miércoles, 6 de marzo de 2013
martes, 5 de marzo de 2013
¿De qué hablaron Cospedal, el Fiscal General y Gallardón en el Ministerio de Justicia? ¿Sobre el caso Bárcenas?
El PP huye de los medios: tras prohibir a sus dirigentes que participen
en 'El Gran Debate' y 'La Sexta Noche', suspenden la tradicional rueda
de prensa de los lunes
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, el Fiscal General
del Estado, Eduardo Torres-Dulce y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, coincidieron esta mañana durante el mismo lapso de tiempo en
la sede del Ministerio que dirige Gallardón. Tanto el PP como la
Fiscalía como el Ministerio han negado que se haya producido una reunión
a tres bandas para analizar la deriva del ‘caso Bárcenas’,
convertido ya en el mayor escándalo de corrupción en la historia del PP
por supuestos cobros de comisiones ilegales a empresas y presuntos pagos
en dinero negro a dirigentes populares.
Suspendida la rueda de prensa en Génova
Todos los lunes, después de la reunión del comité de dirección nacional del PP, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, comparece en rueda de prensa para informar sobre lo tratado en dicha reunión. Si Cospedal no puede comparecer por problemas de agenda (su cargo como número 2 del partido lo tiene que compatibilizar con la Presidencia de Castilla-La Mancha), comparece ante la prensa Carlos Floriano, toda vez que Esteban González Pons ha sido relegado de los focos públicos cuando antes de que el PP ganara las elecciones iba a rueda de prensa diaria.
Todos los lunes, después de la reunión del comité de dirección nacional del PP, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, comparece en rueda de prensa para informar sobre lo tratado en dicha reunión. Si Cospedal no puede comparecer por problemas de agenda (su cargo como número 2 del partido lo tiene que compatibilizar con la Presidencia de Castilla-La Mancha), comparece ante la prensa Carlos Floriano, toda vez que Esteban González Pons ha sido relegado de los focos públicos cuando antes de que el PP ganara las elecciones iba a rueda de prensa diaria.
Hace 15 días no hubo rueda de prensa porque el comité de dirección del PP no se reunió. La semana pasada sí
y Cospedal tenía que responder a muchas preguntas sobre la relación
laboral de Bárcenas con el PP y su supuesto despido. Esa rueda de prensa
pasará a los anales del periodismo, después de que Cospedal reconociera
que Bárcenas había estado cobrando del PP hasta el pasado 31 de
diciembre y que además le pagaban las cotizaciones a la Seguridad Social. Para intentar explica un despido inexistente, Cospedal habló de “indemnización en diferido” y “simulación” de indemnización o contratación, figuras
jurídicas laborales que no existen y que de haber sido realizadas por
el PP serían además infracciones muy graves de la Ley. Y que el partido que Gobierna España infrinja la Ley es algo muy grave.
Orden del PP: silencio absoluto
La suspensión de la tradicional rueda de prensa de los lunes en el día de hoy viene precedida de un fin de semana en el que se produjeron otros acontecimientos relevantes en la política de comunicación del PP: se prohibió a todos los dirigentes conceder entrevistas o acudir a programas de debate, como “El Gran debate” de Tele 5 o “La Sexta noche” en la Sexta. Sus respectivos presentadores comunicaron a la audiencia que habían invitado a representantes el PP y se habían negado a acudir. No hubo tampoco entrevistas de dirigentes del PP o ministros del Gobierno en otros medios de comunicación, como radios o periódicos.
La suspensión de la tradicional rueda de prensa de los lunes en el día de hoy viene precedida de un fin de semana en el que se produjeron otros acontecimientos relevantes en la política de comunicación del PP: se prohibió a todos los dirigentes conceder entrevistas o acudir a programas de debate, como “El Gran debate” de Tele 5 o “La Sexta noche” en la Sexta. Sus respectivos presentadores comunicaron a la audiencia que habían invitado a representantes el PP y se habían negado a acudir. No hubo tampoco entrevistas de dirigentes del PP o ministros del Gobierno en otros medios de comunicación, como radios o periódicos.
