La Audiencia de Cuentas cuestiona el gasto en alquileres y asesores sin justificar en RTVC
Los auditores también apuntan deficiencias en las pólizas de seguro que “generaron riesgos asociados a la falta de cobertura”.
Las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en la gestión de la contratación en RadioTelevisión Canaria
(RTVC) no se ciñen a la adquisición de programas y derechos de emisión.
El Proyecto de Informe de Fiscalización elaborado por los auditores,
actualmente en fase de alegaciones, también cuestiona los gastos
realizados por el Ente en el alquiler de nuevas oficinas o en el
nombramiento de asesores externos sin la preceptiva justificación
documental.
En la pasada legislatura (2007-2011), RTVC formalizó once contratos
de arrendamiento, de los cuales la Audiencia de Cuentas ha revisado tres
expedientes, dos de ellos vinculados al alquiler de nuevas oficinas por
parte de las sociedades del Ente, Televisión Pública de Canarias S.A. y
Radio Pública de Canarias S.A. Los auditores apuntan en el informe que
estos gastos adicionales en locales se acometieron sin un informe que
acreditara su necesidad y en un periodo en el que no se había producido
una ampliación de plantilla que lo justificara.
Tampoco constaban en los expedientes examinados informes técnicos o
jurídicos que avalaran la conveniencia y la oportunidad de los tres
contratos, ni un análisis previo sobre los precios y la situación de los
mercados. Además, la Audiencia de Cuentas subraya en su escrito una
serie de deficiencias en las pólizas de seguro ligada a los alquileres
que, a su juicio, “generaron riesgos asociados a la falta de cobertura”.
Así, la Televisión Canaria contrató la póliza 10 meses después de
formalizar el arrendamiento y la Radio Canaria lo hizo 9 meses después.
De los tres expedientes revisados sobre los alquileres (uno en Gran
Canaria, otro en Tenerife y el tercero en Fuerteventura), en dos de
ellos la Audiencia constató irregularidades en la gestión de los
contratos por el retraso producido en devolución de las fianzas.
6,9 millones para el canal internacional
El borrador de fiscalización del Ente se detiene en algunos de los 24
expedientes revisados de contratos tramitados con sujeción a la
normativa sobre contratación del servicio público, al estimar que sus
incidencias merecen ser destacadas de forma individualizada.
El primero de ellos hace referencia a la gestión de la adjudicación
en mayo de 2008 y por un importe de 6,9 millones de euros del servicio
de asistencia técnica y prestaciones complementarias para la emisión de
los canales de TVC internacional. Resalta la Audiencia de Cuentas que,
al igual que sucede con múltiples contratos durante la legislatura
analizada, no se produjo un estudio comparativo sobre los precios de
manera que estos fueran ajustados a los de mercado.
En este expediente, una resolución del Director General del Ente,
Guillermo García, dejó sin efecto las actuaciones iniciales de la mesa
de contratación, ya que, por error, no se había tenido en cuenta hasta
ese momento a uno de los licitadores que había presentado su oferta en
tiempo y forma.
Por otra parte, el Ente tampoco aporta documentación que justifique
la necesidad de nombrar a asesores externos para valorar determinados
aspectos técnicos vinculados a la contratación del servicio. RTVC no
llegó a constituir la Comisión Mixta que exigían las bases para la
concurrencia pública del contrato y que tenía como finalidad la
realización de labores de coordinación y seguimiento del mismo.
El segundo contrato al que la Audiencia dedica un apartado exclusivo
en su informe está relacionado con el alquiler de cuatro vehículos para
la Radio Canaria, firmado con una empresa mediante un procedimiento
negociado sin publicidad por un importe de 168.144 euros. Incide el
borrador en que, además de las irregularidades que aprecia en la mayoría
de los casos analizados, en este expediente se da la circunstancia de
que el contrato se rubrica en mayo de 2009, un año después de la entrega
efectiva de los vehículos.
Los auditores concluyen su informe con una referencia a la polémica
adjudicación a Videoreport para la producción de programas de contenido
informativo. Entre otras deficiencias, señalan que el contrato de 8 años
supera el máximo previsto –cuatro años- para este tipo de servicios en
la Ley de Contratos de la Administración Pública o que la TVC no ha
previsto las posibles indemnizaciones que debería cubrir en relación a
las declaraciones de desistimiento y declaración de desierto de los
lotes que se iban a adjudicar en el procedimiento anterior y que fueron
impugnadas por algunas de las empresas afectadas.
Este periódico se ha intentado poner en contacto con Guillermo
García, director general de RadioTelevisión Canaria, para conocer su
versión de los hechos y las alegaciones que planea presentar, pero por
el momento ha declinado realizar valoraciones.
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