Pueden que aún queden malas noticias para funcionarios y personal laboral de las Islas si el presupuesto de Madrid descuadra las cuentas canarias
La austeridad de las finanzas públicas impuesta en Europa se ha
calzado las botas de siete leguas para caminar a marchas forzadas hacia
un nuevo escenario en las relaciones laborales. Para unos más real y
acorde con la caída de ingresos que padece la Administración. Para los
directamente afectados por los recortes, un truco para conculcar los
derechos conquistados a lo largo de lustros. Opiniones al margen, sí es
cierto que el manido "de mayor quiero ser funcionario" se oye cada vez
menos y en voz cada vez más baja.
A juicio del responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-Canarias, Javier Godoy, hay motivos para que sea así. "Con la nueva reforma laboral, también nos pueden echar con 20 días", señala.
A los representantes de los trabajadores lo que más les molesta es que la anulación de varios de sus derechos haya sido "unilateral". Entre ellos, la reducción de liberados -"una docena", según Godoy-, que han tenido que regresar a desenvolverse con el trabajo diario.
A juicio del responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-Canarias, Javier Godoy, hay motivos para que sea así. "Con la nueva reforma laboral, también nos pueden echar con 20 días", señala.
Al director general de
Función Pública del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, no le hace falta
ponerse en la piel de un funcionario porque él también lo es. Los
recortes "son medidas que a nadie gustan", explica y considera que los
trabajadores públicos "son muy conscientes de los problemas" que
atraviesa la Administración para lograr presentar los deberes sin
tachones y, por tanto, sin peligro de que la pongan de cara a la pared.
La
economía no funciona y eso ha llevado a que la recaudación tributaria
sea mucho menor que en los años de bonanza. "Todos los ajustes de la
Comunidad Autónoma canaria vienen condicionados por la situación
económica actual", subraya Afonso.
El presidente en Canarias del
sindicato funcionarial CSI-CSIF, Javier Galván, lo entiende de un modo
distinto. "Con la disculpa de la crisis, nos echan encima a los
ciudadanos, como si hubiésemos estado disfrutando de privilegios sin
trabajar", afirma. Niega que la situación haya sido esa, porque "la
inmensa mayoría de los trabajadores públicos [61.800 funcionarios y
9.700 laborales en la Administración regional] se comprometen para sacar
adelante las tareas que se les encomiendan".
A los representantes de los trabajadores lo que más les molesta es que la anulación de varios de sus derechos haya sido "unilateral". Entre ellos, la reducción de liberados -"una docena", según Godoy-, que han tenido que regresar a desenvolverse con el trabajo diario.
¿Habrá más
recortes para los trabajadores públicos? Aarón Afonso no tiene motivos
para negarlo con rotundidad. Administración y funcionarios miran hacia
el 30 de marzo, fecha que el Gobierno central se ha dado para aprobar
los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Si Madrid poda a
Canarias mucho más allá de lo deseado, las tijeras volverán a cerrarse
sobre todos los ámbitos de lo público, incluidos sus trabajadores.
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