Todo parece indicar que el PP y el Gobierno quieren enfriar el caso
Bárcenas como sea y como es una tarea casi imposible a raíz de los
acontecimientos, la mejor manera de no echar más leña al fuego es
ordenar a ministros y dirigentes del PP que cierren la boca.
Cerrar una estrategia común
Mientras tanto Cospedal y el Gobierno intentan cerrar la estrategia del partido frente al caso Bárcenas. Cospedal se ha querellado contra Bárcenas y el diario El País, José María Aznar ha anunciado que se querellará contra El País, pero de las querellas masivas que anunció el partido aún no hay nada nada. La situación llegó al esperpento absoluto cuando a finales de la semana pasada no era el PP quien se querellaba, sino Bárcenas quien se querelló contra el PP: por despido improcedente y por el robo de dos ordenadores en su despacho en la sede nacional del partido. De esta forma Bárcenas machacó doblemente al PP y a Cospedal. El mismo día que Cospedal habló de “indemnización en diferido” el ex tesorero demandó al partido por despido improcedente, con lo que dijo a toda España que el PP y Cospedal mentían una vez más. Y luego denunció al PP por robo, con lo que quería demostrar que tuvo despacho (y secretaria y coche oficial) en Génova 13, la sede nacional del PP, hasta que el diario El Mundo publicó que el ex tesorero tenía 22 millones en Suiza.
Mientras tanto Cospedal y el Gobierno intentan cerrar la estrategia del partido frente al caso Bárcenas. Cospedal se ha querellado contra Bárcenas y el diario El País, José María Aznar ha anunciado que se querellará contra El País, pero de las querellas masivas que anunció el partido aún no hay nada nada. La situación llegó al esperpento absoluto cuando a finales de la semana pasada no era el PP quien se querellaba, sino Bárcenas quien se querelló contra el PP: por despido improcedente y por el robo de dos ordenadores en su despacho en la sede nacional del partido. De esta forma Bárcenas machacó doblemente al PP y a Cospedal. El mismo día que Cospedal habló de “indemnización en diferido” el ex tesorero demandó al partido por despido improcedente, con lo que dijo a toda España que el PP y Cospedal mentían una vez más. Y luego denunció al PP por robo, con lo que quería demostrar que tuvo despacho (y secretaria y coche oficial) en Génova 13, la sede nacional del PP, hasta que el diario El Mundo publicó que el ex tesorero tenía 22 millones en Suiza.
Tiene toda la lógica del mundo que el PP intente tener una estrategia frente al caso Bárcenas
ante las contradicciones y mentiras que han dicho varios dirigentes
sobre el ex tesorero. Es lógico también que esa estrategia se coordine
con el Gobierno, dado que el ex tesorero ha apuntado directamente a
Rajoy en los papeles que reflejan supuestos pagos de sobresueldos
filtrados a El País. Lo que no tiene lógica y sería un
escándalo es que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del
Estado se pusieran a disposición de un partido político para tapar,
paliar o frenar un escándalo de presunta corrupción.
Desde el entorno de Cospedal se ha manifestado a los medios de comunicación que acudió al Ministerio de Justicia para tratar temas “relacionados con Castilla-La Mancha”.
Desde la Fiscalía General del Estado se dice que Torres Dulce fue a tratar temas relacionados con la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal que prepara el Gobierno. En primer lugar resulta difícil de creer que esas reuniones por esos temas no saliera a relucir el ‘caso Bárcenas’ y, en segundo lugar, es una curiosa coincidencia de día y hora. ¿No podía Gallardón citarlos por separado y en días separados? Al menos guardarían las formas.
Que rule por las redes sociales y correos electronicos
Información para ser mas conscientes de la tomadura de pelo de los politicos que nos toman por tont@s. Habrá que pensarse qué hacer con todo esto y comenzar a actuar con la mayor eficacia posible y sin seguirles el juego..
Cortito y muy muy clarificador
LA ESTRATEGIA:
1º.- Ponemos a parir a los funcionarios, para que la opinión pública esté en contra (una larga campaña en los medios).
2º.- No se convocan ni ofertas de empleo público ni promoción interna para cubrir vacantes (tasa de reposición = cero).
