domingo, 23 de enero de 2011

La administración suspende los planes de pensiones y limita los seguros privados

El Gobierno reduce en más de un 80% los gastos médicos y sociales para cargos públicos y funcionarios
El Parlamento o el Ayuntamiento de La Laguna conservan aún sus privilegios

Los seguros médicos privados y los suculentos planes de pensiones pagados con dinero público que mantienen todavía los diputados del Parlamento de Canarias o los concejales del Ayuntamiento de La Laguna son un botón de muestra de las prebendas que conservan algunas instituciones públicas en plena época de drásticos recortes sociales. Sin embargo, el Gobierno canario se ha visto obligado a dejar bajo mínimos los fondos destinados a las prestaciones médicas que tienen los funcionarios y suspender sus aportaciones al plan de pensiones por el ajuste brutal de su presupuesto ya que hace sólo dos años, ya iniciada la crisis, el Ejecutivo gastaba más de 30 millones de euros en seguros, prestaciones, acción social y planes de pensiones para los altos cargos, personal eventual y funcionarios.

Las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de pensiones de sus empleados o la suscripción de seguros médicos privados forman parte de los acuerdos y convenios que firman con sus trabajadores en el marco de la negociación colectiva. Los empleados públicos tienen sus propias mutualidades que suscriben seguros médicos con empresas privadas y unos planes de pensiones propios que negocian la instituciones con las entidades financieras. La fuerte caída de ingresos está conduciendo a una situación inédita y ha sido la decisión unilateral de la Comunidad Autónoma de suspender los convenios y las prestaciones sociales de sus trabajadores.

Acción social
La partida de gastos de acción social y otras prestaciones contaba en 2007 con 9,7 millones de euros. En 2008 esta partida aumentó un 82% y pasó a ser de 17,8 millones de euros y en 2009 siguió aumentando hasta los 20,4 millones a pesar de la crisis. Este y otros capítulos presupuestarios son los gastos de las pólizas para cubrir las prestaciones médicas y sociales que reciben funcionarios y cargos públicos, es decir, ayudas para gafas, ortodoncia, discapacidad, estudios, becas, viajes, etcétera. En el presupuesto de 2010 esta consignación cayó un 73% hasta los 5,3 millones, mientras que en las cuentas de 2011 se fija en 4,6 millones y sólo cubre los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente, suspendiéndose todas las demás.

En el caso de las aportaciones al plan de pensiones, el Gobierno canario pasó de 3,6 millones en 2007 a 10,2 millones en 2009. En las cuentas de 2010 la aportación cayó más de un 99% y en este ejercicio se suspende cualquier tipo de aportación.

En el caso de las empresas públicas, ha sido este año cuando realmente el Ejecutivo ha metido la tijera en las escandalosas prebendas del sector público, no sólo por sus sueldos y complementos sino por los sustanciosos planes de pensiones y seguros médicos de los que disfrutaban muchas de las empresas mantenidas con los fondos públicos.

En las corporaciones locales no hay un criterio único y cada ayuntamiento y cabildo tienen sus acuerdos para pagar planes de pensiones y seguros privados. Cabildos como el de Fuerteventura, Tenerife o Gran Canaria han disminuido o suspendido sus aportaciones a los planes de pensiones al igual que muchos ayuntamientos. Sin embargo, hay corporaciones municipales como La Laguna o Telde que, a pesar de su situación financiera, mantienen este tipo de prebendas
Publicado en http://www.laopinion.es/canarias/2011/01/23/administracion-suspende-planes-pensiones-limita-seguros-privados/326320.html

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