a miles de familias canarias, se debe apostar por reforzarlos y así garantizar las necesarias coberturas sociales, el obligado amparo del estado y del Gobierno de Canarias y la atención igualitaria y solidaria para toda la ciudadanía.

Y la manera que este Gobierno ha encontrado de privatizar lo público y lanzar al ciudadano a los brazos de las empresas especuladoras en servicios sociales, educativos y sanitarios, es arremeter sin contemplaciones contra los/as empleados/as públicos/as, recortando sus derechos laborales y sindicales, destruyendo empleo e intentando socavar la confianza de los/as ciudadanos/as con campañas mediáticas y políticas destinadas a desacreditar su imagen; y es que este Gobierno, conociendo que la estructura laboral de la Función Pública y los derechos conquistados a lo largo de los años por sus trabajadores/as, constituyen un punto de referencia para los/as compañeros/as de otros sectores, pretende pasarnos rodillo a toda máquina para allanar el terreno a los intereses empresariales.

Las empleadas y empleados públicos somos los garantes de los derechos de los ciudadanos y por ellos tenemos que luchar. Por ellos y por nuestra dignidad. Sobre nosotros, sobre nuestra profesionalidad y nuestro trabajo recae el estado del bienestar, la justicia social, los derechos y avances democráticos y los servicios que recibe la ciudadanía. Nosotros somos los prestadores de servicios públicos, los que estamos atendiendo en los hospitales, los que conseguimos que los enfermos se sientan seguros, los que garantizamos la seguridad y los derechos individuales y colectivos, los que hacemos que la educación y la formación gratuita de nuestros hijos sea posible, los que hacemos posible que los servicios públicos y sociales lleguen a todos los ciudadanos, al margen de la clase social o de los recursos económicos que dispongan, los que hacemos posible el derecho a la justicia . Y por ello tenemos que luchar. Porque si a un ciudadano le preguntáramos sobre su prioridad a la hora de despedir a un médico, a un maestro, a un trabajador social o a un agente judicial frente a despedir un asesor o recortar los privilegios de un político, la respuesta sería clara: sobran ellos.

Los empleados públicos somos profesionales y a pesar de ello hemos soportado el peso de la mala gestión de los recursos públicos y la cobardía de muchos políticos en responsabilizar a los empleados públicos de sus propias incompetencias. Para las empleadas y empleados públicos siempre ha habido política de recortes. Nos han hurtado el 45% de nuestro salario en los 15 últimos años y nos han restado derechos laborales y sociales. La repercusión de esa política de recortes indiscriminada que vienen realizando los Gobiernos central y canario tiene, también, una enorme incidencia en las Administraciones Locales, las más cercanas al ciudadano, que han visto como se merman los derechos de sus trabajadores y trabajadoras y los recursos que necesitan para la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía. Y a pesar de ello damos cada día la piel para servir a los ciudadanos. Desde siempre, en ese “contexto socioeconómico global”, hemos sido las empleadas y los empleados públicos, como trabajadores y como ciudadanos, los que hemos soportado con nuestros derechos, nuestros salarios y hasta nuestra propia imagen los dislates, los privilegios y derroches de los que están y han estado en la Administración de manera coyuntural.

A las empleadas y empleados públicos nos han recortado derechos sociales y laborales, nos han robado parte de nuestro salario y de nuestros derechos para pagar la incapacidad de los que nos gobiernan. Nos han amenazado con los despidos cuando ellos no han sido capaces de renunciar a los privilegios que disfrutan, a las dietas, a los asesores, a las inversiones de los amigos, a los coches públicos, a los banquetes, a los viajes y a los lujos. Es fácil sentarse en la poltrona y jugar con el dinero de todos. Porque los empleados públicos, como el resto de la sociedad, estamos siendo doblemente castigados. Nos han castigado como trabajadores pulverizando nuestros derechos y nuestro salario y como ciudadanos/as, viendo como se precarizan los servicios públicos.

La reivindicación por el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, públicos y universales, no es sólo de los empleados públicos. Debe ser un grito único en defensa de los derechos básicos y de los que los defendemos cada día desde nuestro puesto de trabajo en la Administración. Es la hora de pasar de la indignación a la rebeldía ciudadana, es la hora de la lucha unitaria, en la calle y en los centros de trabajo, codo a codo estudiantes y parados, agricultores, profesores y sanitarios, autónomos y pensionistas, sindicatos, movimientos sociales y el conjunto de la ciudadanía que quiere y merece una alternativa diferente, que tiene derecho a unos servicios públicos dignos que nos hagan sentir que, al margen de su situación económica que disfrutemos, seguimos siendo ciudadanos de primera.

Porque este Gobierno se siente impune actuando como actúa, no podemos permitir que se salga con la suya ni que utilice la ley para imponer sus intereses.

Debemos expresar nuestro rechazo con contundencia porque, de no hacerlo, se sentirán legitimados para continuar gobernando de espaldas nuestros derechos como empleados públicos y como ciudadanos, a espaldas de nuestro pueblo y contra sus derechos.

Por todo ello, debemos organizarnos y, desde la unidad de los/as trabajadores/as de las Administraciones Públicas, desde la ciudadanía que es la destinataria de los Servicios Públicos, preparar la resistencia y la movilización que les ponga freno.

Conscientes de los derechos de la ciudadanía y comprometidos con los trabajadores y trabajadoras del sector público, firmamos el presente manifiesto y convocamos a los empleados y empleadas públicas de canarias y al resto de los ciudadanos y ciudadanas a la manifestación que en defensa de los Servicios Públicos tendrá lugar en todas las capitales canarias el día 23 de mayo de 2012 a las 19 horas.