3º.- Alegamos que “falta de efectivos” hace que la administración no pueda realizar sus funciones ("no hay dinero").
4º.- Ya está. Ya podemos contratar a una empresa privada (amigotes) para que haga el trabajo de los funcionarios.
EL RESULTADO:
REPÚBLICA INDEPENDIENTE” DE TRIBUTOS
Tras las medidas de recortes aplicadas por el Gobierno con el objetivo de reducir el déficit en nuestra Comunidad Autónoma, la Dirección General de Tributos del Gobierno de Canarias actúa desatendiendo las propuestas y sugerencias que lleva a cabo la propia Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Sí hace unos días denunciábamos la publicación en el B.O.C de los nuevos Convenios de Encomiendas de Gestión con Grecasa, firmados por el Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad y el propio Director General de Tributos, D. Alberto Génova Galván en calidad de Consejero Delegado de esta empresa pública, hoy denunciamos la puesta en marcha del denominado Plan Extraordinario de Gestión, por el que se pretende abonar horas extras al personal de esta Dirección General.
Nuestro Gobierno, por insuficiencia económica acuerda reducir la jornada y el horario al personal laboral temporal e indefinido y a los funcionarios interinos, y a la par pretende abonar horas extras y potenciar los incentivos por productividad al personal que presta servicios en la Dirección General de Tributos.
Parece ser que se pretende abonar horas extras a todo aquel personal que lo solicite. Los interesados podrán trabajar de lunes a jueves entre las 16 y las 19 horas (pudiendo elegir entre 2, 3 o las 4 tardes). Sin embargo, y para echar más leña al fuego, se excluye al personal afectado por la reducción del 20%. Es decir, a los más necesitados.
Se preveé una retribución fija de 25€ la hora para los grupos A o equivalentes y de 20€ para los restantes grupos.
Lo que no se explica es que a la vez que el Gobierno recorta la jornada y salario a 3.300 empleados, permita que este señor gaste el dinero público como mejor crea. Se ve claro que la medida del 20% no es viable en cuanto se necesita personal para hacer un tipo de trabajo.
¿Hasta cuando van a seguir las contradicciones entre los diferentes Departamentos de un mismo Gobierno?
¿O las medidas qué se toman se hacen de manera inconsciente sin saber lo qué se consiguen con ellas?
Cada vez más, esto parece una República Bananera.
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| toma ya, pastilla de goma |
El Botellazo
La
irresponsabilidad no tiene límites, Ana Botella alcaldesa de Madrid va a cerrar
el parque de Bomberos número 6, el de la Plaza Mayor para poner en su lugar un
hotel de lujo, debe ser que el spa de Portugal le queda lejos y quiere tener uno
cerca. Poco importa que sea casco histórico y que estadísticamente sea el parque
con más salidas por bombero y el que menor tiempo de respuesta tiene de todo
Madrid, queridos familiares y amigos compartir esto y que se entere todo el
mundo de la clase de políticos que tenemos que venden la seguridad de todo un
barrio de Madrid para poner un local de lujo que disfrutarán unos pocos.
Saavedra ve inconstitucional bajar sueldo a 3.300 empleados públicos
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| Protesta en el Parlamento sobre el recorte FOTO/FRAN PALLERO |
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha dado la
razón a los 3.300 empleados públicos del Gobierno canario que se quejan
de discriminación con respecto al resto del personal de la Comunidad
Autónoma por el recorte de entre un 20% y un 10% que les ha aplicado
este año, a su sueldo y a su jornada.
Tal es así que Saavedra ya ha solicitado a la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, que interponga un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la Ley de Presupuestos Generales de Canarias en
la que se plasma este tijeretazo, por considerar que “vulnera preceptos”
de la Constitución Española.
El Diputado del Común adoptó esta decisión el viernes como
resolución de al menos treinta quejas de empleados públicos referentes a
este asunto, según informa en su web institucional.
El recurso ante el Constitucional estaría fundamentado en la posible
vulneración de artículos de la Carta Magna española como el que estipula
que el Estado “tiene competencia
exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por
los órganos de las comunidades autónomas”, y también el que establece
que los españoles “son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
La medida afecta, concretamente, al personal laboral
temporal, laboral indefinido por sentencia o resolución administrativa y
a los funcionarios interinos de la Administración General de la
Comunidad Autónoma.
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes
(Pepar) ha advertido ademas de que la reducción de jornada ha ocasionado
un “evidente deterioro de los servicios públicos”. Por ello, este
colectivo ha pedido al Gobierno canario que retire esta medida
“arbitraria y discriminatoria” y así evitar las mil damandas
presentadas por los afectados ante los Juzgados de los Social, cuya
unificación ha pedido el Ejecutivo, abriendo la vía a un conflicto
colectivo. Este último paso del Gobierno, cuando se iban a celebrar las
vistas, ha dado lugar además a que los sindicatos hayan presentado
un preaviso de huelga para el próximo 15 de abril.
EL GOBIERNO ALEGA QUE “RESPETA LA CARTA MAGNA” Y “EVITA DESPIDOS”
El Gobierno canario se reafirmó ayer en la legalidad de la reducción
salarial y de jornada aplicadas a 3.300 de los 60.000 trabajadores que
tiene a su cargo, ya que la fundamenta en que de esta forma intenta evitar “despidos masivos” en la actual coyuntura de restricciones presupuestarias por la crisis económica y los recortes estatales.
No obstante, y en un tono muy respetuoso con el diputado del Común,
el Ejecutivo regional cree que la impugnación de esta medida solicitada
por Jerónimo Saavedra se enmarca en “su deber institucional” y es
“posible” además ante el planteamiento de los afectados sobre una
posible vulneración de sus derechos.
El Ejecutivo ratifica, en cualquier caso, que “la medida adoptada en
la Ley de Presupuestos de 2013 respeta el orden constitucional, ya que
cuenta con justificaciones objetivas para su aplicación” y añade que
“ha adoptado esta opción consciente de que parte de una interpretación
jurídica que apura la normativa en vigor”.
Reitera el Gobierno autonómico que “la reducción de jornada y sueldo
al personal laboral temporal, laboral indefinido por sentencia o
resolución administrativa y los funcionarios interinos se adoptó para
evitar despidos masivos” y que “la prioridad, por tanto, es defender el empleo público” con medidas “coyunturales solo de aplicación para el año 2013”.
El reajuste correspondió negociarlo con los sindicatos al consejero
de Presidencia y Justicia, el socialista Francisco Hernández Spínola,
quien inicialmente había planteado una rebaja del 20% de jornada y
sueldo a los 3.300 afectados, y que posteriormente aceptó que la
reducción fuera del 10% para los 950 empleados públicos con menor
salario, es decir, a quienes trabajan menos de 25 horas semanales. Con
todo ese tijeretazo, el Ejecutivo pretende ahorrar 20 millones de euros
este año.
La viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez,
adujo en su momento que esta minoración salarial “está motivada por el
recorte de 450 millones de euros en las partidas para las Islas
adoptado por el Gobierno español”.
La huelga del 15 de abril paraliza el conflicto colectivo
Los sindicatos consideran que, con esta convocatoria, lo previsible es que el TSJC se pronuncie a favor de que las demandas individuales prosigan su curso.
PARO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS
La huelga convocada el 15 de abril por los sindicatos
de los empleados públicos para protestar por los recortes de salario y
de jornada de hasta el 20% paraliza la demanda de conflicto colectivo
del Gobierno de Canarias, ha afirmado este martes el portavoz de IC,
Rafael Rodríguez.
Según informa Efe, la ley así lo establece en el caso de que la
demanda del conflicto colectivo la interponga el empresario y se
convoque una huelga antes de decidirse sobre él, por lo que el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) deberá pronunciarse al respecto, ha
afirmado el portavoz de Intersindical Canaria (IC) durante una rueda de
prensa junto a representantes del resto de sindicatos convocantes del
paro, SEPCA, CCOO, UGT, COBAS y CSC-OSCEP.
Los empleados públicos presentaron alrededor de un millar de demandas
en contra de los recortes de salario y jornada de hasta el 20%
aplicados a 3.300 de ellos, lo que motivó la presentación de un
conflicto colectivo por parte del Gobierno de Canarias para tratar de
unificarlas en un solo procedimiento.
Al hacerlo, las demandas y juicios en marcha quedaron en suspenso, lo
que dejó a los trabajadores en "una situación de indefensión jurídica",
según Rodríguez.
Los sindicatos confiaban en que alguno de los jueces que tramitasen
las numerosas demandas elevase una cuestión de inconstitucionalidad
sobre la decisión del Gobierno canario de reducir el salario y la
jornada a los trabajadores, pero al reunirse todas ellas en una sola, la
del conflicto colectivo, las posibilidades de lograr una iniciativa
judicial de ese tipo era menor, ha explicado el representante de IC.
Con la presentación del preaviso de huelga para el próximo 15 de
abril la situación varía y lo previsible es que, de acuerdo a la ley, el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se pronuncie a favor de que
las demandas individuales prosigan su curso.
Además de intentar lograr la presentación de una cuestión de
inconstitucionalidad sobre los Presupuestos de la Comunidad Canaria de
2013 por los recortes a los empleados públicos, la huelga pretende
también que el Gobierno sepa que "ya está bien y que los trabajadores no
se resignan a seguir perdiendo poder adquisitivo y derechos".
Al paro están convocados los 14.000 trabajadores de la Administración
General de la Comunidad Autónoma, a los que su salario se les ha
reducido entre un 12 y un 32% en los dos últimos años.
La medida de reducción del 20% de jornada y salario afecta a gran
número de trabajadores de los grupos 4 y 5, los de menor remuneración,
por lo que algunos de ellos se aproximan al Salario Mínimo
Interprofesional.
En el caso de un ordenanza del grupo 5 que cobraba 1.070 euros
brutos, tras la reducción salarial se queda con 670 euros si es
interino, según el representante de IC.
Además de exigir la retirada de la medida de la reducción de jornada y
horario, la huelga pretende que se respeten también los derechos
establecidos en el convenio colectivo, que se han ido cercenando
progresivamente, y que adquiera protagonismo la Comisión de Valoración e
Interpretación del convenio colectivo, ha dicho Rodríguez.
Tanto Intersindical Canaria como otras organizaciones sindicales han
presentado al Gobierno de Canarias numerosas medidas de ahorro
alternativas a la reducción salarial, como, por ejemplo, un canon a la
visita de los parques nacionales para los no residentes que permitiría
incrementar las arcas públicas, entre otras muchas propuestas.
Denuncia del Comite de Empresa de la CCDPSV
Avisan del deterioro de la atención social por el recorte horario
El comité de empresa de la Consejería de Políticas Sociales alertó ayer
de que el recorte del 20% en la jornada del personal laboral y
funcionarios interinos puede tener "consecuencias fatales" en la
protección de los derechos de menores y dependientes. Con esta medida,
el Gobierno regional "penaliza a menores, personas con discapacidad o
diversidad funcional y personas mayores", cuya atención se verá
dificultada por la falta de personal, pronostican. Los trabajadores
plantean que un número considerable de empleados públicos no podrá
valorar y realizar adecuadamente retiradas o reunificaciones de menores a
sus familias en situación de riesgo o desamparo para ser acogidos por
otras familias o en hogares de protección, una situación que también
afectará a la atención educativa a menores de 0 a 3 años procedentes de
familias problemáticas. Otros afectados por esta medida son los
empleados de los comedores escolares, que ayer celebraron una asamblea
en la que coincidieron en la falta de información
que ha caracterizado esta medida. Asimismo, informaron de que muchos
comedores han tenido que reestructurar su horario, de forma que los
alumnos salen antes del colegio, lo que ha despertado, afirman, las
protestas de los padres.
domingo, 3 de marzo de 2013
DECLARACIÓN DE LA VII CUMBRE SOCIAL Madrid, 28 de Febrero de 2013
CONTRA EL PARO Y POR LA REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA
10/Marzo, MOVILIZACIÓN
10/Marzo, MOVILIZACIÓN
Las organizaciones que formamos parte de la CUMBRE SOCIAL convocamos a los ciudadanos a manifestarnos CONTRA EL PARO Y POR LA REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA el próximo 10 de marzo, sumándonos a la iniciativa de movilizaciones europeas convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en el conjunto de la Unión Europea.¿PARA QUÉ?
- Para reprobar las actuaciones de una Comisión Europea enrocada en políticas fracasadas, ajena a los problemas de la ciudadanía europea a la que deben su legitimidad e incapaces de comprender a qué intereses deben servir las instituciones europeas y los recursos comunes de los europeos. Tras cinco años de crisis lo único que crece dentro y fuera de Europa es la desigualdad, el desempleo, la miseria, la exclusión social y las dudas sobre unos dirigentes europeos cuya pertinaz insistencia en políticas fracasadas resulta inaceptable.
- Para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos huecos ha terminado. Seis millones de personas en paro, dos millones de ellas sin recibir ningún tipo de prestación, 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo, y cerca del 27 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza son la insoportable realidad del país. Una realidad que, según todos los datos, se agravará día a día porque continuaremos en recesión económica, las grandes empresas siguen planteado eres con despidos masivos, continúa la sangría de despidos individuales. El Debate del Estado de la Nación nos mostró a un Presidente del Gobierno cada vez más alejado de los problemas de los ciudadanos. De no corregirse de manera urgente y en profundidad ese distanciamiento puede abocarnos a situaciones como la de Italia, donde las recientes elecciones han demostrado el éxito de las opciones populistas y el hartazgo de una parte de la población con el actual funcionamiento de las instituciones democráticas.
- Para denunciar, con motivo de la conmemoración del día Internacional de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo, las consecuencias que la crisis y las políticas neoliberales tienen en materia de género: incremento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, recortes de empleo en la función pública con fuerte presencia de mujeres, reducción de servicios sociales y en la atención a la dependencia que favorecían la incorporación de las mujeres a la vida laboral o supresión de organismo que defienden y apoyan los derechos de la mujer.
- Para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…) y cualquier reforma unilateral del sistema público de pensiones que lo convierta en otro instrumento de las políticas de ajuste, expoliando nuevamente los derechos de los ciudadanos, y abandonando a su suerte a los actuales y futuros pensionistas.
- Para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes sobre cualquier intento de engañar a la ciudadanía en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago y la Paralización de los Desahucios que desvirtúe o pervierta sus principales objetivos.
- Para rechazar la reforma de la ley de bases de régimen local, porque debilitará las capacidades de actuación de las corporaciones locales, las administraciones más próximas a las personas, en un nuevo intento de negar financiación para los servicios a los ciudadanos, mientras convertimos en deudas de todos (tres puntos de déficit público) la fraudulenta gestión de los directivos de las entidades financieras.
- Para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos constitucionales de expresión, pensamiento, o manifestación. Exhiben un escalofriante desprecio a los principios democráticos, quienes pretenden criminalizar a los jóvenes por manifestarse libremente desde las instituciones que les representan, especialmente si utilizan como argumento la financiación pública de esas instituciones; con esa lógica deberíamos eliminar los grupos de oposición de todas las instituciones democráticas cuyo deber es controlar y discrepar de quienes ejercen las responsabilidades de Gobierno, por recibir para su función –como es necesario- financiación pública. Condenamos asimismo, la decidida voluntad del Ministerio del Interior de convertir el conflicto social en un conflicto de orden público, ordenando intervenciones desproporcionadas para reprimir manifestaciones pacíficas.
- Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas, que corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas, y aceleran el deterioro del entramado institucional que surgió de la transición democrática.
- Exigimos que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas, expulsando a las personas corruptas de la vida pública y acometiendo las reformas constitucionales que sean precisas.
Por todo esto, las organizaciones que formamos la Cumbre Social convocamos a las trabajadoras y a los trabajadores y a la ciudadanía en general a las manifestaciones que se celebrarán en las principales ciudades del país el 10 de marzo.
sábado, 2 de marzo de 2013
Recortar el 20% o la perversión de la ley
Articulo de Opinión
por Santiago Perez
Decididamente hay cosas que no tienen arreglo o gente que no tiene remedio.
Durante la pasada legislatura del Parlamento de Canarias, los
socialistas denunciamos el uso fraudulento que Coalición Canaria hizo
del Parlamento, del procedimiento legislativo y de la Ley, como norma
jurídica de carácter general aprobada por los representantes de los
ciudadanos para regular los aspectos más relevantes de la vida social.
Me refiero, particularmente, a cómo aprobaron mediante Ley el
Catálogo Canario de Especies amenazadas, con la finalidad de burlar los
derechos de participación y de acceso a la justicia de los ciudadanos en
la elaboración de normas sobre el medio ambiente, consagrados desde el
Tratado de Aarhus por normas europeas y españolas.
Simplemente porque no está regulada la intervención ciudadana en el
procedimiento legislativo, aunque debiera estarlo al menos en materia
medioambiental, y porque una Ley no es recurrible por los ciudadanos
ante los tribunales ordinarios, sino sólo ante el Tribunal
Constitucional. Y para ello los ciudadanos no están legitimados, sino
determinados órganos políticos y un número elevado de parlamentarios de
las Cortes Generales.
Nunca pensé que ese fraude fuera a sentar escuela y menos
participando en el Gobierno canario algunas personas pertenecientes al
PSOE. Pero ha ocurrido. Y, por si fuera poco, mejorando a peor la
felonía.
La utilización de la Ley de Presupuestos de 2013 para decretar una
reducción del 20% del horario y del salario a más de 3.000 trabajadores
públicos es una ruindad.
Es evidente que violan el principio constitucional de igualdad,
diseñando arbitrariamente un colectivo, formado por empleados públicos
cuya relación jurídica con la Administración presenta mayores
diferencias entre sí que con la de trabajadores a quienes no se van a
aplicar dichos recortes (por ejemplo, trabajadores fijos y trabajadores
indefinidos, cuyo vínculo laboral
no presenta diferencias según la legislación laboral), para aplicarles
una modificación ilegal de condiciones sustanciales de trabajo.
Han introducido un precepto de Derecho laboral en la Ley de
Presupuestos, por cierto mediante enmienda parlamentaria, para evitarse
incómodos informes jurídicos sobre la constitucionalidad de esa medida
si la hubieran incorporado al Proyecto de Ley de Presupuestos, sabiendo
perfectamente que Canarias no tiene competencias legislativas en materia
de relaciones laborales, competencia exclusiva del Estado. Y lo han
hecho para intentar derogar, pues quedará en un mero intento, garantías y
derechos reconocidos en Leyes estatales y europeas. Pero sólo a un
colectivo de trabajadores en el que se incluyen a unos y se excluyen a
otros de forma absolutamente arbitraria. Pero de todo ello darán buena
cuenta en sus demandas los abogados de los trabajadores discriminados.
Esta maniobra refuerza la herencia de las peores prácticas de los
Gobiernos que los canarios hemos tenido que sufrir -- como decía Juan
Fernando-- durante demasiado tiempo:
Al aprobar mediante Ley esta medida discriminatoria no sólo invaden
competencias legislativas del Estado; no sólo atacan el derecho
constitucional de igualdad y los derechos laborales de esos 3.000
empleados públicos, sino que pretenden defraudar el derecho a la tutela
judicial efectiva, que es el derecho que sirve de escudo protector de
todos los demás derechos fundamentales.
El derecho a la tutela judicial efectiva es en realidad un conjunto
de garantías procesales: al Juez predeterminado por la Ley, a un
pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, a una justicia sin
dilaciones, entre otros.
Los maquiavelos que han urdido esta estrategia creen que, como la
medida la asientan en una Ley, los tribunales ordinarios no podrán
pronunciarse sobre ella, ni podrá haber una Sentencia hasta que el
Tribunal Constitucional resuelva el incidente de inconstitucionalidad
que tal vez los abogados laboralistas plantearán cuando gobierno utilice
el paraguas que él mismo ha construido: que éste recorte de horarios y
salarios hay que aplicarlo porque lo impone una Ley ,la Disposición
Adicional 57ª de la Ley de Presupuestos 2013 de Canarias).
Todo se alargará, la medida continuará aplicándose y el Gobierno
habrá impuesto y mantenido esta discriminación por la vía de los hechos
consumados, logrando una auténtica denegación de justicia.
Sin embargo, en mi opinión esta maniobra tiene las patas cortitas. Me explico.
Creo, en primer lugar, que esta medida hay que atacarla por la línea
de flotación de la propia maniobra: invocando el derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva, que el Gobierno pretende burlar, para que
sea la jurisdicción laboral y sus órganos judiciales en Canarias, es
decir el juez predeterminado por la Ley, quienes resuelvan.
El fundamento para lograr este pronunciamiento en tiempo (judicial)
real es la cláusula de prevalencia del Derecho estatal, del artículo
149.3 de la Constitución española, que sí pueden, y por tanto deben,
aplicar los jueces y tribunales cuando hay un conflicto entre Leyes
estatales y autonómicas, a menos que la materia sea de competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma.
En efecto: en mi opinión, el Gobierno de Canarias intentará hacer
valer algún título competencial, como el de su potestad para organizar
la Administración Pública canaria, para explicar por qué colaron esta
medida en la Ley de Presupuestos. Entonces se hará evidente la
contradicción entre el recorte discriminatorio del 20% de horario y
salario, con la legislación laboral del Estado que debe ser aplicada por
el Juez con carácter prevalente.
Y, por si fuera poco, los jueces españoles deberán aplicar al caso
--porque, según el Tribunal de Justicia Europeo es de aplicación
directa-- la Directiva 199/70 CE, Cláusula Cuarta, que prohíbe medidas
discriminatorias contra los trabajadores temporales, que tiene primacía
sobre el derecho de los Estados miembros (Comunidades Autónomas
incluidas), según un principio completamente consolidado en el proceso
de construcción del ordenamiento jurídico europeo desde la ya legendaria
Sentencia del caso Costa/ENEL.
Estamos presenciando, en vivo y en directo, una vuelta atrás. No de
años, sino de siglos. Lo que el Gobierno ha intentado con una maniobra
propia de la catadura de algunos, es envolver en la autoridad de la Ley
un mero acto de gobierno, un acto discriminatorio, una derogación
singular de derechos laborales contra un colectivo fabricado
caprichosamente.
Es la eterna tensión entre el poder del gobernante y el imperio de la
Ley, que se intentó resolver para siempre con el principio de igualdad
ante la Ley y la prohibición de Leyes singulares, es decir con el
establecimiento del Estado de Derecho.
Es desmoralizador e indignante contemplar cómo algunos se atreven a salpicar las siglas del PSC-PSOE con estos manejos.
viernes, 1 de marzo de 2013
La Audiencia ve ilegal la supresión de la extra al personal laboral
PLANTEA UN RECURSO AL CONSTITUCIONAL
Los magistrados señalan que la situación actual "no abre la puerta a que esas restricciones operen de modo retroactivo.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una
cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la
supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público al entender que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo.
En su escrito, la Audiencia rebate
los argumentos esgrimidos por la Abogacía General del Estado en los que
trataba de justificar en el interés general los ajustes provocados la
crisis.
En un auto notificado este viernes,
los magistrados de la Sala Social de la Audiencia Nacional piden al
tribunal de garantías que resuelva si el Real Decreto 20/2012, que
supuso la supresión de la extra de diciembre, contraviene el artículo
9.3 de la Constitución Española, que impide aplicar las normas con
efectos retroactivos.
La Audiencia recuerda en su escrito
que existe doctrina del Tribunal Supremo en la que se establece que la
paga extra se devenga día a día, aunque se pague al final de cada
semestre.
En este caso concreto, la norma que
suprimía esta remuneración entró en vigor el 15 de julio de 2012, con
lo que 14 días ya se habían devengado, puesto que el 30 de junio se
había pagado la extra del primer semestre.
En su recurso, los magistrados
reconocen que la situación actual, "altamente inquietante y de
dimensiones extraordinarias, probablemente justifique medidas
restrictivas de derechos" como las que se han adoptado en los últimos
tiempos, pero precisan que ello "no abre la puerta, sin más, a que esas
restricciones operen de modo retroactivo".
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